Es sábado.
Es 23 de noviembre. 
Es el tercer día de Paro Nacional. 

El país se recoge abatido. Espera sin suerte que el estudiante Dilan Cruz no muera tras recibir un impacto letal de un disparo del Escuadrón Antidisturbios, en Bogotá, cuando ejercía su derecho legítimo a la protesta. 

A 417.8 km, en Medellín, el alcalde electo Daniel Quintero propone una Asamblea Constituyente y que el Escuadrón local no esté presente en las marchas. Entretanto, miles y miles de manifestantes se propagan en las calles y se anuncia un inusitado récord: cuatro días sin homicidios. 

Parece insólito.

Sin embargo, el dato naufraga en lagunas de información. Las noticias son sobre vándalos, violencia, saqueos. El toque de queda se queda en el toque. Las pantallas se colman de imágenes sensibles, la radio de debates, la prensa de esfuerzos por explicar. La prisa y la dosis excesiva de opinión parece alterar la ansiedad de la audiencia. La excepción de la regla en Medellín, donde mueren asesinadas mínimo dos personas a diario –según cifras oficiales– salpica a los medios. Pero esta vez el fenómeno tiene en parte que ver con la transición de gobierno, la dictadura de la estadística y la reacomodación de las estructuras criminales.

La pausa de la violencia homicida en Medellín, en pleno paro, es mucho más compleja. 

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Durante los primeros tres días del paro en la ciudad pasó lo mismo que en la película Golpe de Estadio de Sergio Cabrera (1998). Así lo interpreta Hugo Acero, sociólogo, experto en seguridad urbana, Subsecretario de Seguridad de Bogotá, en tres administraciones, y ahora asesor de la misma área en Medellín. “Esa película muestra cómo a los que se quieren matar los une una circunstancia: el fútbol. Primero deben pensar en eso, después habrá tiempo para la guerra. Así pasaba con los conflictos entre guerrilla y paramilitares, por ejemplo, que sintonizaban lo mismo en la pantalla y había una tregua».

Explica que la Policía concentró los esfuerzos en las marchas sin descuidar los cuadrantes, aunque no los fortaleció. Por eso, una de sus hipótesis para esclarecer el inusual comportamiento de los homicidios en la ciudad, podría obedecer a una atención de absolutamente todo el mundo en la marcha y no en los conflictos cotidianos. Y cuando dice todo el mundo, se refiere también a las organizaciones criminales. 

Los primeros días del paro no son los únicos en el calendario de Medellín sin homicidios. Según los reportes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía, hubo también tres días de octubre en donde la cifra de homicidios bajó a cero. Fue, además, el mes menos violento del año. Se dio luego de que medios anunciaran el progreso de pactos de paz o pactos del fusil entre los grupos armados organizados, un método que funciona luego de repartirse el control territorial. La otra hipótesis que explica el movimiento extraordinario de la violencia.

Gerardo Pérez, miembro de la iniciativa NoCopio y de la campaña de resistencia ciudadana #NoMatarás, reconoce que es sorprendente el comportamiento del movimiento estudiantil que logró generar una capacidad de reacción ante cualquier intento de terrorismo y vandalismo durante las manifestaciones del Paro Nacional. Pero, agrega, hay una preocupación inminente: la gran capacidad de reorganización y fortalecimiento de las estructuras criminales en tiempos de no enfrentamientos, como este. “Tienen un acuerdo, pero en el momento en que estallen, las encontrarán otra vez robustecidas dispuestas para la guerra y para reclutar pelados”.

No es la primera vez que para explicar una inusual baja en los homicidios hablen los expertos de este tipo de pactos, aunque la Alcaldía lo niegue. De hecho, durante la pasada visita del Papa Francisco, en 2017, Gutiérrez salió a desmentir que entre los grupos hubieran llegado a un acuerdo de cese al fuego. O, en 2010, durante los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Medellín, cuando hubo un pacto de paz entre las facciones que se disputaban el poder (“Sebastián” y “Valenciano”) y el gobierno nacional y local, también lo desmintieron. Un caso documentado por el politólogo Gustavo Duncan en su libro Más que plata o plomo (2014).

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El experto en seguridad, Hugo Acero, reconoce que los pactos han sido una constante en Medellín, pero niega que estén ocurriendo en este momento. Más bien, cree que el debilitamiento a estas estructuras armadas por los ataques continuos de la Fuerza Pública, pueden ser otra razón para entender la desaceleración en la cifra de homicidios y tan de repente. Es tal el golpe que le han dado a los cabecillas y a las estructuras que, dice, de alguna manera, éstas no han logrado ejercer la violencia que ejercían. “Esto no quiere decir, en absoluto, que los negocios ligados a la economía ilegal se hayan venido al piso y que podría estar sucediendo la disminución de homicidios, incluso, sin ningún tipo de concesión o acuerdo con las bandas criminales para que le bajen el perfil a todo su accionar”.

