Una premisa: que Jesús Santrich no se presentara ante la Corte Suprema de Justicia ha puesto en una compleja posición a la justicia colombiana, a los defensores del Acuerdo de Paz, a las víctimas y a los 10.500 excombatienentes que, de acuerdo con el Alto Consejero para la Estabilización, sí están cumpliendo con sus compromisos. Su caso se convirtió en el estandarte de los medios de comunicación para medir la efectividad que estaba teniendo la implementación del Acuerdo con una especie de correlación indeseable: si Santrich fallaba, la paz también. Él falló, y ahora nos toca recordarle a la sociedad que no era con esa vara con la que se debía medir el éxito del posconflicto.

La paz, de alguna forma, fue ‘santrichizada’ y el exfiscal Néstor Humberto Martínez tuvo un papel importante en llevar la atención de los medios hacia ese lugar. Después de una rueda de prensa en la que señaló que las pruebas eran irrefutables no pudo, en un año y medio, investigar por su cuenta ni obtener material probatorio. En cambio, presentó vídeos y audios incompletos y que fueron recogidos de forma irregular. Si bien dichos elementos no pudieron ser usados como prueba, sí fueron muy efectivos para generar la sensación de que la justicia colombiana debía actuar a toda costa, o si no se probaría que no funcionaba, que iba a dejar “volar” a Santrich o que dejarlo libre sería un error. Ahora, el manto de duda que suelen utilizar los detractores del Acuerdo no está solo en la JEP, sino que se ha extendido a las otras altas Cortes (reviviendo la propuesta de su unificación). El caso Santrich dejó la sensación, en una parte de la sociedad, de que la justicia no funciona y que se permitió la “fuga”.

Toda esta situación ha llegado a nublar las verdaderas ganancias del Acuerdo, por eso hay que ‘desantrichizar’ el discurso. Pero no es fácil. La gente en las calles no entiende que el debido proceso es para cumplirse, que eso no es impunidad y mucho menos un error. Solo lo avalan cuando es en causa propia: si hoy le preguntáramos a cualquier ciudadano si quisiera que se le respetaran todas las garantías para defenderse de una acusación que considera injusta, respondería que sí. Pero en el caso de Santrich no. A él no tenía que respetársele, ya lo consideraban culpable a pesar de que no existir condena o pruebas soportadas por una Fiscalía negligente. No se entiende ni se quiere entender.

Esto representa un problema sobre todo para las FARC. Por más que ha intentado ‘partir cobijas’ con Márquez, Santrich y los demás que se fueron, se les sigue vinculando con los incumplimientos de unos pocos. Jesús Santrich sabía que la atención estaba puesta en él y aun así defraudó la buena fe de todas las personas que han apoyado el Acuerdo, en especial de las víctimas que esperan la garantía de sus derechos e incluso la de sus propios compañeros. Así, le dio a los detractores del Acuerdo los argumentos para decir que los excombatientes no están cumpliendo. Eso es falso, pero es la sensación con que pueden quedar muchos ciudadanos y ahora será una tarea compleja quitarla.

Ahora, el gobierno tiene un papel prioritario para lograr esta ‘desantrichización’. Fue un primer gran paso el que dio Miguel Archila, Alto Consejero para la Estabilización, al asegurar que “el mal ejemplo de algunos pocos no puede afectar la imagen de los demás. El Partido FARC ha dicho mantenerse firme con sus compromisos”. El resto del gobierno y los medios, deberían mantener una posición similar, ser capaces de expresar, como no se ha hecho, que el proceso de paz no se mide ni por Santrich ni por Iván Márquez, sino por la cantidad de excombatientes que están en el proceso de reincorporación, que se han vinculado a un empleo, que tienen proyectos productivos, que iniciaron sus nuevas familias y que, en definitiva, han cumplido con el Acuerdo. También hay que recordar, sobre todo al Gobierno, que el único punto del Acuerdo de Paz no es la reincorporación, sino que debe hacer esfuerzos por cumplir puntos relevantes, que no se han movido, como la reforma rural integral y la sustitución de cultivos.

Un grave error ha sido que, incluso defensores del Acuerdo, igualen el daño que Santrich le ha hecho al proceso de paz con el que han hecho los detractores del Acuerdo, liderados por el senador Álvaro Uribe. Una equivocación. El perjuicio que han causado los detractores a la paz, desde el plebiscito, es inigualable. Que Santrich haya abandonado su esquema de seguridad no significó un incumplimiento, que haya sido acusado de unos delitos, sin que hayan sido probados, tampoco lo fue, el verdadero daño fue no presentarse ante la Corte y no comunicarse con sus abogados para explicar las razones de ello. Y eso, de ninguna manera, es comparable con los años de campaña que llevan los detractores en contra del Acuerdo de Paz.

Si los defensores de la implementación no nos alejamos de este discurso y nos centramos en las bondades del Acuerdo, así como en los aspectos del mismo que no tienen avance desde el Gobierno, y en los miles de excombatientes que tienen sus esperanzas puestas en la reincorporación, va a ser muy difícil ganarle la batalla a aquellos a los que solo les serviría ver el Acuerdo fracasar. Santrich generó una situación incómoda, pero la sociedad no se puede quedar allí.

Finalmente, cada desafío conlleva una oportunidad y esta situación podría ser aprovechada por el partido político FARC para generar cambios. Por un lado, con la expulsión de quienes han incumplido sus compromisos con las víctimas y, de otro, revisando las decisiones de partido que se tomaron con el ala más radical que ya no está, por ejemplo, la elección del nombre de la colectividad. Si ese sector más radical ya no está, le incumplió a las víctimas, le incumplió a sus compañeros de partido, que han atendido sus compromisos durante casi tres años, y ha afectado al partido ante la opinión pública, sería viable pensar en cambios en pro de la vida política que deben seguir construyendo.

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