“Nunca habíamos visto ese nivel de policía en una movilización del 8M. Estaban en la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde cuando ni siquiera había iniciado el recorrido”, dice una mujer.
Y otra: “Nos sabotearon: quitaron la luz de la plaza y cerraron todas las vías”.
Y otra: “Estamos frente a interpretaciones muy distintas de la seguridad”.
Y otra: “Siempre los temas de las mujeres son los menos importantes”.
Y otra: “Por lo que he visto de la alcaldía no tengo mucha esperanza en que la vida de las mujeres que habitan en Bogotá se vaya a transformar”.
Son casi ocho meses desde que el pasado 1 de enero Carlos Fernando Galán asumió como alcalde de Bogotá. En su discurso de posesión dijo que trabajaría por “una Bogotá pionera en políticas públicas de cuidado y equidad de género”. Un día después, durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general José Daniel Gualdrón, el alcalde recordó que había más de mil mujeres en riesgo de feminicidio y que era necesario hacer de Bogotá una ciudad segura para ellas.
De hecho, ese es el nombre del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 que el alcalde sancionó el 7 de junio para definir el rumbo de su administración. El plan se llama “Bogotá camina segura” e invertirá 142 billones de pesos en cinco objetivos. Allí aparecen varias menciones a los derechos de las mujeres, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad. Por ejemplo, que el espacio público y la movilidad serán seguros e inclusivos y que mejorará el acceso a la justicia. Algunas de las metas son reducir los homicidios con víctimas mujeres —escrito así y no como feminicidios— de 89 casos en 2023 a 62 en 2027. También el número de mujeres víctimas de lesiones personales de 8.225 a 7.403 en ese mismo periodo. Y de 71% a 61% el porcentaje de mujeres que consideran que Transmilenio es inseguro.
El Plan suena bien, apunta Natalia Giraldo, socióloga feminista y experta en ciudad, violencia y género. El plan vincula marcos internacionales, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y lineamientos para ciudades seguras. Habla de violencia basada en género, de prevención del acoso sexual, de vivir sin miedo y de rapidez en la respuesta institucional. “Se enuncia la violencia en el espacio público, lo cual no había pasado antes”, celebra Giraldo, aunque enseguida agrega: “La pregunta es por el cómo. Puede que los planes de desarrollo no siempre contemplen acciones, pero sí debería haber una noción de cómo se va a iniciar esto. Por ejemplo, el acoso sexual en el espacio público, ¿cómo se va a prevenir? ¿Habrá un equipo encargado? ¿Qué formación recibirá?”. Giraldo señala que organizaciones y personas del movimiento feminista y de mujeres también tienen preguntas porque consideran que sus demandas no fueron recogidas o que apenas están mencionadas en el plan. “Eso genera incertidumbre y descontento frente a la administración”.
Esas palabras resuenan: incertidumbre y descontento. Porque la alcaldía se inauguró con dos situaciones críticas —los incendios en los Cerros de Bogotá y el desabastecimiento de agua—, pero también con otra que en lo que concierne a las mujeres aún no se ha resuelto: lo sucedido durante la movilización del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuando se evidenció una presencia y uso desproporcionados de la fuerza pública. La incertidumbre y el descontento siguen con el aumento de feminicidios y violencias contra las mujeres en Bogotá. Y siguen luego de que un grupo de contratistas y excontratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer denunció despidos y precarización laboral dentro de la entidad. Un asunto que tampoco termina de aclararse.
“Hay un tema comunicativo muy complejo con Galán frente a los derechos de las mujeres y a las violencias”, sintetiza Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos de Fescol y experta en economía del cuidado, género y relaciones laborales. Explica: “El 8M fue una primera señal no afortunada: todo estaba lleno de ESMAD [ahora UNDMO] y era un mensaje de venimos a cuidar esta marcha peligrosa, que no había pasado antes. Dos, el mensaje del alcalde tras el feminicidio de Stefanny Barranco en un centro comercial de que las mujeres deben leer las señales. Tres, el tema de la Secretaría”. En sintonía con Trujillo, varias fuentes consultadas ponen en entredicho la visión del alcalde para entender la protesta social como un derecho. También su propuesta, que parece no contemplar las dinámicas de la violencia basada en género, de que las mujeres deberían denunciar ante cualquier señal de un posible feminicidio.
