Hasta hace apenas un mes, en la Costa Caribe, Abudinen era un apellido que inspiraba una reverencia resignada. La ministra llegó a su puesto protegida por el clan político de los Char. Como en todas las regiones de nuestro país de castas, su nombre representaba un poder electoral infranqueable. Si de algo goza un político con un apellido reconocido en Colombia es de un sello nominal ensordecedor. Un sello con la suficiente tradición y liquidez para comprar y presionar votos de cualquier manera; una marca que mantiene el poder regional sin necesidad de tener una plataforma política coherente ni resultados visibles.
El Estado para estos apellidos de abolengo, desde las encomiendas de la Colonia, pasando por la parapolítica y los contratos de infraestructura, es su fuente inagotable de financiación familiar. Los pliegos de contratos son diseñados de tal forma que sus amigos siempre ganen las licitaciones; cada decisión exige un porcentaje para el político que la facilita; las pólizas son falsificadas; los funcionarios presionados a votar y a ceder parte de sus sueldos y honorarios al representante de turno del clan. Sin importar su incompetencia, nada se les escapa a estos apellidos cuando se trata de concentrar riqueza y poder a costa de cada uno de los poderes de la República.
El entramado legislativo, administrativo y privado hace que parezca inmutable la situación en las regiones de un país centralista que mira de reojo lo que considera “periferia” y que se vale de los clanes que cada cuatro años reportan réditos en votos desde “la Colombia profunda”.
El poder de las estirpes políticas de siempre ha sido tolerado por los ciudadanos colombianos como un sino trágico. Hemos jugado el juego con resignación: viviendo el día a día; recibiendo la teja o el tamal, entregando la infinita fila de documentos en las páginas de contratación del Estado que buscan evitar la corrupción. Fotocopiando nuestra cédula al ciento cincuenta por ciento para que los organismos de control nos vean en todo nuestro esplendor inerme y nos expriman en caso de que estalle un escándalo de corrupción y se requiera de algún chivo expiatorio. Mientras tanto, los apellidos incólumes pasan de una alcaldía a una gobernación, a un ministerio y, cuando las cosas se complican, a una embajada o, incluso, al Banco de la República.
"El pueblo está harto, el pueblo no es idiota y, pese a todo el horror vivido, el pueblo tiene muy buen sentido del humor."
El gobierno de Duque ha hecho más estrecho el camino de la veeduría y la sanción pública. El presidente ha contribuido a disponer la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía como si fuera un monitor alcahueta y charlatán que organiza grupos de estudiantes perezosos para plagiar un ensayo de primer semestre de introducción al derecho.
Como si fueran amigotes de universidad que salen a beber todos los viernes y siempre pasan con la mínima nota, el Estado colombiano está cooptado por aliados del presidente y por castas regionales a las que les debe todo: cada proyecto legislativo y cada pasada raspando de una moción de censura. Y si sus amigos fallan, si por un desatino caen en la Corte Suprema de Justicia, siempre podrán renunciar al Congreso para volver con los compadres a los sótanos del búnker de la Fiscalía a dejar morir un expediente mientras se reciben golpecitos de aliento en la espalda y aceptan un abrazo generoso de la presidenta de la Cámara de Representantes.
Además de tener a todos los organismos de control y la Fiscalía de su lado, el gobierno de la simulación del presidente Iván Duque no hace sino renombrar las cosas: que no es paz, es legalidad y estabilización; que no son líderes sociales asesinados, son víctimas del narcotráfico; que no son firmantes del acuerdo asesinados, son las disidencias cobrando cuentas; que no es asesinato de niños, es un bombardeo en el marco del Derecho Internacional Humanitario; que no es brutalidad policial, es respuesta legítima del Estado al “vandalismo”; que no son jóvenes protestando, son terroristas llamados Primera Línea; que no eran cien días para reconstruir Providencia, eran cien días para comenzar; que no es neutralidad lo que se le demanda a escritores para una feria internacional del libro; es imparcialidad para escogerlos; que no es reforma tributaria, sino cualquier nombre infinito que se tramita en veinticuatro horas para que el pueblo no se rebote otra vez.
