“El que tenga que ver con los paracos, muere”, le gritó a una multitud de indígenas Murui asustados un hombre de uniforme verde y con un rifle, integrante del Frente Carolina Ramírez. Esto recuerdan los testigos sobre el 25 de diciembre de 2021, cuando siete personas fueron masacradas en la comunidad de Bellavista, a orillas del río Putumayo, sur de Colombia. 

Cuando dijo “los paracos”, el hombre se refería al grupo rival, los Comandos de Frontera, percibidos como paramilitares por sus enemigos. Al otro lado del río, en Perú, están algunos de sus campamentos y también cultivos de coca. “En el fondo, la Carolina Ramírez quería coger a los de Comandos de Frontera. En este afán se llevaron gente inocente”, explica un líder indígena.

Desde el inicio de la pandemia, los días y las noches de terror son más frecuentes en la Amazonía colombiana. A pesar del acuerdo firmado en 2016 con las Farc, y de la ambiciosa agenda de paz y política de drogas del nuevo presidente Gustavo Petro, las rentas ilícitas que financian la violencia aumentan junto a las hectáreas de coca, la deforestación y el pie de fuerza de los grupos armados ilegales. En septiembre, Petro dio su primer discurso internacional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pronunció un alegato para conservar la Amazonía y pidió el cese de la fracasada política antidrogas actual. 

Durante décadas, ni la guerra contra las drogas ni los programas para cambiar cultivos de uso ilícito por otros modos de subsistencia han logrado resolver el problema. La violencia continúa, y ahora sus efectos se extienden más allá de la frontera, hacia Perú. En el río Putumayo, límite natural entre ambos países, dos grupos que se autodenominan “guerrilleros”, formados por exintegrantes de las Farc que no se unieron al proceso de paz, o que desertaron de él, hoy se disputan el botín de la cocaína y afectan a la población. El enfrentamiento más reciente dejó 18 muertos y el gobierno colombiano respondió con el envío de seis pelotones de soldados.

La masacre de Bellavista

En esta navidad se cumple un año desde que el Frente Carolina Ramírez irrumpió en Bellavista, una comunidad indígena de agricultores, pescadores y raspachines. Como muchas otras masacres, esta fue solo un registro en una larga lista de hechos violentos. Pero hasta ahora el ataque a Bellavista, denunciado en aquel momento por varias organizaciones indígenas, no había sido documentado de forma suficiente. 

Esta zona, de difícil acceso en medio de la selva, está bajo el control de los Comandos de Frontera, enemigo y competidor del Frente Carolina Ramírez en el narcotráfico. En un intento por avanzar más al sur, hacia las abundantes regiones productoras de coca en Perú, se desencadenó la masacre. Según testigos, las víctimas no pertenecían a la comunidad, pero estaban de visita ese día. Alrededor de una semana después llegó el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para recoger los cuerpos. Esta institución fue consultada sobre el estado de la pesquisa, pero no hubo respuesta hasta la fecha de publicación.

Así fueron los hechos: 

Crédito: Mapa interactivo realizado por Kuek Ser Kuang Keng del Pulitzer Center.

El regreso de la coca

Bajo una maloca, la gran choza ceremonial, a pocos metros del río Putumayo se sirve una sopa con pescado, maíz y caldo de yuca brava. Los lugareños se alimentan con lo poco que cultivan, pero la mayoría de los esfuerzos agrícolas no son rentables: la distancia hasta los centros de comercio son largas y el costo del transporte es demasiado alto. “Si todos cultivamos yuca, no hay quien la compre”, explica una mujer de la comunidad.

Los 1.610 kilómetros de recorrido del río Putumayo, desde el nudo de los Pastos en Colombia hasta su unión con el río Amazonas, están llenos de relatos crueles. Allí los pueblos Inga, Murui, Bora, Kichwa, Ticuna, Yagua, Secoya y Ocaina han sobrevivido a la explotación y las matanzas por la extracción de recursos naturales. Al negocio de la quina siguió el boom del caucho. Se calcula que el 80 por ciento de los Murui, también conocidos como Huitotos, murió por los abusos de los caucheros: entre 30 y 40 mil indígenas, según el investigador Pedro Mayor. Consecuencias similares han sido denunciadas por otros pueblos en la cuenca del Putumayo.  Mucho antes de la fiebre del caucho ya se reportaba también la extracción de oro. Pero la bonanza más reciente llegó con la coca, un arbusto que también trajo violencia y deforestación.

