Ayer, Colombia entró en el no-tan-selecto club de países con expresidentes detenidos en América Latina. Este es un recuento de los casos más llamativos en la región. Spoiler: ni todos terminaron condenados ni sus procesos en la justicia acabaron con su legado político.
El 4 de agosto será un día que terminará en los libros de la historia: la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez como parte de la investigación por supuesta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno. La orden llega después de ocho años de una investigación que inició cuando Uribe Vélez acusó al senador Iván Cepeda de usar falsos testigos en su contra. Eventualmente la Corte decidió parar la investigación a Cepeda y, en su lugar, reconocerlo como víctima en el caso e investigar a Uribe por manipulación de testigos.
En 2018 la Corte llamó a Uribe a rendir indagatoria, la primera vez que sucedía con un expresidente colombiano. Hoy, dos años después, con la decisión de la Corte Suprema, Uribe Vélez se convirtió en el primer exmandatario en Colombia en enfrentar una medida de aseguramiento de la justicia.
Con la detención domiciliaria, Álvaro Uribe se suma a la lista de expresidentes latinoamericanos que han sido investigados y llamados a rendir cuentas frente a la justicia de su país. Al igual que lo que hasta ahora ha pasado en el caso de Uribe, son casos que han tardado años entre decisiones para iniciar la investigación, las medidas de aseguramiento, los juicios y finalmente las condenas.
Aquí una selección de algunos de los casos más representativos de expresidentes latinoamericanos que han comparecido ante la justicia. Cada uno es distinto: en algunos se trata de crímenes más graves, como delitos de lesa humanidad, y otros son delitos comunes, como crímenes de corrupción. Cada caso, además, está en diferentes momentos procesales. Nuestro objetivo, entonces, no es comparar, sino mostrar que hubo una era de juzgamiento contra presidentes en la región que eventualmente podría dar luces sobre el caso del líder del Centro Democrático y una de las figuras más prominentes y polémicas de la historia política colombiana.
A pesar de haber protagonizado acusaciones de violaciones de los derechos humanos durante su mandato, incluyendo secuestros y masacres, fue hasta el 2000 que el proceso contra Fujimori cobró fuerza cuando se revelaron videos en los que un funcionario del gobierno sobornaba a políticos para favorecer al entonces presidente. Su captura se dio en Chile en 2005 cuando salió de Japón, el país en el que pasó cinco años evadiendo la orden de extradición. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por su participación en casos de homicidio calificado y de secuestro agravado. Su encarcelamiento no le puso fin al Fujimorismo, un legado que continuó su hija, Keiko Fujimori, quien luego también sería encarcelada por lavado de activos con la empresa Odebrecht. A sus 82 años sigue preso en el penal Barbadillo en Lima.
Lula da Silva fue arrestado en 2016 tras varias investigaciones en un caso de corrupción y de lavado de activos conocido como el Caso Lava Jato en el que se le acusaba de haber recibido 8 millones de dólares en viajes y regalos. El caso y la acusación de Lula fueron lideradas por el entonces juez Sergio Moro que, hasta el pasado abril, ejerció como Ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro. En 2019 se reveló que la acusación contra Lula había sido producto de conversaciones en las que el exjuez Moro había obligado a los fiscales del caso a fallar en contra del expresidente. A finales de ese año la Corte Suprema de Brasil aseguró que su encarcelamiento había sido inconstitucional y, en mayo pasado, Lula fue declarado inocente. Sin embargo, el expresidente aún enfrenta varios procesos ante instancias de su país que aún se encuentran en investigación y recursos de defensa de Lula.
Las investigaciones contra Martinelli, por sobrecostos en un programa que superaban los 45 millones de dólares, iniciaron apenas terminó su mandato. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó su detención preventiva tras ser investigado por los sobrecostos y por espionaje e interceptación telefónica a más de 100 de sus opositores. Fue hasta 2017 que Martinelli fue capturado en Miami, a donde había huido cuando iniciaron las investigaciones, y extraditado a Panamá. En 2019 fue absuelto de todos los cargos a pesar de encontrarse actualmente en investigación por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En julio de este año sus dos hijos fueron arrestados bajo una orden de detención internacional por lavado de dinero de más de 20 millones de dólares en sobornos de la Odebrecht. A propósito de la orden de detención a Álvaro Uribe, Martinelli aseguró que respalda al expresidente colombiano y que cree en la inocencia del abogado Diego Cadena y lo considera “una persona correcta”.
En 2018, una jueza ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra Correa después de que el expresidente faltara a una citación en la Corte Nacional de Justicia por una investigación en la que Fernando Balda, un político del partido de Correa, aseguraba haber sido secuestrado por el régimen del expresidente. Años antes, Balda había huido a Colombia donde fue acogido por el círculo cercano a Álvaro Uribe después de que el gobierno ecuatoriano lo encontrara culpable de haber injuriado a otro político ecuatoriano. Por esa investigación de secuestro, Correa tiene una orden de prisión. Además, en abril pasado, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo sentenció a 8 años de prisión por casos de soborno entre 2012 y 2016 conectados con la empresa Odebrecht. Por esas acusaciones fue juzgado en ausencia ya que actualmente Correa está radicado en Bélgica. En cuanto a su legado político, las elecciones seccionales de 2019 mostraron que el correísmo sigue fuerte en Quito y Pichincha (en el primero quedó de segundo y en el segundo ganó). Eso implica que ha perdido fuerza política en términos de cantidad pero que sigue teniendo fuerza en lugares estratégicos.
