Sobre las aguas del río Medellín se ha derramado basura, sangre y cuerpos. En el siglo XX arrojaban desde el Puente de Guayaquil los cuerpos de homosexuales y prostitutas porque “alteraban el orden público”. Luego lanzaban cuerpos de hombres borrachos. Y con el desastre del narcotráfico, también cuerpos de jóvenes sicarios abatidos, que en las canalizaciones aparecían junto a cuerpos de civiles. El río ha sido depósito de toneladas de escombros, residuos sólidos y de todo cuanto la sociedad quiere desechar.

El nacimiento de ese río es en el Alto de San Miguel, en Caldas, y su desembocadura en Porce, caudal que lo encauza hacia el Magdalena. Y es en Porce donde terminan unos cien kilómetros de longitud hídrica. Allí, el 1 de enero de 2021, encontraron el cuerpo de Yuli Daniela Patiño, una mujer de 25 años que su expareja arrojó desde el Puente del Mico después de asesinarla, en el nororiente de Medellín. 

Su cuerpo fue rescatado siete días después de ser arrojado. Se desplazó sobre el agua crecida por el invierno y fue aventado por la corriente y el golpe sólido con las piedras. El homicida confesó el crimen días antes de suicidarse con una cuchilla.

Y aunque estas aguas son hábitat de sanguijuelas, larvas de libélulas, lombrices y otros macroinvertebrados, los animales de carroña también descienden por restos humanos y así avisan la muerte para que otros la avisten, como habitantes del barrio, autoridades y la familia de la víctima. 

Pasó con el caso de una mujer sin identificar entre los 30 y 40 años, sin rastros de tortura notorios en su cadáver descompuesto, que flotaba en el río a la altura de Barrio Triste. Fue hallada el 27 de marzo de 2020. Y los rapaces buitres dieron señales de otro cuerpo degollado, envuelto en sábanas, atado de pies y manos y arrojado al agua. Lo encontraron en la orilla contigua al barrio El Playón de los Comuneros, también nororiente, en abril de 2020.

Lo mismo pasó con el cadáver de otra mujer, entre los 25 y 30 años que llevaba cinco días sumergida, según expuso el CTI tras su hallazgo el 17 de octubre de 2019, y terminó estancada en una cresta de asfalto. No tenía pelo y tenía heridas de arma de fuego, estaba descompuesto. Fue arrastrado por la corriente crecida hasta dejarlo en la zona inmediata al Centro de Espectáculos La Macarena. 

Y cuando tan solo habían pasado tres días de este nuevo año pandémico, el cuerpo de bomberos de Barbosa, en el Norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reportó como alarmante el incremento de rescates de cuerpos de personas en el río. En ninguna parte advirtieron que se trataba de cuerpos de mujeres. Pero esta lista enseña cómo presuntos feminicidas buscan expiar sus crímenes con la corriente del agua.

Lo sinuoso 

Antioquia lidera la cifra de feminicidios en Colombia. Restos de mujeres son encontrados en cajas de cartón o en bolsas plásticas o sus cuerpos son disueltos en ácido luego de ser descuartizados o son enterrados bajo cualquier árbol de Guayacán o incinerados o abandonados al lado de un arrume de desperdicios. También, son entregados como piedras al río.

El Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia reportó que la Policía Nacional registró 12.784 eventos de violencia intrafamiliar (VIF) entre enero y octubre de 2020, de los cuales el 76 % fueron contra mujeres. Y desde 2019, una cuarta parte de los municipios de Antioquia fueron reportados en riesgo alto y extremo, según reveló el XVIII informe sobre la situación de violación de derechos humanos de las mujeres publicado a finales de 2020 por la Corporación Vamos Mujer y la Corporación para la Vida Mujeres que Crean. 

Las cifras, sin embargo, son complejas. Según la Secretaría de las Mujeres de Medellín, la ciudad presentó una disminución en distintos delitos en 2020, pero habría que pensar que esas cifras no son el único dato para analizar lo que está pasando. “Hay asuntos que permiten explicar por qué una situación como la pandemia al mismo tiempo que visibilizó las violencias de género en el debate público, las invisibilizó frente al Estado que las tiene que atender”, dice Juliana Martínez, cabeza del despacho. “Lo que se descubrió es que las mujeres no están acudiendo a la institucionalidad y han dejado de denunciar”.

El mecanismo institucional de la Secretaría de las Mujeres para hacer denuncias es la Línea 123 Agencia Mujer a la que en teoría, según la funcionaria, podrían acudir más mujeres motivadas por una cierta confianza ya que se asegura confidencialidad. “Si la mujer dice que no quiere activar ruta, por ejemplo, no se activa” advierte Martínez, “pero es ahí donde vemos un incremento de incidentes en un 200 % entre 2019 y 2020”. Fueron 44.864 casos. ¿Cómo se verían apilados unos de esos casos si fueran cadáveres en el río?

“Pero pese a todo”, aclara la Secretaria, “la Comisaría dice que la violencia de este tipo ha disminuido y la Policía dice que atiende menos casos. Pero es una lectura errónea traducir por esto que disminuyó la violencia de género”.

