“Si yo hubiera sabido que las emociones se gestionaban, pues no le clavo la tijera”, le confesó a Olga Lucía una peluquera en la cárcel, que había matado a su marido en un arrebato de ira.

Olga Lucía, durante una década, trabajó en hospitales y en la Secretaría de Integración Social. Recuerda salas de urgencias donde llegaba “herido el delincuente, pero también la víctima, ¿a quién se atiende primero?”. Recuerda el ciclo trágico de algunos niños y niñas que entraban a centros de protección para luego regresar, ya adultos, a programas de prostitución, delincuencia o habitabilidad de calle. “Hoy en Colombia no hay oportunidades para todos, ni para estudiar, ni para acceder a salud mental».

«Creo que el Estado tiene una deuda en sus servicios de protección para tener mejor a sus ciudadanos y una mejor sociedad”.

 “Parte de lo que hoy somos como sociedad es por todo el conflicto que hemos vivido. ¿Cómo solucionamos nuestros conflictos, nuestras diferencias? Casi siempre con violencia y agresividad, con intolerancia, no con diálogo. Porque nos lo enseñaron así”. Con sus palabras reconoce las erosiones del conflicto en nuestra salud mental, y el efecto que nuestra salud mental ha tenido en esos mismos conflictos.

Admite que su propia experiencia como madre la confrontó con la inequidad. Poder llevar a sus hijos al psicólogo, dice, “es parte del privilegio que yo tengo de poder pagarle un psicólogo a mi familia. Definitivamente no puede ser un privilegio acceder a algo tan importante y tan valioso como la salud mental”. 

Y la admisión de esta necesidad (cuidar la salud mental en un país en donde poco se cuida la vida) ya resuena: “Esta ley fue aprobada por unanimidad. Eso es algo de resaltar y es que tuvo el apoyo de todas las bancadas, no hubo votos negativos”, lo que celebra un consenso que involucró a casi 120 actores expertos en psicología, psiquiatría, pedagogía y demás.

Por fin una ley con dientes

La Ley 2460 de 2025, ese sería el nombre preciso, fue firmada el 26 de junio de 2025, pero, aunque lo parezca, no es la única ley de salud mental en Colombia. Ya existía la Ley 1616 de 2013, un hito debido a su apuesta por garantizar el derecho a la salud mental a la población colombiana, y por haber priorizado la atención a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué hacía falta la nueva ley? 

“Esta ley es complementaria a la 1616 porque no anula los otros artículos. En realidad también fui partícipe de esa ley. Estaba como subsecretaria de Integración Social cuando empezó a discutirse y trabajamos su desarrollo”. Pero lo que más recuerda de esa ley eran sus carencias.

La principal, explica, era la inexistencia de una Dirección dedicada a la salud mental: “No había una Dirección de salud mental en el Ministerio de Salud. Y entonces, ¿con quién hablaba?”. La falta de una cabeza visible hacía que la enviaran de un referente a otro, diluyendo proyectos y responsabilidades. Por esto “la nueva ley crea una instancia de nivel directiva de salud mental dentro del El Ministerio de Salud (artículo 32)”, una instancia burocrática directamente responsable de la ejecución y el seguimiento de los proyectos.

Tampoco había un presupuesto. “Nunca se le asignó plata a la ley 1616” lo que dejaba mueca a la ley, sin poder de ejecución. Con frecuencia le decían “no quedó plata para actualizar el sistema, no quedó plata para actualizar la encuesta”. Es por esto que “La nueva ley crea una subcuenta (un presupuesto dedicado a la salud mental) dentro del Ministerio de Salud (artículo 29)”. 

Ambas carencias se materializaban en una ausencia de información, lo que imposibilitaba tomar decisiones pertinentes. “Imaginemos que se suicidó un joven de 17 años en Vaupés (el departamento con mayor tasa de intentos de suicidio del 2024, donde la mitad de intentos son realizados por jovenes entre 10 y 19 años). ¿Son iguales las causas a las de un suicidio en Risaralda? Un suicidio en Chapinero es distinto a uno en Ciudad Bolivar”. La nueva ley contará con un sistema de información para la prevención y atención integral en Salud Mental (artículo 27)”.

“Es que la ley de verdad es una ley de primer mundo”, le dijo una conocida a Olga Lucía. “Yo le dije, ‘pues no, es una ley que es necesaria’”.

Las tres carencias de la ley pasada son los tres pilares de la nueva ley. Existirá una entidad autónoma, con capacidad de decisión, recursos y datos que ejecute los mandatos de la ley; es decir, ya no se pueden pasar la bola dentro del Ministerio. 