Estamos hartos de la mentira, el eufemismo y la simulación, así como estamos hartos de las élites políticas que con sus apellidos caen siempre de pie después de malabares incomprensibles a lo largo y ancho de nuestro maltrecho Estado de derecho.
Sin embargo, de los abismos de las redes sociales, con un humor que parece decantarse de las profundidades del petróleo que sostiene a nuestra nación, surgen ideas como tomar uno de esos apellidos y volverlo un verbo. Con una licencia poética propia de los modernistas más avezados, Abudinen se desmitifica, cae del Olimpo de las familias invencibles del Caribe y se vuelve sinónimo de robar.
"Un político temiendo ser cancelado por corrupto parece ser mejor que un político gozando de la inmunidad de un apellido"
¡Qué afrenta más blasfema, contestataria e “igualada” que dañar el nombre de un político de apellido rimbombante! Qué gesto más díscolo que poner toda la responsabilidad en una ministra que, al menos, no se había dado cuenta de que se “embolataron” setenta mil millones de pesos cuyo fin era mejorar la conectividad en zonas rurales, especialmente para escuelas. Qué es embolatar sino otro eufemismo para decir “se lo robaron y sabemos quién, pero estamos acostumbrados a no pronunciarlo”. Ahora tenemos otra forma de nombrar acciones como estas: “se lo abudinearon”.
El hecho de renombrar para invertir la relación de poder exhibe un fenómeno asociado al estallido social que llevó a las marchas que hemos visto desde 2019 en Colombia. El pueblo está harto, el pueblo no es idiota y, pese a todo el horror vivido, el pueblo tiene muy buen sentido del humor. El efecto fue tan devastador que la ministra fue invitada a renunciar pese a haberse mostrado desafiante en su debate de moción de censura y presentarse como quien nos salvó de la corrupción al denunciar el hecho (aunque en realidad fue fruto de la investigación periodística de Paola Herrera).
Lo que más le dolió a Abudinen fue el daño a su buen nombre. Pues su nombre es todo en términos de poder político y de poder regional. Su nombre es intocable y la irreverencia de un pueblo renombrando a poderosos constituye el gesto impensable, la señal de que las cosas se están saliendo de control para las castas. Para una persona como Abudinen, acostumbrada a mandar o recibir pleitesía, ver vilipendiado su apellido es la peor afrenta, la caída en picada desde su inmunidad de nacimiento.
Pero para Abudinen, como para Carrasquilla, habrá futuro. Cuando baje la marea, algún alto cargo público le será otorgado con candor y algo de complaciente olvido. La pregunta es si el pueblo lo tolerará.
Por supuesto que llamar pueblo a los tsunamis virales de las redes sociales es impreciso. Es un sector social favorecido muy particular. Pero es uno que cada vez gana más terreno. Allí, Vicky Dávila, Néstor Morales, Salud Hernández, Luís Carlos Vélez, entre otros, pasan gran parte de sus días y patalean para legitimar la cascada de escándalos del gobierno del presidente Duque. En las redes sociales hay realidades virtuales más apremiantes para los directores de medios, opinadores y políticos que las realidades físicas que agobian a la mayoría pobre de Colombia.
Hay una autoridad inédita en la cancelación de los corruptos, los abusadores y todo aquel acostumbrado a ostentar un poder incuestionado. Privilegiados que ahora temen a los “igualados” que los pueden juzgar en cualquier momento por patriarcales, acosadores, machistas, xenófobos, arribistas, elitistas racistas, corruptos y discriminadores de cualquier tipo. La cancelación está llena de problemas, se inscribe en una precipitada reacción emocional asociada a la intolerancia y ningún reparo por el debido proceso; pero es un vehículo para llamar la atención sobre las relaciones de poder que oprimen y son difíciles de denunciar. Un político temiendo ser cancelado por corrupto parece ser mejor que un político gozando de la inmunidad de un apellido y la falta de veeduría del Estado.
Los ciudadanos están hartos y atentos. Son dueños del lenguaje transgresor y su poder viral para renombrar. Estas conquistas ya nadie se las podrá abudinear.
