Las mujeres abortamos a pesar del delito, ¿pero en qué condiciones?

Eliminar el delito de aborto del Código Penal en Colombia es una tarea urgente. Mientras eso ocurre, miles enfrentan procesos penales o ponen en riesgo sus vidas por ejercer la autonomía sobre sus cuerpos.

por

Luisa Fernanda Gómez Cruz

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


06.08.2021

Este texto fue originalmente publicado en MANIFIESTA como parte del proyecto MAREA: por el derecho a decidir. Este contenido fue realizado en alianza con Causa Justa.

Cuatro horas después de empezar a tomar las pastillas de misoprostol para autoinducirse un aborto, María* empezó a tener fuertes oleadas de dolor. “No sé cómo se sentirán las contracciones, pero creo que así era. No acababa de terminar una cuando ya estaba sintiendo la otra”, dice. Tuvo miedo. El dolor en la pelvis, que la atravesaba hasta la espalda, se le estaba haciendo insoportable y decidió acudir al hospital principal de la ciudad a la que llegó a vivir unas semanas atrás en Norte de Santander.

María tenía 16 años. Nació en el área rural de un municipio del Meta, a casi tres horas de Villavicencio. Se mudó a Norte de Santander en abril de 2019 para estudiar en la universidad la carrera que ella soñaba, y se enteró de que estaba embarazada justo antes de comenzar las clases. Un embarazo que no deseaba, ni que había planeado, que se llevaba por delante el futuro que había imaginado para ella en ese momento.

Cuando llegó al hospital la atendió una doctora que le hizo preguntas de rutina: qué sentía, desde cuándo sentía dolor y si había tomado algo. María no quiso decirle lo que había hecho, pero cada vez se sentía más acorralada. La doctora la hizo desnudarse de la cintura para abajo: “Si no me dice la verdad, yo no la puedo ayudar”, le dijo. Ella sintió que no tuvo opción: le contó que se había tomado seis pastillas de misoprostol: cuatro por vía oral y dos intravaginales para autoinducirse un aborto.

“A usted qué le pasa”, cuenta María que le dijo la doctora: “Usted es inconsciente o es inmadura. Eso es un delito”, y procedió a llamar a la Policía, sin haber terminado de atenderla.

A los cinco días, María salió del hospital señalada como “la que abortó” por médicos y practicantes, y una denuncia judicial por el delito de aborto, a pesar de que su caso entraba en una de las tres causales de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional que despenaliza parcialmente la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, en Colombia: cuando el embarazo es producto de acceso carnal violento, cuando el feto tiene una enfermedad que haga imposible su vida fuera del útero y cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, entendiendo salud como un completo estado de bienestar emocional, psicológico y físico.

María entraba  en esta última causal por las grandes afectaciones que implicaba para su proyecto de vida y su salud mental ser madre a esa edad. “Ninguna mujer quiere serlo a los 16 años”, dice. Por eso “estaba decidida [a abortar] desde que me enteré”. Pero, ¿cómo es posible que haya terminado con un proceso judicial? Por el estado ambiguo del aborto en Colombia: a pesar de ser despenalizado en tres casos, también es un delito tipificado en el artículo 122 del Código Penal. Quien aborte, o quien asista el procedimiento, puede enfrentar de 16 a 54 meses de prisión, se lee en la norma.

Con la consciencia de que en Colombia la principal barrera para acceder al derecho de aborto es la existencia del delito, el movimiento Causa Justa interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para eliminarlo y avanzar en una regulación favorable para todas. 

Entre más lejos de las ciudades, más lejos de los derechos 

Así, a pesar de estar cobijada constitucionalmente, María entró a ser parte de la cifra de mujeres que enfrentan barreras para interrumpir su embarazo y que viene creciendo a partir de 2006. Desde ese año, se han registrado en los sistemas de la Fiscalía General de la Nación 5.646 procesos por el delito de aborto, de los cuales 259 obtuvieron sentencia condenatoria y 95 sancionatoria.

“En La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hemos entendido que las barreras son un conjunto de conductas que, por acción o por omisión, constituyen limitaciones u obstáculos para que las mujeres puedan acceder de manera efectiva y oportuna al servicio de salud, sin importar el régimen de afiliación, para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”, señala Carolina Triviño Maldonado, abogada y asesora de casos de esta organización feminista que hace parte de Causa Justa. 

Tanto Carolina como Natalia Díaz, miembro de Medco Support para Médicos Sin Fronteras (MSF) España en la misión Colombia, y Alejandra Medina, cofundadora de la Colectiva de Acompañamiento Llanera (Coalla), coinciden en que una de las principales barreras en el país es la falta de información. Tanto de las mujeres que necesitan una IVE, como de los sistemas de salud y judicial y, en el caso de menores, del sector protección. 

Esta también se encuentra en la categorización de las barreras más frecuentes que enfrentan las mujeres para acceder a la IVE, realizada en 2017 por La Mesa a partir de los más de 1.400 casos que han acompañado. 

