Fueron al menos siete amenazas. La primera llegó el 4 de junio por correo a una cuenta institucional e iba dirigida a 18 estudiantes y profesores de los departamentos de Ciencia Política y Derecho de EAFIT, una universidad privada de Medellín en la que suelen estudiar los hijos de los empresarios de Antioquia. El asunto decía: «Quedan advertidos HP» y dentro venía una carta, firmada por las Águilas Negras, en la que les advertían que tenían 72 horas para salir de la ciudad.
Luego, llegaron por mensajes de texto. “No va a quedar nada de ustedes ni para enterrar”, “huelen a muerto”. La última llegó al correo de la rectora de la Universidad, advirtiéndole que tenía mucha sangre en sus manos si no expulsaba a las personas que, tiempo atrás, habían apoyado el Paro Nacional.
Ana*, que se identifica como no binarie, estaba en la lista. “Yo empecé a llorar, a tener un ataque de ansiedad. Llamé a la representante estudiantil ante el consejo directivo, le avisé a todxs los que salían ahí”. Aunque no es la primera vez que sufre hostigamientos “por ser marica en una ciudad tan conservadora como ésta”, las amenazas directas fueron diferentes, dice.
El logro del liderazgo estudiantil en Eafit, asegura, fue conseguir que se formara un proceso de manifestación dentro de una universidad que usualmente no sale a protestar, promover procesos educativos –a los que se unieron también algunos profesores– para analizar la coyuntura del Paro y, salir a las calles.
Las amenazas minaron esos procesos. Más de la mitad de quienes fueron amenazados salieron de Medellín y muy pocos continuaron asistiendo a la universidad. Además, sólo uno de ellos recibió medidas de protección, por ser militante de un partido político.
El caso de EAFIT no es el único. El 15 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció recompensas por la captura de supuestos “cabecillas” que, según él, lideraron los “actos vandálicos” en Popayán que terminaron con el incendio de la sede de Medicina Legal. Mencionó los alias de ‘Cheto’, ‘Maíz’ y ‘El caleño’, personas que, según el Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, son reconocidos líderes estudiantiles de la Universidad del Cauca.
«Solicitamos que se aclare el comunicado referido comoquiera que los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones», dijo el Gobernador después de la rueda de prensa del Ministro.
“El Ministro Molano puso mi vida y mi salud en riesgo, sin tener una sola prueba en mi contra. Por eso tuve que irme [del país]”, le dijo Daniel, o “Cheto”, como le dicen sus amigos, a Cerosetenta. De acuerdo con él, Molano lo señaló como uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC en Popayán, “pero yo siempre me he dedicado a la defensa de los Derechos Humanos, en mi paso por la UniCauca”.
Daniel considera que fue estigmatizado en un afán por presentar resultados irreales. Y aunque nunca se creó una orden de captura, el Ministro tampoco se retractó. “Antes del estallido social, atravesé un difícil momento de salud, lo que llevó a que estuviera hospitalizado por más de un mes en cuidados intensivos; sin embargo, tan pronto como pude, me uní a las movilizaciones”, recuerda.
Dice que el día en que ocurrió el incendio de Medicina Legal, él y un grupo de Defensores Humanos fueron hostigados por hombres uniformados como policías que tenían sus rostros cubiertos: “yo estaba acompañando una de las movilizaciones y uno de estos hombres se me acercó, me llamó con nombre propio y me dijo que todo lo que estaba pasando era culpa mía”, asegura. Al día siguiente, recibió la acusación directa del Ministro de Defensa.
La estigmatización se mantiene
“La estigmatización hace que con frecuencia se señale a los líderes de hacer parte de grupos armados organizados o expresiones guerrilleras. Todo lo que implique una oposición a un sector o tendencia política se tilda de subversivo. Pasa en este momento con la narrativa del vándalo», asegura Jenny Romero del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, una ONG que da seguimiento y acompaña jurídicamente a víctimas de violencia de Estado. Para ella, estas narrativas terminan por sepultar los procesos y las acciones sociales que adelantan estos liderazgos universitarios y juveniles.
Es, justamente, lo que demostró el informe “El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden”, publicado la semana pasada por la Comisión de la Verdad, que reveló, además, que los activismos universitarios han sido sometidos a múltiples violencias a través de los años.
“La persistencia del discurso estigmatizador y sus consecuencias son un síntoma de la incapacidad social para aceptar la diversidad y el diálogo como base de la convivencia entre diferentes”, dijo el Comisionado Saúl Franco durante el lanzamiento del informe. A su vez, el General retirado Óscar Naranjo, que fue director de la Policía Nacional, pidió disculpas por haber estigmatizado el movimiento estudiantil y reconoció que tenía el prejuicio de que la universidad, sobre todo la pública, «era una especie de caldera estructuralmente vinculada a grupos armados» y que allí «se producía la vinculación de combatientes a la guerrilla».
Para Naranjo, parte del problema es que persiste en la Fuerza Pública la lógica del ‘enemigo interno’ y pidió privilegiar “canales democráticos basados en el diálogo, la tolerancia, el respeto y la vida de todos los ciudadanos».
Esto no ha ocurrido todavía. Por eso, Jenny Romero, abogada de la seccional de Cundinamarca del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, CSPP, insiste en que falta acompañamiento efectivo a las amenazas recibidas por líderes estudiantiles que, según ella, son infantilizados: “los líderes estudiantiles son infantilizados por sus discursos y exigencias. Por eso es muy difícil que a un líder estudiantil que ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones le brinden medidas individuales de protección”, asegura.
Dice que estas amenazas se han extendido por todo el país con focos claros en estudiantes de universidades como la del Cauca, la de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad del Magdalena y la Universidad Pedagógica, según los casos que ellos han documentado.
“El acompañamiento desde las instituciones debe estar pensado en el espacio de activismo y lucha que es común: los campus. Es allí donde se entretejen múltiples riesgos y además donde frecuentemente se evidencian las amenazas o ataques. Es necesario una atención oportuna desde allí”, asegura. Para ella, es necesario que se generen protocolos claros, que respeten los liderazgos y promuevan que se puedan ejercer con tranquilidad. Cosa que, considera, tampoco ha ocurrido con el último Paro Nacional.
El temor de los estudiantes y líderes universitarios ahora es que ellos también terminen asesinados, como ocurrió con Esteban Mosquera, un líder estudiantil de la ciudad de Popayán que en 2018 ya había sufrido una mutilación ocular, y que el 24 de agosto fue asesinado en el centro de la ciudad.
Por eso, Daniel y Ana* insisten en lo mismo que el General (r) Naranjo: en la necesidad urgente de diálogo entre los líderes jóvenes y estudiantiles y el Gobierno Nacional. Consideran que el hecho de que sigan estigmatizando y condenando a quienes ejercen papeles de liderazgo sólo aumenta la violencia que se ha replicado tantas veces en el país. Los tres hacen un llamado al diálogo urgente entre las autoridades y quienes, según ellos, seguirán en las calles manifestándose por sus intereses.
