No basta con devolver a las víctimas LGBTI al pasado: a su condición previa, al lugar en el que estaban antes de ser violentadas por la guerra. No basta porque nunca existió un pasado mejor. “Lo que nos pasó a nosotros no fue solo un invento de la guerra, fue también responsabilidad del Estado que no nos ha garantizado nuestros derechos”, dice Jhon Restrepo, líder de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín.
La Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín surgió en 2007 como un colectivo para visibilizar la diversidad sexual y de género en la Comuna 8. Al principio fueron 12 jóvenes activistas LGBTI de la comuna. Llegaron a ser 33. Trabajaron por la comunidad, se visibilizaron como actores sociales que querían transformar imaginarios sociales, y eso fue lo que los puso en riesgo. En 2011 la Mesa se acabó a la fuerza. Quienes la conformaron salieron desplazados por las amenazas de varios grupos armados que se han disputado el control de la zona. “La Comuna Ocho ha tenido […] un histórico de violencia”, afirma el líder de la Mesa Andrés Guitierrez en el informe, “La cuna del narcotráfico […] pero también, digamos, en las comunas o en las laderas se han configurado otros grupos armados en esa lógica de control del territorio”.
En Colombia los grupos armados no sólo han impuesto control sobre los territorios. También han controlado las sexualidades y las identidades de quienes habitan en ellos. “La imposición de órdenes morales es una de las estrategias que pueden usar los actores armados para excluir o subordinar a las personas LGBT por lo que son y por la amenaza que representan para la heterosexualidad obligatoria”, explica el informe ‘Un parche que resiste. Recomendaciones para la reparación colectiva de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans’, lanzado ayer y elaborado por Colombia Diversa y la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín.
En 2014, de las 33 personas que conformaban la Mesa, ocho retornaron al territorio y volvieron a hacer trabajo de incidencia local. Recibieron apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y en el proceso conocieron el Programa Nacional de Reparación Colectiva. Sólo hay dos maneras de hacer parte de este Programa: a través de una oferta que hacen las instituciones estatales o a través de una demanda al Estado por parte de quienes se consideran víctimas. La Mesa lo hizo a través de la demanda en 2015 y a principios de 2016 la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), los reconoció como el primer sujeto de Reparación Colectiva LGBTI en Colombia y en el mundo. Lo ideal, explica Daniela Díaz (abogada de Colombia Diversa y redactora del informe ‘Un parche que resiste’), es que el Estado sea quien le ofrezca a los sujetos ingresar al Programa. “Eso daría cuenta de su voluntad política, de su intención de reconocer la pluralidad y la diversidad de las víctimas”, dice Díaz.
Una deuda con (todas) las víctimas
El modelo de reparación individual o colectivo de las personas LGBTI —al igual que el de las mujeres— víctimas del conflicto armado no puede ser restaurativo: “a nosotros no nos pueden restaurar, no nos pueden decir que nos van a dejar como estábamos antes, porque no estábamos bien”, explica Restrepo. Para Nancy Prada, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, el pasado de estas comunidades siempre fue violento. “Puede haber acuerdos de paz, pueden desmovilizarse los grupos armados, pero si el desprecio y la discriminación estructural hacia la población LGBTI no se transforma, lo que va a cambiar es el violentador. Ya no va a ser el guerrillero o el paramilitar, sino que van a seguir siendo los de siempre: el vecino, el hermano, el compañero de trabajo, etc. Una reparación transformadora es lo que cambia las condiciones de fondo”, explica Prada.
