Héctor Sánchez, líder sindical y ambiental de la vereda Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, fue detenido el 4 de diciembre de 2013 por 13 efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), junto a 20 policías y 50 militares. En un vuelo chárter de la Policía lo llevaron desde el aeropuerto Morelia, en el campo petrolero de la vereda, hasta Bogotá, donde lo condujeron a los juzgados de Paloquemao.

Antes de su captura, recuerda Sánchez, salía de una reunión de la entonces petrolera Pacific Rubiales, que buscaba mejorar las relaciones entre la comunidad y la empresa. “Me preguntaban que yo por qué era tan peligroso, ahí en el avión, y todo lo grababan”, dice ahora.

El caso de este sindicalista se repite con otros en el departamento del Meta. En medio de su trabajo con la comunidad, varios líderes han sido retenidos, judicializados o encarcelados; y en los casos más graves, asesinados. Sus casos figuran en notas periodísticas que recogen las acusaciones de las autoridades y posteriores capturas bajo cargos de terrorismo, concierto para delinquir y secuestro. Sin embargo, los hechos demuestran perfiles de líderes sociales que adelantan procesos organizativos para defender el ambiente, los derechos laborales y la restitución de tierras.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia calcula que 37 líderes sindicales son asesinados cada año en Colombia. Recientemente, la organización Industrial Global Union, junto a otras seis federaciones internacionales, incluyó al país entre las diez naciones más peligrosas para ejercer el liderazgo sindical.

El Meta concentra la mayor zona de explotación petrolera en Colombia, y también registra la mayor cantidad de líderes y lideresas con procesos judiciales abiertos, según información del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En estas historias son comunes los laberintos judiciales y los reclamos laborales.

Rutas del Conflicto, junto a La Liga Contra el Silencio, documentó la historia de Héctor Sánchez, un líder que ha enfrentado siete procesos judiciales y centenares de amenazas.

Antes de dedicarse al liderazgo ambiental, Héctor Sánchez trabajó en la extinta petrolera Pacific Rubiales, que operó en Puerto Gaitán durante ocho años. La historia de Sánchez como líder empezó en 2011. “En ese momento le pagaban mal a los trabajadores, dormían hacinados”, recuerda el sindicalista. “En el campo petrolero había carpas con 240 trabajadores con un solo ventilador y cinco baños. Además de las jornadas tan extensas”. Entonces decidió formar un sindicato junto a otros compañeros, como Campo Elías Ortiz y José Naranjo.

Héctor Sánchez, líder sindical y ambiental que ha recibido 15 amenazas de muerte por su labor. Ha sido investigado en varias ocasiones por acusaciones como terrorismo, concierto para delinquir y secuestro.Foto: Rutas del Conflicto

Los tres organizaron un paro de actividades el 19 de julio de 2011 en el Campo Rubiales, que tiene una extensión de 55 mil hectáreas. “A la una de la mañana logramos parar el campo y duramos hasta el día 21, hasta que logró entrar la Unión Sindical Obrera (USO)”, cuenta Sánchez.

La USO es la organización sindical más antigua del país, y defiende los derechos laborales de los trabajadores del petróleo. Según la abogada de ese gremio, Liria Manrique, el escenario de las protestas era complejo por el temor a represalias y despidos.

Para Héctor y los demás líderes, enfrentar a la petrolera podía conducirlos a las llamadas “listas negras”, donde incluían a cualquiera que protestara. Este registro les impedía después renovar sus contratos o conseguir trabajo en otra empresa del sector minero-energético. La práctica fue documentada por la abogada Manrique, quien remitió esta información a la Fiscalía.

Las condiciones laborales habían mejorado, pero hasta octubre de 2011 se presentaron 14 mil despidos injustificados de las empresas contratistas de Pacific Rubiales. “El campo quedó solamente con 500 trabajadores que eran los que operaban prácticamente las máquinas del campo. Y nos despidieron a todos los que habíamos participado en las manifestaciones de julio y agosto”, cuenta Sánchez. Los medios de comunicación dieron cuenta de las pérdidas económicas que dejó el paro, y de los desmanes que ocurrieron en la vereda Rubiales. Además, Pacific anunció que se iría de Colombia por la situación en la zona. Mientras tanto, Sánchez, Ortiz y Naranjo sufrían persecución y amenazas constantes. Algunas de las amenazas escritas fueron firmadas por paramilitares.

La situación se agravó tras su despido de Pacific Rubiales el 23 de noviembre de 2011. Ese mismo día, cerca de las tres de la tarde, el sindicalista regresaba de Bogotá hacia su casa, ubicada dentro del complejo petrolero. Sobre la carretera que comunica Puerto Gaitán con Rubiales, en el kilómetro 108, había un retén de la seguridad privada de la empresa. Sánchez no se detuvo, pero más adelante lo retuvieron durante dos horas, hasta que llegaron funcionarios de la Sijín (Dirección de Investigación Criminal de la Policía) para informarle que tenía un proceso judicial en Puerto Gaitán por terrorismo.

Los efectivos, miembros de la seguridad privada de Pacific Rubiales y de la fuerza pública, lo escoltaron hasta la entrada del campo petrolero. Sánchez estuvo amarrado allí hasta las seis de la tarde, cuando llegó la Defensoría del Pueblo y su abogado, Camilo Acero.

Desde ese día han llegado a su casa advertencias para que abandone el campo Rubiales. Ha denunciando 15 amenazas ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. La más reciente llegó a fines del año pasado. “Héctor era una persona de permanente persecución. Es más, no sólo en términos físicos sino también judiciales”, dice Manrique.

