La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo periodo terminó oficialmente el 28 de agosto de 2022, dejó al país como legado diez volúmenes en los cuales aborda la historia del conflicto armado desde distintos enfoques. El volumen étnico, cuyo origen mismo se dio por la concertación con los pueblos étnicos y gracias a la lucha interna dentro de la institución sobre la necesidad de crear un informe que detalle lo vivido por los pueblos que han vivido de manera directa el conflicto, fue liderado por los comisionados Patricia Tobón Yagarí, Ángela Salazar (qepd) y Leyner Palacios.
El volumen contiene no sólo hallazgos sobre las formas e impactos desproporcionados de violencia que vivieron los pueblos étnicos. También un apartado de sus resistencias para seguir viviendo durante el conflicto y mantenerse como pueblos. Además incluye un aparte de recomendaciones hacia el Estado, el Gobierno y la sociedad.
Esos son algunos hallazgos del volumen étnico que vale la pena resaltar.
Las violencias contra los pueblos étnicos comenzaron antes del conflicto armado
Si bien el periodo de investigación de la Comisión comenzó en 1958, el volumen étnico encontró que el origen de las violencias contra los pueblos negros viene de épocas más atrás, como la conquista y colonia por parte de los españoles y antes del proceso de contrucción de la nación. Esto es lo que la Comisión llamó el “continuum de violencias”, evidenciado en el trato colonial y el racismo estructural que persiste hasta hoy. Una consecuencia directa ha sido la deshumanización y naturalización de la violencia contra estos pueblos afros e indígenas.
El trato colonial es una herencia mental producto de la invasión europea que se entiende como prácticas, relaciones culturales, económicas y políticas, basadas en creencias de un proyecto identitario cultural eurocéntrico dominante y que se considera superior. Mientras que el “racismo estructural” se entiende como un sistema social de dominación étnico “racial”, que se constituye en una forma de abuso de poder de un grupo sobre otro bajo prácticas de discriminación.
Estas violencias históricas dejaron a los pueblos étnicos en desventaja, tanto por su restringido acceso de derechos a cargo del Estado, como ante los impactos de los distintos grupos ilegales. Es decir, que han sido discriminados tanto por el Estado, que los deja en una situación de desprotección, como por los grupos armados, que pasaron por encima de la humanidad de los pueblos, desconociendo todo su proyecto de vida, causando daños desproporcionados.
Las cifras no alcanzan a contar la realidad de las violencias sufridas
Producto del racismo y discriminación, el Estado no ha cumplido con el deber de registrar adecuadamente las distintas violencias vividas por los pueblos étnicos. La CEV encontró que hay una invisibilidad estadística que no sólo impide conocer de manera acertada los reales impactos del conflicto en los pueblos, sino que como consecuencia el Estado no ha puesto en marcha políticas adecuadas para atender esa problemática, en tanto no conoce la dimensión real. Sin datos fiables, las instituciones no han cumplido con el deber de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, afros y rrom o gitano.
Para la construcción del volumen étnico y ante la ausencia de cifras oficiales, la CEV tuvo que recurrir a estimados y consultorías para tratar de dar una cifras cercanas a las violencias vividas por los pueblos y tratar de entender los impactos del conflicto armado. Esta es una de las recomendaciones urgentes del volumen al país, actualizar las cifras sobre el conflicto vivido por los pueblos étnicos.
Algunas de las cifras encontradas dieron cuenta que el 9,5 por ciento de la población afrocolombiana ha sido víctima de desaparición forzada 1985 a 2016, el 19 por ciento ha sido víctima de homicidio entre 1985 y 2018 y el 6,8 fue víctima de reclutamiento entre 1990 y 2018. Según el Registro Único de Víctimas desde 1981 a 2021 demostró que el porcentaje de víctimas entre la población étnica es de 23,7 por ciento, más alto que el porcentaje del resto de la población que llegó a un 16,58 por ciento.
El conflicto se dio en 17 corredores en los que viven muchos pueblos étnicos y que los armados usaron como retaguardia
Si bien la CEV reconoce que el inicio del conflicto se dio por la lucha armada por el poder, el volumen étnico determinó que existen 17 corredores del conflicto armado en macro territorios étnicos en los cuales los grupos armados se disputan el control para el desarrollo de economías extractivistas legales e ilegales, por donde existe un tránsito y ocupación constante por parte de los actores armados, por las ventajas estratégicas que brindan la geografía y la falta de la presencia del Estado o su presencia diferencial e ineficaz. Algunos de esos corredores que permanecieron -y aún permanecen- bajo el control armado son: la Sierra Nevada, Cordillera Occidental y serranía del Baudó, Norte del Cauca, Sur del Cauca y norte de Nariño, sur de Nariño y conexión con Ecuador, Bajo Caquetá, Río Vaupés, Río Guaviare, El Catatumbo y Costa Pacífica chocoana.
