Más glifosato en Colombia no ha implicado menos coca. Los cultivos declarados ilícitos se han multiplicado paralelamente a la millonaria financiación estadounidense para combatirlos.
Flor Urbano le sube con cuidado la camiseta a su hijo menor. Sobre su piel blanca sobresalen las marcas de un fuerte brote rojizo que se esparce por todo el cuerpo. Luego le aplica una crema antialérgica, la Betametasona, mientras él espera paciente que el dolor se diluya.
La madre cuida de no desperdiciar crema, cada milímetro vale oro, especialmente para una familia campesina del corregimiento de Las Mesas, en las profundidades de Nariño, en la falda de la cordillera de los Andes colombianos.
–Cuando no tenemos plata, el de la farmacia nos fía la crema. Sabe que es la vida para mis dos hijos–, responde resignada.
Flor repite el procedimiento casi quirúrgico sobre la piel de su hija mayor. Los dos sufren de una extraña enfermedad que cada tanto se manifiesta con mayor virulencia. Una comezón inaguantable que empeora cuando el sarpullido escala.
Rubén Darío Bolaños, esposo de Flor, se recuesta en la entrada de una de las dos habitaciones de su casa, que junto a su huerta, suma poco menos de una hectárea. Es un hombre joven de piel tostada por el sol del campo y con las manos gruesas de sembrar.
Cuenta que sus hijos nacieron con esa alergia crónica en la piel. Un especialista que los atendió, –luego de pasar por varios médicos generales– en Pasto, capital de Nariño, les dijo que la causa podría estar ligada a la fumigación con glifosato a la que se expusó Flor durante el embarazo en 2004.
Desplazarse hasta allá una vez a la semana para que sus hijos tengan atención médica les implica tomar un bus y viajar más de cinco horas.
– Me duele ver a mis hijos estresados, pero no puedo hacer nada. De la piel les sale agua y les arde. Solo tenemos esta crema para calmarles–, explica Rubén.
Rubénhabla de la época de las avionetas, el glifosato y los cultivos de amapola, un tiempo especialmente duro en la primera década de este siglo.
El corregimiento de Las Mesas hace parte de un municipio igual de olvidado, el Tablón de Gómez. Sus habitantes cultivan papa, café y legumbres. Tratan de vivir de eso, aunque no es suficiente.
La carretera para sacar sus productos hacia los mercados de las ciudades es una trocha enroscada, rodeada por abismos, intransitable cuando las lluvias de marzo la convierten en un lodazal. Las Mesas está incomunicado. Ese abandono llevó a parte de su gente a sembrar el único producto que les permite sobrevivir económicamente: la amapola.
En los noventa, Colombia vivió su década más violenta por los combates entre guerrillas campesinas, grupos paramilitares y fuerza pública. Para entonces, la montaña donde están Las Mesas vivía el boom de la Amapola, esa planta prohibida que se vendía muy bien a las mafias locales protegidas por ejércitos ilegales.
La respuesta del Estado fue inundar esos campos de glifosato.
– La avioneta pasaba por encima de uno asperjando. Dejaba ese humo oscuro y a los quince días se veían los potreros amarillos. A los árboles se le caían las hojas, todo lo secaba–, recuerda Rubén Darío, que aclara que nunca sembró amapola.
El glifosato cuando cae del cielo no discrimina.
José Luis Rosero, un líder de Las Mesas teme usar ese rótulo porque en Nariño fueron asesinados 23 líderes sociales en el 2020.
–Cómo acá en Colombia nos matan por ser líderes sociales, mejor diga que soy líder comunitario–, dice como si hablara de cualquier otro tema. Ese panorama de violencia es paisaje común en muchas zonas de Colombia.
Tiene un aire monástico, viste correctamente y tiene una libreta llena de nombres bajo el brazo. José Luis Rosero dice que el caso de la familia de Rubén no es el único.
– Hay muchos con enfermedades extrañas, niños y niñas que nacieron luego de esas enormes aspersiones de glifosato que empezaron en el 99’ y terminaron en el 2010, durante la bonanza amapolera,– explica sentado en la terraza de la casa de una profesora que le ayuda a relevar casos. Detrás suyo está Las Mesas, un accidente de cemento que cuelga de lo profundo de la cordillera.
José Luis Rosero recorrió todas las veredas del corregimiento de 7.000 habitantes y encontró más de 60 familias con casos como los de la familia Bolaño Urbano o aún más graves como hidrocefalia o malformaciones congénitas.
Sistematizó todos los casos que encontró, los fotografió, los ubicó en un mapa, los cruzó con los lugares donde hubo aspersiones y encontró coincidencias. Después, reunió a las familias, agrupó sus necesidades y atrajo la atención de los medios de comunicación para buscar algún tipo de ayuda para ellas.
