Hace casi cuatro meses inició el desplazamiento masivo más grande que se ha registrado en los últimos 20 años en la zona del Pacífico nariñense. Esta región, que reúne los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas, ha visto el recrudecimiento de la violencia en su territorio, lo que ha dejado ya a más de 7,900 desplazados, según datos otorgados por Médicos sin Fronteras.
Pero, a pesar de las dimensiones del problema, la zona parece estar sumergida bajo un trato estricto de silencio: los grupos causantes de los desplazamientos parecen haber instaurado una estrategia que acalla todas las denuncias y acaba con los liderazgos.
Las comunidades, en su mayoría campesinos, afro e indígenas Awá, han salido del territorio por los constantes enfrentamientos, las desapariciones y asesinatos que se viven en sus municipios. En medio del silencio, han tenido que salir de sus casas y refugiarse en albergues con altos índices de hacinamiento que ha dado espacio a enfermedades de distintos tipos entre la población, además del constante riesgo de un contagio masivo por COVID-19.
A pesar del tiempo transcurrido, esta crisis no se detiene y, por el contrario, quienes habitan en la zona aseguran que actualmente todo está mucho peor.
La tensión volvió a escalar cuando distintos grupos armados empezaron a disputar el control de los corredores y los cultivos ilícitos de Nariño.
“Es muy terrible. Usted está ahí tranquilo y de repente empiezan las detonaciones, las asonadas, las balaceras. Es muy difícil de soportar”, asegura Javier*. Él, que desde hace años es un líder activo de la zona de Roberto Payán, no ha logrado regresar a su vereda: “ahorita me ha quedado imposible. Yo tuve que salir hace más de cuatro meses de allá, y ahorita mismo, por como está todo, es imposible. Si uno va, lo matan. Pero además, ha sido más difícil porque vivir por fuera de los territorios, en refugios como los que tenemos, nos ha causado muchos problemas”, asegura.
Javier* salió desplazado antes de que todo esto iniciara. Se fue porque empezó a ser identificado como un líder de su comunidad: “y a los grupos no les gustan los líderes. Han matado a muchos en la zona. Y a los que no matan, los desaparecen. Para callarlos”.
Él, que estaba esperanzado en un cese al fuego por los Acuerdos de Paz, hoy en día ve con preocupación el aumento de la violencia: “usted va por ahí y le dicen que entregue el celular. Se lo revisan y si ven algo raro, lo desaparecen a usted. A mí me toca borrar esta conversación que estamos teniendo antes de volver por allá”, asegura: “aquí antes al menos respetaban a la comunidad, se enfrentaban entre ellos. Pero ahora no les importa nada”.
La tensión volvió a escalar cuando distintos grupos armados empezaron a disputar el control de los corredores y los cultivos ilícitos de Nariño. La zona, que es un corredor estratégico para el narcotráfico, ha sido históricamente asediada por las dinámicas del conflicto armado. Con la firma de los Acuerdos de Paz se esperaba una importante reducción en la cantidad de víctimas de la región. Sin embargo, de acuerdo con un informe publicado por Fundepaz, una organización enfocada en la promoción de los derechos humanos y la inclusión política, las dinámicas del conflicto se mantuvieron casi intactas: “se ha intensificado la guerra por la disputa por el territorio y las rentas de economías ilegales entre una multiplicidad de actores armados”, dice el informe, a lo que además suman que: “ha originado que sea el desplazamiento forzado el hecho victimizante que más se ha incrementado”.
Además, las denuncias ahora incluyen un aumento en el minado de los senderos que rodean las veredas, lo cual implica muchos más problemas cuando se debe abandonar la zona: “eso es lo que nos da más miedo ahora: que usted sale y no sabe en qué momento pisa una mina. Entonces, quienes se han quedado en las veredas, tienen que decidir entre tener una bomba en sus casas, que les lleguen balazos, o salir y de pronto pisar una mina que los mate”, asegura Javier*, quien ha estado atento a recibir en la cabecera municipal a quienes se atreven a hacer este recorrido para salir de sus casas.
A pesar de que Nariño no es el único departamento de Colombia que ha sufrido un aumento significativo de desplazamiento masivo en 2021, sí es el departamento que más eventos ha presentado. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en lo que va de este año, han ocurrido al menos 28 eventos masivos de desplazamiento, lo que ha dejado a zonas como Roberto Payán con más de la mitad de su población por fuera del territorio y viviendo en albergues. A esto se suma que, de acuerdo con el Gobernador del Departamento, 14 mil personas, entre las que hay más de 5 mil niños, han sido desplazadas desde mayo del año pasado.
Ante este fenómeno, el Ministro de Defensa Diego Molano ha asegurado que adelantará consejos de seguridad de la zona, además de aumentar la presencia militar para así controlar los combates entre el Frente 30 de las disidencias de las FARC y el grupo Oliver Sinisterra. Sin embargo, nada parece menguar la oleada de violencia que, en la actualidad, ha causado una de las peores crisis humanitarias allí registradas.
Estamos recibiendo personas que han visto escenas muy difíciles. Que han vivido situaciones horrorosas. Por eso, hemos tenido que dar atención urgente a trastornos ansiosos y depresiones.
“El Gobierno ha atendido esta situación como ha podido; sin embargo, las ayudas no son suficientes. Nosotros hemos dado respuesta con algunas ayudas, sobre todo porque la proliferación de enfermedades y desnutrición ha sido muy fuerte, pero se requiere una atención mucho más importante”, asegura Luis Argote, coordinador de emergencias en Nariño de Médicos sin Fronteras.
Para él, la ayuda aún no es suficiente y los efectos los siente la población: “aquí las personas están distribuidas en albergues, o en casas de amigos y familias, lo cual les implica muchos problemas”.
Esos problemas los explica Javier*: “que usted tenga que compartir con 60, 80 personas más en un mismo espacio, sin poder estar solo con su familia sino teniendo que aguantar a todos los demás, es algo que termina causando problemas”. Y es que, durante estos meses, brotes de enfermedades de la piel, además de infecciones respiratorias y parásitos intestinales se han vuelto comunes.
Pero lo que más le preocupa a Javier*, son los casos de desnutrición: “aquí tenemos muchos niños que no están comiendo, que no están teniendo una buena vida, que ya están anémicos, por eso necesitamos una ayuda más efectiva y pronto”.
Además de las enfermedades físicas, la atención de primeros auxilios psiquiátricos se ha hecho esencial: “estamos recibiendo personas que han visto escenas muy difíciles. Que han vivido situaciones horrorosas. Por eso, hemos tenido que dar atención urgente a trastornos ansiosos y depresiones, que son producto directo de ser víctimas del conflicto armado. Hemos dado atención a más de 2,100 personas, pero esta cifra sigue en aumento. Hasta la semana pasada siguieron llegando personas hasta la cabecera municipal. Son personas de al menos 45 comunidades diferentes que, en este momento, no tienen condiciones de vida aceptables”, asegura Luis Argote.
“Nosotros tenemos miedo, pero sobre todo sentimos que no nos están oyendo. No sabemos cómo lidiar con esto, porque además ahora las ayudas no son para nada suficientes. Sabemos que la gobernación ha hecho lo que ha podido, pero también sabemos que ya se quedó sin lugares para recibir a más personas y los desplazamientos no paran”, asegura Javier*.
El miedo continúa escalando la zona y sólo quedan los llamados para un cese al fuego, y una atención integral por parte del Estado, que no parecen llegar.
