No queremos aguarles las fiestas, pero tampoco queremos que se les olviden los personajes que este año más embarradas le hicieron al país. Este es nuestro top 5 de los antihéroes del 2018.
Mientras varios se dedican por esta época a resaltar a los que consideran sus personajes del año, en Cerosetenta quisimos recordarles esos personajes que fueron una zancadilla para el país, que fueron protagonistas de las malas noticias o, en general, que marcaron el año de una manera negativa.
(Nota de la Editora: No es por aguar las fiestas, sino para que no se nos olvide.)
“Como nunca antes, las investigaciones por corrupción tocaron los más poderosos intereses”, escribió El Tiempo para resumir por qué, para ese diario, el Fiscal Néstor Humberto Martínez era el personaje del año del 2017. Esa frase sigue vigente un año después, pero ya no para destacar el rol de Martínez sino para evidenciar que hasta él terminó acorralado por el escándalo de Odebrecht.
“Es el campeón de los antihéroes del año”, dice Miguel García, profesor de ciencia política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. “Por sus conflictos de interés en caso de Odebrecht, la instrumentalización de la Fiscalía para salvar su pellejo y el de sus amigos. Una vergüenza”.
La desfavorabilidad de Martínez llegó a su punto más alto con el 33 %, según la última encuesta Gallup. Pero quizá peor es la desconfianza que hay sobre la Fiscalía que él dirige: 62 % de desfavorabilidad según la misma encuesta. Es la cifra más alta desde que la encuesta empezó a hacer esa pregunta en el año 2000.
Frente al caso Odebrecht, los cuestionamientos a Martínez vienen desde dos frentes: por un lado, tras la revelación de las grabaciones que hizo el ex auditor del contrato de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, quedó en evidencia que Martínez sabía de las irregularidades que estaba cometiendo la empresa brasilera en Colombia desde el 2015. Y, que aún así, no las denunció. Además, a pesar de que se declaró impedido en algunos casos que investiga la Fiscalía dentro del escándalo, sólo lo hizo en tres de las posibles 20 líneas de investigación que está siguiendo la entidad.
Seis preguntas ahora que se embolató el fiscal ad hoc de Odebrecht
Aunque la Corte Suprema designó (en un proceso exprés) un fiscal ad hoc –que dicho sea de paso, no sabe de derecho penal– para que se encargue de los tres casos en los que el Fiscal General se declaró impedido, su Fiscalía sigue al frente de investigaciones claves: la de la muerte de Pizano y de su hijo Alejandro –por envenenamiento con cianuro– y la del ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani, Luis Fernando Andrade, a quién el propio Martínez acusó de estar detrás de una ‘conspiración’ en su contra. Así, a pesar de los conflictos de interés que señalan varios expertos, el Fiscal se mantiene firme en su decisión de quedarse al frente de la Fiscalía.
Este año, además, la Fiscalía de Martínez protagonizó varios choques con la Justicia Especial Para la Paz, JEP, el órgano que creó el Acuerdo de Paz para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Primero, en una actuación que el propio Martínez dijo que era irregular, un funcionario de la Fiscalía ordenó una inspección judicial al caso sobre secuestro que abrió la Jep y se llevó el expediente de forma digital. Horas después, y tras una llamada de la presidenta de la JEP a Martínez, éste revocó esa decisión y devolvió las pruebas que se habían llevado. El asunto despertó las alarmas por una intromisión indebida de la Fiscalía en las investigaciones de la Jep.
Además, aunque el fiscal Néstor Humberto Martínez había insistido en que existen pruebas suficientes para tramitar la extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos por narcotráfico este año la Fiscalía mostró que no tiene esas pruebas y quedaron en evidencia los interrogantes que dejan los documentos que sí tiene la justicia de Estados Unidos. El caso sigue en veremos.
Empresas Públicas de Medellín protagonizó una de las crisis ambientales y sociales más grandes de este año. Doce municipios, 300 mil habitantes y una inversión de 11,4 billones de pesos estuvieron en riesgo ante la que se suponía iba a ser una de las obras de ingeniería más importantes del país.
Lea también
A pocas semanas de la entrada en funcionamiento de la Hidroeléctrica de Ituango S.A, conocida como Hidroituango, en abril, ante los retrasos en la obra y ante las lluvias de la temporada se generaron derrumbes e inundaciones que colapsaron el túnel que mantenía el nivel del agua del embalse. Cuando el túnel se destrabó por la presión del agua, aumentó considerablemente el caudal abajo de la construcción de la represa, lo que generó graves afectaciones en las poblaciones aledañas al río Cauca. Ante la situación y en repetidas ocasiones, por Twitter, EMP le anunciaban a los pobladores de la zona que debían retirarse de la orilla del río en cuestión de minutos.
