Nicolás acaba de cumplir 18 años. Es bailarín, le gusta el arte y quiere dedicarse a la gestión cultural cuando se gradúe al final de este año pero, a diferencia de sus compañeros, él no tendrá la misma facilidad para aplicar a universidades. Desde que entró a bachillerato, su ritmo de aprendizaje es más lento y difícil comparado con el de los demás. Nicolás sufre de una discapacidad cognitiva, síndrome del X Frágil.  “Quiere decir que, por el cromosoma de la madre, el X no llega completo, entonces eso se evidencia en problemas fundamentalmente cognitivos y de comunicación”, explica Ricardo Bonilla, el padre de Nicolás. “El médico nos dijo hace unos cinco años que Nicolás tiene una deficiencia, pero nosotros no lo sabíamos”.

Según cifras de la Secretaría de Educación, en los colegios públicos de Bogotá hay matriculados 10.590 estudiantes que, como Nicolás, tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. Como Ricardo, muchos padres con hijos en situación de discapacidad desde edad temprana se enfrentan a las dudas sobre la educación con una pregunta vital: ¿qué tipo de educación deben recibir en estos casos? Esta cuestión ha generado debates en el Ministerio de Educación durante más de una década, principalmente en torno a una polémica particular: ¿enviar a los niños con discapacidad a centros de educación especializada es discriminación? En el 2009 el ministerio de Educación, a cargo de Maria Cecilia Vélez, les exigió a las escuelas públicas aplicar políticas de educación inclusiva que garanticen que los estudiantes reciban una educación pertinente sin ningún tipo de discriminación.

“Entonces se terminó con los centros de educación especializada, donde estaban los niños de alguna manera aislados y se llevaron al aula normal”, dice Óscar Eduardo Pinzón, rector del colegio departamental Enrique Pardo Parra de Cota al que asiste Nicolás. Óscar ha sido rector de esta institución desde hace siete años, por lo que ha lidiado con el proceso de inclusión desde su concepción. “La idea es buena, el asunto es que no había preparación en los docentes para eso, entonces inicialmente nuestra tarea se vio en el piso porque nos limitábamos a matricularlos y tenerlos ahí”. El Decreto indicaba que debían implementarse programas de formación para los educadores, entre otras medidas económicas que garantizarían una educación de calidad, pero estas nunca se materializaron.

En el 2013 el Congreso estableció la Ley Estatutaria 1618 para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a través de asignación de recursos, programas de capacitación para docentes y familiares, garantía de ingreso de estos estudiantes a educación superior, adaptación de currículos, entre otras medidas que prometían un avance en inclusión. Al papá de Nicolás le informaron acerca de estas medidas en la EPS y decidió transferir a su hijo de un establecimiento especializado a un colegio público.

“Nosotros consideramos que él necesitaba enfrentar la vida de manera real, no encerrado en una cápsula”. Ricardo es, además, profesor de Literatura y Lingüística en la Javeriana y en la Universidad Central. Como educador, este cambio le parecía potencialmente positivo. Sin embargo, al enfrentarse con la realidad, quedó muy decepcionado. Óscar Pinzón, el rector, hace eco de las preocupaciones de Ricardo y añade: “En reuniones y encuentros de rectores se menciona el tema, y se nos motiva y se nos insta pero a trabajar con las uñas, porque que yo conozca de recursos específicos, no”.

A pesar de esto, existe una medida favorable que sí se ha aplicado: la contratación de Adriana Segura, una psicóloga que se encarga de la evaluación y seguimiento de los niños, además de dar a los profesores sugerencias de psicopedagogía. Pero Adriana considera que los niños con discapacidad necesitan un proceso más personalizado: “Yo trabajo en dos colegios a la vez, así que sólo puedo hacer una intervención cada ocho días. Por otro lado, los maestros tienen salones de 35 a 37 estudiantes. No hay demasiados chicos de inclusión pero falta capacitación y para el maestro siempre es difícil”.

Sandra Jaramillo está de acuerdo. Es docente de Física, Matemáticas y Ética y se encuentra con problemas de tiempo y conocimiento a la hora de dictar clase. Lo anterior se suma a que aún no existe en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) un currículo especializado para estos casos, así que el docente tiene que preparar cada clase por su cuenta para un grupo de dos y hasta tres niveles de aprendizaje diferentes. Las soluciones para lidiar con esto dependen de la dedicación del profesor y sus habilidades pedagógicas, por lo que en la mayoría de los casos optan por estrategias solidarias que incluyan a todos los estudiantes y fomenten la empatía entre todos, como en el caso de Sandra, quien estudió psicología para lidiar con estas situaciones.

Estas medidas también ayudan a la sensibilización estudiantil respecto a la inclusión. De acuerdo a la ley 1618 del 2013, los colegios deberían tener jornadas guiadas desde el Ministerio pero muchas veces no ocurren, lo que convierte a la inclusión en un tema de potencial rechazo. “Se necesita toda una sensibilización para que los niños sean altruistas porque, sin el debido proceso, los otros niños son muy crueles, aíslan al compañerito, se burlan, lo agreden. Entonces, por ahora, es el docente el que debe hacer todo un proceso de tolerancia, para el cual muchas veces no está capacitado”, explica Óscar Pinzón.

La medida más reciente respecto a la inclusión en instituciones educativas es el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, cuyas medidas plantean un proceso de adaptación curricular, capacitación docente y planes individuales en un plan previsto a 5 años.

Se trata de un decreto que tiene su base en el artículo 11 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por lo que muchas de las medidas previas se encuentran más desarrolladas y reglamentadas. Los primeros frutos de este decreto ya se han implementado, pues desde la Gobernación de Cundinamarca ofrecieron un diplomado de inclusión para algunos docentes. Sandra es una de las maestras que lo está haciendo y a pesar de que halla la idea muy positiva, indica que lo ideal sería que estuviera disponible para todos.

El siguiente paso de Nicolás es pensar en su carrera profesional. Debido a que el ICFES sólo hace diferenciación en casos de Síndrome de Down, Asperger y autismo para el examen Saber 11, Nicolás sería calificado como cualquier otro estudiante, lo cual lo perjudicaría mucho. Es por esto, que, junto con sus padres, tomó la decisión de no presentarlo y tomar su futuro con calma. Planea seguir con su vocación artística pero por lo pronto se dedicará a completar sus estudios a su ritmo.

* María Paula Apolinar es estudiante de Literatura con Opciones en Periodismo y Medios. Esta nota fue realizada en el marco de la clase Sala de redacción de la Opción en Periodismo del Ceper y previamente publicada en la edición ‘Punto edu’.

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