El país del posconflicto es diverso. El conflicto ha hecho presencia de forma distinta en las zonas, los territorios y las regiones donde han actuado los grupos armados ilegales. La manera en que se manifiesta el posconflicto en ellas también es diferente. Todas estas regiones, sin importar las diferencias, le están planteando nuevos retos al Estado colombiano, retos políticos que el país no ha enfrentado porque hasta ahora sólo había pensado en una política dedicada y articulada primordialmente en torno a la guerra.

Los resultados del estudio ‘Colombia Rural Posconflicto 2017’, realizado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes con el apoyo y financiación de USAID, plantea algunos de los retos que las autoridades, el Gobierno y la sociedad deben enfrentar. El estudio analizó municipios en la zona de la Macarena – Caguán, en el sur del Tolima y el norte del Cauca, en el Andén Pacífico y en el bajo Cauca, cuatro regiones atravesadas por el conflicto y en las que hoy la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) desarrolla los planes con enfoque territorial.

El país del posconflicto es mayoritariamente rural y con bajos niveles de escolaridad. Es un país en donde la mitad de los hogares vive con menos del salario mínimo y en donde los niveles de victimización por el conflitco armado son muy altos. Ahí, a las zonas que presentan estas condiciones, es a donde el Estado tiene que llegar. Ese es el primer gran reto.

El segundo es que tiene que llegar rápido, porque las expectativas sobre lo que debe proveer el Estado están creciendo. Tradicionalmente, los residentes de estas zonas han esperado poco o nada del Estado dada la precariedad en la que han vivido y la poca capacidad de las instituciones públicas. Por eso, nuestro estudio del 2015 en esos territorios reveló que más de la mitad de las personas manifestaron estar satisfechos con la forma en la que funciona la democracia y con el sistema educativo. Ahora les estamos mandando un mensaje distinto: que va a llegar el Estado, la inversión y la infraestructura.

Las expectativas están creciendo y es importante lograr cumplirlas. En algunas de las regiones posconflicto, los ciudadanos han comenzado a decir que ya no están tan satisfechos con la democracia y los servicios públicos, porque ahora demandan respuestas del Estado con más inmediatez. Las opiniones están cambiando y las autoridades estatales se están demorando en llegar.

Lo tercero es que el fin del conflicto con las FARC y la promesa de la llegada del Estado debe generar más certidumbre que zozobra. Hay mucha incertidumbre, mucha desconfianza. El Acuerdo está alterando los códigos de funcionamiento, en tanto salió un actor que generaba certidumbre frente al orden social y en este momento estamos en una transición distinta en todas regiones del posconflicto. Ya vemos que en muchas de las zonas del posconflicto crece la sensación de inseguridad y de desconfianza ante algunas instituciones públicas como la Policía.

En la zona del Caguán y de la Cordillera Central (Tolima y Cauca) –en donde las Farc tuvo más control y dominio sobre el territorio–, pareciera que lo que se está viviendo es más cercano al imaginario que tenemos de una situación de posconflicto, en donde un actor armado ilegal sale y no necesariamente entran otros. Ahí, la transición parece ser más fluida y tranquila. Pero en el Bajo Cauca y en el andén Pacífico la versión del posconflicto es una mutación del conflicto. Las Farc siempre se disputaron el control de esos territorios con otros actores que hoy siguen ahí, lo que ha aumentado la inseguridad y por tanto la incertidumbre.

Otro reto es canalizar la mayor actividad cívica y las manifestaciones sociales que están creciendo en esos territorios. Antes no había la posibilidad de manifestarse, los ciudadanos estaban restringidos. Es una gran oportunidad, pero también un reto para el Gobierno que llega y para el Estado colombiano en general, porque detrás de esas movilizaciones hay intereses y demandas que se deben canalizar de modo que fortalezcan los espacios institucionalmente establecidos.

Además, genera inquietud que para quienes viven en estas zonas no es claro que el fin del conflicto aumente la seguridad. No es claro que la llegada de autoridades, de la Policía y de las Fuerzas Militares, que antes hacían presencia esporádica, vaya a generar mejores condiciones. Hay un porcentaje de la población que dice que si llega la Policía, las condiciones de seguridad empeorarán. Este es otro reto: que las autoridades generen confianza y que no sean vistas como agentes externos totalmente ajenos a las comunidades.

Por último, está el reto de que la presencia del Estado logre evitar dinámicas de corrupción que antes no aparecían en esos territorios. Ante la salida del actor que hacía justicia, ha aumentado la percepción de que es válido hacer justicia por mano propia y pagar sobornos. Son indicadores que han crecido y que comienzan a nivelarse con la media nacional. El Estado debe actuar rápido para no comprometer su legitimidad.

Los datos de opinión pública muestran que hay un consenso nacional: el conflicto armado debe resolverse a través de procesos de negociación. Sin embargo, unos son los retos, las percepciones y las necesidades de la Colombia que no ha vivido el conflicto, y otros los de la Colombia en que las Farc y otros actores armados han sido protagonistas.

Los resultados de las elecciones de mayo en estas zonas serán cruciales. Es clave que haya un Gobierno que se la juegue por la agenda del posconflicto. De lo contrario estos territorios van a sufrir mucha indiferencia y sus necesidades no serán atendidas. Pero lo más grave es que esa decisión no la tomarán ellos, sino nosotros, quienes no hemos vivido de cerca el conflicto y para quienes la agenda del posconflicto parece no ser una prioridad.

*Miguel García Sánchez es codirector del Observatorio para la democracia y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes

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