El 18 de septiembre de 2021, Diana Venegas, madre de Wendy Calderón, tomó el micrófono frente a un grupo de congresistas de la Colombia Humana y leyó un mensaje que contenía una grave denuncia que comprometía a dos personas de esa colectividad: el primero, un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de David Racero; y el segundo, un edil del grupo político de María José Pizarro.

Habían pasado casi dos meses del fallecimiento de Wendy, y su madre estaba allí, en un acto de respaldo al entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro, en el parque Brasil de Teusaquillo, en Bogotá. 

Diana, con voz afligida, pidió a los movimientos que se estaban sumando al Pacto Histórico que, en adelante, tuvieran en cuenta prácticas y espacios seguros para las mujeres en medio del ejercicio político. Acto seguido dijo que su propuesta nacía de dos luchas que su hija dio en vida dentro de la colectividad.

“La primera fue contra el señor Yidis Gahona, que la acosó sexualmente (a Wendy) y que hace parte del equipo de David Racero, el cual conoció el caso y prefirió ser cómplice del victimario, antes de apoyar a la víctima, mi hija”.

Como se puede apreciar en el video del acto público, frente a la señora Venegas estaban los congresistas Iván Cepeda y Gustavo Bolívar. También Jorge Rojas, actual embajador de Colombia ante Bélgica; y Cielo Rusinque, directora del Departamento para la Prosperidad Social.  

Venegas continuó: “El segundo caso también tiene un componente de violencia política de género, que se vivió con el hoy edil de Fontibón, Edwin Marulanda, quien en múltiples ocasiones violentó a Wendy diciéndole que había sido financiada por el narcotráfico, y que era una candidata de las Farc. Todo esto para amedrentar y estigmatizar las luchas políticas de ella”.

Y prosiguió: “Esta misma persona, Edwin Marulanda, presuntamente cometió el delito de falsificación de documento público al firmar un contrato con el Estado y presentar un diploma falso. Wendy denunció esta situación ante varias personas de la convergencia, dentro de las que está la UTL de la representante María Jose Pizarro, quien hizo oídos sordos ante estos presuntos delitos y casos de corrupción. Por eso les pido, por la dignidad de mi hija, por la memoria de ella, y en aras de que los homenajes sean transformadores, que se haga justicia y se limpie el nombre de ella. Se los pido para que la Colombia Humana sea un espacio seguro para las mujeres”.  

Durante aquel día nadie respondió a las denuncias de Venegas. Más de un año después, sentada en su casa en Fontibón, y frente a una foto de Wendy del día de su grado como trabajadora social, ella siente que las denuncias de su hija quedaron en el olvido.

El 23 de enero pasado, el Senado y la Cámara de Representantes presentaron en conjunto un protocolo y una ruta de atención para casos de violencias basadas en género que ocurran en el Congreso. 

Los legisladores Racero y Pizarro, junto con Roy Barreras, fueron justamente los encargados de anunciar el mecanismo, que se construyó desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Racero dijo en la rueda de prensa que el protocolo se estuvo construyendo desde septiembre de 2022. Su presentación, sin embargo, se dio días después de que Gustavo Bolívar hablara de la existencia de una presunta red de acoso y abuso sexual en el Capitolio. Ocho días antes, la abogada Ana Bejarano publicó una columna en el portal Los Danieles y en la revista Cambio, donde abordó el tema bajo el título: “Los nombres que faltan”.

En la presentación del protocolo, Racero dijo que intentaron diseñar una ruta que respondiera a los casos denunciados. “Posiblemente tenemos ejercicios, expresiones, acciones de violencia contra las mujeres”, admitió. Y enseguida agregó: “El centro de este protocolo es la mujer, debe ser la mujer. No es el victimario, no es el congresista. Es la mujer posible víctima en todas sus manifestaciones machista y patriarcal, donde la manifestación es un ejercicio de poder”.  

Además del protocolo, el presidente Gustavo Petro pidió crear una “comisión accidental especial” que sea liderada por María José Pizarro para investigar casos de acoso y abuso sexual en esta legislatura y en las anteriores. En entrevista, Pizarro nos explicó que la comisión se conformará en los próximos días y deberá entregar un informe al país. La senadora dijo que acompañará personalmente los casos. “No están solas, van a encontrar en nosotras una mano amiga, un respaldo, un acompañamiento. Yo estoy dispuesta a enfrentar ese poder con ellas”, ofreció. 

