La Ley de Justicia y Paz fue sancionada en 2005 como un proyecto que “se fundamenta en los derechos de verdad, justicia y reparación que asisten a las víctimas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares, así como en el derecho de que el Estado prevenga la repetición de hechos de esa naturaleza, uno de cuyos elementos es sin duda la publicidad y memoria que los colombianos reciban y conserven de tales acciones,” según establece la misma ley.

Sin embargo, a ojos de muchos, la ley de Justicia y Paz ha fallado a la hora de reparar a las víctimas. El Observatorio del Centro Internacional de Toledo para la Paz encontró que solo el 12% de las víctimas de las acciones paramilitares han hecho parte del proceso de verdad y reparación de Justicia y Paz. Además, las víctimas han denunciado falta de  garantías en los procesos de restitución de tierras y bajos alcances de la “verdad reparadora”.  En 2012 se llevó a cabo el proceso de reforma a esta ley con la intención de mejorar sus capacidades, sin embargo sigue habiendo  opiniones encontradas sobre los verdaderos alcances que ha tenido.

Una de las voces más lúcidas y críticas la ha tenido Iván Cepeda, representante de Bogotá a la cámara por el Polo Democrático. Cepeda, nacido en 1962, es copresidente de la Comisión de Paz del Congreso. Además, ha seguido de cerca la situación de las víctimas del conflicto como parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la organización Colombianos por la paz. Su trabajo en torno a los derechos humanos, valió para que le otorgaran el Premio Medalla de la libertad Roger Baldwin en 2007.

En 2009 rechazó usar para su beneficio la indemnización que el Estado le dio por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica asesinado en 1994. Decidió donar el dinero a un fondo educativo para hijos de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica.

 Entrevistador: Tras ocho años con la Ley de Justicia y Paz, ¿cuáles son las principales críticas que usted le hace?

Iván Cepeda: Las críticas que se le han hecho a esta ley, han tenido que ver, desde su origen mismo, con la baja capacidad que tiene para ofrecer a las víctimas el cumplimiento satisfactorio de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Eso nosotros lo hemos sostenido en distintos espacios de discusión,  y los hechos nos han venido dando la razón de una manera muy clara. Justicia y Paz surgió como una ley con márgenes muy grandes de impunidad y de ausencia de garantías de derechos de las víctimas. Y si bien se produjo una reforma que dotó de alguna capacidad importante a esta ley, sus fallas estructurales han demostrado su poca capacidad de satisfacer esos derechos. Me refiero concretamente a la circunstancia que prácticamente 8 años después de haber sido aprobada la ley, solamente se han presentado algo más de una docena de condenas. Muy pocas comunidades –se pueden contar con los dedos de la mano–, han tenido procesos de reparación a través de esta ley.

Justicia y Paz no ha sido un instrumento idóneo para garantizar el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, y esto se demuestra con el hecho que siguen existiendo estos grupos. Como lo dice  la Corporación Nuevo Arcoíris, señalando que tienen influencia en más de 330 municipios del país. También, no ha servido para que los terceros, aquellos que han dado las ordenes de estos crímenes masivos cometidos por los paramilitares y que se han lucrado de los mismos (empresarios, ganaderos, políticos de alto nivel), terminen siendo juzgados eficazmente. En el caso de los políticos, esa función la ha tenido que cumplir otra instancia que es la Corte Suprema, a través del proceso llamado parapolítica. Si bien Justicia y Paz ha arrojado  importante  información a través de las versiones que han sido rendidas, la realidad es que la extradición de los principales jefes paramilitares es un obstáculo para conocer la verdad a cabalidad.

E: ¿Qué tanta verdad hemos obtenido gracias a Justicia y Paz?

IC: Además de que esta verdad no es muy útil en términos de reparación, no es una verdad que pueda llevarnos a rastrear cuales son los verdaderos centros determinantes de la violencia paramilitar. No es cierto que los llamados jefes paramilitares eran los que diseñaban estos planes de exterminio o por lo menos no lo hacían a modo propio y de manera personal. Aquí había estrategias de carácter político, económico, de dominio territorial. Así que esa verdad tiene que ser lo suficientemente estudiada, analizada, contextualizada y relacionada para poder arrojar un resultado que tenga un efecto real sobre el desmantelamiento del paramilitarismo como fenómeno en Colombia.

