Si hoy un campesino, un indígena, un negro o cualquier colombiano es despojado, desplazado forzosamente u obligado a abandonar definitivamente su hogar, no tiene ninguna posibilidad de acceder a la restitución de sus tierras. A pesar de que los desplazamientos masivos en el país (aquellos que suman más de 10 familias o de 50 personas) aumentaron en un 90 % entre 2017 y 2018, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde octubre del año pasado la Unidad de Restitución de Tierras (URT) dejó de recibir solicitudes en la mayoría del país. Las víctimas ya no tienen a dónde ir. No tienen ninguna entidad que les responda.

“Si una persona siente riesgo, por ejemplo, porque llegó una empresa y le ofreció comprar el predio y decidió que no quería vender y, después, apareció un planfleto amenazante y quiere proteger la tierra para que no se la quiten, no tiene nada que hacer”, dice Jhenifer Mojica, subdirectora de Litigio Estratégico en Restitución de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Para poder adelantar los procesos de restitución en los territorios, la URT necesita la luz verde del Ministerio de Defensa, que define cuáles municipios son seguros y cuáles no. A las zonas seguras se les llama áreas microfocalizadas. Solo en esas se han hecho procesos de restitución y es allí, justamente, donde la URT no está recibiendo nuevas solicitudes, no importa si la victimización ocurrió hace 10, 20, 30 años o si está ocurriendo hoy.

Para Alejandro Abondano, investigador del Observatorio de Tierras, las razones para escoger las zonas ‘seguras’ nunca han sido del todo claras. “En muchos de estos lugares sigue habiendo despojo, siguen desplazando”, afirma.

Eso no es todo. En los territorios no microfocalizados, los ‘no seguros’ como El Catatumbo o el andén Pacífico, la restitución no existe. Hay recepción de solicitudes, pero eso no significa mucho: sin el aval del Ministerio, los procesos no pueden empezar. De hecho, en estas zonas no se ha restituido un solo predio.

El decreto que fijó el fin de la recepción de las solicitudes fue firmado por el expresidente Juan Manuel Santos antes de salir del cargo. Argumentó que a las víctimas se les había respondido “de manera eficaz, rápida, oportuna y creciente”. Pero, en realidad, eso no fue así: de las más de 6 millones de hectáreas de tierra despojadas o abandonadas que se estima hay en Colombia, la Unidad solo ha restituido 338.362, según sus propias cifras. Ni siquiera el 6%.

Según Mojica, el decreto es abiertamente inconstitucional. Dice que, al ponerle una barrera a las personas que no habían podido hacer la solicitud y a las nuevas víctimas, el presidente extralimitó sus funciones y vulneró derechos, pues la vigencia de la Ley va hasta 2021. Por eso, la CCJ demandó el decreto ante el Consejo de Estado el 10 de septiembre de 2018. Siete meses después, la demanda ni siquiera ha sido admitida.

El problema de la decisión de Santos, para Abondano, es que “propicia un trato desigual a víctimas que tuvieron más tiempo porque sufrieron el hecho victimizante desde 1991. A las nuevas víctimas se las deja en posición de desigualdad”.

Pero esta situación era previsible. Para el Observatorio, el diseño de la Ley asumió implícitamente que no habría nuevas víctimas ni nuevos reclamantes. Es más, aún si no hubieran llegado nuevos casos, restituir a todas las víctimas que había en el 2011 hubiese tomado 93 años, no 10. “Desde un punto de vista estadístico era previsible, pero seguramente no fueron estadísticos quienes plantearon el diseño”, afirma Abondano.

La única otra vía posible para las víctimas, según el investigador, es acudir a la justicia ordinaria para formalizar los predios o pedir su adjudicación, «pero eso no es restitución. En la justicia ordinaria la restitución no existe”. Y no existe, justamente, porque la Ley de Víctimas, que creó la URT en 2011, va más allá de la sola entrega de escrituras. Se pensó como un mecanismo que, además de la formalización de tierras, otorga garantías de seguridad para regresar a los predios, compensa a las víctimas con otra tierra o con dinero en caso de no poder hacer el retorno y entrega proyectos productivos, entre otras medidas. Una propuesta integral inexistente en la justicia ordinaria.

