Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia obliga a la Revista Dinero a revelar los correos electrónicos y demás comunicaciones usados por la revista como fundamento para escribir un artículo periodístico que no le gustó a la exviceministra Leyla Rojas. Del caso hay mucho que decir: la nefasta decisión no hace consideraciones serias sobre la reserva de la fuente periodística y, de manera conveniente, el magistrado Luis Armando Toloso presenta únicamente los argumentos que apoyan la absurda solicitud. Además, es curioso que el intento de la señora Rojas por sacarle más de 1.500 millones de pesos a la Revista Dinero se haya convertido en un perfecto ejemplo del llamado fenómeno Streisand: una exviceministra que antes nadie conocía y un artículo periodístico del año 2013 ahora están en boca de todo el país.
El caso ha llamado la atención porque –como tantos otros episodios desastrosos que suceden en Colombia en los que las injusticias son más escandalosas cuando le suceden a la gente reconocida o de plata– impacta a Publicaciones Semana S.A., una de las empresas de medios de comunicación más grande del país. Sin embargo, la discusión es mucho más grande que este caso. La Fundación para la Libertad de Prensa ha reportado que, sólo en 2017, registró seis casos como este, incluyendo el de una periodista que fue presionada por la Fuerzas Militares para que revelara sus fuentes.
No sorprende que haya abogados que hagan solicitudes necias. Lo que sí sorprende es que el mal criterio de un abogado sea adoptado por las mismas autoridades que están encargadas de custodiar la libertad de prensa y, de paso, la democracia. El caso más absurdo hasta ahora es el del periodista William Solano, de la ciudad de Buga, que deja mal parada hasta a la Corte Constitucional.
Decisiones como esta pueden generar desconfianza en las personas que tal vez ya no se animen a compartir con la prensa situaciones que merecen la atención del país
El caso de Buga ha sido el escenario de una cadena de decisiones tan increíbles que mejor podría conocerse como «El milagro de Buga». La fiscal que investigaba al periodista William Solano por una supuesta injuria quiso probar la existencia del delito solicitando permiso para entrar –nada más y nada menos que– a la cuenta de Facebook del periodista. La desvergonzada fiscal pidió, incluso, que le dieran la clave de acceso a la cuenta del señor Solano. Sorpresivamente esta solicitud fue concedida por un juez de control de garantías, es decir, por el funcionario llamado a proteger los derechos fundamentales dentro del proceso penal. ¿Cómo se juntan esta fiscal y este juez de control de garantías en un mismo caso?
El milagro continúa cuando a la cadena de funcionarios se le suman dos jueces de tutela que decidieron negar una acción de tutela interpuesta contra esta decisión. Es decir, la solicitud de violar la reserva de la fuente periodística pasó por las manos de cuatro funcionarios encargados de garantizar derechos fundamentales y ninguno se inmutó. Y, finalmente, el caso llegó a las manos de no otra que la Corte Constitucional. Varias organizaciones nacionales e internacionales solicitaron a los magistrados de la Corte que estudiara el caso. Ellos, sin embargo, decidieron no hacerlo, a pesar de que, en otra decisión, la Corte dijo que lo que el periodista William Solano había publicado estaba respaldado.
La importancia de proteger la reserva de la fuente es innegable. Hay información que, sin la garantía de la confidencia, nunca saldría a la luz pública. Sólo con esta protección se garantiza que la prensa pueda cumplir con su función de hacer denuncias y de mantenernos informados sobre asuntos de nuestro interés. Es por esto que la Constitución de Colombia reza contundentemente que «el secreto profesional es inviolable». Sin embargo, decisiones como esta pueden generar desconfianza en las personas que tal vez ya no se animen a compartir con la prensa situaciones que merecen la atención del país. Es por esto que la reserva de la fuente no sólo funciona como un derecho sino también como un deber ético para la prensa: porque nos concierne a todos.
Es curioso que mientras en otros países se está trabajando por proteger a quienes hacen denuncias anónimas o a los whistleblowers (como Edward Snowden o Chelsea Manning), acá en Colombia nuestra rama judicial dé pasos atrás, dejando antecedentes gravísimos para la libertad de expresión.
Lo más irónico es que estas decisiones provengan precisamente de abogados, otros del exclusivo grupo de profesionales (como los periodistas o los médicos) que tienen el privilegio de estar protegidos por el secreto profesional. Nada más y nada menos que de abogados, que deben conocer sobre el secreto profesional desde el primer día que pisan la facultad de derecho.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene un tufillo a revancha. Al menos, pareciera que se le quisiera mandar un mensaje a la prensa para que deje de entrometerse en las cosas que a algunos les interesa mantener ocultas, pero que son del interés del resto del país. Si no es así, entonces estamos frente a la decisión de un magistrado que no parece tener idea sobre libertad de expresión. ¿Qué será peor?
* Luisa Fernanda Isaza: abogada y asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa. Adicta al internet y amante de la cultura pop.