Históricamente ha sido casi imposible desarrollar economías formales a lo largo del río. Los ciclos de bonanzas van y vienen, y ahora es la coca el producto que domina en la región. “La coca para el campesino y para muchas comunidades se ha convertido en un gobierno. Es la luz, la educación, vivienda, comida y transporte”, explica un líder indígena en Puerto Leguízamo, uno de los centros urbanos del departamento, y el municipio al que pertenece Bellavista.

La ventaja de la coca es que los compradores la recogen en las orillas de los ríos, y pagan en efectivo. “Si llevas 100 gramos de [pasta base de] coca y los vendiste, ya te hiciste para la remesa”, cuenta un raspachín y habitante de Bellavista. Los cultivos de pancoger son para alimentar a la comunidad, pero no dan suficiente para comprar otros productos. “El plátano no da para el celular”, se ríe una mujer.

La coca mantiene a flote la economía local, pero también patrocina la guerra. “El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”, se menciona en el texto final del Acuerdo de Paz de 2016.

Uno de los componentes más importantes de la paz en Colombia es la reforma rural y la apuesta por cambiar los motores del conflicto interno: la pobreza y la desigualdad. Para trabajar el tema de las drogas se diseñó un plan de sustitución de cultivos con una advertencia: la erradicación forzosa puede aplicarse como último recurso. Con el Programa Nacional Integral de Sustitución Integral (PNIS) se crearon diferentes incentivos para que los cocaleros erradiquen sus arbustos. 

No obstante, el PNIS ha estado subfinanciado desde su creación. “No es que a nosotros nos gusta sembrar la mata de coca, pero nos sentimos obligados porque no hay otro medio”, dice un cocalero que ingresó al PNIS en Puerto Leguízamo, pero volvió a cultivar cuando le incumplieron los pagos. 

En la subregión Caquetá-Putumayo, las hectáreas con coca aumentaron en 2021 en un 45 por ciento con respecto a 2020. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Puerto Leguízamo había 1.025 familias registradas en el PNIS, y 831 seguían activas en el programa al 31 de julio de 2022.

Otras familias que erradicaron cultivos no fueron incluidas en el programa, y los pagos llegaron tarde o no llegaron para quienes sí fueron incluidos. Mientras tanto, nunca cesó la erradicación manual forzada, que causó graves fricciones en los territorios durante los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018). Después, el gobierno de Iván Duque (2018-2022) incrementó las metas anuales de erradicación, una estrategia alentada por la administración de Donald Trump.

Aunque fueron evidentes las consecuencias de la vacilante implementación del Acuerdo de Paz, para la población cocalera de Putumayo la dinámica del conflicto se reconfiguró. 

Resurgen los grupos armados

“Hemos vivido en tres años lo que no hemos vivido en 50 años de guerra”, dice un líder indígena en Puerto Leguízamo, con la mejilla llena de mambe y tabaco líquido (ambil) en la punta del dedo. La coca siempre ha sido cultivada por los pueblos indígenas de la zona. La usan para el mambeo, una práctica tradicional de consumo de la hoja seca, convertida en polvo y mezclada con ceniza. La coca y el tabaco, dos plantas sagradas, se consumen ritualmente para pensar, hablar y analizar, pero también como protección espiritual.

Solo en el Putumayo fueron documentadas 15 masacres desde principios de 2020, de las cuales siete ocurrieron en Puerto Leguízamo. Los autores son varios: grupos criminales, quienes se siguen denominando guerrilleros; y el mismo Ejército, como ocurrió en Alto Remanso en abril de 2022. Diferentes grupos étnicos y campesinos denuncian que muchos homicidios selectivos, desapariciones y masacres no han sido registrados.

Antes del Acuerdo de Paz, los Frentes 48, 15 y 32 de las antiguas Farc controlaban el  Putumayo y el vecino departamento de Caquetá. Tras el desarme, durante unos años con pocos incidentes y esporádica presencia armada, en la selva se conformaron nuevas estructuras, y las comunidades empezaron a recibir las primeras visitas e incursiones de personas armadas en 2019.