E: En cuanto a la reforma hecha en 2012, usted ha críticado las reformas que tuvo la Ley en 2012. ¿Cuáles son las falencias más graves que usted ha logrado identificar en el nuevo texto?

IC: Nosotros vemos que la reforma arrebata a las víctimas sus derechos. De una parte esta este cambio que implica que ya no podrá [la víctima] por vía judicial acceder a la reparación, y que todo termina prácticamente integrado con los sistemas supremamente deficientes e insatisfactorios que tienen que ver con la reparación administrativa. Mecanismos que eluden el deber del Estado de la reparación integral, que nos parece que es un golpe adicional a algo que ya tenía falencias muy grandes. Igualmente el tema de la selección de las investigaciones; nosotros hemos dicho que la selección es un proceso que a veces se realiza de manera aleatoria y que puede terminar dejando por fuera casos o situaciones que sean fundamentales para la justicia y la verdad en Colombia.

Digamos que es muy relativo que simplemente el deber esencial sea juzgar a los máximos responsables, porque muchas veces son los lugartenientes o los patrulleros de estos grupos los que son depositarios de aspectos sustanciales de la verdad.

E: En este caso, parece entonces que entran en disputa dos factores por mejorar dentro del proceso de Justicia y Paz. Por un lado, está la baja efectividad en términos de condenas, que buscaba ser solucionada por medio de la selección; y por otro lado, el hecho que la selección vulnera el derecho de las víctimas. ¿Qué hacer entonces de cara a este panorama?

IC: Yo creo que sí hay bastantes contradicciones, y que se han intentado generar falsas contradicciones, y te digo una de ellas. Yo estoy convencido de que el Estado colombiano podría –si hubiera voluntad de los gobernantes y de los responsables–, generar procesos eficaces de investigación. El asunto es que no hay mucha voluntad para ello y la demostración más palmaria de eso es que a ocho años de haber entrado en vigor Justicia y Paz hay solamente 14 personas, si no estoy mal, han sido condenadas. Y lo que es aún más preocupante, es que estamos ad portas de ver salir de las cárceles a muchas personas que ni siquiera han sido escuchadas en versión libre. Es muy inquietante que estas personas salgan de la cárcel sin haber entregado sus bienes a los fondos de reparación y que puedan eventualmente seguir detentando riquezas y también reintegrarse a estructuras que hoy en día existen y que están conformadas por quienes eran sus compañeros de antes. Eso significa que podemos estar ante una situación en la cual esto que se ha llamado Justicia y Paz sea un simple paréntesis en una historia de criminalidad que perfectamente puede continuar a la vuelta de unos pocos años.

E: ¿Qué tipo de precedente podría sentar esta situación en medio de las actuales negociaciones de paz con las FARC?

IC: Bueno, uno de los puntos de la agenda de La Habana atañe directamente al desmantelamiento de las estructuras paramilitares. Creo que es necesario que este tema sea abordado de una manera seria en La Habana porque de nada o muy poco serviría que se llegue a un acuerdo de paz y que continúen existiendo estas poderosas estructuras paramilitares y parapolíticas en el país.

E: Finalmente, ¿qué medidas consideraría adecuadas entonces, para mejorar la Ley de Justicia y Paz?

IC: Nosotros hemos planteado la necesidad no solamente de reforzar, ampliar, profundizar todos los aspectos que tienen que ver con el sistema de justicia y su mejor desempeño. Sino también tomar decisiones políticas desde el Estado. Yo no entiendo cómo es posible, por ejemplo, que hoy la señora Enilse López, que es una reconocida dirigente paramilitar, este contratando con el Estado. Digamos eso no requiere una gran reforma legislativa o constitucional, simplemente requiere tomar unas decisiones políticas. Cómo es posible que a estas alturas el ejército pretenda bombardear las estructuras paramilitares cuando no se hizo históricamente, ¿cuál es el objetivo ahora de plantear esa medida? En fin, aquí lo que se debe hacer es tomarse el trabajo de tomar decisiones políticas de fondo.

*  Esta entrevista se realizó como parte de la clase Coyuntura Política Colombiana del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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