Rey, un guerrillero de menos de treinta años, sudaba nervioso bajo un techo de lata en la vereda El Playón, zona rural de Tumaco, muy cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador. No dejaba de secarse el rostro húmedo, mientras acomodaba a cada rato el fusil que colgaba de su hombro derecho. Desde que la antigua guerrilla de las Farc se desmovilizó, Rey decidió seguir en armas bajo las órdenes de Wálter Arizala, alias ‘Guacho’, un disidente que ahora lidera en Nariño el Frente Óliver Sinisterra.

—Somos cuatrocientos hombres. No nos pacificamos y seguimos aquí porque ese acuerdo con el Gobierno solo tuvo beneficios para los comandantes, para los líderes. Y nada para la tropa ni para la gente del pueblo. Mire nada más lo que pasó aquí.

Rey se refería a la masacre del 5 de octubre del año pasado, cuando la Policía Antinarcóticos, según afirmó la Defensoría del Pueblo, abrió fuego y asesinó a seis personas, entre una multitud de campesinos cocaleros que protestaba contra la erradicación forzada de sus cultivos ilícitos en la cercana vereda de El Tandil. En principio, los guerrilleros del Frente Óliver Sinisterra fueron acusados de los homicidios, pero más tarde esta versión fue desmentida por las pruebas recabadas en el lugar de la masacre.

‘Guacho’ y sus hombres asumieron el control de esta zona justo después de que las Farc se retiraron, y empezaron a controlar también  los beneficios de la hoja de coca que crece abundante en muchas parcelas. Sin embargo, sigue siendo una región en disputa, y a principios de febrero, cuando ocurrió este encuentro, Rey dijo que él y sus hombres habían tenido combates recientes en la frontera con las Fuerzas Armadas de Ecuador y con miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los hombres de ‘Guacho’ fueron los responsables del secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador a quienes ejecutaron en cautiverio 18 días después de la retención, y cuyos cuerpos aún no se han recuperado.

Pero los guerrilleros de ‘Guacho’ no son los únicos que mantienen azotado este lugar. Durante varios meses, desde la masacre del 5 de octubre, miembros de la Policía Antinarcóticos han instalado retenes en los caminos rurales, donde detienen a civiles y los amenazan si alguno declara en su contra.

Foto: Federico Ríos.

Una campesina del lugar, habitante de El Tandil desde hace seis años, confirmó esta versión a La Liga Contra el Silencio.

—Aquí le tenemos más miedo al Estado, porque nunca ha llegado con soluciones, sino con amenazas y con violencia.

Por la matanza de los cocaleros, la Fiscalía anunció imputación de cargos contra dos oficiales, uno de la Policía y uno del Ejército, comandantes en la zona, por «delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado, en calidad de autores, por posición de garantes». Sin embargo, hasta la fecha,  siete meses después del hecho, no se ha concretado la audiencia de formulación de imputación que ha sido aplazada en dos ocasiones. En lo disciplinario, la Procuraduría confirmó que tiene procesos abiertos en “etapa de investigación” contra “40 policías y 14 militares”.

En la zona rural de Tumaco es común para los campesinos ver transitar armados a los hombres de ‘Guacho’. A veces vestidos de civil, pero siempre con sus fusiles, visitan caseríos como El Playón en busca de provisiones. Esa tarde de febrero, Rey conversó de forma escueta con La Liga y rechazó cualquier posibilidad de ir al lugar donde estaba su líder, el hombre al que ahora dos gobiernos han puesto precio a su cabeza.

Siempre con recelo, Rey y otros seis  disidentes que lo acompañaban, subieron a una lancha y cogieron río arriba.

La arremetida

Desde que se confirmó el asesinato del equipo de El Comercio, los gobiernos de ambos países anunciaron operativos para combatir a ‘Guacho’ y su grupo. En la frontera, donde los Estados poco o nada han hecho durante décadas, ahora están presentes 12.000 soldados y policías colombianos, y 550 militares ecuatorianos, apoyados por helicópteros, tanques y patrullas. Del lado colombiano está Tumaco, con 200 mil habitantes, la mitad de los cuales tiene necesidades básicas insatisfechas y donde un tercio de las viviendas carece de servicios básicos. Es el municipio con mayor concentración de cultivos de hoja de coca con 23.148 hectáreas, según el último censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).

Del lado ecuatoriano está San Lorenzo, donde el 85 % de sus 42.500 habitantes no tiene satisfechas sus necesidades básicas y la mitad de la población no cuenta con red pública de agua.

