El pasado 27 de julio circularon por Whatsapp dos videos en los que tres jóvenes exhibían lo que parecía ser un subfusil mini Uzi, dos pistolas y un revólver. A nombre del Clan del Golfo amenazaron con matar en Soledad, Barranquilla y su área metropolitana a “todo aquel” que trabaje para Los Costeños, el que es considerado como el mayor grupo criminal local de la capital del Atlántico.

El coronel Jhon Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó después que estaba en marcha un “análisis técnico” de los videos, pero descartó de entrada que se tratara del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas (AGC), considerado por las autoridades como un GAO (grupo armado organizado), la organización delincuencial y de narcotráfico más grande, peligrosa y estructurada de Colombia. Las cifras sobre sus integrantes cambian según la fuente. Informes expuestos por fiscales en audiencias hablan de 7.000 combatientes en 188 municipios, mientras que los reportes de la Policía reducen el número a 3.260 integrantes con presencia en 124 poblaciones.

Más allá de la veracidad o no de los videos donde aparecen los supuestos pistoleros, los investigadores consultados para este reportaje aseguran que Barranquilla asiste a una cruenta guerra entre Los Costeños y el Clan del Golfo por el control de la ciudad como centro de acopio y exportación de cocaína, pero también para el expendio de droga a baja escala, lo que en términos policiales se conoce como microtráfico, un eufemismo para un macro negocio que mueve miles de millones de pesos, que deja una estela de muerte, miedo y silencio, sobre todo en los barrios del sur, y que sirve de combustible para el financiamiento de estas bandas organizadas.

Por cuenta del microtráfico –un brazo del narcotráfico-, en Barranquilla hay fronteras invisibles o ‘imaginarias’ que impiden que los residentes se muevan con libertad entre una zona y otra; barrios vedados, extorsiones, lanzamiento de granadas, amenazas, desplazamiento interno, descuartizamientos, tráfico de armas y explosivos. Nada que ver con la imagen idílica de desarrollo y prosperidad que desde hace años las sucesivas administraciones locales –en especial las del todopoderoso clan de la familia Char– se han empeñado en vender: una ciudad de megaobras, con miles de millones de pesos invertidos en canalización de arroyos y arreglos de parques y vías; una capital de progreso que, sin embargo, oculta muy bien su lado más oscuro, el de la marginalidad, la pobreza extrema y la criminalidad.

Libardo Diago Velásquez, representante de la Red Sur Barranquilla, una ONG que trabaja con grupos juveniles del suroccidente enfocados en construcción de paz, asegura que las líneas invisibles son impuestas por quienes controlan la comercialización de las drogas. “Entre un 90 y un 95 % de los jóvenes que participan de nuestros procesos están directa o indirectamente afectados por el solo hecho de movilizarse por sus barrios”, cuenta.

La principal ciudad del Caribe colombiano cerró el 2020 con 296 homicidios –un 7 % más que el año anterior (276)–, y fue la única donde este delito no solo no disminuyó, sino que se incrementó el uso de armas de fuego a pesar de la estricta cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus, según se desprende de un informe del Observatorio de Seguridad de Barranquilla y la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se habían registrado 192 homicidios en la ciudad, 26 más que en el mismo periodo de 2020, según indica la estadística de la Policía. En el área metropolitana (que agrupa administrativamente a la capital con los municipios de Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa) las cifras están desbocadas: 344 asesinatos entre el 1 de enero y el 31 de julio, 87 más que los 257 ocurridos en ese lapso en 2020. De la cifra total de homicidios hasta el pasado julio, 287 fueron por arma de fuego.

“Más del 60 % de los asesinatos en Barranquilla, el área metropolitana y el departamento del Atlántico tienen como motivación el microtráfico”, asegura un fiscal que ha liderado unas 200 investigaciones sobre estos casos en el departamento. Nunca antes el mercado de consumo interno de alucinógenos había sido el foco principal de tantas muertes.

En disputa está una ciudad geográficamente privilegiada, con conexiones hacia cualquier dirección del país, con el río Magdalena a un lado, y el mar Caribe, al otro. Dos corredores peleados a sangre y fuego, apetitosos no solo para la economía legal, sino para la ilegal.