Fueron muchos los cuestionamientos, no sólo ante la crisis, sino desde que fue planteado el proyecto por irregularidades en la contratación, por falta de licencias y afectaciones al medioambiente. La peor catástrofe nunca pasó, pero durante varios días hubo una preocupación inmensa porque si el nivel del agua continuaba subiendo y sobrepasaba el nivel de la presa —que aún no habían acabado de construir— una avalancha gigante hubiera arrasado con las 12 comunidades aguas abajo. Y aunque esto no pasó, los retrasos en la obra y las malas decisiones que se tomaron y que ocasionaron la crisis, hubo familias afectadas, sin casas y desplazadas de sus territorios durante los días que duró la emergencia ante el crecimiento del caudal del río.
“Pues hombre, la verdad, los ataques me resbalan. No me afectan en lo más mínimo. No me quitan un minuto de sueño. Y hay gente que se divierte con eso, bienvenido sea. Todo sea por el entretenimiento del pueblo colombiano”. Con esa frase cerró el año el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Un año en el que le tocó dar varias explicaciones, aunque a veces mandó a otros a que lo hicieran por él, y que a pesar de lo que él diga, no divirtieron a nadie. Más bien, preocuparon.
Carrasquilla llegó al Ministerio después de trabajar en el equipo de campaña y de empalme del Presidente Iván Duque. Aún así, le tocó convencerlo de aceptar el cargo. El funcionario, de entrada, tenía varios cuestionamientos.
El primero —y que le reventó casi que recién posesionado— fue el revivido escándalo por los Bonos de Agua. En resumen, lo acusaban de que, cuando fue Ministro por primera vez en el gobierno de Álvaro Uribe, promovió un cambio de normas que le habría permitido fortalecer un negocio suyo que, además, empobreció a 117 municipios. Aunque el caso no tenía consecuencias legales, sí tenía cuestionamientos éticos. Por eso, congresistas de la oposición, en particular, el Senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, promovieron una moción de censura para sacarlo del cargo. El tema no prosperó, aunque se alargó y en todo caso, el Ministro quedó golpeado ante la opinión pública.
Después vino la reforma tributaria que este Gobierno quiso llamar Ley de Financiamiento. La propuesta del Gobierno, encabezada por Carrasquilla, se sustentó primero en que el anterior Gobierno dejó un déficit de 25 billones de pesos que días después bajaron a 14 billones. Luego revelaron que la espina dorsal de la propuesta era ponerle IVA a toda la canasta familiar, lo que representaba un golpe para las clases medias y ampliaba la inequidad En este punto, el Ministro, con la imagen golpeada, no salió a los medios a ofrecer explicaciones sobre su propuesta sino que mandó a su viceministro, el más jóven del Gobierno a responder. Y, cuando todo el mundo, incluido el ex presidente Uribe se manifestó en contra, la propuesta de Carrasquilla dio un giro de 180 grados en una baldosa y terminó convertida en una reforma tributaria que amplió la carga tributaria para los más ricos. Aún así, no pararon las críticas, porque la reforma dejó exenciones para sectores súper poderosos.
Como si eso no fuera suficiente, el ministro Carrasquilla terminó acusado de nepotismo. El periodista Daniel Coronell reveló en su columna de Semana que su esposa, Clara Parra Beltrán, es la alta consejera presidencial para la Competitividad y el Sector Privado. Y que su hermano menor, es decir, el cuñado de Carrasquilla, fue nombrado subgerente de Estructuración del Fondo de Adaptación, entidad adscrita al ministerio de Hacienda.
El ex jefe del equipo negociador de las Farc, Iván Márquez, tuvo al país en vilo durante casi todo el año. Después de representar la esperanza de la desmovilización de la guerrilla más antigua de las Farc de cambiar las balas por los votos, Márquez no sólo no se posesionó en el Senado sino que desapareció del radar nacional y cada vez aparenta estar más cerca de las disidencias que de los políticos de su recién creado partido político.
