El Gobierno estima recortes de un 30% para los contratistas de entidades estatales este 2025.

Desde la incomodidad hasta el sufrimiento, hablamos con personas que tienen y han tenido estos contratos y nos cuentan cómo se siente trabajar llenos de incertidumbres. 

En estos meses el trabajo existe, pero no el contrato, mientras que el Estado ahorra recursos.

Quienes hablaron con nosotros, por miedo, dan sus palabras pero no sus nombres.

Buena norma, mal aplicada

“Tú pagas tu seguridad social, tus prestaciones, no te dan vacaciones, pueden terminar el contrato cuando quieran, te pueden sacar en cualquier momento sin indemnizar”, así resume los contratos de prestación de servicios Rebeca* abogada experta en Derecho Administrativo, Laboral y Derecho del Trabajo. Prefiere no dar su nombre porque, paradójicamente, depende de un contrato por prestación de servicios con el Estado.

Lucas*, quien fue contratista de la Comisión de la Verdad, y ahora trabaja en otra entidad estatal relacionada con la paz, lo resume así: “Uno no tiene garantías de nada, uno no tiene estabilidad ¿Me renuevan, no me renuevan, me quitan, me ponen? Es una incertidumbre fea. Uno va a una entidad crediticia a pedir un crédito hipotecario. Lo primero que le piden es experiencia laboral, certificados. Cuando uno es independiente, por lo menos que el contrato tenga un año cotizando seguido. ¿Pero qué pasa cuando los contratos empiezan en febrero y terminan en diciembre? No hay continuidad”. 

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En teoría estos contratos deben ser solo para “actividades [que] no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados” y dentro del “término estrictamente indispensable”, dice la Ley 80 de 1993, que establece los estatutos de contratación pública. En Colombia, desde la expedición de esta ley, y de la Ley 1150 de 2007 (que modifica la Ley 80), estos contratos se han hecho más y más comunes en las instituciones del Estado, pero no siempre se respetan estas condiciones. 

Hay una tendencia estatal de usar estos contratos con una frecuencia que lucha contra la norma: no son todos los casos, pero contratistas frecuentemente demandan al Estado porque en sus contratos encontraban subordinación, horarios y funciones no sólo temporales (propias de un contrato laboral, no de prestación de servicios). Pero la mayoría calla.

“¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un contratista y dice ‘no, yo no demando, porque es que si yo demando no me van a volver a contratar en ningún lado’. No es que la norma esté mal hecha. La norma está bien hecha, pero está mal aplicada” nos dice Rebeca. 

Hacer malabares con la plata

Es frecuente que a principio de año no haya contratos, mientras se recontrata el nuevo equipo con el nuevo presupuesto. Además de vivir de los ahorros (cuando los hay) se vive con la duda.

Para Irene*, quien fue contratista del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está claro: “Para mí la parte más difícil es realmente la incertidumbre. Año a año. Tú realmente no sabes sino hasta que logras aceptar en el SECOP porque puede que un directivo diga no, ya no quiero. Emocionalmente esto fue muy duro”.

En un contrato laboral se necesitan más justificaciones para terminar el vínculo. En uno de prestación de servicios, basta con no renovar. Justo ahora el gobierno entra en Plan Austeridad, lo que recortaría en un 30% a los contratistas por orden de la Casa de Nariño debido a la necesidad estatal de reducir el gasto. 

Para Rebeca, la abogada laboralista, estos contratos permiten que: “la gente salga como entró, sin ningún tipo de prestaciones, sin ningún tipo de indemnización. Obviamente no se habla de despidos, sino que simplemente no te vuelven a llamar. Si tú miras hoy en día las nóminas de muchas, por no decir la mayoría de las entidades estatales, cerca del 40%, están con contrato por prestación de servicios”.

Aurora*, una contratista del Museo Nacional, sufre profundamente una inminente reducción del 2025: “Una de las razones por las cuales yo sigo trabajando en el Museo Nacional, pese a muchas cosas que han pasado, es que le brindan a uno estabilidad. [Pero] justamente este año me están diciendo que cuando empiece el nuevo contrato me van a pagar nada más la mitad de mis honorarios. Yo saqué la calculadora y dije ‘bueno, mercado de D1, dejamos de comer carne’, pero igual no le llego a fin de mes bajo ningún criterio”.

Camila, quien fue contratista del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación el año pasado, dice que “tienes que ahorrar sí o sí. Así las entidades sean claras contigo, vas a estar por lo menos un mes sin trabajo, un mes en los que no vas a tener ingresos y tienes que igual solventar tu vida”. 

En medio de la espera y el desespero, Aurora dice que al consultar con su abogada ella le respondió: “si tú fueras empleada, no pueden bajarte las condiciones, en el peor de los casos pueden solo mantenerlas, pero no eres empleada, tienes prestación de servicios”. 

“No hay nada que lo proteja a uno. No hay seguridad sobre la contratación”, dice Aurora, quien ha tenido que solicitar apoyo psicológico, y no ha sido la única.

Para María Elisa Dávila, psicóloga social y psicoterapeuta, esta incertidumbre trae ecos emocionales importantes. “Es por no tener una estabilidad a futuro. Lo que yo he visto con el acompañamiento que puedo hacer a personas que tienen este tipo de contratos es un sufrimiento. [Los consultantes dicen] ‘me estoy dando cuenta de que no tengo una capacidad de ahorro y eso me impacta, o a mi pareja, o a las cuotas que me toca darle a mi mamá, que la tengo que cuidar porque no tiene pensión’. Entonces, la incertidumbre que hay en noviembre, diciembre, enero y febrero, que además son fechas socialmente muy exigentes, es súper fuerte. En enero, quién sabe si los contacten o no. ¿Cómo organizas tu plata si ni siquiera sabes cuándo te van a pagar?”. 