¿Qué ha pasado en cuanto a género en la Alcaldía? Para este balance que incluye tres aspectos —protesta social, Secretaría de la Mujer y seguridad— hablamos con 11 mujeres que nos respondieron. Sus voces fueron escuchadas.
Protesta social: uso desmedido de la fuerza y negligencia
Son las 10 de la noche del 8 de marzo de 2024. Natalia Correa está junto a su esposa y a otra compañera en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Las tres son militantes feministas y Natalia integra Somos Un Rostro Colectivo, la plataforma que organiza las movilizaciones feministas en Bogotá. El alumbrado público sigue sin funcionar, no se ve a nadie. Hay tres hombres con ellas encargados de aspectos técnicos y de conducir la cama baja, un vehículo similar a una grúa que circuló durante la marcha del 8M tres horas antes. Ellas ahora están recogiendo la basura para dejar limpio. Cuando terminan acuerdan con los hombres que el vehículo tendrá que salir en contravía por la calle 11 hacia el oriente porque el resto de las calles están valladas. Salen así, ellos en la cama baja y ellas caminando hasta que llegan a la carrera sexta. Entonces ven a seis matrimonios, como se conoce a las parejas motorizadas de un policía y un integrante de la UNDMO, que paran en la esquina. Las motos rompen el silencio nocturno. Los uniformados no se identifican, le piden papeles al conductor, le indican que no tiene permiso para maniobrar una cama baja. Natalia muestra el permiso. Uno de los policías se dirige al conductor: Mejor hablemos entre hombres y lo increpa por la contravía. Natalia no se queda callada. Explica por qué iban en contravía, exige que le devuelvan los papeles al conductor, saca su celular para grabar. Las motos se acercan y arrinconan al grupo contra el andén. La policía les pide sus documentos. Los lleva por las calles oscuras hasta el Archivo Distrital en la sexta con 6, expide dos comparendos y deja ir a los hombres. Durante un rato, los miembros de la fuerza pública hacen sonar sus motos, encandilan con las luces, hasta que uno les dice a las tres mujeres que se vayan, que no las quiere ver, y ellas salen corriendo hacia la plaza. Eso recuerda Natalia tres meses después.
Todo empezó varias horas antes. O incluso días antes cuando el 4 de marzo hubo una reunión preparatoria de la movilización en el marco de una mesa creada por el Decreto 053 —que garantiza y protege los derechos a la reunión, manifestación pública y protesta social en Bogotá— a la que asistieron organizaciones de mujeres y entidades. Susan Espitia, integrante del Esquema Feminista de Derechos Humanos, una comisión de verificación en escenarios de protesta social, dice que en esa reunión se pactaron los puntos de salida y llegada de la marcha, pero no la ruta. Correa, que también estuvo allí, agrega que no asistió ningún jefe de la policía y que otros funcionarios les recomendaron marchar suavecito, no romper, ocupar solo medio carril.
Así llegó el día de la marcha, un viernes. Fue la primera gran movilización con la que se estrenó la alcaldía de Galán. “Y arrancó muy mal”, afirman Espitia y su compañera del Esquema, Erika Rodríguez. “Como era una nueva administración había poca contratación de gestoras y gestores de convivencia y eso se notó desde que llegamos al punto de la convocatoria en el Ministerio del Trabajo. El acompañamiento de la institucionalidad fue precario, contrario a la presencia masiva de la policía”, aclara.
La marcha aún no salía, pero había fuerza disponible y UNDMO por todo el centro. En la estación de Transmilenio de San Diego, sobre la carrera décima, ocurrió la primera intervención de la fuerza pública luego de que manifestantes rayaran la estación. El Esquema documentó lanzamientos de gas con aturdidoras, amenazas a defensoras con armas taser y acoso sexual.