Esta región bañada por el Pacífico, un corredor estratégico de ríos, selvas y manglares por donde se saca la cocaína a mercados internacionales, es hoy el escenario de la cacería de ‘Guacho’ y los suyos —entre cincuenta y ocenta hombres armados, según estimaciones oficiales— y en medio está la población civil que ya siente las consecuencias.

Diana Montilla,  quien trabaja con la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje (Asominuma), cuenta que los líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes de la línea de frontera ya han expresado su preocupación porque saben que cuando se dan episodios de “militarización del territorio se presentan normalmente violaciones a los derechos humanos”, como ya lo demostró la masacre de cocaleros en octubre.

Foto: Federico Ríos.

Un habitante de la zona rural de Tumaco que pidió no de ser identificado por razones de seguridad, le dijo a La Liga Contra el Silencio que en estos momentos “la situación es crítica”.

—La represión militar es muy fuerte en los dos países, hay atropellos a la población civil, están incursionando en las comunidades, están levantando labores de erradicación forzosa nuevamente. Por parte de las autoridades ecuatorianas se están llevando gente inocente que no tiene nada que ver y los están judicializando.

Otra fuente que conoce el territorio y mantiene contacto con habitantes de las veredas —y que pidió mantener su anonimato— asegura que en este momento “hay una situación de desconfianza y miedo total” de la población tanto a la fuerza pública como a actores armados vestidos sin uniformes que se mueven por la zona. “La gente no quiere hablar” porque si lo hace corre el riesgo de ser  señalada como delatora o colaboradora.

Para Ramón Aguirre, líder social en Tumaco, esta población ya ha “puesto una cuota alta de muertos, de líderes asesinados, de personas desplazadas” y nada cambia.

—A nosotros no nos sorprende el tema de ‘Guacho’, como él ha habido muchas personas. Ellos (los de ‘Guacho’) son apenas una arista de lo que pasa en nuestro territorio (…) Por más que capturen a ‘Guacho’ vivo o muerto, esto no parará.

Aguirre apunta la necesidad de más inversión social y de que el Estado cumpla temas pendientes como los programas de restitución de tierras, de sustitución de cultivos y de lucha contra la corrupción.

El 7 de enero pasado la Defensoría del Pueblo emitió la última “alerta temprana” ante la “grave situación de riesgo” en Tumaco por “la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales”. Advirtió que era necesario proteger a unas 20 mil personas, 5 mil en cuatro barrios de la zona urbana (Comuna Uno, Tres, Cuatro y Cinco) y unos 15 mil ubicadas en territorios colectivos de consejos comunitarios de Bajo Mira y Frontera, Alto Mira y Frontera, Imbilpí del Carmen y La Nupa, así como cuatro resguardos de los indígenas Awá.

Pero ‘Guacho’ y sus hombres —el “brazo armado” del Cartel de Sinaloa, según la Fiscalía colombiana— no son la única amenaza ni Tumaco es la única región en problemas. Desde que las Farc suscribieron el Acuerdo de Paz con el gobierno y dejaron las armas, facciones de disidentes y desertores, así como grupos delicuenciales, coparon los espacios dejados por la exguerrilla en zonas como el sur del Meta y Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Vichada, Arauca, Putumayo, Nariño, norte del Cauca y zonas de Antioquia. El último informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que según los cálculos más conservadores las disidencias sumarían unos 500 hombres, pero sus estimaciones están entre entre 1.200 y 1.400.

Y no solo se trata de grupos ex-Farc. Solo en la costa del Pacífico nariñense, la Fundación Paz y Reconciliación ha identificado 12 grupos ilegales, entre disidentes de las Farc, bandas criminales, grupos de origen paramilitar, narcotraficantes y el ELN, que se disputan el control territorial y las economías ilegales en la región, incluyendo el cultivo de hoja de coca y la producción y comercialización de cocaína.

De ahí que suene desproporcionado que dos Estados con un importante contigente militar apunten todo su poderío sólo al grupo de ‘‘Guacho’’, quien en la única entrevista que se conoce admitió haber sido parte de las Farc por diez años, dijo que operaba en la zona de frontera y que estuvo cuatro meses concentrado en zona veredal de El Playón, pero que se salió porque vio “desigualdad” en los beneficios del Acuerdo de Paz.

Para Camilo Álvarez, analista que conoce la zona y que también es columnista de El Espectador, la pregunta es “¿por qué un muchacho (…) se vuelve el enemigo público de dos países?”, en una región en la que hacen presencia otros grupos ilegales, incluidos carteles mexicanos. Y ensaya algunas respuestas que reflejan diversos intereses: el tema de ‘Guacho’ ha tenido un uso político “al decir que el Acuerdo de Paz fue un fracaso”, también representa la idea de revivir la necesidad de la “mano dura” contra el narcotráfico y justificar la presencia de Estados Unidos en la región, y da cuenta de la mutación de la guerra en Colombia que se refleja en otras zonas conflictivas como el Urabá antioqueño y el Catatumbo.