Héctor Sánchez denunció a través de la USO cada nueva amenaza y también las retenciones ilegales que sufrió. La intimidación también buscó quebrantar la confianza que tenía en sus defensores. “Sale una amenaza y dice que la USO me está engordando para matarme en diciembre”, dice.

Imagen de panfleto de amenazas contra Héctor Sánchez, líder sindical y ambiental.

Con la captura el 4 de diciembre comenzó la persecución judicial a estos tres líderes: Sánchez, Ortiz y Naranjo. La abogada de la USO cuenta que la fiscal Luisa Esperanza Fajardo armó el caso a partir de cinco delitos: concierto para delinquir, secuestro simple agravado, amenaza, obstrucción de vías y violación a la libertad del trabajo. Para justificar el primer delito argumentó que la USO es una estructura criminal. “La captura de ellos fue boom. Ella lo vende como la manera en la que va a destruir la USO. El vínculo que ella hace de ellos con una organización criminal fue con el sindicato”, dice Manrique.

Por la forma de llevar el caso desde el comienzo, fue movido en dos ocasiones hasta llegar a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, quien lo reformuló y decidió dejar únicamente el delito de constreñimiento ilegal, que ya prescribió. Los líderes fueron liberados en febrero de 2014, tras dos meses y medio en el patio de máxima seguridad de la cárcel de La Picota.

Pero estos procesos tienen grandes repercusiones sobre ellos, sus familias y sus liderazgos. En casos así suelen detenerse los procesos organizativos; los sindicalistas son estigmatizados como terroristas. En el informe “Defender el territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresas extractivas”, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se identifican patrones de abuso contra los líderes que afectan su quehacer en las comunidades.

Uno de estos patrones se refiere a las detenciones arbitrarias de líderes y lideresas que se oponen a los proyectos extractivos. En el caso de Héctor Sánchez, la abogada de Cajar, Rosa María Mateus, explica que las investigaciones delictivas generan en los líderes un daño personal. ”Puede ser que no lo metan a la cárcel cinco años, pero sí generaron el temor de salir a protestar, porque saben que los cogen”, dice.

Convenios cuestionables

Abogados de la USO y el Cajar encuentran un factor común en estos procesos judiciales: no es posible demostrar relación entre los líderes y los cargos imputados, pero tampoco se demuestra su inocencia. Entonces, los procesos acaban por vencimientos de términos. Para Manrique y Mateus existe un afán por entregar resultados al gobierno y a las empresas.

Desde el 2015 se conocen alrededor de 1.200 convenios de cooperación entre la fuerza pública, la Fiscalía y empresas de hidrocarburos. Son acuerdos para proteger la infraestructura y las actividades de los campos en zonas donde actúan grupos armados. La mayoría de los convenios mencionan como objeto: «El Ministerio de Defensa Nacional a través de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, presentará una especial atención a las áreas donde la empresa desarrolla actividades relacionadas con la exploración, explotación y producción y refinación que se encuentran en el territorio nacional».

Aunque los convenios son públicos, en la plataforma de contratación estatal Secop, la mayoría no cuenta con toda la información del contrato. El Ejército Nacional fue consultado sobre este trato mediante un derecho de petición, pero respondió que era clasificado.

Maquinaria instalada dentro del campo petrolero Rubiales, ubicado al oriente del departamento del Meta. Foto: Rutas del Conflicto

De igual manera se preguntó por las funciones de los Batallones Especiales Energéticos y Viales, encargados de prestar los servicios de seguridad a las empresas tras estos convenios. Según Manrique, fueron los militares quienes acompañaron a Sánchez tras su captura. El Ministerio de Defensa respondió que esa información hace parte de “otros documentos cuyo contenido genera daño al interés público, seguridad y defensa nacional” y que “gozan de reserva legal en el grado SECRETO”, un nivel de clasificación de documentos de inteligencia y contrainteligencia.

Para Mateus, la razón de los convenios iría más allá. “Eso es una excusa. Nosotros empezamos a evidenciar que realmente las actuaciones van dirigidas a frenar y atacar la protesta social”, insiste. Los convenios de cooperación tanto para el Cajar como para la USO dificultan la defensa de los líderes. Para esta investigación se analizaron más de 20 convenios de cooperación entre la Fiscalía y las empresas y aparece como objeto de los contratos: «aunar esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación a través de las estructuras de apoyo (EDA) en sus funciones constitucionales y legales, adoptando principalmente criterios de priorización de situaciones y casos , en la represión de las conductas delictuales que afectan a Ecopetrol».

La Fiscalía, al tener alianzas con empresas petroleras, según Mateus y Manrique, compromete la imparcialidad de la justicia en casos donde la víctima es la compañía. Cuando termina un proceso judicial, muchas veces los sindicalistas son acusados de otros delitos.

Los antecedentes judiciales impiden que los líderes consigan otro trabajo mientras se defienden ante la justicia. Héctor Sánchez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y tiene medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le asignó un chaleco antibalas y un celular. Cuando está en la vereda cuenta con una camioneta blindada y dos escoltas. Sin embargo,  aún recibe amenazas de muerte que llegan a su casa en la vereda Rubiales.

Sánchez tuvo que trasladar a su familia a una ciudad para mantenerla a salvo. Pasa la mayor parte de su tiempo en Rubiales, donde lidera la Junta de Acción Comunal, gestiona proyectos de inversión social con las petroleras y utilizando herramientas legales que aprendió de sus procesos judiciales para instaurar medidas para fortalecer su liderazgo ambiental y comunal.

Ser líder social, sindical o ambiental en Colombia suele incluir riesgo físico y judicial. Las amenazas obstruyen el liderazgo en las regiones, como lo denuncia la abogada Mateus. “Muchos de estos procesos son para intimidar: para mandar un mensaje a los procesos organizativos de desánimo, de preocupación”, dice.

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