“No hubo control ni alerta desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) donde están las instituciones con quienes se supone que dialogamos. La Policía nos dijo: Tenemos orden directa de que ante cualquier delito hay que intervenir. Para ellos el delito era una pinta”, retoma Espitia.
La siguiente intervención fue en la Plaza de Bolívar, en la esquina de la Catedral. “En una marcha los rumores corren muy rápido”, anota Correa, y ya desde la salida había rumores sobre algo grave. Por eso la movilización —conformada en parte por mujeres embarazadas, niñxs y gente mayor— tomó la carrera sexta en lugar de la tradicional séptima. Cuando llegaron a la plaza se dieron cuenta de que no había luz eléctrica ni ahí ni en las calles alrededor y tampoco salidas de emergencia más que la de la séptima hacia el norte donde había más UNDMO.
“Estábamos rodeadas”, dice Correa.
“Era un embudo”, dice Espitia.
“Nosotras hicimos un informe con los hechos de vulneración a los derechos humanos. Lo evidente fue el desconocimiento del alcalde y de su equipo con relación a cómo se debía configurar el dispositivo de la fuerza pública. Es como si esta alcaldía nos hubiera retrocedido por lo menos 15 años en atención de la protesta social”, dice Rodríguez.
«Es como si esta alcaldía nos hubiera retrocedido por lo menos 15 años en atención de la protesta social”.
¿Qué incluye el informe? Una presencia provocadora de la fuerza pública que generó ansiedad y miedo colectivo. Un UNDMO que replicó prácticas del ESMAD. Un quiebre en la cadena de mando y en la interlocución del PMU. Uso de armas no letales como aturdidoras, aunque lanzadas al cuerpo. “Por lo menos dos personas del Esquema recibimos aturdidoras en nuestro cuerpo. A mí se me rompió el pantalón y la otra compañera quedó con esquirlas en las piernas”, recuerda Rodríguez. Y luego, revictimización y falta de respuestas.
Porque a tres meses del 8M no ha pasado mucho. Hacia las 11 de esa noche el alcalde Galán hizo un anuncio breve y airado; en la mañana del sábado invitó al diálogo y el lunes siguiente aceptó que hubo problemas técnicos con las luces y que no se comunicó sobre el cierre de las rutas de salida. La Secretaría de Seguridad insistió en que hubo actos de vandalismo y que en la Catedral el dispositivo policial intervino para “neutralizar un riesgo inminente contra su integridad”. El 12 de marzo la mesa del Decreto 053 se reunió. El alcalde no fue, pero sí el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad, la secretaria de la Mujer y el referente de derechos humanos de la policía.
“El secretario de Gobierno que presidía la mesa se dedicó a culparse, mea culpa, mea culpa, pero sin comprometerse a un perdón público. La secretaria de la Mujer repitió que no había posibilidad de emplazar a compañeras en terreno, es decir que la Secretaría no tiene una estrategia en movilización social. Haciendo un balance, pienso que lo único certero fue solventar el asunto de las luces y que tuvimos un diálogo más directo con la policía”, comenta Espitia y luego se acuerda: “Ah, y uno de los comparendos a la cama baja está en apelación”. Ellas, al contrario, siguen sin saber en qué van los procesos disciplinarios a los dos agentes que denunciaron. La tarde del 8 de marzo uno de ellos les lanzó besos y otro las amenazó con el arma taser. Las defensoras se preguntan qué pasará el 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando las mujeres marchen de nuevo en Bogotá.
Secretaría de la Mujer: un descuido inexplicable
Más que por una voluntad política particular, la Secretaría Distrital de la Mujer fue creada en 2013 por la incidencia del movimiento feminista y de mujeres. Eso de entrada la ubica en un lugar distinto, anfibio, entre las dinámicas tradicionales del aparato público y un espíritu emparentado con el activismo y la transformación social. De hecho, la Secretaría —el entre rector del sector mujeres en Bogotá cuya misión es liderar lo que tiene que ver con política pública y enfoque de género en el distrito— ha sido históricamente un punto de encuentro feminista y muchas de sus militantes han trabajado allí. De ellas dependen asuntos de enorme calado como la eliminación de las violencias, el acceso a la justicia y el cuidado, ese trabajo que ocupa en exclusiva el tiempo del 30% de las mujeres en Bogotá, sin que por realizarlo reciban un peso.