Por un lado, el Frente Carolina Ramírez, comandado por alias ‘Danilo Alvizú’ y parte de la franquicia liderada por ‘Iván Mordisco’, creció rápido, reclutando a nuevos combatientes y ocupando más territorio, sobre todo durante la pandemia. El grupo se autodenomina como una guerrilla, se dedica al narcotráfico y al cobro de cupos a cocaleros, ganaderos y mineros. Se mantienen principalmente a lo largo del río Caquetá. 

Más al sur, a lo largo del río Putumayo, están los Comandos de Frontera, nacidos como un grupo de excombatientes de las Farc que pertenecieron sobre todo al Frente 48, con agregados de estructuras criminales locales, como desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), agrupados en “La Constru”. Fuentes vinculadas a las plantaciones de coca en Perú confirman que los Comandos de Frontera también están presentes del lado peruano. Mario Pazmiño, analista de seguridad y exdirector de inteligencia en Ecuador, afirma que los Comandos de Frontera llevan algunos años en ese país. Al principio hicieron pequeñas incursiones, pero ahora tienen presencia permanente en la zona fronteriza con Colombia y Perú.

Antes, los Comandos de Frontera se conocían como “La Mafia” o “Sinaloa”, pero al denominarse Comandos Bolivarianos de Frontera se dedicaron casi exclusivamente al narcotráfico y buscaron una alianza con otra franquicia disidente de las Farc: la Segunda Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, exjefe negociador del Acuerdo de Paz.

En Puerto Leguízamo, los dos grupos combaten entre los ríos Caquetá y Putumayo. Los lugareños suelen escuchar las balaceras. El miedo se instala entre la población cuando comisiones armadas pasan por el río, y las comunidades no saben si desembarcarán o seguirán su camino. 

“Dos en esta casa no puedan vivir”, dice un líder indígena oriundo del río Caquetá. No es únicamente una disputa por los territorios de cultivo de la coca, sus derivados y el tránsito hacia los compradores en Ecuador y Brasil; sino también por el control social de las comunidades y la legitimidad política que buscan. Ambos grupos armados se encuentran en conversaciones con el gobierno de Petro para participar en la ‘Paz Total’ mientras continúan sus guerras.

Coca y deforestación: los impactos llegan a Perú

“Siempre ha habido sembríos. ¿De qué se va a vivir si nadie nos compra nada. Vienen los colochos [colombianos], pagan bien, y con el hambre no se espera”, dice un líder indígena del Putumayo peruano que prefiere no ser identificado. Él asegura que los grupos combaten en el lado colombiano, no al otro lado de la frontera. En 2019 y 2020 recuerda que varios colombianos aparecieron muertos en Perú, tal vez por ajustes de cuentas. 

La producción de pasta base tiene un arraigo de décadas en la zona. Un informe del Congreso peruano de 2003 ya se refería a la “fronterización de la coca”, y señalaba a Putumayo como una de las zonas de expansión de este cultivo desde 1990, aunque los cultivos ya existían desde 1984. En 2021 el Putumayo peruano registró un incremento de 37 por ciento en las áreas cultivadas: de 1.597 hectáreas en 2020 a 2.193, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Aún con ese incremento, de acuerdo a esta fuente oficial, el Putumayo representa poco más del 2,7 por ciento de las áreas de coca sembradas en Perú.

“El negocio se puso berraco en mi tierra. Entre los paras y la fumigada, qué se podía hacer. Entonces, con mi vieja nos vinimos pal Perú. Uno hace sus negocitos, se hace platica, no se mete uno con nadie. Si hay algún problema, sabe con quien quejarse”, dice Gustavito*, un colombiano que lleva 20 años en El Estrecho, capital de la provincia peruana de Putumayo, punto de tránsito para todos los negocios legales e ilegales. Gustavito llegó desde La Chorrera, en Colombia, a finales de los 90. La mayoría de los negocios en El Estrecho son de colombianos. Aún así, todos se quejan por la falta de trabajo y la miseria del pueblo.

El consumo de cerveza y los alojamientos son principalmente propiedad de colombianos que se han establecido en suelo peruano. Todos dicen ser comerciantes y forman una comunidad unida. Para ellos, El Estrecho es un pueblo tranquilo, ideal para descansar. Los indígenas que viven en el pueblo no dejan de verlos con desconfianza, pero las preguntas sobre El Estrecho siempre tienen la misma respuesta. “Acá todo siempre es tranquilo”, repiten.