La denuncia de Wendy

El 16 de abril de 2019, a las 12:04 del mediodía, Wendy Paola Calderón Venegas llegó a la Fiscalía para denunciar a Yidis Jesús Gahona Rodríguez, un colaborador cercano de Racero, hoy presidente de la Cámara de Representantes. El funcionario que atendió la querella tipificó el caso como una presunta injuria por vías de hecho. 

Calderón, de 27 años, era una líder política de su localidad. Se había graduado de trabajo social del Colegio Mayor de Cundinamarca y, desde el activismo, el feminismo y el trabajo en el barrio con la gente, soñaba con ser edil de Fontibón.

Gracias a todas las mujeres trabajadoras, valientes que exigen mayores garantías, las labores domésticas también son trabajo. Hasta que nos escuchen, no pararemos.#LasTrabajadorasExigimos #8MPorLasQueCuidan.
Un día para no olvidar, Lo personal es político. pic.twitter.com/yQbqHZTxCB

— Wendy Calderón (@WendyPaolaCald1) March 10, 2021

Calderón le contó al fiscal que Gahona había intentado sobrepasarse con ella dentro de un taxi, en un recorrido hacia su casa después de una actividad política. Aseguró que el hombre intentó besarla a la fuerza mientras le tocaba las piernas. “Se sintió con autoridad o poder para tocarme”, quedó registrado en la denuncia. 

Los hechos habían ocurrido el 1 de septiembre de 2018. Calderón dejó constancia de que solo quería que Gahona reconociera su error y pidiera excusas para que a nadie le volviera a ocurrir lo mismo. Según un allegado a Calderón, que prefiere no ser mencionado en este artículo, lo que a ella más le pesó no fue necesariamente lo que ocurrió dentro del taxi, sino las consecuencias que le sobrevinieron después de haber hecho la denuncia. Su familia y varios jóvenes de su colectivo entrevistados por La Liga Contra el Silencio y Vorágine aseguran que a ella la terminaron aislando políticamente por las denuncias que hizo.  

Un estudio del Netherlands Institute for Multiparty Democracy señala que la violencia contra las mujeres en política tiene varias manifestaciones, y que las formas más evidentes son la violencia física (incluida la sexual) y la psicológica. Dice, además, que los efectos de esas violencias en el ámbito político son los mismos que produce la violencia contra las mujeres en general. “Las víctimas han reportado miedo, depresión, estrés, ansiedad; así como sentimientos de desolación, aislamiento y soledad (…). Muchas se muestran desilusionadas de la política y dejan sus carreras tras solo un periodo o incluso unos meses en el cargo”.

Cómo comenzó todo

En 2018, Wendy Calderón se había acercado a la campaña de Gustavo Petro en Fontibón junto a varios jóvenes que veían con esperanza su proyecto político. Fue un año movido, con elecciones legislativas en marzo y presidenciales de primera vuelta en mayo. 

Esto, aseguran los compañeros y compañeras de Wendy, coincidió con la consolidación de David Racero en redes sociales y con su llegada por primera vez al Congreso. “Ella vio en él una nueva forma de hacer política; le pareció muy chévere y se acercó al proceso. Ahí conoció a Yidis, el encargado del ejercicio territorial de David Racero”, contó uno de los jóvenes.

Calderón y sus compañeros se unieron a un colectivo de Racero llamado Actuemos. Esa era la plataforma del futuro representante a la Cámara para consolidar una apuesta política en las localidades frente a las distintas elecciones que se avecinaban.

Un día, Gahona invitó a Calderón a tomar cerveza. “Ella no le puso problema, el señor comenzó a insinuarse, comenzó a ‘caerle’. Es el primer cuestionamiento que hacemos: los compañeros son incapaces de separar la política de lo sexual o afectivo. La militancia termina siendo un instrumento para ‘caerle’ a las compañeras”, dijo un conocido de la joven activista.

Esa noche Calderón y Gahona se besaron, y ella se fue para su casa. A los pocos días ella supo que Gahona tenía pareja y que también trabajaba en el proyecto de David Racero. Enseguida se distanció de él, afirmaron dos miembros del colectivo. Pocos días después ocurrió la escena del taxi.

Cuatro meses más tarde varias chicas de Actuemos empezaron a comentar que se sentían incómodas con Gahona, porque les escribía muy tarde o las invitaba a salir, aseguró una joven.  “Comienzan a indagar y se dan cuenta de que son varias mujeres a las que les está pasando lo mismo y convocan a una asamblea extraordinaria de Actuemos”, dijo un allegado a Calderón.