En estos sitios olvidados, la vida es dura aún sin problemas de salud, pero para las madres de estos niños es una odisea.
Ante la pregunta de si hay alguna evidencia científica para afirmar que fue el glifosato la causa, José Luis responde que no sabe si ha habido estudios. Pero dice que en las fotos está la respuesta para los escépticos que debaten sus posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente desde la lejana Bogotá.
La capital de Colombia queda a más de 800 kilómetros al norte de Nariño atravesando la Cordillera de los Andes. Allí, desde la academia, las redes sociales y las esferas políticas, se debate si el glifosato es tan dañino como dicen con estudios en mano, de un lado y del otro.
Desde que llegó al poder en 2018 el presidente Iván Duque ha intentado reactivar la aspersión aérea con glifosato que suspendió el gobierno de Juan Manuel Santos en 2015. Hasta ahora se lo impide una sentencia de la Corte Constitucional que exige una serie de condiciones para las aspersiones.
Además de la presión social que viene de lugares como Nariño y un amplio sector social que teme el regreso por las implicaciones a la biodiversidad, las fuentes de agua y los cultivos de uso lícito en esas zonas. El propio Duque ha reiterado que quiere dejar en pie la reactivación de la aspersión al cierre de su mandato en 2022.
El presidente tiene sus propias presiones y pretensiones. En 2017 el exmandatario estadounidense Donald Trump amenazó con descertificar a Colombia debido “al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos 3 años, incluido el cultivo récord durante los últimos 3 años”, según un memorando de la Secretaría de Estado publicado en septiembre de ese año. Por eso, Estados Unidos consideró seriamente designar “a Colombia como un país que no ha cumplido de manera demostrable con sus obligaciones (…) contra el narcotráfico”. Situación en la que están Venezuela y Bolivia. Y eso, en términos prácticos, se habría traducido en una reducción del presupuesto que Estados Unidos, el mayor receptor de droga proveniente de Colombia, otorgaría al país en su lucha contra las drogas el siguiente año.
–Parte del atractivo es el interés económico. Si Colombia es descertificada, no recibiría ese dinero (…) que termina por llegar a altos oficiales incluso de la Policía Antinarcóticos– , explica Gabriel Tobón, profesor de la facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana.
Esto fue confirmado por un ex alto oficial de Antinarcóticos.
–Cada año se puede evidenciar que aparecen nuevos cargos, nuevos procesos y nueva burocracia. Con o sin sustento y eso es debido a que atrae muchos recursos económicos y ayuda internacional–, explicó.
Este oficial explicó que la ayuda internacional va condicionada a resultados en área erradicada, muchas veces inalcanzable para la fuerza pública. Esta presión hace que las cifras se alteren y terminen infladas.
El mismo oficial explica que incluso hay sospechas de que Antinarcoticos muestra como erradicadas áreas que no han sido asperjadas o que no hay certezas sobre las coordenadas de los cultivos de coca allí presentes.
–¿Realmente se está erradicando o se erradica pero adicionalmente se está reportando un área no erradicada?–, se pregunta sabiendo la respuesta.
Entre 2012 y 2017 los cultivos de coca pasaron de 47.788 hectáreas a 171.494 en el país según el Observatorio de Drogas de Colombia. El crecimiento que retumbó hasta en la prensa internacional, sumado a la presión nacional y extranjera ha devuelto el fantasma de la aspersión aérea a Colombia como una alternativa para combatirlos. Si funciona o no, es el eterno debate polarizante que ocupa la agenda noticiosa cíclicamente.
Alejandro Gaviria, exministro de Salud del gobierno de Santos, rechaza el retorno de la aspersión aérea porque, según él, la mayoría de la evidencia científica alerta sobre sus riesgos.
–No estoy de acuerdo con las intenciones (por ahora son eso) del gobierno de reanudar las fumigaciones con glifosato. No creo además que (la aspersión aérea) pueda hacerse de manera segura. O sea, no veo cómo un protocolo de seguridad va a impedir estos efectos, no hay forma de no afectar a la población que vive en esas zonas–, explicó Gaviria en una entrevista que nos dio en septiembre de 2020.
En contraste, Daniel Rico, asesor en política de drogas, lavado de activos y economías criminales, dice desconocer el primer informe científico sobre las afectaciones de la aspersión aérea con glifosato sobre la salud humana. Agrega que el debate no pasa por la aspersión sí o la aspersión no.
–Se pueden hacer estrategias antinarcóticos efectivas sin glifosato, es completamente posible, pero es mucho más difícil.–
Los costos humanos de la erradicación forzada son altos. Entre 2009 y 2018 los registros de la Policía Antinarcóticos señalan que 126 miembros de la Fuerza Pública y civiles han muerto en labores de erradicación y 664 han resultado heridos con graves lesiones.
