El asesinato del médico Cristian Julio Arteaga, que hacía su año de servicio rural en el municipio de El Bagre, Antioquia, nos recordó que la misión médica siempre ha estado en peligro en Colombia.
Cristian Julio Arteaga caminaba las calles de El Bagre, Antioquia, cuando dos hombres en moto le dispararon.
Tenía 24 años, era médico y le faltaban menos de dos meses para terminar su año de servicio rural. Ese día, 10 de mayo, iba a tomar un taxi para ir a Caucasia, encontrarse con su mamá y viajar juntos a Palmira para celebrar el día de la madre. No lo logró. Antes de empezar el viaje lo mataron.
Días antes, Julio Arteaga había atendido, supuestamente, a un miembro del Clan del Golfo que murió por una complicación médica. La retaliación: matar al médico que lo había atendido. Según la Fiscalía, la orden la dio Alberto Sola Rueda, alias Uber, presunto jefe de sicarios de ese grupo armado. Por el crimen, Rueda y tres personas más han sido capturadas. Entre ellas, un exmiembro del Ejército Nacional que pasó de las filas del servicio militar a las del Clan del Golfo.
Los 12 médicos que había en el único hospital público de El Bagre renunciaron y abandonaron el municipio después del asesinato. Desde entonces, un cartel que dice “un atentado contra la misión médica es un atentado contra usted” cuelga en la entrada del hospital.
“No hay ni un solo médico”, cuenta un funcionario público de El Bagre que prefiere no dar su nombre porque el miedo ronda por el municipio desde la muerte de Cristian. Dice que todos los servicios médicos del hospital llevan más de dos semanas suspendidos y que la comunidad –que tiene más de 78.000 habitantes– ha tenido que recurrir a clínicas privadas que, en todo caso, no tienen el personal o la infraestructura suficiente para cubrir la demanda.
El asesinato de Cristian Julio fue también un ataque contra todos los habitantes de El Bagre. Los grupos armados los dejaron sin muchas opciones de servicios de salud: “Nadie quiere hablar del tema”, asegura la misma fuente, “lo que se vive es una tensa calma”.
La historia de El Bagre es también la historia de muchos municipios. Hace un año, en abril de 2018, los cuatro médicos del hospital del corregimiento de Arauca, en Palestina, Caldas, renunciaron luego de recibir amenazas. Durante días la comunidad estuvo sin servicio médico por los hechos y en medio de la angustia.
Cristian, en cambio, nunca había recibido una amenaza. No sabía que lo habían condenado. Pero en El Bagre tampoco era la primera vez que que la vida de un médico estaba en peligro. En 2016 otro médico fue amenazado y desplazado, según la Federación Médica Colombiana (FMC). Después de Medellín, El Bagre es el municipio antioqueño donde se han presentado más infracciones –14– a la misión médica entre enero de 2012 y julio de 2016, según cifras de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
Para Carolina Corcho, subdirectora de la FMC, “lo que demuestra el caso de Cristian es que, en este momento, no hay condiciones para la misión médica en un país que volvió al estado de guerra y que tiene actores armados envalentonados. Estábamos en una transición hacia la paz que retrocedió por decisiones políticas. Este retroceso pone a la misión médica como un objetivo militar”. Para ella, hay algo evidente: antes, el desescalamiento del conflicto armado disminuyó también las agresiones contra la misión médica, pero ahora, podrían empezar a aumentar.
Las cifras comprueban la afirmación de Corcho. De enero de 2001 a noviembre de 2004 –menos de cuatro años–, 230 miembros del personal médico fueron amenazados, 102 desplazados, 95 asesinados, 59 secuestrados, 9 desaparecidos y uno torturado. Tan solo en el 2002, año en el que el expresidente Andrés Pastrana y la extinta guerrilla de las Farc rompieron los diálogos de paz, se dieron casi la mitad de amenazas y homicidios de ese período: 135 y 40, respectivamente.
“No eran solo asesinatos, a finales de los noventa y en la primera década de los 2000, había también desplazamientos, amenazas y actos de perfidia en donde se usaban las ambulancias de forma indebida para trasladar paramilitares, guerrilleros o soldados. El mismo Ejército incurrió en estas prácticas. Con la firma del Acuerdo de Paz esos actos empezaron a reducirse”, dice Sergio Isaza, director de la FMC.
En esa época, el servicio rural duraba seis meses en municipios que se denominaban “zona roja” –donde la violencia era especialmente intensa–. A los médicos también les pagaban mucho más por ir a esos territorios: una especie de recompensa por arriesgar, literalmente, su vida. Hoy, esta norma ya no existe. Haya o no actores armados, estén o no en riesgo, deben durar un año en el territorio.
La situación parecía mejorar en el 2017. Un año después de la firma del Acuerdo que desmovilizó a las FARC, las amenazas se redujeron a 59 y los homicidios a dos. Sin embargo, en 2018 los asesinatos aumentaron a tres y las amenazas no presentaron una disminución significativa: fueron 51.
En menos de cinco meses del 2019 ya se registró el primer homicidio: el de Cristian. Además, el Ministerio de Salud dice que se han presentado 44 infracciones contra la misión médica. La mayoría amenazas.
Aunque el personal médico cuenta con seguros que responderían en caso de un accidente asociado a su trabajo, no hay ningún método de prevención o seguimiento eficiente. En pocas palabras, están a su suerte.