Aún así, el activista Daniel Suárez insiste en esa hipótesis y cree que el fenómeno del paro ofrece una teoría a comprobar: “¿Son los grupos ilegales estructuras más organizadas que la misma institucionalidad para garantizar un determinado orden? Hubo un impacto muy fuerte desde mediados de este año cuando las cifras disminuyeron en un porcentaje alto. Se esperaba que termináramos en 27 homicidios por cada cien mil habitantes y, en este momento, estamos entre 25 y 23. Es decir, la cifra viene bajando y se registra en lugares donde no había una tensión con respecto a conflictos ilegales”, afirma. 

Agrega, asimismo, que conoce de acuerdos entre los grupos ilegales de Belén y Altavista, por ejemplo, con la Policía. Lo hacen para repartirse dineros y, por esto, como dice, las posibles alianzas para la reducción de homicidios no son solo entre las grandes estructuras criminales. 

Pese a esto, como asegura, la garantía de orden durante la marcha también beneficia al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque «se sigue rajando en su propósito de acuerdo al Plan de Desarrollo: prometió una tasa de 15 homicidios por cada cien mil habitantes y hoy presenta una cifra con diez puntos por encima». El índice que le dejó el pasado alcalde, Aníbal Gaviria, fue de 20.

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Años noventa.
Hugo Acero es asesor del Alto Consejero de Paz.

Se encuentra con casos de funcionarios que van a la cárcel Bellavista a dialogar con la gente que está presa para que detengan la matanza en las comunas. “Esto no ha sido nuevo, hay una capacidad de negociación tradicional en donde incluso la iglesia la ha promovido de la mano del narcotráfico”.

Recuerda, por ejemplo, cuando Luis Alfredo Ramos era alcalde de Medellín, desde el 92 hasta el 94, y le decía a la Presidencia a través de la Consejería que eran responsables de las milicias que habían llegado a la ciudad: “porque en efecto el ELN estaba junto a las milicias populares con las que se hicieron una serie de negociaciones que tuvo errores”, como comenta. Y, para el período de Sergio Fajardo, de 2004 a 2007, era innegable la presencia del paramilitarismo. 

“Llegaron los paras y la gente preguntaba: ¿pero por qué llegaron todos a Medellín? Pues porque eran paisas, no eran de otro lado… Los que venían de regiones de Antioquia, Urabá y otros territorios, eran paramilitares antioqueños y entonces regresaron a los lugares a los que pertenecían”. 

Fajardo decidió atender a los desmovilizados con aciertos y desaciertos, como cuenta Acero. Lo hizo a pesar de que mucha gente, en sus palabras, veía esa cercanía como “la negociación con Don Berna”, que desembocó en la denominada ‘Don Bernabilidad’, un alto en las muertes dado el poder de liderazgo que tenía Don Berna sobre las estructuras criminales y que, según Acero, viene desde las primeras intervenciones en la comuna 13 de Medellín en 2003, el último año de Luis Pérez como alcalde y a comienzos de la presidencia de Uribe Vélez.

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Es diciembre.

Finales de 2018.
Mauricio Ospina está tomando una cerveza en Laureles. A siete minutos de la medianoche un hombre en moto comienza a disparar y lo asesina. Ningún policía llega a tiempo. Es la calle 43 con carrera 76. A escasos metros hay un comando. Todo queda en silencio. 

La sangre se esparce con sigilo.

Daniel Suárez era su amigo. Hoy todavía protesta. Sabe que “ningún lugar es equivocado”. Un sicario llegó a cobrar un ajuste de cuentas en un lugar de baja tensión y disparó indiscriminadamente sobre un par de ojos que lo observaban. 

Mónica Betancur, politóloga e investigadora de InSight Crime, una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza de la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, cree que sería equivocado decir que hay un debilitamiento de las estructuras criminales. Considera que están “más replegadas en los últimos meses”, pero no debilitadas. 

“Hemos visto que el común denominador indica que los poderes no cesan de sustituirse. Eso responde al dicho popular de A rey puesto, rey muerto, que traduce cómo se suceden el liderazgo de las estructuras”. Pero Acero asevera que la estrategia de ir por una cabeza tras otra, en sus términos, funciona, aunque Betancur cree que cuando pasa es porque ya existe el suplente: “En el atentado de Mauricio Ospina presuntamente habría sido un ajuste de poder, porque estaban inconformes con la manera de accionar del cabecilla de una banda y ya tenía a alguien que le pisaba los talones. Luego de eso, la estructura no dejó de funcionar y lo supimos tras investigaciones”. 