El 4 de febrero de 2019 se llevó a cabo la reunión. La joven preparó un escrito. Fue un momento muy tenso que terminó en llanto, según contaron dos compañeros. “Un montón de compañeras dicen ‘sí, a mí también me pasó’. Otros compañeros dicen, ‘sí, nosotros ya nos habíamos dado cuenta’”.

David Racero aseguró que se acercó a Calderón para preguntarle si quería denunciar en la Fiscalía. Ella al comienzo optó por no hacerlo y dijo que unas excusas de Gahona podrían zanjar el asunto.

Ocho días después de la asamblea, Racero decidió acabar con Actuemos. Él nos dijo que fue una determinación que tomó con los distintos grupos a nivel nacional, para lo cual divulgó en su momento un boletín de prensa que hizo llegar a esta alianza periodística. En contraste, siete jóvenes de ese colectivo emitieron un comunicado el 13 de marzo de 2019 donde cuestionaron la forma en que Actuemos tramitó la denuncia de Wendy Calderón:

• “No hubo un tratamiento al interior de Actuemos ni una reparación satisfactoria ante una situación de acoso sufrida por varias de nuestras compañeras”.
• “Por el contrario, desde el momento en que unilateralmente se decide acabar Actuemos como organización, el nodo de Fontibón se ha visto afectado, no sólo porque se desconoce el trabajo de sus integrantes, sino porque temas “internos” y que requieren de una sensibilidad especial al ser del campo de lo personal-político, han sido expuestos ante otros colectivos alternativos”.
• “No sabemos con qué intención se ha expuesto a nuestra compañera Wendy, pero rechazamos que la culpa vuelva a recaer sobre la víctima, rechazamos que se sugiera que haber sido víctima de acoso es un problema personal y que además se lea como impedimento para ejercer sus derechos políticos y participar en contiendas electorales”.

Laura Londoño, una amiga de Wendy Calderón que estuvo en la asamblea de Actuemos, recordó así el episodio: “El propósito (de la Asamblea) era poner en evidencia (el caso), subsanar y seguir adelante. Sin embargo, no se logró. Lo que sucedió fue que se fragmentó el grupo”.

La reacción de terminar con Actuemos y la gestión interna del caso afectó a Wendy y a la gente que la apoyaba. “Salió como la mala del paseo, la culpable”, dijo Londoño. “A Wendy le dieron la espalda; esperábamos que David (Racero) tomara una posición de investigación al menos, y de resarcir la situación”, explicó. 

Calderón entonces hizo la denuncia en la Fiscalía. A Gahona lo citaron a una conciliación, de la que quedó un compromiso firmado por las partes que, a más de un año de la muerte de Wendy, no se ha llevado a cabo: unas excusas en redes sociales de parte del denunciado. “No lo hizo, se le puso un tiempo. Se construyó el texto, Wendy lo revisó dos o tres veces. Yidis le mandó correcciones. Wendy nunca aceptó el borrador porque Yidis siempre le asignaba responsabilidades a ella diciendo que le había dado pie para lo que ocurrió. No pasó nada con la denuncia”, dijo un familiar de la joven.

Racero nos aseguró que durante un tiempo apartó a Gahona de su UTL y que lo volvió a incorporar cuando hubo conciliación y se archivó el caso. Sin embargo, el proceso no se cerró: hubo una conciliación producto de un compromiso que no se cumplió. Wendy se cansó y dejó las cosas así.  

Londoño explicó que, aunque se llegó a una conciliación tras la denuncia de Wendy contra Gahona, él nunca cumplió con su parte. La familia cree que ese acto debe darse para limpiar el nombre de la joven, aunque haya fallecido. 

Al final, haber denunciado le generó frustraciones a Calderón. “Se cuestionaba que por hacer las cosas bien terminó señalada, siendo la peor”, recuerda su madre. “Ella fue la única que tuvo la valentía de hablar. Por haber contado lo que había pasado terminó siendo (vista) como la culpable de que el colectivo se haya terminado”, dijo.

Consultado sobre por qué no presentó las excusas en redes sociales como se pactó ante la Fiscalía, Gahona nos dijo que el documento que debía elaborar con Wendy tras la conciliación tenía dos propósitos: “Primero, resarcir los daños morales de Wendy, y el segundo era el de mejorar mi buen nombre que públicamente había sido lesionado por parte de algunas personas del colectivo. En el acta quedó muy claro que era un documento que debía hacerse de forma conjunta. Tú sabes que un acto de conciliación se firma de forma voluntaria”, dijo. Y agregó: “Hubo un procedimiento, una conciliación, pero hoy lo que dice el SPOA [sistema de información de la Fiscalía] es que el caso está cerrado por conciliación entre las dos partes”.