Quienes están en la Secretaría —conformada por un despacho y nueve direcciones— atienden a mujeres a quienes sus parejas han intentado asesinar. A mujeres que han sido atacadas con ácido o agua hirviendo. A mujeres que tienen bajo su cargo a un hijo o hija con discapacidad que depende por entero de ellas. A mujeres víctimas de abuso sexual. A mujeres secuestradas en su propia casa por su expareja. En esos casos ellas enrutan a los programas, servicios y estrategias dentro de la misma Secretaría entre los que están la atención en hospitales y URIS, las Casas Refugio, las Casas de Igualdad de Oportunidades, la asesoría psicojurídica y la Línea Púrpura de orientación telefónica. O, si así se requiere, redirigen a otra entidad.
Pero además, quienes trabajan en la Secretaría deben lidiar con un sistema que ignora el enfoque de género, con funcionarios y servidores públicos que revictimizan y desestiman el alcance de la desigualdad. Como le sucedió a Luisa*, una excontratista que en medio de un taller sobre violencias recibió la visita de un coronel que declaró que el feminicidio no debería aplicar para las mujeres masoquistas que vuelven con un hombre que a las dos horas las mata. O a Natalia, otra excontratista, que en múltiples ocasiones ha escuchado eso de que a los hombre también nos violentan.
Sería lógico pensar que las personas que se dedican a un trabajo como este tuvieran una protección laboral especial o algún tipo de contención psicológica. Que una entidad cuya esencia es la garantía de los derechos de las mujeres, defendiera y cuidara a las que están allí. O que lo hiciera la alcaldía de Galán que promete actuar por el bienestar de las y los habitantes de Bogotá. Una alcaldía que entre las metas de su plan de desarrollo contempla alcanzar una cobertura del 100% en atención sociojurídica y psicosocial a las mujeres víctimas de violencia y aumentar la vinculación laboral de las entidades del distrito.
Pero eso no parece estar sucediendo.
Una carta anónima, con fecha de abril de 2024 a la que Cerosetenta tuvo acceso, detalla vulneraciones a los derechos de las y los contratistas de la Secretaría de la Mujer y solicita una veeduría de los organismos de control. La carta denuncia maltrato, acoso y persecución laboral, abuso de autoridad, disminución indiscriminada de los honorarios, desatención de quejas y cambios intempestivos de las funciones de quienes tienen un contrato de prestación de servicios que son la mayoría.
“Vivimos en una cultura del temor”. “Nos encontramos absolutamente desprotegidos (as) en materia de salud mental”. “El ambiente es pesado, con gritos, malas palabras, malas contestaciones, arbitrariedades”, se lee en la carta que recibió una respuesta firmada por la actual secretaria de la Mujer, la abogada Laura Tami —que en la administración pasada se desempeñó como subsecretaria de Gestión Corporativa y asesora del despacho—. En su respuesta, cuyo primer punto indica “Respecto al supuesto maltrato y acoso laboral se desconocen los casos puntuales referidos en el escrito”, no se advierte un compromiso de cambiar o revisar de manera concreta lo señalado.
Distintos testimonios recogidos por Cerosetenta apoyan el contenido de la carta.
“¿Cuándo descansaba yo? Un fin de semana al mes y eso si descansaba. Trabajaba de 6 de la mañana a 1, 2, 3 de la mañana siguiente. A veces solo dormía dos horas. Si me acostaba temprano era a la medianoche”, dice Eliana*, que trabajó como abogada hasta el pasado julio en la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia.
