Recientemente el presidente Iván Duque anunció medidas importantes en materia ambiental que están signadas por no pocas contradicciones e interrogantes. Por un lado, fijó la meta de reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia en los próximos diez años, en el marco del Acuerdo de Paris. Es una meta muy ambiciosa si se toma en cuenta que el Gobierno del Presidente Santos fijó como meta una reducción del 20%. En contraste, el gobierno no ha hecho una lucha frontal contra la deforestación, como tampoco está realizando un programa ambicioso para la modificación de las prácticas agropecuarias, cuando estas son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero del país.
Por otro lado, el Presidente Duque anunció la prohibición de cualquier forma de pesca de tiburón en Colombia, sea industrial o artesanal. La práctica, que fue bastante cuestionada al ser autorizada por el mismo Duque en 2019, ahora echa reversa. En contraste, el gobierno está empeñado en la construcción de un puerto en la bahía de Tribugá, lo que detonaría uno de los mayores ecocidios de las últimas décadas, dada la riqueza única de este lugar, y sus alrededores, en materia de paisaje, tradiciones culturales y biodiversidad que incluye el ser una parada principal en la migración anual de las ballenas jorobadas. Aquí no cabe la premisa presidencial de producir conservando y conservar produciendo.
Y es que en su Gobierno, a similitud de todos los gobiernos de las últimas décadas, es evidente que el tema ambiental tiene claros y oscuros. No hay un solo presidente que se salve de ambivalencias, vacíos y conflicto. Los suyos han sido resultados modestos, aunque con grandes ambiciones, que hoy no solo lo retan a él como presidente, sino también a los gobiernos futuros.
Partamos de un hecho claro: la economía de Colombia es de carácter extractivista, lo que quiere decir que dependemos en gran medida de la minería y del petróleo. Son actividades que, por su naturaleza, tienen fuertes impactos ambientales y generan todo tipo de conflictos socioambientales. Tanto, que con frecuencia las comunidades consideran que sería preferible no hacerlas en sus territorios. Y si bien la minería y el petróleo han sido la base del desarrollo económico del país en las últimas décadas, con frecuencia los gobiernos pretenden adelantar algunos proyectos cuyos costos ambientales y sociales superan con creces los beneficios económicos lo que agrava el conflicto como se tipifica, hoy, en los proyectos mineros del oro de Santurbán y de la Quebradona, en Jericó, que Duque apadrina.
Este modelo extractivista cobró gran protagonismo desde finales del siglo pasado, cuando, con la bonanza de los precios de las materias primas, se acentuó en toda América Latina, en perjuicio de otras actividades productivas, como la manufacturera. En parte por esta razón, Colombia no ha podido escapar en 20 años de las problemáticas que estas actividades devienen. Y, por lo mismo, no es atribuible a Iván Duque toda la responsabilidad que muchos le demandan.
Pese a todo, este Gobierno tiene logros positivos en materia ambiental. Uno muy poco conocido es que ha traído grandes recursos para la gestión ambiental, un hecho relativamente nuevo y hasta ahora bastante desconocido. Fue el partido de Duque, el Centro Democrático, el que promovió que se destinaran el 5 % de regalías para la gestión ambiental, en el marco de la ley de reforma de las regalías a finales del año pasado. Es un monto importante y, además, el mayor aumento que ha tenido el sector en los últimos 25 años, pues representa entre 800.000 y un billón de pesos anuales. También lo es el convenio que firmó Colombia durante la Cumbre del Clima – COP25 con Noruega, Reino Unido y Alemania, como parte de la Declaración Conjunta de Intención. Esta es una cooperación técnica bastante grande, que implica la contribución de 360 millones de dólares para detener la deforestación en la región amazónica. Si estos nuevos recursos se gastan con eficacia en este y los siguientes gobiernos, podría significar un salto cualitativo en la gestión ambiental en Colombia.
La meta más ambiciosa
Sin duda, la meta más ambiciosa establecida por el Presidente Duque, en su gobierno, es la de reducir los gases de efecto invernadero en un 51 % para el año 2030. El gobierno tendrá que establecer de manera concreta, y en un corto plazo, las medidas precisas con las que el país, en 10 años, puede alcanzarla. La decisión le corresponde a él y deberá presentarse en la conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático -COP26, que será el próximo año en Inglaterra con el propósito de revisar el Acuerdo de París. Precisamente esta conferencia de las partes, tiene como propósito subir la ambición de todos los países, pues las metas acordadas en 2015 son a todas luces insuficientes para asegurar que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra no sobrepase el límite de de 1.5ºc, más allá de cual se enfrentarían altísimos riesgos. Colombia ha sido uno de los primeros países en desarrollo en anunciar una meta de tales proporciones, y el Gobierno sabe bien que no es una cuestión de retórica y que la meta deberá cumplirse.