Periodista: La conciliación se firmó con el compromiso de que usted iba a hacer una publicación en redes sociales y no la hizo…

Yidis Gahona: Pero mira, la querella dice que es un documento que tiene dos objetivos: resarcir el nombre de Wendy y también con el ánimo de mejorar mi nombre públicamente.

Periodista: ¿Tiene claro que en la querella usted es el denunciado y Wendy la víctima? ¿Tiene claro que la injuria por  vías de hecho es un delito? ¿Tiene claro también que al ser Wendy la víctima y usted el denunciado el principal objetivo de las excusas públicas era reparar a la víctima y no al denunciado?

Yidis Gahona: Sí, lo que pasa es que la querella transita a una conciliación y las dos partes están de acuerdo y por eso firmamos.

En uno de los correos que Calderón le envió a Gahona, ella dejó claro por qué no aceptaba el texto de las excusas tal como él las estaba presentando.

“Revisando la respuesta de tu parte no acepto ninguna de las modificaciones realizadas, entiendo tu instinto de salvaguardar y proteger tu patrimonio moral, pero el objetivo de la medida impuesta por la Fiscalía no es ese, el objetivo es el reconocimiento de acciones machistas que derivaron en un daño hacia mi persona y la consecuente reparación que merezco”, escribió Calderón en una de varias cartas a las que tuvimos acceso y publicamos con autorización de la familia. Líneas más adelante, Calderón señaló que el documento elaborado por Gahona la revictimiza.

Denuncias contra el edil de Fontibón

Calderón enfrentó en su ejercicio político otro tipo de violencia desde el mismo entorno de la Colombia Humana en Fontibón. “Por ella denunciar que ese señor tenía títulos falsos y denunciar que al haberse lanzado como edil se había ganado un liderato que no se merecía, ella también resultó agredida, victimizada. La señalaron por haber denunciado a ese señor”, nos dijo Diana Venegas.

La madre de Calderón se refiere a Edwin Enrique Marulanda Bernal, uno de los nueve ediles que integran la Junta Administradora Local (JAL) de Fontibón. A esa instancia llegó en 2020, respaldado por una coalición de los partidos MAIS (al que Marulanda pertenece), Unión Patriótica y Colombia Humana. Durante su campaña fue apoyado de manera directa por políticos de relevancia nacional como David Racero y María José Pizarro. 

La lista de candidatos de esa coalición para las elecciones locales de octubre de 2019 la encabezó Marulanda. El segundo lugar de la lista lo ocupó Calderón. Según varios testimonios, la conformación de la lista y el orden de los candidatos no fue una negociación, sino un acuerdo cerrado y “desde arriba” para que Marulanda estuviera en el primer lugar. 

La inconformidad por la elección de Marulanda como líder de la lista quedó recogida en una carta que ocho personas de la Fontibón Humana, incluyendo Calderón, enviaron al Comité Distrital y Nacional de Ética y Garantías de la Colombia Humana. Los firmantes cuestionan la trayectoria política de Marulanda que, según mencionan, antes había militado en el Polo Democrático y en Cambio Radical.

Pero nada cambió. Marulanda todavía ocupa el cargo, aunque Calderón y quienes la respaldaban alertaron, además, sobre una posible falsificación del título profesional de Marulanda para acceder a un contrato público en 2012. Ese año, Marulanda celebró un contrato con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) para prestar servicios profesionales en administración. Después, en 2013, firmó otro contrato con la misma entidad que fue terminado anticipadamente por solicitud del mismo Marulanda. 

Para confirmar la información de la presunta falsificación del título de Marulanda, Wendy Calderón solicitó al IDIPRON el contrato y los documentos que aportó el edil en el proceso de contratación; entre ellos el diploma y acta de grado, según los cuales el edil se habría graduado como ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

El IDIPRON envió la información y ese fue el insumo con el que Wendy Calderón hizo un derecho de petición a la Universidad Distrital para verificar la autenticidad del título. La respuesta de la institución confirmó las sospechas: “Los documentos que aquí se adjuntan, acta de grado y diploma, no pertenecen a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Francisco José de Caldas”.

Aunque la fecha de grado que aparece en los documentos sí corresponde con una ceremonia que tuvo lugar en la universidad el 2 de abril de 2004, el número del acta de grado que aportó Marulanda corresponde al nombre de otro egresado. La institución confirmó que el supuesto trabajo de grado no existe en las tesis presentadas por egresados de la facultad.

