¿Por qué Colombia tuvo que regular los precios de los medicamentos?
Desde la Ley 100, en 1993 hasta la gestión de Alejandro Gaviria como Ministro de Salud, la regulación de los precios de las medicinas ha sido rediseñada, pensada y discutida. Y ha sido, sobre todo, un chicharrón que se ha heredado de gobierno a gobierno.
La ley 100 de 1993, que es la ley que creó el actual sistema de salud en Colombia, planteó varias cosas. Por un lado, amplió los beneficios de los usuarios del sistema y creó el Plan Obligatorio de Salud, un paquete de servicios a los que tienen acceso todos los afiliados y que son costeados por el Estado. Por otro, creó un sistema para que quienes tengan recursos puedan aportar a la bolsa pública (el Fosyga) desde donde se desembolsan los recursos para pagar por los servicios de salud –es decir, el régimen contributivo–. Y otro para que quienes no puedan pagar, reciban subsidio del Estado con recursos de los contribuyentes y de otros impuestos, –o sea, el régimen subsidiado–.
La batalla de los precios de los medicamentos en Colombia
Las EPS, laboratorios, embajadas, clínicas, pacientes y médicos son algunos de los participantes de una batalla campal. Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes y ex asesora de Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud, nos ayudó a entender el enredo de cómo se decide cuánto cuesta un remedio en Colombia y por qué los regularon.
Inicialmente, el régimen contributivo era más robusto. Es decir, sus afiliados tenían acceso a servicios más complejos y más costosos. Pero la idea de la ley era que con el tiempo, ambos sistemas se igualaran para que tanto los contribuyentes como los subsidiados pudieran tener acceso a los mismos servicios.
Sobre Santos, entonces, recayó el chicharrón de solucionar la crisis de la salud. El país, sin embargo, aún no había tocado fondo.
Sin embargo, en el 2008, luego de 16 años de la entrada en vigencia de la ley, esta actualización no se había dado. Mientras tanto, el sistema estaba colapsando por varias presiones. Por un lado, cada vez había más medicamentos nuevos que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y que por ser ‘de punta’ eran más caros. A eso se sumó que durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se liberaron los precios de los medicamentos. Es decir, había cero regulación y los laboratorios farmacéuticos tuvieron total libertad para cobrar lo que quisieran por sus productos nuevos.
Eso desencadenó una segunda presión: dado que no se actualizó el Pos, los pacientes cada vez exigían tratamientos y medicamentos más novedosos que no estaban cubiertos en el plan de salud. Lo hacían vía tutela que, si salía favorable, obligaba al Estado a pagar por estos servicios a través de las Entidades prestadoras de salud —las EPS.
Las EPS, entonces, pagaban por los servicios de los pacientes y luego le cobraban al Estado a través del Fosyga, la gran bolsa de recursos donde se recogen los aportes de los afiliados al sistema. Sin embargo, el Estado se demoró en pagar y generó una deuda de 500 mil millones de pesos. Por eso, en 2009, las 15 EPS más grandes del país dijeron que estaban en riesgo de quiebra.
Ante esa situación, el Gobierno de Álvaro Uribe decretó la ‘emergencia social’ por la crisis de la salud. La medida significó que el país entró en un estado de excepción, lo que le dio facultades al presidente para emitir decretos con fuerza de ley saltándose el camino normal de pasar por el Congreso para que éste los apruebe. El Gobierno Uribe emitió varios decretos para solucionar la crisis. Pero en abril de 2010, tres meses antes de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales y los tumbó.
La primera medida que tomó el Gobierno de Santos fue ponerle un tope al precio que pagaba por los medicamentos a través de los recobros.
Sobre Santos, entonces, recayó el chicharrón de solucionar la crisis de la salud. El país, sin embargo, aún no había tocado fondo.
En el 2011 quedó al descubierto una red de corrupción que involucró a varias EPS que estaban cobrando más caro al Estado por los servicios que ellos habían pagado a través de los recobros al Fosyga. Incluso, estaban cobrando por servicios que sí estaban incluidos en el plan obligatorio de salud.
La investigación reveló que en algunos casos, hubo sobre-facturas hasta en un 500 %, se imponían tutelas falsas y funcionarios públicos cobraban tajadas para agilizar los trámites de recobros. Los primeros informes sobre esta red aseguraban que había más de 2 billones de pesos del sistema comprometidos por esta red.
Por eso, la primera medida que tomó el Gobierno de Santos fue ponerle un tope al precio que pagaba por los medicamentos a través de los recobros. La medida buscaba justamente atacar ese ‘carrusel de la salud’ que denunció el Gobierno.
Los únicos que se opusieron abiertamente a esta medida fueron las farmacéuticas multinacionales agremiadas en Afidro. Como contó El Tiempo en ese momento, para el entonces presidente de Afidro, la medida lo que hacía era “destruir la competencia e incrementar artificialmente los precios de las copias”, refiriéndose a los medicamentos genéricos que producen, mayoritariamente, los laboratorios nacionales.
Aún así, la medida fue aprobada. Ese, en todo caso, fue sólo el comienzo. A partir de 2013, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, emprendió varias batallas para regular los precios de los medicamentos que ya habían aparecido durante la emergencia social como una de las causas de la crisis en la salud.
En el camino, el Ministerio se enfrentó con –casi– todos los actores que participan en la industria.