Pero entrando en confianza se conoce la realidad. “Los disidentes (de las Farc), los Sinaloas, esos vienen cada tantas noches. A consumir, a bailar, a buscar a las chicas. La Policía y la Marina saben, pero no se quieren meter”, cuenta Allison*, sentada en su pequeño puesto de comida. Los nombres de estos visitantes son confusos para mucha gente. Nadie quiere preguntas en El Estrecho.

“Abrir un bar acá sería un buen negocio”, dice Gustavito. El consumo calculado de cerveza colombiana en El Estrecho, el pueblo que dice vivir en la miseria, supera los 480.000 soles al mes, unos 125.000 dólares. Los negocios se sostienen con las compras de los visitantes, quienes a su vez se lucran con la pobreza de la gente, la contaminación por la minería y la deforestación.

El impacto de la tala en el Putumayo peruano, según el portal oficial GeoBosques, fue de 16.061 hectáreas en los últimos 21 años. Desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz en Colombia, la deforestación empezó a dispararse del lado peruano.

El sistema de información de lucha contra las drogas (SISCOD), que forma parte de DEVIDA, reporta la evolución del narcotráfico en la zona, que coincide con el crecimiento de la deforestación del lado peruano. La expansión de los cultivos está relacionada con la deforestación y el incremento de cultivos en el Putumayo de ese país. El Observatorio Peruano de Drogas muestra la misma información. 

Una sustitución fallida

Mientras la decepción con los proyectos del PNIS crecía en Colombia, muchos agricultores locales se enfrentaban a la realidad: la coca es la única economía viable en la región. En 2016, el Putumayo colombiano contaba con 25.162 hectáreas; en 2021 se midieron 28.205 en el departamento. Pero los cultivos no solo crecieron del lado colombiano. Justamente es en la amazonía peruana, donde ha aumentado la cantidad de cultivos de coca y la deforestación a partir de la firma de paz en Colombia. Varios cocaleros que participaron en el PNIS volvieron a sembrar al lado peruano de los ríos fronterizos.

“Las canchas de coca en Perú son hijodeputamente grandes”, dice un caqueteño, dueño de una plantación de coca y exsoldado del ejército colombiano. Antes de la pandemia compró 10 hectáreas al lado peruano del río Putumayo para sembrar coca en el mercado negro de tierras, y ahora lo está vendiendo a 100 millones.

Un representante de COCCAM, la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca Amapola y Marihuana, quien vivió en Puerto Leguízamo, salió desplazado luego de varias amenazas y un atentado. Como firmante del PNIS no recibió los incentivos prometidos tras erradicar sus cuatro hectáreas de coca. “Esto fue un incumplimiento total”, dijo. Muchos de los otros signatarios del PNIS en Puerto Leguízamo cruzaron el río. “El tema en Perú es que en gran parte limita con nuestro país, especialmente en frontera con [Puerto] Leguízamo, y allá el tema del ejército y orden público se presta más para trabajar con estos cultivos”, explica. 

“La zona es muy tranquila para ellos”, dijo un funcionario en Puerto Leguízamo. “La ley peruana no les persigue”. La región del Alto Putumayo en Perú está menos poblada y hay menos control de las autoridades. En el Putumayo colombiano se erradicaron 16.190 hectáreas de cultivos de coca entre 2016 y diciembre de 2022, según datos proporcionados por la Brigada de Selva Nº27. 

Con el aumento de los cultivos, una parte de los Comandos de Frontera también migró al otro lado. El grupo incentivó a los cocaleros colombianos a aumentar sus fincas en Perú. Según el representante de la COCCAM, el repunte de la coca en Perú durante la expansión de los grupos armados colombianos al otro lado de la frontera no es una coincidencia. “Los grupos ilegales se aprovechan de familias que no tienen un sustento (…) Se les llevan a sembrar allá”, dice.

Los miembros de las comunidades indígenas de Perú también han sido atraídos por la economía de la coca. Algunos profesores peruanos cuentan que los alumnos dejan las escuelas para trabajar con la hoja. “Luego regresan con celulares, se vuelven borrachos y algunos ya vienen enviciados, porque parece que les dan droga también (…). Los ves como loquitos buscando esa cochinada”. 

“Nosotros condenamos a los ilegales, pero qué podemos hacer cuando los hermanos ya se han comprometido con los delincuentes”, dice un dirigente indígena en la Amazonía peruana. “Los más jóvenes quieren entrar al negocio. Los jalan para raspachines, para trabajar con la madera. Buena plata dicen que ganan, pero algunos solo se van y nunca regresan”, dice otro líder local. 