“Es la sobrecarga de trabajo, no das abasto, la dinámica de abuso, que las líderes de equipo te hagan sentir como una bruta, como incompetente. Y es que tú eres del movimiento feminista, hiciste una maestría de género porque el tema te apasiona y obviamente generaste un lazo afectivo con tu trabajo”, dice Natalia, antigua integrante del Sistema Sofía, creado para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
“Esto ha sido un estilo de trabajo que se ha normalizado en la Secretaría. Estallarte, que te exploten, que tengas reuniones a las 10 de la noche, que trabajes sin contrato porque toca. Lo que importa es sacar las cosas, no que te quejes. Y si me quejo me pueden quitar el contrato, entonces prefiero no quejarme”, dice Ana María*, que trabajó en el Sistema Distrital del Cuidado.
“Nunca tuve un contrato laboral con la entidad, no porque no lo mereciera, no porque no estuviera preparada, no porque no quisiera, sino porque no hay contratación de planta en esa área de prevención de violencias”, dice Luisa.
“¿Cuándo descansaba yo? Un fin de semana al mes y eso si descansaba».
El pasado 3 de julio la concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez, escribió en su cuenta de X: “Una masacre laboral es lo que se está gestando en la Secretaría de la Mujer. “Es el colmo que (…) desde la administración de Carlos Fernando Galán reduzcan a menos de la mitad el número de personas contratadas que atienden los programas esenciales”. Si bien las denuncias por maltrato y precarización laboral no son nuevas —de hecho venían registrándose más o menos desde la pandemia sin que la alcaldía de Claudia López tomara cartas en el asunto— un despido aparentemente masivo como el que registró la concejala a seis meses de iniciada esta alcaldía, sí es inédito.
En su oficina del Concejo, Sánchez recuerda: “A finales de junio se acercó un grupo de chicas a contarnos que les habían anunciado que iban a reducir los equipos de atención”, y repasa lo que entonces refirió: la estrategia de hospitales pasaría de 21 a 4 contratistas. El Sistema Sofía de 20 a 13. El equipo móvil de la agencia MUJ, adscrita a la línea de emergencias 123, de 5 duplas a 3. De inmediato se generó un revuelo y aparecieron más reclamos: “No habrá coordinadoras en la mayoría de los equipos. Pero el trabajo no va a cambiar, las metas tampoco ni los plazos de ejecución”, publicó una abogada y excontratista en X y en esa misma red se creó la cuenta Víctimas de la Secretaría Distrital de la Mujer.
Entonces el 8 de julio la secretaria Tami grabó un video también publicado en redes en el que asegura que “la Secretaría de la Mujer va a seguir garantizando cada uno de sus servicios como lo ha venido haciendo hasta ahora”. Alrededor de esa fecha varias contratistas que habían sido despedidas recibieron una llamada en la que les proponían volver. Luisa fue una de ellas.
Desde 2021 Luisa era contratista en el Sistema Sofía. En febrero de este año le avisaron que su contrato iría hasta mitad y que luego lo renovarían. Sin embargo, el 1 de julio su supervisora citó al equipo para decirles que 7 de las 20 profesionales serían despedidas. El 25 de julio Luisa recibió una llamada de la Secretaría en la que le propusieron retomar el contrato y seguir con su trabajo. Su salud mental y emocional estaban afectadas y, al igual que otras tres de sus compañeras, decidió no hacerlo.
El tema no está zanjado. Por el contrario, persisten preguntas sobre a cuántas personas despidieron entre comienzos y mitad de año, a cuántas les ofrecieron reintegrarse, cuántas, en efecto, están trabajando otra vez, y a cuántas no volvieron a llamar. Desde principios de agosto, Cerosetenta solicitó y ha insistido en una entrevista con la secretaria Tami, pero no fue posible concretarla.
Eliana, antigua coordinadora de una treintena de abogadas que brindaban atención en hospitales, cuyo contrato iba hasta el 31 de julio, fue despedida sin un motivo claro. Poco antes le habían dicho que volvería a trabajar a partir del 1 de agosto. El 13 de agosto, ya desvinculada, Eliana dice que espera que la Secretaría le entregue un paz y salvo para recibir los honorarios que le adeuda y se pregunta qué les dirá a las mujeres que le siguen escribiendo en busca de asesoría. En la Secretaría tampoco le dan respuesta frente a eso.