Sólo hay salud mental si es para todxs

La nueva ley es específica con sus beneficiarios, en parte debido a que “la construimos con cerca de 120 actores, como el Colegio Colombiano de Psicología, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y variadas entidades dentro y fuera del Estado”.

Los niños y las niñas se beneficiarán en sus colegios, con educación socioemocional y comités de salud mental. Las familias, con espacios pedagógicos para padres y cuidadores. Los jóvenes contarán con programas que tengan en cuenta su contexto social, cultural, étnico y económico, mientras que el componente comunitario formará agentes locales capaces de dar primeros auxilios psicológicos y enlazar a las personas con los servicios de salud mental. Nada más basta recordar que en Colombia el 44.7% de las niñas y los niños en Colombia muestran indicios de afectaciones en su salud mental, y que seis de cada diez colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental.

La ley además exige que el Estado disponga de profesionales, recursos y servicios en salud mental en zonas rurales y en poblaciones desprotegidas. Incluso se reglamente una ruta de atención en salud mental para colombianos en el exterior. También se exige la entrega ininterrumpida de medicamentos psiquiátricos y neurológicos a las entidades prestadoras de salud. La población en general tendrá acceso a una red mixta de prestación de servicios en salud mental, una sola red de hospitales públicos y clínicas privadas de fácil consulta y con información detallada sobre los servicios que ofrecen.

Las víctimas del conflicto tendrán programas específicos de salud mental.  “Entender la historia de nuestro país, es entender que efectivamente el conflicto armado sí ha generado rupturas en el corazón”. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, 7,9% de los adultos colombianos reportan eventos percibidos como traumáticos relacionados con el conflicto armado.

Por su parte, las personas privadas de su libertad y los jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente recibirán acompañamiento psicológico.  “Proponemos un tamizaje que identifique factores familiares y de fondo, para identificar si la persona efectivamente tiene un trastorno. A veces entran personas que simplemente no saben gestionar sus emociones, o que necesitan un refuerzo en cambio de hábitos”. Además, imagina que los tamizajes identifiquen las habilidades de las personas, para reforzarlas con acompañamiento psicológico en búsqueda de la resocialización. “Hay jóvenes que efectivamente les falta tener oportunidades, jóvenes que que no han recibido ni una caricia, ni un abrazo, que creen ser una miseria. ¿Cómo le levanta la autoestima a alguien que cree que es una miseria? Si usted le da la oportunidad a un joven de aprender, y le da afecto, el joven cambia. Yo lo vi en mi trabajo”.

Con la nueva ley, las empresas y entidades públicas deberán revisar y mejorar sus normas para prevenir el estrés, el acoso y demás riesgos. La intención es fomentar espacios seguros y saludables en el trabajo. “Será un trabajo para las ARL, tienen que hacer evaluaciones psicosociales desde un punto de vista protector. He sido muy crítica de las ARL porque digo que lo que hacen en salud mental es regalar esas pelotitas antiestrés y unos brochures. Esto les da una ruta de acción”.

El artículo 16 requiere que el talento humano dedicado a salud mental (psicologxs, psiquiatras) reciba capacitación continua. “La responsabilidad la tiene el Ministerio de Salud, pero también las EPS y las IPS donde usted trabaje. Aquí no hay una responsabilidad en este momento directa, pero en la reglamentación sí va a quedar”. Explica que este componente es fundamental porque las personas cambian con su entorno. “Mis hijos se llevan cuatro años, pero son generaciones completamente distintas”.

“Si las redes sociales son adictivas, son un vicio, ¿por qué no pagan impuestos como los otros vicios?. Así como los cigarrillos, así como el licor».

La nueva ley intentó abordar los nuevos problemas causados por las redes sociales e internet. El artículo 8 exige la creación de un sistema especial de vigilancia entre la Fiscalía, la Policía y la Procuraduría para recibir y responder denuncias de contenidos en internet que vulneren a adolescentes o a niñas y niños. 

Sin embargo, Olga Lucía quisiera haber logrado más, y adelanta un proyecto de ley para que las redes sociales verifiquen la edad de sus usuarios con la Registraduría y paguen un impuesto que contribuya al sistema de salud.

Los pendientes: reglamentación, despliegue territorial y pedagogía

La Ley ya entra en etapa de reglamentación, donde se definirán especificidades y responsables de su ejecución. Olga Lucía enumera cuatro prioridades: crear la red mixta de salud mental para mapear la oferta pública y privada; asegurar que los equipos de atención primaria incluyan psicólogos; coordinar las acciones entre los ministerios involucrados; y ejecutar la inversión de recursos. “Para la subcuenta de salud mental, el Ministerio de Salud sacará por primera vez un crédito de 150 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinado específicamente para la salud mental de los colombianos”.

