Hace tres meses, el país se estremeció con la noticia de una niña perteneciente al pueblo Emberá del resguardo Gito Dokabú de Pueblo Rico, Risaralda, víctima de violencia sexual por parte de siete militares. Días después, el periodista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, hizo pública una investigación en la que mostró que el caso no era inédito: en septiembre de 2019 una niña indígena de 15 años, perteneciente al pueblo nukak de Guaviare, habría sido secuestrada y violada por militares del Batallón Joaquín París. Ante la denuncia de este año, y la falta de celeridad en la investigación del caso anterior por parte de la Fiscalía, la vicefiscal Martha Mancera comunicó que la Fiscalía priorizaría la investigación de este y otros 12 casos más de violencia sexual contra niñas nukak.
Estos hechos cobran relevancia hoy 12 de octubre, día de la resistencia al genocidio de los pueblos indígenas en Abya Yala (nombre dado por el pueblo Gunadule a las Americas antes de la colonización española). La conmemoración es una forma de resignificar el día de la “raza” o del “encuentro de dos mundos” y declarar que las sociedades y Estados latinoamericanos aún tienen deudas históricas con los pueblos indígenas heredadas del periodo de la conquista. En Colombia, esa deuda es particularmente evidente con las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual. Y compromete no sólo al Estado, sino a la sociedad colombiana y a las mismas comunidades indígenas ya que está asociada no sólo a la discriminación de género sino al colonialismo, el militarismo, el racismo estructural y las políticas neoliberales que amenazan a nuestros territorios.
Así lo demuestran los informes “Voces de la Madre Tierra” de las mujeres Arhuacas y el informe sobre violencia sexual de las mujeres Nukak, entregados a la Comisión de la Verdad. Las mujeres indígenas reconocen que la violencia sexual ha sido una práctica histórica que en el conflicto armado es ejercida por todos los grupos armados y frente a la cual ha predominado la impunidad, como lo señalan pronunciamientos judiciales como el Auto 009 de 2015 de la Corte Constitucional.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos identificaron que uno de los principales perpetradores de la violencia sexual en el conflicto armado ha sido la fuerza pública. Este hecho fue constatado por la Mesa de seguimiento del Auto 092 y Auto 009 de 2014, al verificar que de 28 eventos de violencia sexual documentados por la Corte Constitucional, el 52% de los responsables son militares. Esto revela el grave riesgo que significa para las mujeres indígenas la militarización de sus territorios y comunidades.
El informe reveló la dolorosa impunidad y silencio institucional al que se enfrentan diariamente las mujeres indígenas y concluyó que la situación es más generalizada que excepcional
La situación ha sido denunciada constantemente por las mujeres indígenas. En el año 2012, por ejemplo, la Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- presentó el informe “Mujeres indígenas, víctimas invisibles del conflicto armado en Colombia” a Margoth Wallström, Representante Especial del Secretario General de la ONU para Violencia Sexual.
El informe reveló la dolorosa impunidad y silencio institucional al que se enfrentan diariamente las mujeres indígenas y concluyó que la situación es más generalizada que excepcional. La Fiscalía, por ejemplo, reporta que el 35,7% de los casos de violencia sexual están archivados; el 28,6% están en investigación preliminar; el 7,1% en investigación y solo el 7,1% tienen sentencia (en un caso el acusado fue condenado y en otro fue absuelto). Además, solo un caso se remitió a jurisdicción indígena, al parecer por solicitud del propio cabildo (3,6%), y no existen reportes del 17,9% de los casos.
Este parece ser el panorama de las mujeres indígenas que se atreven a denunciar. Y que, incluso antes de hacerlo, deben superar múltiples barreras de acceso a la justicia. Barreras como el idioma, las largas distancias geográficas en territorios dispersos que obstaculizan el acceso al sistema judicial, las diferencias culturales y la falta de recursos económicos necesarios para movilizarse para hacer la denuncia.
Ante este contexto, el Estado debe comprometerse a garantizar una vida libre de violencias para las niñas y mujeres indígenas. Esto implica profundizar las acciones de prevención de las violencias en su contra, de manera coordinada con las autoridades y organizaciones indígenas, transformar la doctrina militar tomandose en serio la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos, visibilizar a las mujeres indígenas como sujetos de derechos, garantizar el acceso a los servicios de salud con enfoque intercultural y promover el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, como se sigue evidenciando en el contexto poscolonial, donde en lugar de celebrar hemos decidido resistir, nada de lo anterior tendrá éxito si no se propician metodologías de coordinación interjurisdiccional que contemplen la armonización entre la jurisdicción ordinaria e indígena, reconocer en paridad de condiciones el fuero territorial de organizaciones y autoridades tradicionales, entre ellas, la guardia indígena, como institución legítima de protección de nuestras comunidades y territorios.
Hoy, en el día de la resistencia indígena no hay nada que celebrar. El “encuentro de las dos culturas” supuso desde entonces, una larga historia de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas que siguen sustentándose en los mandatos coloniales. La violencia sexual vivida por nuestras ancestras en el período de la conquista sigue ejerciéndose hoy por todos los actores armados.
En este sentido, el 12 de octubre debe ser un día para tomar acciones que reivindiquen los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, los derechos de las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado.
