En enero de 2023, la opinión pública se conmocionó ante las denuncias de niñas y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual de parte de varios militares colombianos y uno estadounidense en Guaviare. Pero lo que fue novedad en prensa no lo es para las niñas, adolescentes y mujeres de la región amazónica. 

En 2021 la periodista Natalia Pedraza Bravo ganó el Premio Nacional de Periodismo Mujeres Paz y Seguridad por su trabajo Explotación sexual de niñas: la consecuencia invisible del ecocidio en el Guaviare. En éste reveló cómo el despojo de tierras y los desplazamientos forzados de comunidades de los pueblos indígenas seminómadas Jiw y Nukak Makú (sumados a la inacción del Estado colombiano) mantienen a su población en la pobreza en el casco urbano de San José del Guaviare, sin posibilidad de realizar sus actividades de caza y recolección de alimentos, sin condiciones de vida digna ni acceso a derechos fundamentales. Niñas desde muy corta edad, adolescentes y mujeres indígenas sufren en gran parte las consecuencias de la situación: el consumo de sustancias psicoactivas y la explotación sexual se han convertido en su pan de cada día, casi de forma literal. El escenario es cruel y rompe el alma: civiles y militares han abusado sexualmente de ellas a cambio de trozos de pan durante años, y el consumo de drogas se ha convertido en una forma de sobrevivir a la humillación y al hambre.

No es una situación que se viva exclusivamente en Guaviare, es lo que se vive en los seis departamentos de la región amazónica —Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés—. En esta región, la Policía Nacional registró 780 casos de “delitos sexuales” durante 2022, según las estadísticas disponibles en su página web. El 89 % de las víctimas fueron mujeres y 74 % eran menores de edad: ¡263 niñas, 39 niños, 261 adolescentes mujeres y 21 adolescentes hombres denunciaron ser víctimas de delitos sexuales! Los números aterran y aún así es claro que las cifras reales son mucho mayores, dado que cientos de delitos sexuales (incluidos los cometidos por miembros de la Fuerza Pública) no llegan a oídos o a las bases de datos de la Policía.

El subregistro de la violencia sexual en la región amazónica es abrumador y tiene que ver con diversos factores. Las niñas y las mujeres desconocen las rutas de denuncia y atención, no encuentran respaldo familiar ni comunitario para denunciar, tienen temor de las represalias de los victimarios, y no encuentran presencia institucional cercana o accesible. Quienes viven en resguardos indígenas, áreas rurales y zonas dispersas están desprovistas de todo tipo de protección estatal en la materia y no pueden trasladarse hasta un casco urbano a denunciar sin garantías de apoyo y de acciones. Por otro lado, la mayoría de las instituciones en capacidad de recibir o acompañar las denuncias no cuentan con mecanismos de atención en lenguas indígenas, y suelen tener un trato revictimizante hacia las denunciantes. Denunciar y buscar protección es una misión imposible.

Los hechos suceden, aunque no estén en las bases de datos

En varios puntos rurales y urbanos de los seis departamentos de la región amazónica, principalmente en las rutas fluviales y corredores terrestres, hacen presencia grupos armados: grupos residuales de las FARC, ELN, grupos post-desmovilización de las AUC y bandas delincuenciales internacionales cuyos miembros utilizan los cuerpos de niñas y mujeres como mecanismo de control territorial. Aún más grave es que miembros del Ejército (quienes se supone deben proteger a las comunidades) también han sido denunciados por abuso sexual en zonas urbanas y rurales. La presencia de la fuerza pública en algunas comunidades indígenas, no sólo viola el DIH y la Directiva No. 16 de 2006 del Ministerio de Defensa, también ha demostrado ser un elemento que exponencia los episodios de violencia sexual que pueden sufrir niñas, niños y adolescentes, quienes cuando no son víctimas de amenazas por parte de los soldados, sufren el abuso de poder en ejercicios de “enamoramiento” que resultan en embarazos y maternidades una vez que el batallón o el soldado han sido trasladados.

La presencia de actores armados no es el único factor de riesgo ante posibles delitos sexuales. En la región son muy comunes los internados escolares donde los perpetradores también son civiles: estudiantes mayores, docentes y directivos escolares. También pasa en el interior de las viviendas y las comunidades, como en el resto del país: familiares, vecinos y autoridades religiosas nos recuerdan que no estamos seguras ni en nuestros entornos más cercanos.

Sumado a esto, en varias comunidades indígenas de estos departamentos son frecuentes los matrimonios forzados e infantiles de niñas y adolescentes con hombres adultos indígenas o colonos. Esta situación las excluye del sistema escolar, y las expone a riesgos de explotación y abuso sexual, embarazos a temprana edad, y dinámicas de trabajo infantil dentro de sus nuevos “hogares”. 

Por último, el escenario de la trata de personas con fines de explotación sexual de niñas y adolescentes en la región es abrumador. Lo que ocurre en las calles de San José del Guaviare, donde se explotan sexualmente a menores indígenas ante los ojos de las instituciones y la sociedad, sucede también en Leticia (Amazonas), en municipios de Putumayo en la frontera con Ecuador, y en Inírida, San Felipe y Puerto Colombia (Guainía). En Amazonas y Vaupés, las organizaciones no gubernamentales hemos conocido la existencia de “catálogos” de niñas y mujeres indígenas para la trata de personas y explotación sexual con fines comerciales hacia Brasil y Perú. ¡Catálogos! Y entre Vaupés y Guaviare se han denunciado dinámicas interdepartamentales de trata de personas de niñas y adolescentes que son entregadas a colonos y narcotraficantes como esclavas sexuales durante temporadas. 

Ante la limitada o nula presencia estatal, las mujeres en diferentes zonas de la región han desarrollado mecanismos de autoprotección y cuidado mutuo para prevenir las violencias sexuales en su contra y en contra de sus hijas. Algunas de sus estrategias han sido llevar a sus hijos e hijas como compañía de trabajo a las chagras, definir horarios para el cuidado comunitario de menores, enviar a sus hijas con familiares a comunidades o ciudades alejadas de los actores armados o donde no tengan que vivir en internados escolares, y conformar organizaciones y autogestionar formación práctica y teórica sobre violencias basadas en género para luego capacitar a mujeres, niñas y niños sobre identificación y prevención de violencias en lenguas maternas.

Es un esfuerzo admirable, pero es evidente que, aunque arriesgan sus vidas, sus acciones son insuficientes ante la capacidad económica y social de quienes sostienen estas dinámicas de violencia y las imponen con sus armas.

Es urgente que este gobierno rompa con la tradición colombiana de ignorar a las zonas alejadas de las grandes ciudades y a los pueblos étnicos, y que ponga freno de inmediato a la violencia sexual que afrontan niñas y mujeres de la región amazónica. Poner fin a esta situación debe contemplar la reparación integral a las víctimas de desplazamiento y despojo; la contextualización de las rutas de denuncia y atención; una presencia institucional fuerte, capacitada y financiada en áreas urbanas y rurales; y un trabajo conjunto con mujeres y organizaciones que velan desde hace años por el cuidado colectivo y la prevención de violencias en su contra.

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