Los cocaleros, mayormente colombianos, usan a los Comandos de Frontera como un banco que da créditos y les dicen “la empresa”. “Yo le doy a usted cinco millones, y cuando usted empieza a producir estos cinco millones de pesos, me va a pagar en pasta base de coca. Así funciona muchas veces el negocio”, dice un raspachín de Puerto Leguízamo. 

En la zona de Pacora, terreno de juego de los Comandos de Frontera en Perú, se ha visto un crecimiento enorme de la siembra. “Esa es la zona donde hay la mayor cantidad de cultivos ilícitos,” dice el raspachín de Puerto Leguízamo. “En Pacora es fácil sobornar a las autoridades indígenas y a la fuerza pública peruana”, agrega un líder indígena colombiano.

Los datos oficiales de Perú muestran cómo gran parte de la producción cocalera del Putumayo viene ahora de territorios comunales. Desde hace algún tiempo las estadísticas de narcotráfico en Perú están en entredicho; y se ha creado una comisión especial del Congreso para buscar las verdaderas cifras, pero los datos disponibles son bastante claros.

Hablan los expertos

El “efecto globo”, el desplazamiento de los cultivos, a veces a través de las fronteras como consecuencia de la coyuntura política, no es nuevo, según Pedro Arenas, investigador de la Corporación Viso Mutop, una organización que monitorea políticas de drogas para la Amazonía. “Se registra desde los años 90. Los cultivos han ido o han regresado, según las políticas de persecución de cada país”, comenta sobre el caso colombo-peruano. 

Para reformar las políticas de drogas a nivel regional, el enfoque ambiental es fundamental, según el investigador. Arenas dice que una de las plataformas podría ser el Parlamento Amazónico, instancia que convoca a Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela. Cuando se trata de Estados Unidos, dice, han militarizado la agenda ambiental. “Lo que creemos es que los Estados Unidos debería apoyar nuevas leyes de drogas en las Américas basadas en derechos humanos, acceso a la salud y promoción del desarrollo”, opina.

En Perú, Rubén Vargas, analista experto en narcotráfico y exdirector ejecutivo de DEVIDA, dice que el crecimiento del narcotráfico en Putumayo responde principalmente a factores exógenos. “El crecimiento de los grupos armados organizados residuales, las antiguas Farc y su control de esa zona fronteriza, así como la enorme demanda del mercado brasileño, son los mayores factores que determinan el crecimiento del narcotráfico en el Putumayo. Las distancias y los retos operativos para erradicar en esa zona dificultan las acciones del Estado”, señala.

Por su parte, Álvaro Pastor, investigador en narcotráfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala lo evidente: “Para que existan actividades ilegales, como el tráfico de drogas, se requiere algún mínimo de conexión con actores estatales”. 

En plena navidad de 2022, un año después de la masacre de Bellavista, no se ha hecho justicia y el peligro continúa. A fines de agosto, la comunidad fue amenazada con un desplazamiento colectivo cuando los enfrentamientos entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera eran inminentes. Entonces dejaron una nota en la comunidad: “Le informamos que, como comunidad deben desocupar el territorio por Max ocho días. Por su bien (sic)”. 

La comunidad no salió, pero sabe que corre riesgos. “Ese es el temor que tenemos, que de pronto vuelve a incursionar este grupo y volvamos a vivir lo que vivimos”, dice un indígena. Mientras tanto, en El Estrecho, las respuestas cotidianas de la gente no cambian: “Acá todo está tranquilo”, dicen. Pero el silencio, el temor y la necesidad hablan por sí mismas.

*Los nombres fueron cambiados para proteger a las fuentes. 

**Esta publicación es parte del Proyecto Amazon Underworld (El Submundo de la Amazonia), una iniciativa conjunta de La Liga Contra el Silencio, Armando.Info (Venezuela), InfoAmazonia (Brasil) y Ojo Público (Perú). El proyecto –en colaboración con la Rainforest Investigations Network del Pulitzer Center y financiado por el Foreign, Commonwealth & Development Office y Open Society Foundation– tiene por objetivo mapear la actuación de grupos armados en la Amazonia. La investigación completa se publicará en los cuatro medios hasta mediados de 2023.