En Colombia, quedarse sin Whatsapp lo pone a uno en serios aprietos. No sólo utilizamos esa aplicación para comunicarnos con nuestras familia y mandarle stickers ridículos a nuestros amigos, sino que se ha vuelto, especialmente desde la pandemia, un canal necesario para cuadrar citas médicas, compartir noticias, trabajar, cotizar y contratar servicios y hasta interactuar con entidades oficiales, entre muchas otras necesidades. 

Por eso, la noticia que se propagó desde el sábado 31 de mayo, según la cual gracias a un fallo de la Corte Constitucional las empresas de telefonía ya no podrán ofrecer las aplicaciones de Meta “gratis”, produjo un revuelo importante en redes sociales, un torrente de memes y una funa a Ana Bejarano, una de las personas autoras de la demanda que condujo a la sentencia. 

La interpretación que primó en redes considera que la demanda y la decisión de la corte son una cachetada a las personas más pobres. Los comentarios atacaron a Bejarano tildándola de ser una gomela desconectada de la realidad, de defender los intereses de Google y de haberle quitado a los pobres lo poco que tienen en términos de acceso a internet. Pero frente a esa forma de interpretar lo anunciado por la Corte hasta ahora –y al margen de las muchas cosas criticables de la manera en que Bejarano se defendió de los ataques– esta columna es un esfuerzo por ampliar el marco de la discusión y mostrar que la decisión de la Corte, que aún no conocemos completa, es una gran oportunidad de ofrecer mayores garantías de derechos para los más vulnerables. 

Glosario mínimo

Para ver el cuadro entero, lo mejor es arrancar por explicar un par de conceptos centrales, empezando por el de neutralidad de la red. Dicho brevemente, la neutralidad de la red es un principio básico de la gobernanza de internet por el cual ni los gobiernos ni los proveedores de servicios de internet (Claro, Movistar, etc.) pueden dar primacía al tráfico de un contenido sobre otro. En otras palabras, es la idea de que todos los datos deben ser tratados igual y nadie puede decidir que un contenido –la app de Bancolombia, el canal de Youtube de Luisito Comunica o las noticias de la Presidencia– goza de más ancho de banda que otro y puede “pisarle la manguera” a su competencia. Este principio busca, entre otras, disminuir formas indirectas de censura y nivelar un poco las condiciones de competencia en la red.

¿Ahora, qué papel cumple el zero rating dentro de la discusión? El zero rating es una estrategia de mercadeo de los proveedores de servicios de internet que, apoyadas por gigantes tecnológicos (Meta, Google, X, etc.) promocionan al público como “gratuito” el uso de ciertas aplicaciones en los planes de datos. Es decir, le da primacía a unas aplicaciones sobre otras en el tráfico de internet, rompiendo, para la Corte, el principio de neutralidad. Esto es clave en contextos de baja conectividad y mayor pobreza, porque las opciones ‘gratuitas’ se vuelven la manera principal –si no la única– de acceder a contenidos, y eso invisibiliza todo lo que circula por otros medios, incluido, como un ejemplo entre muchísimos que podría dar, la página de esta revista. 

De eso tan bueno no dan tanto

Ahora, aclaremos lo siguiente: el uso de estas aplicaciones nunca fue gratuito. Para empezar, su precio está –al menos parcialmente– incluido en la tarifa que paga la persona por su plan prepago. Es decir, de los $4500 pesos que paga alguien por su paquete “todo incluido” (con Whatsapp, Facebook y X ilimitado por 3 días) una parte sí se va en costear este servicio; mercadearlo como gratuito es ante todo una estrategia para hacerlo más atractivo. 

Sin embargo, estudios han demostrado que en algunos países las tasas cobradas a los usuarios cuando el servicio incluye aplicaciones “gratis” son en realidad más altas, lo que refuerza la idea de que en muchos casos es sólo una estrategia de marketing que realmente no le ahorra plata a la gente. 

Pero por otra parte hay buenas razones para pensar que Meta ‘subsidia’ –no sabemos si directa o indirectamente– una parte del servicio, lo que sí podría hacer que este fuera más barato para el consumidor final.  Aunque no sabemos si en Colombia esto ocurre, pues los acuerdos que rigen esta relación son secretos, asumamos que Meta o X, de verdad está ofreciendo un subsidio directo que baja los costos para el usuario final: si de algo podemos estar seguros es de que no lo hacen porque a Mark Zuckerberg o a Elon Musk les interese hacer más amigos en Colombia. Estos ‘subsidios’ son un gana-gana para las compañías de internet y grandes plataformas: el proveedor de servicios tiene una oferta más atractiva para sus clientes potenciales y la plataforma se hace con un segmento mayor del mercado de usuarios en sus aplicaciones. 

Meta, un señor tecnofeudal muy ambicioso

Es fácil ver cómo esta y otras estrategias han tenido muchísimo éxito en países como el nuestro, pero ¿cuál es el problema de que nos den Whatsapp ‘gratis’ o muy subsidiado si al final igual lo necesitamos? Pues justamente ese es el problema: Meta ha creado en nosotros una dependencia extrema de su compañía y al final usar Whatsapp no es una elección sino una necesidad.