“A Cristian lo asesinaron por algo que nada tenía que ver con él como profesional sino con un sistema de salud caótico e ineficiente que debió reformarse desde hace mucho tiempo”, afirma Sergio Isaza. Y habla de reforma teniendo en cuenta que, tan solo el año pasado, se presentaron alrededor de 210.000 tutelas contra las EPS. Más de 575 por día. 24 por hora.
Para Isaza, la imposibilidad que tienen los médicos de prestar un mejor servicio a los pacientes radica en las insuficiencias del sistema de salud: de la falta de recursos, de infraestructura, de insumos médicos, de salarios dignos para el personal, entre otras cosas. Lo que se toma como negligencia del doctor, dice, muchas veces no es más que el resultado de la falta de medios que tienen para trabajar.
Este pudo haber sido el caso de Cristian. En El Bagre, el hospital público es de nivel I, lo que significa que no tiene ni especialistas ni la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad. Si hay pacientes muy graves, deben ser remitidos a Caucasia —a más de dos horas de camino– o incluso a Medellín —a ocho–. Si el traslado no es posible, no hay mucho que los médicos puedan hacer por los pacientes.
Además, los estándares de la Organización Mundial de la Salud establecen que, por cada 10.000 habitantes, debería haber 23 médicos. En Colombia solo hay 18. No es un buen número. En Cuba, por ejemplo, hay 75. Para el mismo número de personas debería haber 24 camas. En Colombia hay 17. En Cuba, de nuevo, hay 51. No es de extrañarse que el sistema de salud esté congestionado.
Entre lo que se sabe por ahora del caso, la hipótesis apunta a que Cristian Julio Arteaga fue asesinado por supuestamente haber dejado morir a un miembro de un grupo ilegal. Según Isaza, la crisis del sistema de salud pudo haber causado la muerte de los dos.
“Es un sistema en crisis que ha generado que los médicos tengan que asumir todas sus fallas”, afirma, por su parte, Carolina Corcho. Los médicos están en la primera línea de atención y son ellos quienes asumen las fallas y reciben los ataques. “El paciente no distingue por qué su situación se agravó o por qué la EPS no aprobó su tratamiento. Eso genera enfrentamientos y los usuarios identifican al médico como culpable”, asegura.
Ese antagonismo en el que se encuentra la relación médico-paciente se evidencia en las agresiones físicas y verbales al personal de la salud. Según cifras de la EPS MetroSalud, tan solo en Antioquia, en 2016 hubo 114 de este tipo de ataques a sus médicos y en 2017, 142. En los primeros cinco meses de 2018, la cifra ya era de 85.
Isaza y Corcho coinciden en que los medios ha tenido su parte en mostrar a los médicos como enemigos del paciente. Asegura que, en su mayoría, centran sus enfoques en la supuesta negligencia del médico sin revisar la estructura el sistema. “Una cantidad no despreciable de medios son terriblemente amarillistas. La inatención no es problema del médico, sino de la congestión del sistema, y la ineficacia se da por carencia de medios para tratar a los pacientes. Los medios hablan de neglicencia y esto propicia los ataques al personal”, concluye Isaza.
Era 2002. En Urabá, un médico atendió y estabilizó a un paciente abaleado. Salvarle la vida a él puso en riesgo la suya. No era un paciente cualquiera, un grupo de narcotraficantes quería asesinarlo por un problema de drogas. Al enterarse de que seguía vivo, fueron al hospital de Apartadó, le dispararon de nuevo –esta vez con éxito– y secuestraron al médico por unos días, cuenta Juan David Páramo, médico psiquiatra. Historias como estas se cuentan por decenas en el país.
Y es que, además de los peligros inherentes de estar en una zona con presencia de actores armados, a los médicos se les suma el hecho de que su vocación los obliga a no diferenciar para prestar la atención entre guerrilleros, paramilitares, soldados o civiles. Ese solo hecho ya los pone en riesgo. No han sido solo los grupos ilegales. En Colombia, el mismo Estado ha puesto al personal médico como un posible enemigo.
Según Sergio Isaza, durante la época más cruda del conflicto, muchos médicos tuvieron que rendir cuentas a la justicia colombiana por casos que nada tenían que ver con negligencia. “Recuerdo el caso del presidente del Consejo Médico de Arauca: por dar un dictamen que demostró que el Ejército había ametrallado a personas inocentes lo judicializaron”, asegura Isaza.
Uno de los casos más sonados de encarcelamiento a médicos fue el del ortopedista Luis Alfredo Moreno. En el 2005 las Farc lo buscaron para que fuera a tratar a unos guerrilleros heridos y él, en cumplimiento de su juramento hipocrático, pero también sintiéndose obligado y con temor a las represalias, fue. Tres años después lo encarcelaron por, supuestamente, hacer parte del grupo guerrillero. Al final, demostró su inocencia.
El riesgo, para la Federación, es que la persecusión y ejecución de personal médico vuelva a ser común Colombia. Que las amenazas contra ellos, otra vez, empiecen a contarse por cientos, los desplazamientos por miles y los asesinatos por decenas. Como en los 2000. Como cuando no teníamos a la guerrilla más grande del país desmovilizada y a los grupos paramilitares todavía alzados en armas.