Algunas de esas economías que han sido controladas y explotadas y son altamente rentables son el narcotráfico, la minería de oro y coltán, la extracción de madera, la extracción ilegal de hidrocarburos, el contrabando, sumándole también, dinámicas de desarrollo económico que son promovidos por el Estado colombiano y sectores económicos del país los cuales conllevan a presiones, ocupación, despojo y otras afectaciones para las poblaciones étnicas que terminan convirtiéndose en el epicentro de la confrontación armada por el control de las rutas. Entre estas economías legales están la palma, banano y la construcción de puertos o hidroeléctricas, de los cuales también se lucran los actores ilegales brindando seguridad o despojando territorios.
Esto afectó la relación especial y el uso tradicional de los pueblos étnicos en sus territorios, ríos, mares y selvas, afectando su supervivencia como pueblos.
El interés económico por el territorio de los pueblos negros ocasionó altos niveles de desterritorilización, despojo y ataques a liderazgos y organizaciones afros
El objetivo de estas violencias fue expulsar a las comunidades negras y romper los tejidos sociales y organizativos que mantenían la unidad y autonomía de los territorios, facilitando así el ingreso de actores y economías foráneas a los territorios colectivos protegidos por la ley 70 de 1993. Algunas de las economías desarrolladas en estos territorios fueron la ganadería, palma, madera, turismo, minería y el narcotráfico.
El impacto de estas violencias fue que las comunidades negras perdieran su territorio y por lo tanto, el sustento de su vida económica, política, espiritual y cultural. Según el registro Único de Víctimas (RUV) entre 1990 y 2016 hubo un total de 1.699 víctimas de despojo y desde 1993 el pueblo negro ha reclamado al gobierno más de 3.278.980 hectáreas de tierras de las que han sido despojados que representa poco más de la totalidad de extensión del departamento del Cauca.
Los impactos del conflicto en el pueblo negro fueron desproporcionados y diferenciados.
Para la CEV la desproporcionalidad no solo está en las cifras que demuestran altos niveles de violencia contra el pueblo negro, comparado con las cifras del resto de la población, sino en la recurrencia y constancia de los delitos, en las formas degradantes e inhumanas a las que fueron sometidos y por los impactos físicos, morales, psicológicos, sociales y espirituales que afectan a todo el colectivo por su calidad de pueblos étnicos.
Entre las violencias que resaltan aquí están el desplazamiento forzado y las masacres. El 23,8 por ciento del total de la población negra ha sido desplazada en comparación con el 15,3 de la población mestiza y el 14,7 de la población indígena. Por su parte, las masacres fueron usadas como estrategias de los grupos armados que degradaron el conflicto y agudizaron la violencia por los altos niveles de sevicia empleados. La Comisión determinó que las masacres tuvieron su auge en los años 1997 y 2003, cuando confluyeron en los territorios los grupos paramilitares, las FARC-EP y la fuerza pública colombiana. Es decir, cuando aumentaron los niveles de disputa territorial, que sirvieron para desequilibrar los vínculos de la gente entre sí y sus territorios.
El conflicto armado en Colombia profundizó las condiciones de racismo estructural que ya existían contra el pueblo negro.
El racismo que ya se había hecho evidente en los indicadores de pobreza y falta de garantía en derechos en terriorios negros se agravó con el conflicto armado, que se reflejó en ataques directos a la cultura de las comunidades, la identidad del ser negro, la violencia de genero y el reclutamiento de niños.
Los ataques a la cultura pasan por la prohibición de funerales, idioma, medicina tradicional, partería o en la instrumentalización de los mismos saberes para imponer la autoridad por parte de los ilegales. El ataque a la cultura rompe el derecho a ser como pueblo negro y pone en riesgo su supervivencia y la transmisión de saberes a las nuevas generaciones.