Y esta dependencia es muy peligrosa. Piensen en esto: Meta retiene el control casi total sobre los pequeños y medianos negocios que están basados en sus plataformas –como en el caso de las cuentas de Instagram de creadores de contenido o tiendas virtuales de Whatsapp– y ha consolidado un poder desproporcionado sobre qué contenidos consumimos, qué (des)información circula o no por las redes sociales en que todos nos movemos. En este punto Whatsapp intermedia también nuestras interacciones con servicios públicos, a través de chatbots como ‘Elena’ el de Enel-Codensa o ‘Luz’ el de ETB, o incluso el de servicios del Distrito, que se llama Chatico, ala.

Para mí, la pepa del aguacate es esa: la dependencia que hemos desarrollado en este punto es tal que algunas de estas plataformas operan como si fueran infraestructuras públicas digitales. Es decir, han logrado convertirse en mediadores obligados en el acceso a servicios básicos y en la garantía de ciertos derechos. El problema es que, a pesar de tener funciones públicas, no son plataformas públicas, pues siguen estando en manos de magnates privados que deciden –con muy poca supervisión externa, regulación desde instituciones democráticas y cada vez menos atención a los derechos humanos– los contenidos que circulan por allí y el acceso a los mismos.

El tecnofeudalismo, ese concepto que está en boga desde que Yanis Varufakis publicó su excelente análisis el año pasado, se refiere precisamente a eso: las grandes empresas de tecnología operan hoy en día como señores feudales controlando el espacio mismo en que las actividades productivas (e informativas) pueden tener lugar. “Los señores tecnofeudales –dice Varoufakis– logran hacer que nosotros, sin salarios y sin darnos cuenta siquiera que trabajamos para ellos, produzcamos parte de su capital” al utilizar sus servicios ‘gratuitamente’. 

En un país como el nuestro, donde ser youtuber parece a veces una oportunidad laboral más prometedora que conseguir un trabajo en una empresa, manejar un carro particular en Didi o Uber resulta más rentable que ser taxista, y abrir un emprendimiento en Instagram es más viable que montar una tienda en la esquina, es indispensable que entendamos que con cada una de estas acciones los gigantes tecnológicos sacan su tajada consiguiendo aumentar la desigualdad y engordar sus bolsillos. En ese sentido, reclamar por que nos permitan acceder a Whatsapp ‘gratis’ es seguir fortaleciendo a las grandes compañías que nos precarizan cada día un poquito más y que, un usuario a la vez, privatizan los espacios que deberían ser públicos o en que antes, al menos, se podía competir de manera más justa.

Es lógico y comprensible que a las personas les indigne la idea de tener que pagar más por servicios que, como lo hemos dicho, se han vuelto esenciales. Si esa fuera toda la historia, las quejas serían justificadas, pero es muy triste ver que la discusión ha sido sobre simplificada y que los tuiteros acaban defendiendo –pro bono– los intereses de Zuckerberg y Musk. Insultar a Bejarano y a despotricar de una decisión de la Corte no contribuye a cerrar la brecha digital ni a ampliar las garantías de acceso a servicios a través de internet. 

La oportunidad de la Corte

Con el fallo que los magistrados Ibáñez Najar y Ángel Cabo están redactando y que, ojalá publiquen pronto, se resolverán muchas dudas. Si lo hacen bien, tienen una gran oportunidad: pueden exigir a las prestadoras del servicio mantener condiciones similares pero que no favorezcan aplicaciones específicas, por ejemplo, permitiendo que las personas usuarias elijan las aplicaciones que quieren usar sin límite de datos. Es decir, pueden garantizar que pagando lo mismo la gente pueda elegir más. O, incluso, podrían avanzar hacia tarifas preferenciales de datos para habitantes de áreas rurales o un mínimo subsidiado mensual de datos para poblaciones vulnerables, como en India. El fallo puede convertirse en un gran incentivo y un mecanismo para ampliar la cobertura de servicios de internet, pues las empresas no van a renunciar a ese segmento del mercado y van a tener que atenerse a lo que los consumidores puedan pagar. 

Si los usuarios tuviéramos acceso a todo el internet siempre que tenemos acceso a Whatsapp o a Instagram, tendríamos alternativas para contrastar la desinformación que circula por los grupos, podríamos acceder a las páginas de los negocios directamente y sin tener que pasar por las plataformas para comprar o vender, y las citas de la EPS podrían cuadrarse a través de la app de la EPS (ojalá sin bots incompetentes, aunque eso quizá sea mucho pedir).
¡Por supuesto que no se trata de hacerle las cosas más difíciles a los más vulnerables! Se trata de que los bienes públicos sean verdaderamente públicos y de evitar que los billonarios de las compañías de tecnología, que ya se han hecho a un lugar en los espacios más poderosos del mundo, nos sigan haciendo depender de su infraestructura. Con esta decisión la Corte no va a desmantelar el tecnofeudalismo, pero sin duda es un paso en la dirección correcta: bien fallada, esta demanda puede impulsar el desarrollo de nuestras propias infraestructuras públicas digitales, contribuir al cierre de la brecha digital y ayudarnos a recuperar parte de la soberanía y la autonomía que hemos cedido a los señores feudales a cambio de usar Whatsapp ‘gratis’.