Resolver la crisis climática global exige reemplazar la energía eléctrica fundamentada en energías fósiles con energías renovables no convencionales. En esta materia el gobierno de Duque presenta logros positivos. Colombia, al final del gobierno del presidente Duque, contará con 2.250 megavatios adicionales, que equivale casi al 10 por ciento del total de la capacidad del sistema, un enorme salto frente a su participación en 2018, que tan solo ascendía a un 0,02 por ciento. Ahora toca a este gobierno, acordar con el sector privado unas metas mucho más ambiciosas de descarbonización de la generación eléctrica, el transporte, la industria y los servicios, que las establecidas durante el gobierno del Presidente Santos, en línea con el incremento de la meta de reducción de un 20% a un 51% de aquí al 2030.
Pero en Colombia, a similitud de los que ocurre en los otros países de América Latina, las principales fuentes de las emisiones no están en la generación de energía eléctrica (en nuestro país un 80% es hidroeléctrica), en el transporte, y en la industria como ocurre en los países desarrollados, sino en la deforestación y en la agricultura, con el 60 % aproximadamente. Por eso, resulta necesario reducir la deforestación a cero e implementar programas del uso del suelo que mitiguen el cambio climático.
En este último campo, en el Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, el gobierno se comprometió en un programa que conlleva la restauración de los bosques, la transformación ganadera mediante sistemas silvopastoriles, y la reforestación comercial, que se materializan, entre otras, en la siembra total de aproximadamente de 360 millones de árboles. Sin embargo, el presidente Duque rebajó esa meta a la mitad cuando anunció en Davos, durante el Foro Económico Mundial (WEF), que su gobierno plantaría 180 millones de arboles antes del final de su mandato. Mereció un aplauso internacional y significó una desilusión para quienes conocíamos sus promesas originales. El presidente ha reiterado esta última promesa, como lo hizo, Ricardo Lozano, su primer ministro en la cartera ambiental, y como lo está haciendo Carlos Correa, quien recientemente lo sucedió en el cargo. Aún así, muchos dudan de que efectivamente la cumplan, teniendo en cuenta que les quedan menos de dos años de gobierno. Pero evidentemente en la reforestación, en las tres modalidades mencionadas, reside en gran parte la posibilidad de que el país pueda cumplir con su nueva meta de reducción de gases de efecto invernadero.
Al gobierno le toca ahora determinar lo que sería un plan para definitivamente llevar la deforestación a cero, así como la escala de un programa gigante de reforestación en los próximos diez años. Esto implica la inversión de cuantiosos recursos, de un fortalecimiento de las agencias del estado responsables por los bosques, y de un proceso de concertación con el sector privado. Los recursos económicos existen. Ya se mencionó antes los recursos de la cooperación internacional para luchar contra la deforestación, así como los nuevos recursos provenientes de las regalías, una parte sustantiva de los cuales podrían encauzarse a este objetivo. Además, los recursos del impuesto del carbono, establecido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se deberían encauzar en su totalidad ($600.000-$700.000 millones anuales) a la mitigación y adaptación al cambio climático, como es la lógica económica de este instrumento que en forma creciente están adoptando diversos países como mecanismo para desincentivar el consumo de combustibles fósiles y financiar las medidas tendientes a enfrentar la crisis climática. Sin embargo, mediante diferentes normas dejaron al sector ambiental con solo el 25% de esos recursos, los cuales, hasta la fecha no se le han girado a Minambiente. Por eso muchos hemos denominado estos hechos como el mayor conejazo a los recursos económicos para la protección ambiental en su historia.
Esperemos que el gobierno de Duque enmiende esta aberrante situación con miras a contar con los recursos necesario para implementar la nueva meta de reducción de GEI.
Necesario subrayar que la descarbonización de las diversas actividades económicas referidas, y la ambiciosa política de bosques 2020-2030 que habría que poner en marcha -que incluye la deforestación cero y los diversos programas dirigidos a la reforestación-, tendrían un profundo y positivo impacto en la protección de la biodiversidad, las aguas, los suelos, así como contribuirían a la descontaminación del aire; en otras palabras, sería un plan para que el país se acerque más al ideal del desarrollo sostenible. En otras palabras, la meta anunciada por el presidente Duque en cambio climático sería el propósito ambiental más ambicioso que se haya fijado el país en las últimas tres décadas. Esperemos que se concrete. Pero no olvidemos que el diablo está en los detalles.