Frente a las violencias contra las mujeres, la CEV afirma que tanto guerrillas como paramilitares violentaron, persiguieron, violaron, asesinaron, desmembraron y desplazaron a miles de ellas y ejercieron violencia contra sus territorios, prácticas culturales, actividades ancestrales y formas propias de organización y economía. La CEV encontró que las mujeres negras fueron las más afectadas por el conflicto en relación con mujeres de otros pueblos étnicos y población mestiza, con una diferencia porcentual del 10 por ciento. La entidad encontró que el principal hecho victimizante contra las mujeres fue el desplazamiento con el 89,9 por ciento, seguido de las amenazas con 6,1, despojo con 1,5, violencias sexuales con 0,9 y atentados con 0,8 por ciento. Los departamentos donde más ocurrieron estos hechos fueron Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó, departamentos de la región pacífico. Según el RUV los paramilitares fueron los mayores responsables de la violencia sexual con el 49 por ciento, mientras las guerrillas fueron las mayores responsables del reclutamiento con 87 por ciento.
Los hechos violentos documentados contra las mujeres negras se sustentan en una concepción racista y estigmatizada sobre su cuerpo y humanidad. Desde 1982 a 2018 el Registro Único de Víctimas han recibido denuncias sobre diversos tipos de violencia sexual como: acceso carnal, esclavitud sexual, prostitución forzada, aborto forzado, acoso sexual, anticoncepción y persecusión sistemática. Así mismo, la CEV encontró que el periodo de mayor afectación fue entre 2002 y 2011 con el 42% de los casos.
Estas violencias y daños contra las mujeres negras atentaron desproporcionadamente contra la autonomía, autodeterminación y pervivencia de las comunidades y fueron implementadas con el propósito de romper las redes comunitarias de cuidado espiritual, familiar y colectivo como una forma de control territorial para los actores armados, y sucedieron, como lo explicó una de las víctimas en los testimonios recogidos por la CEV, por esa doble condición de ser mujeres y negras, y habitar en estos territorios ancestrales y urbanos.
“Yo creo que ellos me hicieron eso porque era negra, creo que él me marcó porque era negra, del color negro, y me marcó como una esclava. En la época de la esclavitud marcaban a las mujeres negras, así fue como me marcaron a mí las autodefensas”.
En estas violencias racistas entran también las afectaciones sufridas por los niños, niñas y adolescentes, que fueron reclutados, desplazados, violentados sexualmente y desaparecidos, produciendo un grave impacto intergeneracional que a mediano y largo plazo socava la diversidad y la identidad étnica y cultural de las comunidades.
La CEV encontró que los jóvenes negros eran reclutados por el imaginario de que eran fuertes, resistentes a las condiciones de los territorios y conocían las zonas. Es decir, instrumentalizaron a los niños y niñas bajo estigmas raciales.
De acuerdo con las bases de datos sistematizadas por la Comisión de la Verdad, que se encuentran apoyadas con el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1981 y 2021 fueron registradas principalmente victimizaciones en modalidades como desplazamiento (563.463), amenazas (40.716), y atentados (5.721). Para el caso de la comunidad palenquera, 3.461 desplazamientos, 171 amenazas, 19 secuestros y 18 violencias sexuales. Para el de la comunidad raizal, 4.373 hechos de desplazamiento, 662 homicidios, 256 amenazas y 97 atentados contra la población de niños, niñas y adolescentes del pueblo negro.
El daño a los pueblos étnicos también fue ambiental
La CEV determinó que la guerra ha resquebrajado el territorio de los pueblos negros, lo ha fragmentado y contaminado bajo las dinámicas extractivas y de disputa y ha bloqueado el flujo de vida. El des/ombligamiento (las comunidades negras entierran el ombligo de los niños en sus territorios para mantener un vínculo vivo) o destierro de la población de su lugar de origen ha producido profundos efectos en la subsistencia de la población y en la vida animal y vegetal.
Esto ha generado una alta contaminación, producida por el crecimiento inusitado de la minería mecanizada, los monocultivos de palma, la siembra de coca, la ganaderización, deforestación, tala ilegal, el uso de insumos, pesticidas, fertilizantes tóxicos y fumigaciones con glifosato. Pero también los grupos ilegales dañaron los territorios al convertirlos en cementerios clandestinos de miles de víctimas de este conflicto como ocurrió en mares y ríos. Esto ha generado en la salud de las personas afros enfermedades cancerígenas, respiratorias, perdida de audición y memoria, abortos espontaneos, malformaciones congénitas, asi como defectos de aprendizaje y daños psicosociales y emocionales.
