“Era sábado. Fui casi de noche al Portal de las Américas para entregar donaciones a los muchachos de la primera línea. Cuando llegué, me encontré con un pelao que estaba herido y me acerqué a ayudarlo. En ese momento me cogieron. No me di cuenta ni cómo fue. Solo que el muchacho arrancó a correr y a mí me jalaron por la capota del buzo. Eran unos manes del Esmad”. 

Lo cuenta un estudiante bogotano de 25 años que prefiere proteger su identidad. Lo llamaremos M. Hace un par de semanas recibió una llamada y escuchó una voz masculina que mencionó su nombre. Le dijo ‘sapo’. Le dijo que debía retirar la acusación en contra de la Policía. Le dijo que va a matarlo si no lo hace.   

M es uno de los pocos manifestantes que se ha atrevido a denunciar la pesadilla que vivió en Bogotá durante el paro nacional. La vida, cuenta, se le trastocó. Se convirtió en un infierno: una y otra vez revive las imágenes de lo que sufrió, dice, en los casi tres días que estuvo desaparecido, a bordo de un camión, con otros diez muchachos maltratados.  

“Yo pensé: ‘Me van a dar una pela, me van a cascar y pa’ la casa. Pero nos metieron en un camión sin insignias de la Policía, y nos tuvieron rodando desde el sábado por la noche y todo el domingo. Nos soltaron el lunes en la tarde. Nunca había pasado tanto miedo. Me mentalicé con la idea de que me iba a morir”, cuenta con la voz entrecortada.

La niebla y la duda

Desde el pasado 28 de abril, cuando empezó uno de los más prolongados y feroces paros que se recuerden en el país, los casos sobre desaparición forzada, junto a los homicidios, se volvieron los más escabrosos de estas jornadas. Un manto de niebla y duda se ha posado sobre este capítulo. La vicefiscal general Martha Mancera llegó a afirmar en una entrevista para el diario El Tiempo que “no hay información” que permita hablar de desaparición forzada.

Cuatro circunstancias, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la ONU,  deben confluir para que se constate este delito. Uno, privar a una persona de la libertad y que esa privación sea llevada a cabo por un agente estatal o por particulares que actúen con la aquiescencia del Estado o su complicidad. Dos, que se oculte a la víctima. Tres, que se niegue la privación de la libertad, así como información de su paradero. Y cuatro, que se sustraiga a la persona del amparo de la ley; es decir, que no tenga posibilidad de defensa.

La Constitución colombiana también contempla entre los derechos fundamentales que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos, ha dicho que esos cuatro elementos figuran en las historias de una buena cantidad de víctimas registradas en sus listas desde que comenzaron las protestas.  

“Que la persona quede en libertad después de una hora o dos, o de uno o dos días, no quiere decir que no se haya consumado el delito de desaparición forzada”, explica Camila Galindo, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

La situación es tan grave, dice Galindo, que desde la Mesa han añadido el término “transitorias” a los casos de desaparición forzada que han investigado, pues no todas las desapariciones terminan en homicidios. También se usan como mecanismos de desaliento y terror. Un perverso modus operandi al que nadie ha logrado ponerle freno y que se topa con el miedo de las víctimas para denunciar.

“¿Qué hemos encontrado? Jóvenes que son trasladados por el Ejército, la Policía, el Esmad o por particulares; que los suben a carros conducidos por civiles, que se niega su paradero. Después, cuando han quedado en libertad, nos han contado que los tenían en CAIs o en camiones de la Policía”, señala Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, una ONG de Medellín dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. “No importa el tiempo transcurrido desde la detención, sino que se cumplan los criterios para hablar de desaparición forzada”, explica Arboleda.

M cuenta que fueron sus compañeros de clase los que dieron la voz de alarma sobre su desaparición. Nadie supo nunca dónde estaba. La Policía negó tener información sobre él. Fue un calvario para todos sus allegados. Pilar Murillo, su abogada, dice que buscó en la lista de personas retenidas y el de M no figuraba.

“Cuando me subieron al camión ya había algunos muchachos. Después de mí entraron otros tres. Enseguida los policías comenzaron a decirnos que éramos guerrilleros, que nos iban a matar”, continúa el relato de M.

“El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”. 

“El domingo ya estábamos ‘muertos’. Sin agua, sin comida, sin ir al baño. Los tipos se intercambiaban, subían unos y bajaban otros, eran grupos de seis a ocho y nos atacaban. Cuando me daban con la cadena sentía como si el cuero de la espalda se me desprendiera”, narra M. 