“Al ser esta la primera barrera, es tal vez la que más las pone en riesgo, porque como creen que no está permitido, empiezan a realizarse una serie de prácticas con tal de interrumpir su embarazo: tomarse bebedizos, introducirse cosas dentro del canal vaginal; Alka Seltzer, un limón…”, señala Natalia. Prácticas que ha visto con tanta frecuencia que, sostiene, muchas de las mujeres “que llegan a los servicios de MSF han intentado interrumpir su embarazo de alguna forma”.

Y no es la única experiencia. Coalla es una organización que suministra información y acompaña a mujeres que quieren interrumpir sus embarazos en Villavicencio, Cumaral, Restrepo y Granada, en el departamento del Meta. Alejandra, su cofundadora, cuenta que en los barrios de Villavicencio se escucha a las mujeres decir “que ellas han abortado, que han acudido a mujeres que trabajan con magia, con brujería para hacer abortos a través de tomas, o han tomado purgas, vitamina C”.

A medida que los proyectos de MSF se asientan en regiones como Tumaco, Buenaventura o La Gabarra, y que Coalla va brindando más información y acompañamiento sobre IVE, las prácticas inseguras disminuyen, porque “una mujer que conoce y sabe de sus derechos, accede y sabe de la causal que la pueda apoyar en ese momento”, argumenta Alejandra.

Carolina, Natalia y Alejandra aseguran que las barreras que enfrentan las mujeres en Colombia para abortar son más frecuentes y más profundas cuando viven en zonas rurales, alejadas de los cascos urbanos, y en población migrante. Por ejemplo: la organización Women’s Link Worldwide denunció que en Norte de Santander son constantes las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos y a la IVE. El 7 de septiembre de 2020, la organización interpuso ante el juzgado administrativo de Cúcuta una acción popular denunciando que estas barreras empeoraron con lo dispuesto para enfrentar el COVID-19.

***

La historia de María ejemplifica esta primera barrera: no conocer las causales de la sentencia la llevó a buscar en internet cómo interrumpir su embarazo. Lo primero que encontró era que podía hacerlo de forma segura en Profamilia en Cúcuta, pero estaba a dos horas de allí.  Por eso decidió autoinducirse un aborto con misoprostol, que ocurría con normalidad, de acuerdo con Laura Gil, ginecóloga, obstetra y miembro de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.

“Eso que cuenta ella de que sentía contracciones, es así. Es el misoprostol haciendo efecto”, dice Laura. El paso siguiente era completar la dosis: cuatro pastillas, dos veces más, cada tres horas. Pero ante la falta de información, María corrió al hospital por el dolor.

Una investigación de La Mesa próxima a ser publicada afirma que en el 75% de los casos judiciales descritos por la Fiscalía General de la Nación, entre 1998 y 2018, lxs médicxs, y otros operadores de salud, son quienes denuncian a las mujeres por practicarse un aborto. Esto, a pesar de que la Directiva 006 de 2016 de la Fiscalía exige que las denuncias que violen el secreto profesional, o en las que sea claro que el caso hace parte de una causal, no sean admitidas y se archiven. La denuncia de María debió seguir ese proceso.

Las causales son interpretadas con base en prejuicios 

Cuando María llegó al hospital no obtuvo información sobre el derecho a la IVE de la médica que la atendió, ni de la policía que la interrogó, ni de la trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que llegó a acompañarla por ser menor de edad. Nadie le dijo que tenía derecho a decidir sobre su cuerpo, y por el contrario, todas le decían que había cometido un delito y que si no fuera menor de edad podrían llevarla presa.

“La primera información que muchas mujeres reciben llega cuando solicitan una cita médica. El lugar donde más se desinforma es en esa primera valoración, cuando las mujeres están en su EPS y cualquier persona desestima el diagnóstico y dicen que no entran en las causales”, cuenta Carolina.

Esto último que menciona ella se relaciona directamente con la segunda barrera que encontró el documento de categorización de La Mesa: la ‘interpretación restrictiva y errónea de las causales’, muchas veces basada en los propios prejuicios de médicxs y fiscalxs, y el entendimiento de la salud como algo que no involucra lo mental y lo social, como la define la Organización Mundial de la Salud.

“Se piensa que salud es solo un asunto físico”, dice Alejandra, cuando enfrentar un embarazo no deseado y no planeado, implica unas afectaciones emocionales que entran en la causal. La Corte Constitucional ha dicho, además, que si la mujer siente que está ante un riesgo físico, mental o emocional que no quiere correr, puede interrumpirlo.

Dentro de esta barrera también entra el ejercicio inconstitucional del derecho a la objeción de conciencia. El alto tribunal ha dicho que solo podrá objetar quien participe directamente en la intervención o procedimiento, y no en actos preparatorios o posteriores, y que las EPS e IPS deben contar con el personal para la atención del servicio de IVE. 