Desplazamiento y silencio en Ecuador

Mientras que en Colombia alias ‘Guacho’ era más que conocido en la zona, su influencia en Ecuador irrumpió públicamente con violencia a partir de enero de este año. El Frente Óliver Sinisterra que comanda es el responsable de al menos ocho acciones armadas que han dejado siete muertos (cuatro infantes de marina y tres trabajadores de El Comercio) y decenas de heridos. Sus golpes incluyen la detonación de un carrobomba en la estación de Policía de San Lorenzo, explosivos en una carretera contra una patrulla de control y el secuestro y asesinato de los periodistas. Su más reciente acción fue dada a conocer el 17 de abril: mantiene retenida a un pareja de ecuatorianos. ‘Guacho’ busca la liberación de tres de los suyos presos en cárceles ecuatorianas, y que termine la cooperación entre Colombia y Ecuador.

Todo ello ya cambió la vida de los ecuatorianos, especialmente en las poblaciones fronterizas de Esmeraldas, una provincia turística poblada mayoritariamente por afrodescendientes; pero también por indígenas Awá, Épera, Chachi y mestizos.

Ecuador, acostumbrado a recibir desplazados y refugiados colombianos por décadas, hoy debe lidiar por primera vez con el desplazamiento interno en Esmeraldas. La ministra de Bienestar Social, Berenice Cordero, confirmó que al menos 151 personas —incluidos 85 menores y cinco mujeres embarazadas— tomaron la “decisión de buscar un refugio temporal” y están hoy en el albergue de la iglesia católica de San Lorenzo, provenientes de zonas como Mataje y El Pan.

Según el cálculo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), que trabaja en la zona, unas 7.200 personas de 27 comunidades están siendo afectadas por la situación. La mayoría ha dejado sus casas para ubicarse en zonas urbanas con familiares y en la región impera el miedo y el silencio como cuenta Harold Burbano, asesor jurídico de Inredh, con base en testimonios recogidos en la zona.

—Hay temor de lo que vaya a pasar, tanto de la reacción de los grupos disidentes y del narcotráfico como de los ejércitos ecuatoriano y colombiano. Tienen miedo de que pueda haber detenciones arbitrarias, torturas.

Además “la gente se está silenciando” y no le cuenta cosas ni a la Policía ni al Ejército porque “tiene miedo de verse involucrados en capturas y procesos” en su contra.

Foto: Federico Ríos.

Es conocido que por años las Farc y otros grupos ilegales han usado a Ecuador como zona de tránsito, de descanso o de abastecimiento, y no solo en Esmeraldas sino también en Carchi y Sucumbíos, provincias que limitan con Nariño en los Andes y Putumayo en la Amazonía, respectivamente, a lo largo de una frontera de más de 580 kilómetros. En esas zonas a mucha gente le toca relacionarse con esos grupos a veces armados, a veces vestidos de civil, porque no tiene otras posibilidades, porque simplemente ofertan servicios (transporte, comida, etc.) e incluso hay quienes cruzan la frontera en tiempo de cosecha de hoja de coca para trabajar.

También la labor de los periodistas ecuatorianos se ha visto afectada en la zona. Carlos Chamorro, quien reporta para medios nacionales desde Esmeraldas hace más de 12 años, cuenta que la fuerza pública impide el paso hacia pueblos de la frontera como El Pan o Mataje aludiendo que no puede garantizar la seguridad. A eso se suma el temor de la gente a hablar.

—La población siempre ha sido un poco reacia con la prensa porque han sentido que llegamos a hacer noticias negativas del sector, pero ahora la gente no solo tiene recelo, tiene miedo, temor de hablar, porque hay muchos rumores de que quienes hablen con los militares, con la policía, con la prensa, van a ser ajusticiados.

Para un reportaje reciente Chamorro llegó a San Lorenzo, la zona urbana más cercana a la frontera, para conocer la situación de quienes huyeron por temor a enfrentamientos o a ser señalados como cómplices de alias ‘Guacho’, pero “no quieren hablar, no quieren aparecer en cámaras, ni que les tomen fotos, no quieren que se sepa de ellos”.

Mientras la cacería contra ‘Guacho’ y los suyos no se detiene y las acciones del Frente Óliver Sinisterra continúan, la población sigue en el medio.

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