“Los tipos hacían relevos. Siempre con uniformes de policías. Entregaban el camión a otras personas, luego a otras y otras y así nos tuvieron. El domingo por la noche traté de dormir, pero era imposible. Ya para entonces estábamos muy asustados. Había mucha presión emocional. Entré en shock. Estaba seguro de que me iba a morir”. 

“Nos soltaron el lunes como a las tres de la tarde. Pero antes subió al camión un tipo que parecía de los que mandaba, y dijo: ‘A estos toca desaparecerlos. Hay que llevarlos para Soacha’. Y todo el mundo se asustó más. Entonces el camión empezó a andar y en ese momento yo ya me sentía muerto”.

“Nos dejaron en una olla de Patio Bonito. Bajamos y nos dijeron que, si mirábamos atrás, nos mataban. Que corriéramos por nuestras vidas. Recuerdo que había varias patrullas ahí. Yo di como tres pasos, pero estaba débil y me caí. Un man me levantó de un patadón y me dijo: ‘Corra, marica, que lo voy a matar’. Y ahí corrí y corrí. Me temblaba todo el cuerpo”.

“Los están amenazando” 

Las organizaciones de derechos humanos reunidas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada acusan tanto a la Defensoría como a la Fiscalía de utilizar eufemismos para “negar” las desapariciones, con el agravante de que ello ocurre en un país con antecedentes dramáticos, donde se calculan 80.000 desapariciones forzadas entre 1970 y 2018 en el marco del conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aquí todavía miles de familias buscan a sus familiares en una espera eterna.

Las cifras de lo ocurrido en el paro nacional varían según la fuente, pero revelan la distancia que hay entre las ONG y los entes de control. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró entre el 28 de abril y el 27 de mayo 775 personas desaparecidas, de las cuales faltan 327 por encontrar.

En el informe que Temblores ONG, Indepaz y PAIIS entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Colombia figuran 346 personas reportadas como desaparecidas directamente a estas entidades entre el 28 de abril y el 31 de mayo. Muy lejos de las cifras que maneja la Mesa Interinstitucional de la Defensoría y la Fiscalía.

En un reporte que entregó la Fiscalía a La Liga se habla de una base de “personas no localizadas”, el nuevo término con el que se refiere a los desaparecidos. Según este organismo, hasta el pasado 10 de junio habían sido halladas 328 personas de los 572 registros iniciales que suministró la Defensoría. De esos, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos, entre otros. Quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84. Sobre esos casos se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente, una herramienta judicial preventiva que se pone en marcha desde el momento en el que se presupone que una persona está desaparecida, aunque ello no significa que se esté abriendo un proceso penal.

El mismo informe de la Fiscalía asegura que hasta el 10 de junio solo habían recibido cuatro denuncias formales por el delito de desaparición forzada. Los hechos habrían ocurrido el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 en Caldas (Antioquia), el 20 en Yumbo (Valle del Cauca) y el 3 de junio en Cali.  

Que solo existan cuatro denuncias oficiales ante la Fiscalía no solamente no desvirtúa los informes de las organizaciones de derechos humanos, sino que se explica, según Luz Marina Monzón, por el miedo que se ha instalado entre las víctimas y sus familiares. Monzón es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto armado (UBPD), una entidad del Estado surgida de los acuerdos de paz con las Farc.  

“La gente está aterrorizada, los están siguiendo, los están amenazando. No tienen garantías. Entonces, ¿cómo van a presentar una denuncia?”, se pregunta Monzón. Las diferencias entre las organizaciones y la Fiscalía, explica, también se deben a la falta de líneas comunes a la hora de abordar la desaparición forzada. “Si como institución no se asume que esas personas están desaparecidas, sino que no están localizadas, las cifras nunca van a coincidir”, estima.

“El negacionismo frente a lo que está ocurriendo también se ha enfrentado en el pasado y eso hace que el Estado no actúe de manera rápida. En este momento es indispensable que pensemos en las garantías de no repetición para no someter a las personas a la incertidumbre sobre la suerte de sus hijos”, añade Monzón.

Amedrentamiento y represión 

En el Valle del Cauca, uno de los centros neurálgicos de las movilizaciones, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes tiene un reporte de 179 personas desaparecidas desde que empezó el paro. De esas, 75 siguen sin aparecer.