El porcentaje de reducción de la tasa de homicidio en Medellín, para Betancur, no representa ningún éxito para la alcaldía de Gutiérrez. Ella recuerda que Andrés Tobón, el Secretario de Seguridad, decía en ruedas de prensa que podrían llegar hasta a una tasa de 12 muertes violentas por cada cien mil habitantes, pero hoy el porcentaje real dobla la intención.  

Del mismo modo, cree que es difícil hacer una correlación con el hecho de que las protestas hayan arrojado unos días tan pacíficos en la ciudad. Ella apoya las demás teorías: “La relación entre las marchas y la falta de homicidios implicaría contrastar los puntos de violencia con los puntos de concentración y pensar en la proporción de militarización de la ciudad. Es complejo. Hubo mucha seguridad para que operara el sicariato, por decirlo de alguna forma, pero también una atención directa e indirecta en el territorio”.

Para la investigadora de InSight Crime, la estrategia de seguridad de Federico Gutiérrez sigue siendo, en sus palabras, nefasta: “Van más de 500 homicidios en el año, que sigue siendo una cifra desproporcionada si se compara a la ausencia de homicidios en cuatro días”.

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Gerardo Pérez está convencido del pacto. Asegura que los combos están resentidos por los ataques de la Alcaldía en la consideración de que lo que menos podían hacer, era poner en riesgo su negocio. “Llegan a un acuerdo a pesar de muchas fuerzas que no querían. Hay poderes muy fuertes y evidentes en las alianzas con los mexicanos o con la gente que queda de la estructura de La Oficina”, una organización que fortaleció a los combos que comenzaron asesinando policías a sueldo en los noventa.

Ese pacto, según él, ha hecho que paren los homicidios provenientes del conflicto y el registro que queda, entonces, es más cercano a la denominada “limpieza social” o a las derivadas del problema cardíaco, en el Centro, corazón de la ciudad, que hace varios años concentra el mayor número de muertes violentas. Hay muchas personas en situación de calle que son víctimas, por ejemplo, u otras por casos más propios de la convivencia o de tipo barrial, vecinal o por asuntos económicos.  No corresponde tanto, como asegura Pérez, a los conflictos provenientes por enfrentamientos entre grupos criminales, sin sumar, además, la cifra de desaparecidos.

Acero indica que los negocios ya no requieren de tanta gente porque no se mueven como en la época de narcotráfico de Pablo Escobar y los Rodríguez, o porque se han vuelto un poco “más ejecutivos, empresariales y ocultos”. Es el caso de La Oficina, como comenta, que presta ahora  muchos servicios  a la manera de portafolio: protección, cobros, sicariato, inclusive para empresas ilegales dedicadas a la minería, por ejemplo.

Daniel Suárez, por su parte, entiende que las bandas se van debilitando por la estrategia, pero prefiere explicarlo como “la falsa calma de transición de gobierno sumado al pensamiento estratégico de grupos ilegales”. 

Acero cree también que lo que ha sucedido en Medellín, para obtener los buenos resultados, es que no solamente algunos cayeron presos, sino que se trasladaron. “Se habla, por ejemplo, de que ahora en Soacha, Cundinamarca, están ‘Los Mesa’ que delinquían principalmente en Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa, en Antioquia”. Y esto es lo mismo que pasa con otras estructuras viejas. “Lo que planteaba Federico Gutiérrez es cierto: a esta gente no se les tocó durante muchísimos años y es un problema de la autoridad nacional. Pero, cuando hay decisión, se hace”.

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Es miércoles. 
Es 4 de diciembre. 
El paro nacional sigue.

El Escuadrón local llega junto a carabineros de la policía donde está reunida una multitud, principalmente joven. Llegan a caballo. Dispersan a todos cuantos se reúnen frente a un concierto en Ciudad del Río, en la Avenida las Vegas, hacia el sur de la ciudad. Hay un evento público, pero parece no serlo. Restringen la protesta. Mojan a su paso con la Tanqueta lanza agua. 

Desde el 21 de noviembre las manifestaciones habían sido pacíficas. Sucedían mientras Federico Gutiérrez aseguraba que entrega “la tasa más baja de homicidios en promedio en un gobierno desde finales de la década de los setenta”. Ya había sumado los días en todo su período sin homicidios, contando la totalidad y no los días continuos. 

La cifra se comporta con esquizofrenia. Impera la estadística. Las calles siguen llenas y nadie sabe a ciencia cierta quién convocó a ese otro paro.