Después de la masacre en la que fue asesinada la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro miembros de la Guardia indígena en el corregimiento de Tacueyó, en el municipio de Toribío, el presidente Iván Duque anunció tres medidas para atender la crisis de seguridad que se vive en el Norte del Cauca, donde este año, según la ONU han sido asesinados 52 indígenas y 11 líderes. Anunció, por un lado, que enviará, en diciembre, 2.500 nuevos efectivos del Ejército para hacer «control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico y desmantelar las organizaciones armadas». Ademas, dijo que respalda la idea de la ‘carpa blanca’ que propuso la Defensoría del Pueblo para coordinar acciones entre las entidades del Estado, incluyendo las locales, y finalmente, les propuso a las autoridades indigenas y a la Guardia que coordinen acciones de control territorial con la Fuerza Pública.

Hasta ahora, líderes indígenas han rechazado la primera y la tercera propuesta. Cerosetenta conversó con Johe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para entender por qué y que nos diera su balance sobre la situación que vive el departamento y las acciones que planea el movimiento indígena.

Usted decía en una entrevista que no aceptan la propuesta del Gobierno de coordinar acciones conjuntas entre las autoridades indígenas, la Guardia y la Fuerza Pública porque ustedes están en la mitad. ¿Qué quiere decir eso, exactamente?

Esa es una realidad que no se puede esconder. La lectura nuestra es que el Gobierno, el Estado, se ha quedado quieto con sus instituciones para permitir que los grupos armados se enfrenten entre ellos, se maten entre ellos. E inclusive, por qué no decirlo, entre nosotros mismos para generar un caos estructural que debilite el proceso de más de 48 años de resistencia que hemos tenido los pueblos indígenas. Eso implica de que hoy nos han dejado solos. 

Ahora nos llaman a coordinar entre autoridades indígenas, guardias y fuerzas militares y uno se pregunta ¿qué confianza puede haber ahí? Con los últimos casos de falsos positivos de la Fuerza Pública en Jamundí, en Norte de Santander, y aquí mismo, hace unos días, en Corinto, cuando se llevaron a un campesino, en manos de la Fuerza Pública y después de dos horas aparece torturado, con una de sus manos metidas en una despulpadora de café, y asesinado.

Todos estos asuntos tienen que revisarse. Por eso nosotros estamos planteando también un debate con la Fuerza Pública y con el Ministerio de Defensa que permita mostrar cuál es la relación [con esos grupos]. En Toribío, por ejemplo, hay tres entradas y ellos tienen el control sobre las carreteras, ¿por qué los insumos entran y por qué los cargamentos salen? Nosotros hemos venido denunciando todo ese asunto institucional y no nos da miedo hacerlo públicamente: hay cierta relación con algunos funcionarios de la Fuerza Pública que les están pagando con plata del narcotráfico para que se queden quietos. Hoy la noticia es que cinco policías son capturados por dotar de armas, por estar mezclados con el narcotráfico, en el caso de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, asesinada en septiembre. Es un asunto demasiado grave. 

¿Y qué pasa con las disidencias? 

Del otro lado, también, están las disidencias entre comillas, porque estas disidencias no tienen ningún fin filosófico ni un objetivo político con la que se pueda dialogar sobre temas territoriales como podía hacerse antes con la guerrilla de las  Farc. Hoy eso no se puede realizar porque lo primero que sacan es fusil y a masacrar la gente. No tienen un uso de diálogo al menos para colocar un posicionamiento político y las reglas en el territorio. 

Fuera de eso nos señalan. En cada panfleto que sale nos dicen que estamos aliados con el Gobierno nacional y que estamos coordinados y que la persecución contra el narcotráfico es una alianza Gobierno, autoridades indígenas y Guardia cuando esa no es la realidad. Están generando un caos estructural para poder desestabilizar la organización indígena del CRIC y los poderes locales y eso implica un grave riesgo para la permanencia en los territorios. Hemos llamado a estas estructuras narco paramilitares. Por ejemplo, en la masacre de a un equipo de ingenieros que estaban haciendo topografía ayer en Corinto, hubo tortura, los degollaron. 

Frente a eso, a nosotros también nos compete tomar decisiones y no tratar de mezclarnos en ninguno de estos asuntos y seguir resistiendo hasta querer mirar qué otros caminos tomar. Lo único que no hemos pensado es tomar el camino de armarnos. Esa no ha sido la filosofía del movimiento indígena. Pero yo me atrevería a pensar que el Gobierno está quieto, llevándonos contra las cuerdas, para que tomemos una decisión equivocada y que al final ellos puedan justificar continuar una guerra de más de 50 años.

El presidente Iván Duque fue a Santander de Quilichao esta semana. ¿Ustedes se reunieron con él?