Más rentable que el narcotráfico

En Colombia el negocio del microtráfico movía 6 billones de pesos anuales hasta el 2015, según un estudio del DNP que concluyó que Barranquilla era una de las seis ciudades con Bogotá, Pereira, Santa Marta, Medellín y Bucaramanga, que concentraban el 20 % del mercado nacional. Ese año, según el mismo estudio, la rentabilidad del narcotráfico estaba en un 260 %, frente al 346 % del narcomenudeo.

La investigación concluyó que las ganancias del microtráfico en la capital del Atlántico sumaban 114.000 millones de pesos al año, con una proyección de crecimiento entre un 5 % y un 10 %, lo que fijaría utilidades aproximadas por encima de los 120.000 millones de pesos en la actualidad, una cifra que contrasta con los 6.758 millones que en el 2018 obtuvo la empresa Sunshine Bouquet, la primera en el ránking en el sector florícola, o los 6.956 de la compañía Altipal en el segmento de alimentos, bebidas y tabaco al por mayor, según un especial de la revista Dinero.

El informe del DNP también establecía que el Atlántico era, después de Antioquia, el departamento de Colombia con mayor prevalencia de consumo de cocaína. La misma posición que ocupaba respecto al consumo de bazuco.

«Más del 60% de los asesinatos en Barranquilla, el área metropolitana y el departamento del Atlántico tienen como motivación el microtráfico».

Fiscal que ha liderado unas 200 investigaciones sobre microtráfico.

Otro estudio, pero del Ministerio de Justicia (también de 2015), fijaba entre 357.000 millones de pesos y 1,7 billones el tamaño del mercado de la coca en Barranquilla según la encuesta de consumo y las incautaciones de la Policía. En el caso de la marihuana la cifra iba entre los 32.000 y los 162.000 millones de pesos.

En respuesta a un derecho de petición, la Policía asegura que en el área metropolitana hay 314 ollas, de las cuales 216 están en Barranquilla. Hasta mediados de julio se había logrado “la afectación” de 70 expendios y se capturaron 110 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En otro derecho de petición, la Fiscalía, por su parte, asegura que en el marco del ‘Plan 100 contra el microtráfico’ –una estrategia policial a nivel nacional que se puso en marcha el pasado febrero–, se llevó a cabo la demolición de tres inmuebles ubicados en los barrios La Esmeralda, Santo Domingo (suroccidente) y San José (suroriente) y se desarticularon 11 grupos delincuenciales.

Un investigador del CTI sostiene que el 99 % de los locales paga al mes entre 1,5 y 2 millones de pesos al Clan del Golfo o a Los Costeños. Eso significa que las ganancias fijas para estas organizaciones, solo por el cobro de cuotas, están entre los 5.000 y los 7.000 millones de pesos al año. La legislación sobre la dosis mínima dificulta la judicialización de los miembros de estas redes, pues han encontrado la manera de burlar las pesquisas: dosificando las cantidades entre sus vendedores.

“Una olla maneja en promedio entre 15 y 20 repartidores, incluyendo menores de edad y vendedores ambulantes. Lo que hacen es repartirles la droga en cantidades que no superen la dosis mínima; luego, cada uno sale, vende, regresa a la olla, se surte y vuelve a la calle”, explica el investigador. Por eso, muchos allanamientos difícilmente acaban en la incautación de grandes cantidades. Además, el crimen local no es ajeno a la sofisticación: las investigaciones han descubierto que tienen cámaras de seguridad, manejan turnos y horarios, tienen en nómina policías y funcionarios públicos –algunos de ellos consumidores– y que a la vez les pasan información de pesquisas en su contra. Y en barrios como San Roque, Chiquinquirá, Rebolo o Centro, los patios de muchas casas donde se almacena droga han sido conectados entre sí para facilitar huidas.

La Policía reconoce la presencia en Barranquilla de varias estructuras delincuenciales, entre las que destaca a Los Costeños y a Los Papalópez. La Fiscalía, por su parte, añade la presencia de Los Pachenca –herederos de la estructura paramilitar de Hernán Giraldo en la zona de influencia de la Troncal del Caribe–, pero ninguno hace alusión al Clan del Golfo. La Policía tampoco vincula los homicidios directamente con el microtráfico. No niega, ni confirma: “(…) esta problemática se puede apreciar en las cifras que al día de hoy tenemos en las modalidades y causales de homicidios, sin que se pueda hasta el momento afirmar alguna incidencia del microtráfico en los mismos, no descartándose esta hipótesis, pues muchos de los casos son materia de investigación”.