Según Darnelly Rodríguez, coordinadora regional de esta organización, más de una veintena de las personas halladas habían sido trasladadas a estaciones de Policía y retenidas sin derecho a comunicarse con sus familiares. Algunas presentaban heridas por arma de fuego, arma cortopunzante y signos de tortura. Hasta el 11 de junio algunas seguían hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones.

En todas se repite el miedo. Rodríguez menciona el caso de Daniel Stiven Sánchez, ocurrido el 28 de mayo, un joven de 16 años cuyo cadáver apareció incinerado en medio de un incendio en el local Dollarcity de Siloé, al suroccidente de Cali. “Varios videos muestran cuando al joven lo cogen, se lo lleva la fuerza pública y aparece incinerado en un lugar distinto al de su detención. La familia denunció y ya tocó sacarla de su vivienda porque los amenazaron”, dice Rodríguez. 

Otro caso es el de una joven de 17 años, también detenida en Siloé, desaparecida entre el 4 y el 7 de mayo. Según su testimonio, recogido por la Red Francisco Isaías Cifuentes, los policías la llevaron a una estación en Yumbo, la mantuvieron incomunicada, la golpearon y en la noche del 7 de mayo la dejaron ir con amenazas. 

En Medellín, Adriana Arboleda, de la Corporación Justicia y Libertad recuerda el caso de un chico que estuvo retenido durante tres días. “Lo golpearon, lo volvieron nada y después le dijeron que se fuera. Él alcanzó a caminar dos cuadras y lo volvieron a capturar. Lo subieron a un camión donde estaban, según su relato, otras treinta personas. Ahí los tuvieron 24 horas. Inicialmente este joven nos dio su testimonio y nos pidió ayuda para seguir el proceso de la denuncia. Pues hoy dice que no quiere saber nada, que es mejor dejar las cosas así”, cuenta Arboleda. 

Las organizaciones insisten en que las “desapariciones forzadas transitorias” están logrando su cometido de “amedrentamiento y represión de la protesta social”. También se quejan de los puentes rotos con la Defensoría y la Fiscalía, y acusan a esta última por no actuar de oficio en un contexto tan convulso.

Según Camila Galindo, de la MDTDF, las ONG’s han recibido los reportes que les llegan de forma directa o a través de redes sociales, pero no tienen la capacidad de hacer seguimiento a todos los casos. Admiten que algunas personas pudieron no estar desaparecidas, pero su función es recibir la información e inscribirlas en sus listados hasta que se aclare su situación. “Insistimos en que como organizaciones estamos cumpliendo funciones que les competen al Ministerio Público. Este registro lo debería estar impulsando tanto la Defensoría como la Procuraduría con todo lo que ello implica: estar en las calles y registrar quiénes son las personas detenidas, pero resulta que esos datos no los publican a menos que se les exija”, dice Galindo.   

Luz Marina Monzón cree que hay que ir más allá del debate sobre las cifras de desaparecidos mientras no haya información clara. Lo urgente, insiste, es que la Fiscalía explique en detalle dónde fueron localizadas las personas que figuraban como desaparecidas, en qué circunstancias y cuál es su situación actual. Una información que, asegura, no se está suministrando.   

La Defensoría no respondió las preguntas de La Liga. La Fiscalía desoyó la solicitud de hablar con un portavoz y la Policía remitió un documento que da cuenta de 198 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias entre el 28 de abril y el 13 de junio, distribuidas así: 96 por abuso de autoridad, 14 por homicidio, 37 agresiones físicas, 21 lesiones personales y 30 en el apartado de “otras conductas”.

En el mismo documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos. Este procedimiento, que debe ser informado, permite que los agentes trasladen a alguien cuya vida está en peligro o que ponga en riesgo la de alguien más.  

M asegura que al detenerlo nunca le dijeron de qué se le acusaba. Cuando terminó su pesadilla logró llegar a casa, se tumbó en la cama, perdió la conciencia y tuvieron que llevarlo a un hospital, donde estuvo más de una semana. 

Un tiempo después volvió al Portal de las Américas, rebautizado por los manifestantes como “Portal de la Resistencia”, el sitio donde lo capturaron. Quería encontrar a los otros chicos, saber qué fue de ellos, juntarse para denunciar. Pero no vio a nadie conocido. Hoy siente cosas que no sabe explicar. No duerme bien, sufre pesadillas, la depresión y el miedo lo dominan. “Uno lo cuenta en cinco minutos. Pero créame, fue como si hubiera estado una semana metido dentro de ese camión”.