El Presidente vino a un consejo de seguridad y nos invitó pero ¿porque no se llega? Porque es un Gobierno que no tiene voluntad política. No podemos sentarnos con ellos cuando a la vez su dirigencia y sus instituciones permiten que se masacre la gente. No es coherente que nos sentemos con un Gobierno que está permitiendo que se acribille a los indígenas, la a dirigencia campesina y afro, que está reprimiendo la protesta social como lo está haciendo, que coge con el Esmad y que le disparen a los ojos, a la integridad de la población. 

En estos días el pan de cada día ha sido que supuestamente hemos sacado la Fuerza Pública y la hemos humillado y que hoy pedimos protección. Eso es totalmente falso. Nosotros nunca hemos pedido refuerzo, en ningún sentido. Hemos pedido respeto por los territorios, por el desarrollo del gobierno propio y por el control territorial que realizan las Guardias Indígenas. Han pasado cinco proceso de paz, los cuales todos se han caído y siempre la solución del Gobierno y del Estado es militarizar. Eso es querer solucionar nuevamente un conflicto de 50 años que está reapareciendo con militarización, es querer justificar el inicio otra guerra de otros 50 años. No tiene ningún sentido. Está completamente errado el Gobierno. Si tiene la capacidad de invertir para la guerra, tiene que tener la capacidad de invertir y transformar el modelo social y económico del país. De lo contrario no va a pasar nada. Van a seguir haciendo que nos matemos entre los pueblos. Hoy más que nunca sentimos que nos toca seguir luchando desde nuestras propias dinámicas y la fuerza de la comunidad. 

Esta semana, después de la masacre de Tacueyó, las comunidades indígenas se reunieron en una asamblea para definir qué hacer con la situación. ¿Cuántas personas estuvieron en la reunión y qué discutieron?

Más o menos asistimos unas tres mil personas. Estuvimos revisando la situación interna de las comunidades, haciendo evaluaciones frente al tema de los grupos armados, el por qué de la presencia de esos grupos en el territorio y también el tema de los cultivos de uso ilícito. También analizamos la función constitucional y las acciones de la Fuerza Pública en los territorios. Y acorde a eso pues también tomamos algunas decisiones de manera interna y revisamos el tema de movilización por toda la situación que se viene dando. 

Uno de los puntos que acordaron fue darse un plazo de seis meses para evaluar la presencia de cultivos de uso ilícito en los territorios. ¿La idea es evaluar si los acaban definitivamente?

Si, se habló sobre los cultivos de uso ilícito porque éstos tienen que ver con tomar decisiones de manera urgente pero entendiendo que gran parte de las familias indígenas y campesinas hoy tienen estos cultivos porque son su forma de subsistencia, de  alimentación, para mantenerse. Así ha sido. Hay que revisar muy bien el tema y para eso son los seis meses: para hacer la minga hacia adentro, sobre cómo se puede trabajar y concientizar y también buscar algunas opciones respecto a un tránsito de los cultivos de uso ilícito hacia otras maneras de producir. Por ahora se ha dicho que se van a hacer mingas hacia adentro. Eso requiere también todo un trabajo político de orientación y mirar cómo llegamos a todas las familias. 

Un segundo aspecto es cómo se va a sumar el Gobierno a este ejercicio entendiendo que el punto cuatro sobre cultivos de uso ilícito quedó en el Acuerdo de Paz. La idea es generar voluntad pero también que el Gobierno muestre esa voluntad. Ese es el camino. 

¿Cómo tomó la gente esa propuesta?

Lo que manifiesta la gente es que hay que tomar acciones urgentes porque el combustible de la guerra, de esto que está pasando en estos momentos, son los cultivos, el narcotráfico. En esa medida como movimiento indígena se evaluó también cómo buscar las garantías necesarias, ya sea con el Gobierno o con comunidad internacional, para que las familias se puedan sostener durante la transición. 

El problema en la región no es la coca, como se ha dicho, sino la marihuana…

Si. En la región hay mas o menos 4 mil cultivadores de marihuana, entre comunidades campesinas e indígenas. El auge de la marihuana en estos momentos es una realidad por el tema de los precios. Digamos así, sale más rentable estos cultivos que la misma coca.  

Han pensado hacer algún tipo de reunión con los campesinos, dado que si ustedes se salen del cultivo y ellos no, el problema se mantiene?

Si claro. Tiene que revisarse la producción general. Para eso están construidos los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, (programas de desarrollo pensados para las zonas más afectadas por el conflicto armado que se construyen de manera participativa) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, Pnis, y unas apuestas políticas que hay desde las organizaciones y las comunidades. Lo que sí dejamos claro es que todo lo que se haga tiene que ser con la gente. Un proyecto de sustitución no puede ser construido desde un escritorio, tiene que construirse con la gente como se ha venido haciendo para que las garantías sean plenas. Porque de nada sirve que la gente haga la transición si las vías no mejoran, si la producción que sacan no tiene rentabilidad o no tiene un mercado asegurado pues va a ser muy difícil traspasar esas líneas de la sostenibilidad económica de familiar, organizativa. 

También hablaron en esa reunión de fortalecer la Guardia Indígena ¿Cómo? 