Seguridad: el foco en la calle y la desatención en la casa
Lina Morales es abogada, especialista en Derecho Médico e integrante de la Red Jurídica Feminista. Entre agosto y diciembre de 2023 trabajó en la Estrategia de Hospitales de la Secretaría de la Mujer, atendiendo a mujeres víctimas de violencia. Para ella fue una experiencia demandante y enriquecedora y no se imagina cómo podría funcionar esa área con un equipo reducido. Sus turnos eran de seis horas en un hospital del suroccidente de Bogotá y los compartía con otras tres compañeras para atender, orientar y activar rutas durante las 24 horas. Recibía, sobre todo, casos de violencia intrafamiliar, tentativas de feminicidio y violencia sexual. A Morales le genera dudas que el foco del Plan de Desarrollo de la alcaldía de Galán esté puesto en las violencias que las mujeres enfrentan en el espacio público “cuando lo que hemos denunciado las abogadas que trabajamos defendiendo los derechos de las mujeres es que el lugar más inseguro para ellas es la casa”, dice.
Su afirmación se sustenta en cifras de la Policía Metropolitana De Bogotá que fueron recientemente compartidas por la concejala María Clara Name, del partido Alianza Verde. Si se compara el periodo entre enero y junio de este año con el mismo el año pasado, la violencia intrafamiliar contra las mujeres aumentó en un 165%. En lo que va de 2024, 19.000 mujeres fueron víctimas de ese tipo de violencia. No se trata de desestimar las agresiones que ocurren fuera de casa que, como señala la socióloga Natalia Giraldo en la introducción de este reportaje, no suelen recibir suficiente atención institucional, aunque su superación posibilita el derecho a la libre circulación consignado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Se trata, más bien, de no descuidar el espacio doméstico y familiar.
Porque, de hecho, se sabe que los principales agresores son las parejas y exparejas de las víctimas. Y esto conecta con el aumento de feminicidios que este año se ha registrado en el país y particularmente en Bogotá, la segunda región con mayor número de casos después del departamento de Antioquia. En Bogotá, según cifras del Observatorio de Mujer y Equidad de Género, hoy se contabilizan 623 mujeres en riesgo de ser asesinadas por el hecho de ser mujeres.
“Y es triste darse cuenta de que no le dan la atención suficiente. La alcaldía no puede seguir repitiendo que debemos buscar ayuda. Claro, se puede buscar ayuda, pero no todas las mujeres tienen esa posibilidad y siempre la comunicación se dirige a lo que nosotras podemos hacer y no a reducir la violencia en contra nuestra que somos las que terminamos muertas”, reclama Morales.
«Siempre la comunicación se dirige a lo que nosotras podemos hacer y no a reducir la violencia en contra nuestra que somos las que terminamos muertas”.
Tras el feminicidio de Stefanny Barranco en el centro comercial Santa Fe el pasado 29 de mayo, el alcalde Galán pidió a las mujeres identificar las señales de riesgo, como si la responsabilidad recayera solo en ellas. Esas declaraciones, así como las de la jefa del Comando Púrpura de la policía de Bogotá, que se refirió al feminicidio como un crimen pasional, se deben contrarrestar con pedagogía y un cambio de mentalidad. De ahí la necesidad de que el enfoque de género sea transversal en la administración del distrito.
De esto también se habló en el Concejo de Bogotá el pasado 20 de agosto en el debate de control político “En Bogotá las mujeres no caminamos seguras”. Al debate estaba citada la secretaria Tami que no pudo asistir por motivo de un viaje. En su reemplazo fue la subsecretaria de Fortalecimiento y Capacidades, Juliana Cortés, que se abstuvo de intervenir, mientras que el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se retiró antes de que la jornada terminara.
Frente a la seguridad, como con los otros dos aspectos analizados, las mujeres consultadas para este reportaje sugieren que lo que resta es hacer veeduría y estar alertas. No bajar la guardia ni quedarse quietas ni dejar de salir para asegurar que los derechos de todas se cumplan sin temor a retrocesos.
*Los nombres de algunas mujeres entrevistadas fueron cambiados a pedido de ellas para proteger su identidad.
