Justicia por el 9S: la impunidad ronda los disparos de civiles en el asesinato de Julián González
En Timiza, localidad de Kennedy, fueron civiles quienes dispararon asegurando defender la institución de la Policía. Por el asesinato de Julián la Fiscalía aún no avanza con la identificación de un posible sospechoso.
El perdón del Director de la Policía a las víctimas del 9 de septiembre llegó ayer, un día antes del aniversario de esa oscura noche. Aunque, aclaró, va dirigido a aquellas víctimas donde la justicia ha podido probar la responsabilidad de los policías. Cerosetenta investigó en qué va cada caso.
El 9 de septiembre del 2020 se presentaron al menos tres casos de personas vestidas de civil disparando contra manifestantes.
Dos de ellos, que quedaron registrados en video como contó Cerosetenta hace un año, están protegidos por policías mientras apuntan y disparan. El tercer caso, en el que Cerosetenta no aún ha podido encontrar videos, terminó con el asesinato de Julián Mauricio González en el barrio Timiza, en Kennedy.
Julián cayó al piso luego de ser impactado por una bala que le perforó el estómago y salió por un costado de su espalda. Pero, según su abogado Alí Bantú, este caso fue diferente: antes del disparo, Julián y sus amigos fueron amenazados por un hombre vestido de civil: que ese era un barrio de policías, les dijo, y que por eso allí no iba a haber ninguna protesta.
Esa noche, el CAI del barrio, que había sido abandonado por los policías, fue acordonado por personas de civil armados con palos, piedras, machetes y armas de fuego que alrededor de las 10 de la noche empezaron a disparar. Julián y sus amigos decidieron irse para sus casas pero en el camino, una bala alcanzó a Julián, que falleció en la madrugada del 10 de septiembre.
“La de Julián es una de las investigaciones más atrasadas, más complejas, en tanto no hay individualización de la persona que acabó con su vida. Por eso no se ha podido realizar ninguna audiencia, porque no sabemos quién pudo haber sido el posible autor”, dice Alí Bantú.
Yo escuché, de boca de la fiscal Carmen Triviño, que este caso no obedecía a un homicidio policial. Ya de entrada la fiscal tiene una opinión contaminada.
La razón de que no se haya identificado al culpable, dice Bantú, es la “inoperancia y la falta de voluntad de la Fiscalía” que no se ha preocupado por recoger más pruebas además de los testimonios de los amigos que vieron a Julián caer al piso esa noche y de los videos que muestran fragmentos de lo que pasó. Dice que no ha habido ningún esfuerzo de la Fiscalía por individualizar a las personas que estuvieron armadas y dispararon ese día en Timiza, y que un año después son evidencias que se van volviendo más difícil de recolectar.
070 Recomienda
Un patrullero de la policía está siendo investigado por el asesinato de dos de los tres jóvenes que fueron baleados en Verbenal el 9 de septiembre. Sus familiares dicen que sigue en servicio activo.
Para el abogado, eso tiene que ver en parte con una posición parcializada de la misma fiscal que estuvo encargada del caso al principio. “Yo escuché, de boca de la fiscal Carmen Triviño, que este caso no obedecía a un homicidio policial. Ya de entrada la fiscal tiene una opinión contaminada, además, por las mismas declaraciones del Gobierno Nacional y de autoridades de Policía que intentaron decir que ese día quienes estaban disparando eran otros grupos armados, bandas delincuenciales”, asegura Bantú. Una afirmación que no se pudo probar, como contó Core y la Liga contra el Silencio.
El caso de Julián González ya no se encuentra asignado a la misma fiscal: desde abril de este año, junto a otros casos de personas asesinadas el 9S, pasó a manos de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, donde el abogado ve mayores posibilidades de que se haga el trabajo que hasta ahora no se ha hecho.
“Sin embargo, a la fecha no hemos tenido ni una sola comunicación con el fiscal Juan Carlos Fajardo, que tomó el caso de Julián”, dice el abogado, y agrega que a finales de agosto, en una reunión con la alcaldesa Claudia López, Fiscalía y familiares de víctimas, varios abogados y familiares solicitaron una reunión urgente con el fiscal encargado y la necesidad de tener una nueva metodología de investigación. Pero aún no han recibido respuesta.
Acá se nota que hay cierta aquiescencia entre la Fiscalía y la Policía para que no se presente una investigación imparcial, urgente, rápida y eficaz.
“El crimen de Julián, como los de otros compañeros en los que ya se ha podido identificar a los posibles autores de los homicidios, es un crimen de Estado. Acá se nota que hay cierta aquiescencia entre la Fiscalía y la Policía para que no se presente una investigación imparcial, urgente, rápida y eficaz”.
La petición, dice el abogado, es que un solo fiscal tome todos los casos del 9S para que no se juzguen como homicidios aislados, sino como asesinatos que resultaron de una operación articulada en contra de la protesta, sistemática, en horas específicas, y dirigida por órdenes superiores. Algo que no ha sido posible lograr un año después de la noche oscura del 9S.
Vea aquí en qué van los procesos en la justicia por los asesinatos del 9 de septiembre en Verbenal, Suba y Soacha.