Aún así, Natalia cuenta que en Médicos Sin Fronteras “nos hemos enfrentado a la objeción de conciencia institucional, que ni existe. Nos pasaba que el de farmacia era objetor de conciencia, el de facturación era objetor de conciencia, el auxiliar de enfermería, el que entrega los medicamentos…”. Es decir, la multiplicación de un mismo obstáculo para acceder al derecho.  

Hay fallas en la prestación del servicio de salud

Un tercer grupo de barreras tiene que ver con fallas en la prestación del servicio de salud. En el caso de María, “lo que seguía era darle más misoprostol para que terminara la expulsión”, explica Laura. En vez de eso, el hospital al que ingresó la interrogó, le preguntó varias veces por qué lo había hecho, la dejaron hospitalizada por varios días hasta hacerle un legrado, un procedimiento que Laura no recomienda por ser muy invasivo. 

La ginecóloga asegura que era innecesario este tiempo y que seguramente lo hicieron para retenerla mientras la Fiscalía respondía a la denuncia.

“Todo el tiempo me trataron mal por haber abortado”, cuenta María. “Lo que más me marcaba era que pasaran los estudiantes de prácticas y llegara el doctor y dijera a todo el mundo ‘bueno, esta muchacha es la que abortó’. Me hacían desnudar que pa’ verme y me ponían en camillas con mujeres a las que se les vino el bebé y ellas ahí llorando y los doctores comparándolas con uno”. Alejandra y Carolina cuentan que han acompañado casos en los que las mujeres son sometidas a las mismas prácticas.

Es apenas lógico que después de historias como las de María, las mujeres no confíen en el sistema de salud. Alejandra y Carolina han acompañado casos de mujeres que aún sabiendo cómo acceder a una IVE, no quieren acudir a su EPS por miedo a que su información sea divulgada o a que las maltraten. 

Laura, por su parte, cuenta que muchas veces lxs médicxs que no están de acuerdo con la IVE piensan que al denunciar a las mujeres que se inducen un aborto, las demás evitarán hacerlo y maternarán forzadamente. Pero lo que ocurre en realidad es que dejan de acudir a los servicios de salud porque saben que terminarán siendo denunciadas.

Esta práctica repercute también en lxs demás médicxs de los centros de salud. “Algo que nos comentaban los doctores en las EPS, es que había médicos que no tenían problema en realizar un aborto”, cuenta Natalia, “pero entonces se convertía en un problema para ellos porque sus colegas comenzaban a llamarles ‘asesinos’ o ‘aborteros’”.

Hace 15 años, cuando se despenalizó el aborto, las causales parecían una buena herramienta para que prácticamente cualquier mujer puediera acceder al derecho. Con el tiempo ha sido evidente que no son suficientes y que, con el delito de aborto vigente, las barreras siguen existiendo. “Claro, hay una sentencia que despenaliza el aborto en tres causales, pero en la mente de la gente está la palabra delito. Y mientras esté el mote de delito la gente va a tener miedo”, dice Natalia. “Antes de la sentencia C-355 en el Código Penal se castigaba el aborto bajo cualquier circunstancia. Entonces a la gente se le quedó eso”, añade Carolina.

Según el Mapa de las Leyes de Aborto en el Mundo que realizó el Centro de Derechos Reproductivos, la tendencia en el mundo ha sido ampliar las leyes de aborto en los últimos 25 años, incluidos países de América Latina. Cada vez es mejor comprendido que criminalizar el derecho a aborto solo significa más cargas para los sistemas de salud, pues empuja a quienes necesitan acceder al aborto a la clandestinidad. 

***

Después de siete meses de visitas de psicólogxs, trabajadorxs sociales y policías, y de sumirse en una depresión por tener que enfrentar un caso judicial, María fue declarada culpable del delito de aborto. Según cuenta ella, los meses del proceso contaron como su pena, por lo que no fue privada de la libertad ni tuvo que cumplir requisitos adicionales. 

Esto no quiere decir que su vida haya quedado intacta luego del caso. Apenas pudo se fue de Norte de Santander, dejó de estudiar lo que quería por temor a volverse a encontrar con la médica que la denunció y la policía que la interrogó, y volvió a su pueblo natal. Durante un tiempo su proyecto de vida quedó suspendido en el tiempo. Hoy, con fuerza en su voz, cuenta que ya superó todo el asunto y está lista para volver a la universidad, pero en otro departamento.

Mientras la Corte decide ante la demanda de Causa Justa, las mujeres seguiremos abortando como siempre lo hemos hecho. Y “si sigue así, se sigue anulando el poder de las causales, se sigue anulando el poder de decisión de las mujeres y se sigue prohibiendo que las mujeres accedan a su derecho. Muchas de pronto buscan otras alternativas y dan con buenas redes de acompañamiento. Pero otras van a dar con procedimientos que les van a dejar daños de por vida o van a estar judicializadas por su decisión”, dice Alejandra. 

La eliminación del delito permitiría superar las barreras que hoy hacen que mujeres como María se enfrenten a un proceso de judicialización y arriesguen su vida.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.

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Luisa Fernanda Gómez Cruz

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


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Luisa Fernanda Gómez Cruz

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


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