Fiscales, investigadores y líderes sociales consultados coinciden con la Policía en que los grupos más visibles son Los Papalópez y Los Costeños, enfrentados por el poder en barrios del suroriente y el municipio de Soledad, pero no subestiman la presencia del Clan. Los Costeños surgieron en 2013 de la división de la célula que la banda valluna Los Rastrojos tenía en el Atlántico. En los últimos años en decenas de operativos han sido arrestados más de 300 de sus miembros, según fuentes de la Fiscalía, pero eso no les ha hecho mella; ni siquiera la captura en Venezuela de su máximo cabecilla, Jorge Díaz Collazos, alias ‘Castor’. Digno Palomino Rodríguez, el segundo al mando, campea a sus anchas por barrios del suroriente e incluso mandó construir sótanos y búnkeres debajo de las casas en las que vive, según contaron a este medio, y bajo reserva, vecinos de la zona.

En las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento realizadas a seis presuntos costeños detenidos el pasado noviembre, un fiscal mostró evidencias de que esta banda posee una alta incidencia en la localidad Norte-Centro Histórico, en especial en San Roque, Chiquinquirá, Barlovento y los sectores con salidas a los caños que conectan con el río Magdalena y la principal zona portuaria.  Su radio de acción está en La Loma, Villanueva, Bendición de Dios, y el mercado. Esta estructura presta servicios de seguridad a los cargamentos de cocaína que ingresan al puerto para ser enviados por barco a Centroamérica y Estados Unidos. Los Costeños también apelan al terror como método de ajusticiamiento y control. De hecho, a esta organización se le atribuyen la mayoría de los descuartizamientos que han ocurrido en la ciudad.

“Pandillerismo local”

El silencio frente a los tentáculos del Clan del Golfo en Barranquilla no es nuevo.En abril de 2016, el comandante de la Policía Metropolitana, el general Gonzalo Londoño Portela, aseguró a Blu Radio que no había en esta capital presencia de bandas criminales, sino “pandillerismo mutado a banda delincuencial con un alcance meramente local”. Ocho meses después, un informe de seguimiento elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo dejó constancia de que en el primer semestre de ese año se había conocido “la posible incursión” de las AGC en Barranquilla y su área metropolitana, lo que produjo “disputas por el control territorial entre este grupo armado ilegal y ‘Los Rastrojos Costeños’”.

El Clan del Golfo ha ido ampliando poco a poco sus zonas de influencia. De momento, logró asentarse en Puerto Colombia y desde allí entró al barrio Las Flores, punto clave para los envíos de droga que salen en lanchas rápidas por la desembocadura del río y alcanzan en altamar a los buques mercantes. Su fórmula ha sido una mezcla de capacidad para corromper, actos sicariales para hacerse sentir y amenazas y atentados a dueños de ollas y caletas que se niegan a cumplir sus órdenes.

Jóvenes entre 20 a 25 años son reclutados por el Clan. Les pagan hasta 1,2 millones de pesos mensuales para que sean sus sicarios, cobradores de extorsión, ‘moscas’ o ‘tiradores’ de zona (los que avisan de movimientos sospechosos). Así lo reveló un fiscal de la Unidad de Alertas Tempranas de Homicidios en la audiencia contra 10 presuntos gaitanistas detenidos en noviembre pasado por la Policía.

Incluso habiendo indagaciones de la Fiscalía que revelan las huellas de las AGC, persiste la negación de algunas autoridades frente a esta estructura, lo que ha facilitado su accionar porque se le invisibiliza. De hecho, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre esta circunstancia en dos alertas tempranas, una en 2018 y otra en 2020. En esta última, notifica: “La falta de reconocimiento de las autoridades de la presencia de las AGC en el área metropolitana ha sido una constante que agrava el escenario advertido en esta Alerta Temprana”. Algo que aparentemente sigue sin ser tenido en cuenta por la administración local y por el alcalde, Jaime Pumarejo, quien en diciembre de 2020 dijo que “el crimen organizado es un mal negocio en Barranquilla”. (Lea aquí la respuesta de la alcaldía frente al microtráfico y la presencia de organizaciones criminales).