Para esta organización la llegada a la Unidad de Víctimas se tornó revictimizante en la medida en que les fue solicitado, en más de una oportunidad, relatar las razones que dieron lugar a la afectación colectiva
Colombia ha logrado avances indispensables. Daniela Díaz señala que ha sido en parte porque la movilización social LGBTI y de mujeres ha alimentado la inclusión de enfoques diferenciales en la institucionalidad, como en la Ley de Víctimas 1448 de 2011. Para Díaz, “con ésta se crearon mecanismos para comprender cómo la guerra ha impactado de forma diferente a sectores de la sociedad que tiene características sociales e identitarias que, en entornos de discriminación institucional, los hacen más vulnerables a las violencias armadas”. Esto y otros hechos como el reconocimiento de la memoria diversa por parte del CNMH con informes como ‘Aniquilar la diferencia’ y la inclusión de la sigla LGBTI en el Registro Único de Víctimas, hacen parte de los avances institucionales necesarios para que la Mesa LGBT de la Comuna 8 haya sido reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva.
Pero el proceso no ha sido fácil. Hay desconocimiento, hay desinformación y, por ende, revictimización. “Para esta organización la llegada a la Unidad de Víctimas se tornó revictimizante en la medida en que les fue solicitado, en más de una oportunidad, relatar las razones que dieron lugar a la afectación colectiva”, señala el informe creado por la Mesa y Colombia Diversa.
Ha sido complejo porque como dice Jhon Restrepo es difícil que, como primer sujeto LGBTI, “en el marco de lo que el Estado tiene establecido para la reparación colectiva, logre entender y diferenciar a las víctimas de los sectores LGBT”. Añade que en un principio no los reconocieron como una organización con conocimientos y capacidades para afrontar el proceso, les ocultaron información y tuvieron que solicitar un cambio del equipo de trabajo de la UARIV por falta de experticia y sensibilidad en materia de diversidad sexual y de género.
El documento del diagnóstico del daño, después del cuatro borrador, identificó 51 daños colectivos. Entre ellos la profundización de la estigmatización, la imposibilidad de ocupar el espacio público y convertirse en actores sociales gestores de la transformación cultural y los imaginarios colectivos, el enmudecimiento de las voces diversas dentro del territorio y la naturalización de las violencias heteronormativas, entre otros.
Ahora están en la construcción del Plan de reparación que esperan esté listo para finales de septiembre. Insisten en la transformación y no en la restauración. Piden el fortalecimiento del tejido organizativo, el reconocimiento de la incidencia política del proceso, la recuperación de las prácticas colectivas que tenían en su momento y perdieron, y el apoyo en su proyecto político actual: Casa Diversa, en la que trabajan no sólo para la población LGBTI, trabajan con y por la población afro, la mujeres y jóvenes y en eso es “en lo que se enmarca nuestra reparación”, explica Jhon.
El caso de la Mesa LGBT de la Comuna 8 es emblemático, han recorrido un camino importante, que se espera puedan comenzar a recorrer otras organizaciones LGBTI en el país. Pero ellos tienen miedo a que la ruta de reparación se estanque ante este nuevo gobierno, dice Jhon, que puede no estar dispuesto a dar el presupuesto necesario par implementar el Plan de reparación. Para Nancy Prada del CNMH, si bien regresó el impulso conservador al poder, el movimiento está fortalecido y es difícil retroceder, más ante un caso pionero como el la Mesa.
Pero los retos continúan y son enormes. “Sólo recientemente las víctimas LGBT han comenzado a salir a lo público, a lo visible. Porque para nosotros ser visibles nos sigue poniendo en una situación de riesgo”, dice Jhon Restrepo. Hoy hay un compromiso —sobre todo por parte de la institucionalidad, de la JEP y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad— en reconocer la pluralidad de víctimas y de violencias que ha dejado el conflicto armado. Pero los desafíos, explica Daniela Díaz, son sobre todo externos, vienen de sectores sociales y políticos de nuestro país que no creen que sea urgente tener un proyecto de nación diverso y plural en Colombia. “Necesitamos que la sociedad civil y la nueva institucionalidad se comprometa con el reconocimiento de estas violencias. Sólo así podremos frenar los ataques que viene de la contra movilización conservadora y anti derechos que cree que las personas LGBTI no deberíamos hacer parte de la narrativa oficial de la guerra ni de la sociedad”, explica Díaz.