Dos semanas después de que la Fiscalía, siguiendo una petición de extradición de la DEA, capturara a Jesús Santrich en Bogotá acusado de narcotráfico, Márquez apareció en una entrevista diciendo que no se iba a posesionar en el Congreso. Se quedó en el espacio de reincorporación de Miravalle, en el Caquetá. A mediados de agosto, y luego de denunciar que el Ejército estaba haciendo operativos en la zona, tanto Márquez como alias El Paisa, abandonaron ese lugar y no se volvió a saber de su paradero salvo en cartas.
La última, que llegó en diciembre, es la más preocupante: “Somos conscientes que transcurrió mucho tiempo y mucha gente buena se desperdigó por la geografía nacional al no recibir orientación alguna. Todo esto es muy triste, sí; pero debemos reaccionar. No todo está perdido. Aún podemos levantarnos, luego de la caída, para desplegar con determinación la bandera al viento de la paz”, dice.
La duda es si Márquez, y los otros líderes de la Farc como Romaña que también se fueron de las zonas de reincorporación, se quieren ir a engrosar las disidencias. Ellos denuncian que entre el partido de Iván Duque y el fiscal “despedazaron la paz”. Lo cierto, en todo caso, es que su ‘desaparición’ es una alarma para la continuidad del proceso, sobre todo cuando este año también se supieron las divisiones internas de ese partido e incrementa la violencia en los territorios que quedaron a merced de los disidentes de las Farc.
Las malas noticias en las que estuvo involucrado Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, las tuvimos todo el año. Comenzó desde enero cuando se le comenzaron a caer sus puentes. El primero fue el del Chirajara en la autopista al Llano, que estaba construyendo una concesionaria del Grupo Aval, que pertenece a Sarmiento Angulo. Una de las vigas del puente no resistió el peso de la estructura y se desplomó. Nueve obreros murieron y ocho quedaron heridos. Y este no fue el único, en noviembre se cayó el puente La Pala, también en la vía al Llano, en el sector del Chirajara. Nuevamente, la concesionaria que lo estaba construyendo es del Grupo Aval y en esta ocasión los muertos fueron cinco.
A esto se suma que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al Grupo Aval por su participación en la construcción del tramo dos de la Ruta del Sol, a cargo de un consorcio integrado por Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana de Sarmiento Angulo), y CSS Constructores. Con esta investigación pretenden determinar la responsabilidad del grupo financiero en los procesos de contratación irregulares que confesó la empresa brasileña Odebrecht en Colombia y otros nueve países latinoamericanos. Por esto mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio, también tiene abierto un pliego de cargos contra dirigentes del Grupo Aval. Es más, al hijo mayor de Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ya le imputaron cargos.
Y relacionado con esas investigaciones está el hecho del año que más estremeció al país, por menos en los últimos meses. Néstor Humberto Martínez, el actual Fiscal, fue el abogado personal de Sarmiento Angulo. Martínez, tras la Muerte de Jorge Enrique Pizano, controler de Corficolombiana, y la publicación de las grabaciones que revelaron irregularidades en los procesos de contratación de la Ruta del Sol II, dijo que esa información sobre los contratos se la había suministrado directamente a Sarmiento Angulo. Es decir, que desde el 2015, tanto Sarmiento Angulo como el actual Fiscal tenían conocimiento de las irregularidades.
Por eso es que, tras las revelaciones de Pizano, se ha cuestionado la relación entre Ángulo y el Fiscal —quien nunca se declaró impedido para investigar los casos de corrupción de Odebrecht—, y se ha promovido la idea de que Sarmiento Angulo haya ayudado/intervenido en la elección de Martínez como fiscal en el 2016.
En el trámite de la polémica ley MinTic (que, a pesar del afán del Gobierno, se aplazó para terminar de debatirse en el Congreso hasta el otro año) salieron a la luz varias acusaciones de censura que dejaron en entredicho el papel que juega Juan Pablo Bieri como gerente de RTVC, la entidad encargada de programar, producir y emitir los canales públicos de radio y televisión del país. La primera fue la de Santiago Rivas que dijo que le cancelaron su programa ‘Los puros criollos’ en Señal Colombia después de que criticó públicamente la ley. Y denunció que el canal despidió a 22 compañeros que también mostraron en público sus críticas.
Luego fueron los periodistas de Radio Nacional de Colombia Carlos Chica y Andrea Olano los que se tomaron los micrófonos para denunciar que les llegó la orden de los directivos de RTVC de no participar en una entrevista que iba a hacer la emisora al presidente Iván Duque. En cambio, mandaron a dos periodistas externos. El escándalo que generaron estas denuncias dejó contra las cuerdas a Bieiri.