El caso fue llevado ante el Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MAIS. Esa instancia resolvió, en abril de 2022, rechazar la denuncia por “incompetencia del tribunal”, que alegó no tener atribuciones para resolver temas relacionados “con falsificaciones de documentos en trámites contractuales”. Además, argumentó que Marulanda no presentó esos documentos cuando solicitó el aval del MAIS, y que en los años 2012 y 2013, cuando firmó los contratos mencionados, esa agrupación aún no se había constituido como movimiento, por lo que su conducta no se encuadraba en ninguna causal del código de ética.

María José Pizarro también conoció la denuncia y fue instada a pronunciarse, así como lo hizo con el caso de Jennifer Arias, quien cometió plagio en su tesis de grado de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas que hizo en la Universidad Externado. Durante una entrevista reciente con esta alianza, Pizarro dijo que no conocía el caso del edil a fondo. “Desconozco más detalles, no me atrevo a lanzar un juicio contra el edil”, dijo. Explicó que cuando se enteró, trasladó la solicitud de investigación al Comité de Ética del MAIS. “Espero que el partido haya actuado en justicia, porque no soy yo quien debe impartir justicia”, añadió.

El MAIS no tomó ninguna medida contra Marulanda y se lavó las manos. Existe una denuncia en la Fiscalía que está siendo investigada, en la cual el IDIPRON actúa como víctima “por el presunto delito de falsedad en documento público agravada por el uso”. 

Varios testimonios recogidos coinciden en que la confrontación con Marulanda –tanto en medio de la campaña electoral como después con el tema del título– le trajo sufrimiento a Wendy Calderón y a su familia. “Decían que el papá pertenecía al narcotráfico; que el hermano estaba metido en drogas, que por ser mujer y por ser tan joven, que ella no era para que estuviera metida en un tema político, que estaba perdiendo su tiempo”, recordó su madre.

Unos meses después de la muerte de Wendy Calderón se impulsó en redes el hashtag #RenuncieEdwinMarulanda, y días más tarde, en un comunicado de diciembre de 2021, varias organizaciones y personas naturales denunciaron “las violencias políticas y de género, las malas prácticas y posibles delitos” del edil Marulanda. Entre las exigencias enlistaron varias, incluyendo la necesidad de que sea reparado el nombre de Wendy “resarciendo afirmaciones como: Que nunca tuvo vínculos con el narcotráfico; Que tenía vínculos con las FARC; Que practicaba doble militancia (sic)”, entre otras. Además, solicitaron que los movimientos y partidos alternativos generen procesos al interior de sus organizaciones y rutas que permitan abordar a tiempo los casos de violencia política y de género.

La senadora María José Pizarro nos confirmó que no existe este tipo de instrumentos en agrupaciones como la Colombia Humana o el Pacto Histórico, por mencionar solo a colectivos donde ella ha militado. Antes de que se conformara esta última coalición, para las elecciones del año pasado, Pizarro dijo que intentó sin éxito consolidar un mecanismo para atender las violencias basadas en género. Por eso, hoy tramita en el Congreso un proyecto de ley –del que es autora y ponente– “que busca erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres y que tiene una serie de componentes, de mecanismos y disposiciones” que deberán acatar partidos, movimientos, corporaciones públicas y otras instituciones del Estado. El asunto aún está en mora y es urgente. Mientras tanto, el edil sigue en su cargo.

Marulanda fue contactado para conocer su versión, pero no accedió hasta conocer la publicación de este reportaje. 

El caso de Wendy Calderón dejó al descubierto cómo la política hiperlocal se queda sin dientes para elevar denuncias ante instancias más altas; son hechos que terminan siendo subestimados. Lo que le sucedió a esta joven y las luchas que dio infructuosamente la desanimaron del sueño que tenía de hacer política. Su mamá y su hermana Jéssica dijeron que manifestó varias veces que no quería decepcionar a nadie y que estaba pensando en no volver a lanzarse a ningún cargo de elección. El 8 de agosto de 2021 se quitó la vida. Su familia cree que fueron muchas cosas juntas, entre emocionales, psicológicas, laborales, personales y de la cotidianidad, las que se le juntaron al tomar esa decisión. Tal vez nunca se sepa del todo. 

* En Vorágine y La Liga Contra el Silencio seguimos documentando casos como el de esta historia y ustedes pueden ayudar. Si tienen información relevante relacionada con violencias de género o abuso y acoso en la política pueden contactarnos a través de nuestro sistema de denuncias seguro: https://ligacontraelsilencio.com/denuncia/ .