El despliegue territorial se refiere a llevar ofertas en salud mental a todo el territorio.  El ASIS 2024 muestra una profunda escasez, especialmente en regiones como Vaupés y Guaviare, donde la existencia de psiquiatras era nula. “La mitad del país no tiene psiquiatras, es verdad. Lo primero es que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación amplíen las plazas de psiquiatría, porque ahí hay un gueto de cupos limitados. ¡Qué se amplíen las plazas de psiquiatría!”. Y aunque “tenemos cerca de 250.000 psicólogos en el país, no todos son clínicos, no todos están aptos para atender pacientes. La ley propone que los estudiantes de psicología hagan servicio social obligatorio, que trabajen con las comunidades, que se tenga experiencia en acompañamiento antes de graduarse”. Para verificar el cumplimiento de estas dificultades, y que no queden en el aire, el Artículo 31 establece un informe anual al Congreso desde El Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con el Consejo Nacional de Salud Mental.

El tercer tema es la pedagogía en salud mental. Para esto el artículo 8 exige que el Observatorio Nacional de Salud Mental vigile el mercado de los contenidos audiovisuales (programas, videos y publicidad) para proteger a niños, niñas y adolescentes de material que pueda dañar su desarrollo o incitar al odio. Con base en sus hallazgos, publicará un informe anual para orientar las políticas públicas y creará contenido pedagógico para educar a la ciudadanía sobre salud mental y prevención. Es por esto que la Ley menciona a RTVC y a la comunicación ampliamente. 

“La promoción de la salud mental busca enseñar que una cosa es salud mental y otra cosa es trastorno mental. Para mí esa es la base para cambiar la estigmatización. ¿Qué es la salud mental? Salud mental es un estado de bienestar, la posibilidad de encontrar el proyecto de vida, es poder tener equilibrio entre el cuerpo y la mente, tener armonía, superar los obstáculos que se presentan a lo largo de la vida, ponerse en los zapatos del otro, solucionar los conflictos a través del diálogo, aprender a gestionar las emociones y no que la emoción me gestione a mí. Eso es salud mental. ¿Y los trastornos mentales qué son? Pues la ansiedad, la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, etcétera”. 

Acá el lenguaje para Olga Lucía es la diferencia. “¿Qué es lo importante para no tener estigmatización? Que el trastorno no me define. Si alguien padece un trastorno depresivo, podrá decir ‘padezco depresión’, en vez de decir ‘soy depresivo’. Ni la depresión ni la ansiedad ni los trastornos nos definen. Eso es lo que vamos a lograr dentro de unos años. Eso es lo que soñamos. El otro elemento fundamental es que la salud mental se abre para todo el mundo”.

La importante es la gente

“Mira la importancia que tienen los medios en el lenguaje”, dice Olga Lucía al referirse a una entrevista que le hizo uno de los medios más grandes del país. El entrevistador casi le exigía decir si era o no petrista. “No tengo que ser o no ser petrista. Mi causa es la salud mental, es la economía solidaria, es la educación. Yo soy una persona de centro, yo apoyo las reformas, pero yo no soy petrista”. Y el periodista le dijo: “Lo que pasa es que los términos medios no venden”. 

Sale del relato. “Por no vender estamos dañando a la gente. Aquí tenemos que volver a poner a la persona en el centro. La persona es lo más importante, la vida es lo más importante. Que me quiten likes. Se le está enseñando a la gente que el amarillismo, que violar la intimidad del otro es bueno. Aquí el irrespeto vende, la agresión vende, el insulto vende. Tenemos que aprender a respetarnos y a valorar la vida”.

Estas evidencias de la agresión en el lenguaje no se limitan a la política, explica. “Aquí pasa que el señor que le pega a la señora y dice, ‘es que no me hagas enojar, es que tú me incitas, es que si tú te pusieras una ropita distinta, pues yo no me pongo celoso’. Se le echa la culpa al otro. Nos llegó la hora de asumir nuestra mayoría de edad. La mayoría de edad incluye asumir responsabilidades”.

Asumir responsabilidades, concluye, es la tarea de un país que madura. Y la Ley 2460, con sus deberes claros parece ser precisamente eso: un primer paso para que Colombia, como sociedad, asuma la responsabilidad de cuidarse y cuidar del otro.