Fortalecer la Guardia significa fortalecer, por ejemplo, la estrategia de comunicación. Si la Guardia no tiene unos puntos estables, donde pueda tener sostenibilidad y controlar lo interno y lo externo, pues va a ser muy complejo. Hoy lastimosamente nos acribillan y nos matan porque no tenemos cómo comunicarnos de un territorio a otro para poder coordinar las acciones conjuntas entre la Guardia y las comunidades. Eso implica que pase lo que acaba de pasar en estos días. En esa parte, son varias las estrategias. Por ejemplo, fortalecer las emisoras comunitarias que son fundamentales para este tipo de hechos. Es un asunto integral en el cual se quiere trabajar en cada sistema para que tengamos estrategias de acción y reacción en momentos críticos como estos. 

¿Cuáles son los puntos más críticos? ¿Qué pasa en Toribío, por ejemplo?

De los 53 asesinatos que hay este año, la mayoría han sido en el norte del Cauca. Es una situación muy compleja. Estos grupos armados tienen una parte ahí, en Toribío. El punto crítico que existe es como un triángulo que arranca desde El Palo que toca parte de Corinto, toca parte de Toribío y toca parte de Jambaló. En ese espacio se mantienen esos grupos. Creo que han encontrado ahí un fortín para poder hacer ahí todo tipo de de daño, de desarmonía, y casos mucho más graves como el asesinato de los compañeros. Y ellos [esos grupos] siguen como si nada. Allí hay además una zona de reserva campesina. Quiero dejar bien claro que no estamos echando culpa a la comunidad campesina sino que estos grupos han utilizado estos territorios para ampararse en estas dinámicas de violencia.

En el municipio de Paez-Tierradentro también han sido asesinados al menos cinco indígenas. ¿Qué está pasando allá? 

El discurso del Gobierno ha sido el narcotráfico pero ahí no hay presencia de cultivos de uso ilícito. Entonces ¿el Gobierno como justifica el actuar violento de estos grupos? Pueden hablar de corredores estratégicos, creemos que es así. En Tierradentro, en menos de 15 días hubo cerca de 7 asesinatos. Mataron a una autoridad, al secretario que era un joven, hijo de exgobernador. Estos grupos también han identificado a gente desmovilizada, la sacan de su casa y la matan por no querer volver a las armas. Es un tema muy delicado. Situaciones como esas es las que acrecientan el temor. 

Esos grupos han dicho que quieren estar a favor del pueblo, mencionan que no van a irse contra el pueblo o contra los soldados. Pero en Morales mataron a dos soldados y aquí también mataron a dos soldados que estaban activos en el cuerpo militar. Es muy complicado. Quieren generar pánico, temor y zozobra dentro de los territorios indígenas. Es una violencia que se viene acrecentando y que empieza a tocar a todos los territorios del Cauca. Todos empiezan a sufrir este síndrome de aumento de la violencia. 

El 21 de noviembre se viene una movilización. ¿Es verdad que quieren hacer algo tan grande como lo que se vivió en Ecuador?

Eso se llama una insurrección (risas). Si los movimientos sociales fuésemos lo suficientemente maduros políticamente y unidos, creo que se podría dar. Creo que en un momento como estos, si dejamos que la paz se caiga, que se caiga esa oportunidad de por primera vez en este país construir paz, estamos condenados a seguirnos matando nuevamente, a seguir desangrando los pueblos, los campesinos, los afros. Es necesario que este país tras 50 años de guerra genere nuevamente un movimiento que deje marcado en la historia de que el pueblo necesita cambios estructurales, que el régimen necesita cambiar. De lo contrario, apague y vámonos, y cada uno a buscar como se defiende en su casa porque la guerra va a continuar. 

¿Y qué tienen pensado hacer?

Estamos pensando en despertar los movimientos, reunirnos, evaluar y avanzar en un proceso de trabajo conjunto para definir el camino a seguir. Uno de los grandes objetivos, sin esconderlo, es una movilización, golpear el corazón de este país. Porque de lo contrario, la cosa va a continuar peor de lo que estamos hoy. 

¿Se refiere a la Panamericana?

No. La Panamericana ya no es. La Panamericana pasa hoy a un segundo ejercicio. Ya tiene que ser tomarnos las principales ciudades o alguna cosa que realmente haga peso para que quienes viven en las ciudades también sientan que esta guerra que hoy nos está matando pues, no solo está acabando con la vida nuestra sino con la vida del territorio, con los alimentos, con todo. Si eso es lo que quieren, habrá que revisar esa estrategia también. 

¿Han encontrado receptividad en otros movimientos sociales?

Eso reserva del sumario (risas). Dejémoslo en que la gente quede en alerta, que se empiecen a pellizcar porque los indígenas estamos putos y así mismo están muchos más, indignados, rabiosos, porque pareciera que nos colocan en puestos, que nos desangran que hacen de todo con nosotros y nosotros como si nada. 

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