Trabajar gratis

En búsqueda de la renovación, hay quienes ceden por miedo.

Elvira*, quien trabajó en Idartes recientemente, cerca de cuatro años, recuerda que cuando entró renovaban contratos de tres o seis meses con un tiempo en medio, unos 15 días en los que la persona no tenía contrato. “Tenía que cubrir eventos, pero justo entró el plazo de espera. No puedo seguir trabajando porque no tengo contrato. Pregunté ‘¿cómo se arregla esta situación?’ Me respondieron ‘pues es que hay que seguir y al final cuadramos los días’ y como yo era nueva pues yo dije ‘Ay, bueno’. Resulté trabajando un mes gratis, literal, trabajé sin contrato… Pues uno acepta claramente porque necesita trabajar. Entonces ese era el miedo. Yo también lo hice por miedo”.

Para Aurora, contratista del Museo Nacional, la experiencia fue parecida hace cerca de un año, mientras el Museo Nacional cambiaba de entidad administradora: “En el Museo Nacional hubo un periodo de incertidumbre. El museo se mueve y hay que moverlo. Sí, trabajando gratis. O sea, todo esto se vuelve como que nadie confía en nadie para poder quejarse. Tanto así que hubo unos pósters muy interesantes que pegaron alrededor del museo en denuncia de lo que estaba pasando. Tres meses todo sin contrato… porque si tú no trabajas, pierdes tu cargo”.

Rebeca, la abogada, reconoce esta inequidad: “Si tú te vas a dar un paseo, tienes que estar con el computador en la playa porque no te puedes desconectar. Si te necesitan, tú tienes que estar ahí, porque es que si no estoy van a decir que no colabore, no me van a dar contrato. Un contratista tiene que estar 24/7”  dice. 

Aurora lo confirma. “Un día yo iba montada en un bus y [el jefe] necesitaba una información ya mismo, y yo llevaba dos meses y medio sin contrato [mientras esperaba la renovación]. Me acostumbré a trabajar con el computador siempre en la maleta, por si algo se necesita. No es saludable … yo a las nueve de la noche estoy pegada en el computador trabajando”.

En otra época, también a la espera de la renovación, recuerda que la presencialidad, en pasillos, se hizo norma.  “Llegó el afán de que si no te ven no te vuelven a contratar. Entonces uno tenía que ir a que lo vieran. No importaba si tú haces bien tu trabajo, tenían que verte”, dice ella. 

Menos costos para el Estado

Para el Estado resulta más económico contratar con prestación de servicios, y le da más libertad a la hora de decidir cuántas personas renovar, y a quienes. “Creo que esa ventaja que vio el Estado de algún modo se volvió normal” dice Rebeca. “Se descontroló y nadie hizo nada. Es el mismo Estado el que más vulnera derechos laborales. ¿Cuánto se ahorra el Estado cuando los contratistas pagan el 100% de su seguridad social? Más lo que tendrían que pagar de vacaciones, primas, cesantías…”. 

En 2023 había 2,5 millones de personas con un contrato de prestación de servicios en entidades del Estado. 

Si bien Colombia no es el único país con esta figura, acá ha habido poco progreso en la protección. Para Rebeca “en otros Estados un contrato de estas de esta índole en el sector público es imperdonable, es inconcebible. Existen figuras similares, pero no son tan comunes. Y en estos otros países ha venido avanzando la legislación, que es lo que no se ha permitido acá. Es más, la senadora Angélica Lozano ha presentado repetidamente un proyecto de ley que pretende brindar algunos derechos laborales a los contratistas y ese proyecto de ley se ha quedado siempre porque lo archivan, porque no lo discuten. No es un tema que realmente le importe al Congreso, nunca le ha importado”.

María Elisa, quien ha tenido muchos consultantes con este tipo de contratos, agrega que “dice mucho de nuestra noción de trabajo que la mano de obra que trabaja para generar transformaciones sociales (que implican cuidar, generar políticas públicas, transformar, repensar) esté atravesando situaciones de incertidumbre y de vulneraciones”.

Seguir es una lucha, pero salir es un duelo

Elvira, quien trabajó en Idartes, habla del dolor: “Para mí, salir de Idartes fue muy difícil. Mi tusa por Idartes … yo nunca sentí algo así, te lo juro. Me tocó con terapia y todo, es que yo amaba mi trabajo, me gustaba mucho lo que hacía, pero todas esas condiciones tan injustas hicieron que yo me saliera”.

Camila lo siente en proporciones similares: “No hay nada fijo. Es como que ‘me quedé sin proyecto’. Todo el marco del mundo laboral, por lo menos para ciencias humanas, es mucho más complicado”. 

María Elisa Dávila, psicóloga, entiende que estas incertidumbres se han naturalizado en las nuevas generaciones, cómo si trabajar para el Estado solo tuviera una cara y esa cara no nos mirara a los ojos: “Sufrimientos así están enmarcados en la sensación de que uno no puede, hay unos temas de suficiencia y de validez muy importantes. Hay personas que podemos empezar a pensar que, como hemos sido contratistas, no merecemos un contrato laboral. Entonces empiezan a haber unos imaginarios de merecimiento, de ‘¿será que soy capaz, que soy suficiente?’ Es muy doloroso”.  

*Los nombres de este reportaje fueron cambiados a petición de las fuentes.