Parte del análisis de la información sobre feminicidios se rompe porque es la Fiscalía la que define cuándo efectivamente son feminicidios o no. La mayoría de las veces, la entidad los atiende en su pobre denominación de “relación sentimental”, lo que implica que muchos casos se quedan por fuera. Pero en lo local, esas cifras se rigen por un protocolo que asume que, en principio, todos los homicidios de mujeres deberían considerarse como presuntos feminicidios. En últimas, solo cuentan como feminicidios los que han logrado sentencia condenatoria, que es un porcentaje realmente insuficiente contrastado con el panorama real. 

“La Fiscalía dictamina en una comprensión más simplista de lo que es un feminicidio, pues lo imputa sobre todo cuando hubo relación afectiva, pero lo cierto es que también hay feminicidios por fuera del ámbito de lo íntimo, en el espacio público, y es ahí donde está otro reto de implementación en la justicia”, dice la Secretaria Martínez. 

Además, para la concejala de Estamos Listas, Dora Saldarriaga, el mecanismo de la línea 123 no fue suficiente. No todas las llamadas llegan a solicitudes de medidas de protección y en 2020 fueron más de 14 mil por violencia de género. Y no es equiparable ni proporcional la medida a la magnitud de los hechos. 

“Nosotros propusimos en pandemia otro mecanismo porque muchas mujeres estarían con el agresor 24/7 y se necesitaba un número whatsapp, con un santo y seña o un mensaje que pudieran escribir, y no sentirse en riesgo. Si bien es una línea de acceso importante, en esta crisis necesitamos una acción afirmativa diferente más garantista para las mujeres, incluso cuando no están en sus casas”, dice Saldarriaga.  

Los feminicidios se instalaron sobre todo en casa por el efecto de la pandemia, pero es equivocado pensar que este es el único escenario para que ocurran. Siguiendo la teoría de Rita Segato, Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio de Feminicidios y directora de la Red Feminista Antimilitarista, replica que el feminicidio es también una forma de transmitir un mensaje social, incluso como sanción, y mantener con ésta una forma de orden. 

“Quieren ejercer esa subordinación de las mujeres mediante el control sobre su vida y sobre su muerte”, dice Rivera, “los gobernantes, por ejemplo, se han demorado en alarmar sobre la explícita relación que existe entre el río y los feminicidios, entre el río y la muerte, porque pesa el imaginario de que estos crímenes contra mujeres se cometen o están reservados para lo íntimo”. No nos matan solo bajo las cobijas, en el solar o en el zaguán.  

Aguas espesas

Estamos Listas planteó una crisis humanitaria de emergencia por violencia machista en Medellín y recogió 15 mil firmas para proponer al Presidente Iván Duque hacer esa declaración de crisis humanitaria de emergencia por feminicidios. Pero no lo hizo. Ahora ellas interpondrán una tutela que buscan sea coadyuvada por muchas personas a nivel nacional para entrar en un tema de litigio.

“En Antioquia somos una dicotomía entre una sociedad machista, patriarcal, que genera unas violencias directas, pero estamos también en medio de una sociedad de doble moral: en lo privado se hacen unas cosas y en lo público se demuestran otras”, dice Dora Saldarriaga, concejala de Estamos Listas. Para ella, el hogar se volvió el lugar más peligroso como se ha evidenciado en la pandemia, pero la calle no ha sido menos peligrosa. Y lo que existe, explica, es un subregistro enorme y no oficial puesto que hay una inactividad de quien imparte justicia.

Para Estefanía Rivera de la Red Feminista Antimilitarista esta violencia feminicida en Antioquia tiene que ver con el desarrollo del sistema neoliberal. El contexto, dice, está íntimamente relacionado con las estructuras de la militarización de la vida, el empobrecimiento, la no distribución de las riquezas así como la ausencia de participación política de mujeres en Colombia. 

“Pero somos una sociedad conservadora en la que paradójicamente nace el primer partido feminista para subvertir espacios políticos con una agenda que implica llevar a lo público esa violencia cotidiana como nunca antes”, insiste Saldarriaga.

Aunque Rivera se apoya en la historia: “las mujeres en Antioquia han sido expropiadas de sus espacios rurales, y provienen de una estructura patriarcal con un peso familiar muy fuerte que ha fortalecido el pacto de silencio de los hombres y las mujeres en el incesto”. Antioquia tiene características específicas del impacto de esas estructuras de dominación, “y tiene que ver con el desarrollo de las instituciones públicas y su forma de ser administradas casi de manera privada, también con las desigualdades y la profundización en el uso de las armas y de la cantidad de hombres que hacen parte de estructuras narcomafiosas”, concluye.