Los estragos del paramilitarismo

Tradicionalmente considerada “un remanso de paz”, título que nunca se cuestionó, las raíces de la violencia en Barranquilla datan de la década de los setenta, primero con los grupos dedicados a la ‘limpieza social’, después con la ebullición de la bonanza marimbera –que también tocó a la capital del departamento, pero como sede administrativa y lugar de residencia de algunos capos–, y a mediados de los ochenta y los noventa con la presencia del llamado Cartel de la Costa. “El narcotráfico ha sido un elemento central de las dinámicas recientes de la violencia en la ciudad”, asegura el investigador y académico Luis Fernando Trejos, uno de los principales conocedores de este fenómeno en la región.

Cuando se desmanteló el Cartel de la Costa llegaron miembros del cartel del Norte del Valle y al mismo tiempo algunas de las pandillas que pululaban en los barrios del sur fueron fortaleciéndose. En 1999 arribó un primer contingente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), enviado por el entonces comandante alias ‘Jorge 40’. Fueron años atroces sobre los que pesó un silencio descomunal. Las muertes se sucedían, pero no lo suficiente para generar una respuesta institucional contundente; ni siquiera una conversación pública.

Las cifras sobre asesinatos en Barranquilla en aquella época son estremecedoras. Un cálculo propio comparando las estadísticas de la Policía, Medicina Legal y un informe de la Fundación Ideas para la Paz concluye que bajo el dominio paramilitar del Bloque Norte (primero con el Grupo Atlántico y después con el Frente José Pablo Díaz) entre el 2000 y el 2006 hubo más de 2.800 homicidios. Luego del desarme de las AUC (en el 2006), las bandas emergentes Los 40, Los Mellizos, Los Paisas y Los Rastrojos controlaron el territorio y la cifra superó los 2.000. En los últimos ocho años, con la aparición en 2013 de Los Costeños y la llegada en firme del Clan del Golfo en 2016, van más de 2.700 (ambos grupos tienen a ex-AUC en sus filas).

“Cuando estaban, las AUC controlaban todo. Hasta lo mínimo. Después de la desmovilización se da una fragmentación -la atomización de todo ese crimen en el que ellos fueron hegemónicos-, y empiezan a aparecer muchos grupos”, explica el profesor Trejos.

“Esos grupos empiezan a controlar, pero eran muy volátiles”, continúa el académico. “Entonces, llega un momento en que aparecen las organizaciones grandes: primero Los Rastrojos y luego las AGC. Estos, lo que hacen es someter a los ‘combos’ locales. Les dan recursos, armas, vehículos, lo que necesiten. Y plata para que crezcan, derroten al competidor y tengan más de donde predar: desde la tienda, la ferretería, la señora de las empanadas, los mototaxis; hasta los conductores de buses pagan extorsión”.

Esa parece ser la dinámica en la que está inmerso el Clan del Golfo en Barranquilla en estos momentos. Los investigadores que le siguen la pista a esta organización creen que están reclutando a miembros de Los Papalópez para pelearles el control a Los Costeños en Soledad y los barrios que están en el límite con Barranquilla. De ahí el goteo incesante de muertos en el área metropolitana. “Las AGC se están extendiendo como verdolaga en playa”, dice un fiscal.

El mercado de lo sintético

Así como la ciudad está dividida en localidades, los grupos dedicados al microtráfico reparten la demanda y la calidad de sus “productos” dependiendo del barrio, los estratos sociales y las preferencias de consumo. Las papeletas de un gramo de cocaína pueden comprarse desde 3.000 pesos en un barrio del suroriente, el suroccidente o el centro mientras que en bares, discotecas y negocios del norte se venden hasta en 10.000, dependiendo del grado de pureza. Con la marihuana sucede igual: oscila entre 1.000 y 5.000, según el tipo, la presentación y el sector. 

Pero la segmentación del negocio tiene un nicho que las autoridades muy poco han atacado: las drogas sintéticas. En la respuesta al derecho de petición que presentó esta alianza, la Policía indica que del 2010 al 2020 hubo decomisos de estas sustancias en Villa Santos, Villa Campestre, Nogales, El Tabor, Miramar y Altos del Prado, barrios de estratos 5 y 6 de las localidades Riomar y Norte–Centro Histórico, si bien donde más decomisos hubo fue en el sur.  

En un operativo de la Fiscalía en 2018 se desmanteló la banda Los Dealers, el principal cartel de traficantes de drogas sintéticas del Atlántico, que concentraba clientes en el norte de la ciudad y en Puerto Colombia, y que supuestamente lideraba el joven hijo de un exoficial de la Armada. Un investigador de la Fiscalía que trabajó en el caso señala que la banda ganaba unos 1.000 millones de pesos al año por la venta de sustancias como éxtasis, popper, tucibí (2CB), MDMA (Emdi), LCD y también cocaína y marihuana.