El panorama no es alentador

Para Juan Fernando Cristo, exministro de interior, aún no se ha cumplido con el compromiso ético de reparar y reconocer a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por eso, el 26 de marzo de 2019, Cristo, el ex viceministro del interior Guillermo Rivera y el exministro de justicia Yesid Reyes presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el 2030. 

Ampliar la vigencia no es una solución efectiva, dice Abondano. Para él, la ampliación no garantiza cumplimiento, pues, en ocho años, los resultados de la URT no han los esperados: de las 120.876 solicitudes presentadas hasta el 19 de febrero de 2019, 24.814 fueron admitidas. Eso representa solo el 20% de las solicitudes.  De estas, a solo 9.588 la Unidad les ha resuelto los casos. Menos del 8%.

Julio Cesar Cuastumal, abogado de Forjando Futuros, afirma que el problema va más allá de las cifras, pues la Unidad se dedicó a resolver “los casos fáciles, los que no tienen oposición y los que no involucran empresas”. Según un exalto funcionario de la URT, que prefirió guardar la reserva de su nombre, “eso es totalmente falso. La microfocalización dependía de las zonas donde estaba habilitada la seguridad. Si había condiciones se entraba a restituir sin ningún problema”.

Lo cierto es que, según Forjando Futuros, el 70% de los casos resueltos no presentaron oposición. Es decir, no había ni una empresa ni un individuo reclamando la posesión o propiedad de ese predio, por lo que la entrega podría ser más sencilla. Además, en el 39% de casos en los que sí lo había, el opositor mantuvo el predio o fue compensado.

Ahora, ¿si se acaba la Unidad se cierra la posibilidad de conocer los casos difíciles? Para Abondano no es así. La responsabilidad de investigar a empresas o terceros involucrados en un despojo o abandono forzado de tierras corresponde a la justicia ordinaria, pero la URT no siempre ha compulsado copias a autoridades judiciales en casos en los que hay evidencias. “Las herramientas están pero los jueces y las entidades involucradas podrían dar un paso más en el señalamiento de posibles responsabilidades”, afirma. Hasta ahora, eso no se ha hecho.

En ese sentido, aunque la Unidad conozca, por ejemplo, de casos de empresas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de víctimas para comprar sus tierras a muy bajo costo, si no compulsa copias a la Fiscalía para que haga una investigación penal nunca se sancionará a los responsables.

En todo caso, perder las capacidades institucionales que ha desarrollado la URT tampoco parece un buen camino. Por eso, para Abondano, lo ideal sería acompañar la prolongación con una revisión del diseño institucional y poder garantizar mayor transparencia en las causales de microfocalización y de negación de las solicitudes.

Ese escenario es poco probable. Andrés Castro, director de la URT, ha afirmado que espera que no se amplíe la vigencia de la Ley. “En todo lo que es la restitución material y la puesta en marcha de proyectos productivos, otras entidades tendrán que hacerse cargo”, dice. Jhenifer Mojica afirma que Castro es el liquidador de la entidad: “Él entró ahí con el encargo de acabar con la Restitución de Tierras. Uno no sabe si eso es bueno o malo. Pero ese es su papel”.

El conflicto armado sigue sacando de sus tierras a campesinos, negros e indígenas. Y el Estado está acabando con los mecanismos para responderles. El fin de la restitución significa que, de ahora en adelante, lo que existirá en Colombia no es más que la formalización de las tierras, la entrega de papeles. Si los desplazados pueden, o no, volver a sus territorios; o si después del retorno pueden garantizar su subsistencia por medio de proyectos productivos, ya no será responsabilidad del Estado.

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