En este momento hay más de 140 Grupos Armados de Crimen Organizado de diferente nivel y la Defensoría del Pueblo emitió en julio de 2020 una alerta temprana en la que señala la presencia de estructuras paramilitares, posibles nexos y alianzas con la institucionalidad en 6 comunas de la ciudad, “dando continuidad a la imposición de un cogobierno e instaurando un orden social en cada uno de los barrios de las comunas de Medellín”, dice en la Alerta. Dentro de su comunicado cuestionan el aumento en los asesinatos, la violencia intrafamiliar y toda la vulnerabilidad que tienen que afrontar las mujeres y las personas LGTBI, quienes junto a las trabajadoras sexuales también hallan en el río.

Sedimentos

El análisis del Observatorio Feminicidios Colombia de la Red Feminista Antimilitarista reportó que en 2019 los cuerpos de Paola Vargas, Dennis Chaverra, Luz E. Villa y Lina M. Castillo fueron hallados todos en el agua hacia el Municipio de Bello, en una distancia de 2,7 km aproximadamente entre cada cuerpo.

El primero fue hallado el 2 de marzo en la canalización bajo el puente de la Estación Madera del Metro. El cadáver tenía heridas de arma cortopunzante y signos de violencia. La mujer “tenía el pantalón bajado a las rodillas”. Estaba en situación de calle y además fue golpeada. El segundo cuerpo fue hallado en el mismo sitio pero 15 días después, el 17 de marzo. El tercer cuerpo fue hallado desnudo y con señales de golpizas y heridas de arma cortopunzante el 31 de julio. Y en el mismo estado hallaron el cuarto cuerpo, el 7 de agosto.

Según la Red Feminista Antimilitarista los análisis sobre modo, lugar y tiempo de estos feminicidios permiten establecer, entre otras, que todas las mujeres vivían cerca del lugar donde ocurrieron los feminicidios y cerca desde donde se transportaban hacia sus trabajos. También dan cuenta de una similitud del modus operandi: fueron atacadas con armas blancas y sus cuerpos fueron encontrados semidesnudos en espacios boscosos y si no en una fuente de agua, cerca de ésta. 

Con el seguimiento a estos casos comprendieron que, posiblemente, el sujeto feminicida vigilaba, abusaba sexualmente de las mujeres y luego las mataba, al menos en estos casos específicos. Lo que se traduce en que posiblemente un mismo agresor pudo haber sido el responsable. Pero comprobar esa hipótesis, dice Estefanía Rivera, solo es posible mediante una recopilación juiciosa de la información, tan juiciosa como su análisis sumado al acceso transparente a la misma que todavía sigue siendo limitado y en algunas ocasiones sesgado. 

Colombia no cuenta con un sistema de información consolidado sobre esta violencia y cada institución tiene una forma de conceptualizar y dejar un reporte. Por ejemplo, la del Consejo de Seguridad de Medellín tiene reserva. “Pero el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres se creó en el 2008 como una figura muy sui generis”, afirma la Secretaria, “porque es una instancia a la par del Consejo de Seguridad de la ciudad y está pensado para atender y coordinar todo lo relacionado con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

El análisis al que llegaron al reactivar este Consejo es que había perdido su potencia porque se concentró en rendir cuentas. Y la agenda que propuso Martínez está orientada a estudiar casos para entender cómo funciona esta violencia específica contra la mujer. Pero por la pandemia se orientaron a estudiar otros hallazgos insólitos en los que incluyen el volumen de mujeres trabajadoras que hoy están gravemente desempleadas. Y también otras situaciones particulares que requieren una adaptación institucional como, específicamente, las mujeres migrantes venezolanas. Además, estudian las violencias trans, pues los atropellos han aumentado tanto como la intimidación suicida asociada a violencia contra las mujeres.

Para Estefanía Rivera de la Red Feminista Antimilitarista no hay claridad en cómo consolidar la información ni un interés desde el Estado en unificar los sistemas de recolección de datos, al menos para saber cuántos de nuestros cuerpos fueron atacados en el espacio doméstico y cuántos en la calle o en este caso, cuántos han pasado por los deltas de este país. 

Para la Red es fundamental tener un sistema de información y el Observatorio es una herramienta para comprender ese contexto en el que sucede esa violencia feminicida y en estrategias para proteger nuestra vida. “Si un país no tiene un sistema serio y coherente, muy difícilmente va a lograr acciones concretas”, dice Rivera. 

Por eso, es importante nombrar con la misma contundencia lo que sucede adentro y afuera. “Los feminicidios no ocurren solo en las viviendas de los victimarios o de las víctimas, lo que vemos también es que hay un interés de espectacularizar la violencia feminicida en el espacio público y Segato lo explica, que en toda esa pedagogía de la crueldad hay un mensaje que nos envían a quienes tenemos que observar esa barbarie sobre los cuerpos de otras mujeres”, un mensaje que recibimos todas, todo el tiempo, río abajo.

“El río es uno de los lugares en el que los hombres intentan destruir la evidencia, que es el cuerpo de las mujeres”, dice Rivera. “Pero muchas veces es también una de las formas en que creen que están expresando el poder que tienen, porque incluso los cuerpos son dejados en orillas en las que el agua no los puede arrastrar”. Es una manera de que todas veamos nuestro propio cuerpo cuando emerja descompuesto en el agua.