Los Dealers vendían su mercancía en eventos y fiestas privadas en sitios turísticos y fincas fuera de Barranquilla. En una sola rumba electrónica se podían mover más de 20 millones de pesos solo por sustancias sintéticas, sin incluir cocaína y marihuana, según la versión de un fiscal que participó en la investigación.

En el sur, en cambio, se convocan ‘tardeadas’ o ‘nochadas’, fiestas clandestinas que captan a menores y adolescentes de las localidades Suroccidente y Metropolitana, según ha denunciado Arturo García Medrano, ex personero distrital (1992-1995) y experto en el mercado local de drogas.

Es en estas zonas, junto a la localidad Suroriente, donde se concentra el narcomenudeo, que acaba convirtiéndose también en un medio de subsistencia para algunos habitantes de estos barrios, abocados a la marginalidad y la pobreza extrema. Todo ello en medio de un contexto social que retrata otra ciudad que no suelen registrar los medios.

La Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), un tanque de pensamiento de iniciativa privada, presentó en 2019 un estudio que dejó en evidencia el “aumento progresivo de la desigualdad” en la capital del Atlántico y su área metropolitana desde 2016. Las previsiones indicaban que, de seguir la tendencia, para el 2022 el coeficiente de Gini llegaría a 0,463 (la medición va de 0 a 1, cuanto más cerca al 1, mayor es la pobreza y la desigualdad en el ingreso) y se retrocederían diez años en este indicador, a los niveles de 2012, cuando estaba en 0,464.

Las predicciones de Fundesarrollo se cumplieron antes de lo esperado. Según los resultados del informe del Dane ‘Pobreza monetaria en Colombia’, presentado en octubre del 2020, Barranquilla y su área metropolitana pasaron de un coeficiente de Gini de 0,443 en 2018 a 0,463 en el 2019. Con el coronavirus la situación empeoró drásticamente. Si antes del inicio de la cuarentena por la pandemia el 82,2 % de los hogares en Barranquilla consumían en promedio tres comidas al día, entre junio y abril de este año esa cifra cayó en picada y se ubicó en un 29,3 %, lo que supone que el 70,7 % de los hogares no puede asegurar la alimentación completa de sus miembros. En la capital del Atlántico y su área metropolitana, dice el Dane, en 2020 había 797.114 personas con ingresos mensuales de 338.666 pesos, mientras que 246.345 recibían apenas 152.410 pesos al mes, lo que implica que están prácticamente en la indigencia.

«Es que políticamente les costaría mucho admitir la fuerte presencia de las bandas criminales. Tanto a la Policía como a la Alcaldía la criminalidad se les salió de las manos».

Deivis Flórez, abogado y defensor de derechos humanos.

El informe de Fundesarrollo advertía que “la desigualdad suele hacer proclives a los jóvenes al inicio de la práctica de actividades criminales”. No se necesita mucho para comprobarlo. Detrás de las estadísticas están las historias de miles de jóvenes de barrios marginales que crecen sin oportunidades. Sin esperanza. Un recorrido por La Luz, La Chinita o El Bosque, por citar algunos, da muestra de ello. “Cuando dicen que muchachos del corredor de la calle 17 salen a atracar, ¿qué puede uno argumentar? Sí, salen a buscar algún sustento, porque prácticamente no tienen opción”, dice un líder social de ese sector.

Deivis Flórez, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que las bandas criminales están asesinando, amenazando, estigmatizando y persiguiendo a líderes y lideresas sociales “ante la mirada omisiva de las autoridades”. “Es que políticamente les costaría mucho admitir la fuerte presencia de las bandas criminales. Tanto a la Policía como a la Alcaldía la criminalidad se les salió de las manos”, afirma.

En Barranquilla hay una combinación letal de hambre y miedo que se exacerba en los barrios más vulnerables. Se siente en las esquinas donde se agolpan los ‘pelaos’ que ven pasar el día sin nada que hacer, envueltos en nubes de humo de marihuana y bazuco. Allí se percibe más el temor. Casi nadie habla. Un asunto escabroso que muchos admiten en privado, pero casi nadie en público. “Por aquí hay que andar con mucho cuidado porque impera la mafia”, dice con nervios un joven del suroriente, en Rebolo.