Según las cifras oficiales del Observatorio contra las Drogas más de 90.000 hectáreas fueron erradicadas forzosamente en el 2019 en Colombia.
Aún así, para Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, el debate es de carácter ético. Cree que ante la duda, el Estado debe actuar con precaución y buscar otros mecanismos que no afecten la salud de los campesinos.
–Mucha gente de manera demagógica dice: “mire que yo uso glifosato, me lo echo encima y no pasa nada”. ¡No! Es la exposición repetida y con el tiempo la que muestra los efectos–, remarcó en la entrevista.
En Colombia, las políticas públicas enfocadas en la lucha contra las drogas, que han tenido al glifosato como línea transversal, han demostrado ser un fracaso.
En 1999 Colombia tenía 160.119 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Ese año los gobiernos de Estados Unidos y Colombia lanzaron el Plan Colombia que tenía la meta de reducir a la mitad los cultivos ilícitos en seis años. El gobierno estadounidense invirtió 9.600 millones de dólares más 131.000 millones del gobierno colombiano entre 2000 y 2015 cuando se desarrolló el Plan Colombia. El objetivo no se cumplió, incluso con la aspersión aérea con glifosato. En 2019, según informes de la ONDC, oficina contra las drogas de la Casa Blanca, el país sudamericano cultivó 212.000 hectáreas de coca, una cifra récord.
Después de 2007, Colombia empezó a asumir algunos de los costos del Plan Colombia, nacionalizando gastos que antes asumía Estados Unidos, como la compra de glifosato. Que el gobierno estadounidense dejó de proveer en 2010.
–En el plan de nacionalización contemplado en el Plan Colombia, Colombia debía asumir gradualmente algunos costos de la aspersión aérea, como comprar el glifosato con presupuesto nacional desde 2011,– nos contó el mismo oficial en retiro de la Policía Antinarcóticos, que pidió reserva.
Según él, ni siquiera la fuerza pública colombiana tenía certeza sobre la composición química del herbicida que les entregó durante más de una década el gobierno gringo y que esparcieron por los campos.
–No teníamos mucha claridad sobre qué tipo de formulación comercial era,– dijo el ex oficial.
A partir de 2011, Antinarcóticos adjudicó el primer contrato de compra a la empresa colombiana Talanú Chemical Ltda, una pequeña compañía de Ibagué, ciudad a 200 kilómetros de Bogotá, que según los registros importa el químico directamente de China. Talanú, que formó uniones temporales con otras empresas para postularse a las licitaciones de la Policía Antinarcóticos, ganó cinco de los seis procesos de contratación entre 2011 y 2019, dos en forma directa. Los cinco contratos adjudicados suman aproximadamente seis millones trescientos mil dólares.
Sobre el glifosato que adquirió Antinarcóticos desde 2011 se cierne un amplio manto de dudas. Ese año Talanú registró ante las autoridades colombianas una nueva empresa “formuladora del producto”, que proveía el glifosato usado para erradicar, marca Cuspide 480 SL.
La compañía Gilmore Marketing and Development Inc. de China no está registrada en la base de datos del Instituto Chino para el Control de Agroquímicos (ICAMA), porque es una empresa estadounidense registrada en Tennessee bajo el nombre “Gilmore Marketing and Development Inc”. Es decir, Talanú mintió en el registro que presentó a las autoridades colombianas sin mayores consecuencias. Pese a ello, su glifosato siguió siendo usado sobre los cultivos hasta 2019.
Pero la erradicación con el herbicida, aplicado de forma terrestre desde 2016, tampoco ha solucionado nada. Más glifosato en Colombia no ha implicado menos coca. Los cultivos declarados ilícitos se han multiplicado paralelamente a la millonaria financiación estadounidense para combatirlos.
La erradicación forzada de los cultivos es un palo en la rueda para la implementación del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano de 2016. En el acuerdo se priorizó la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a cambio de apoyo económico y productivo gubernamental para que los campesinos reemplazaran el cultivo de coca por producción lícita. Así, la erradicación con glifosato se reducía a una de las opciones viables para controlar su crecimiento.
Sin embargo, el gobierno de Duque, cuyo partido se opone al Acuerdo, ha empujado a su fuerza pública a realizar operativos de erradicación forzada, produciendo tensiones y choques con campesinos que encuentran en los cultivos de coca o amapola la única fuente viable para mantener a su familia.
Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria se han registrado 95 enfrentamientos entre campesinos y ejército por la resistencia a la erradicación forzada entre 2016 y 2020. Además, al menos 75 líderes campesinos del proceso de sustitución de cultivos han sido asesinados en ese mismo periodo según la organización social Somos Defensores.
El municipio del Tablón de Gómez mantiene el índice de necesidades básicas insatisfechas por encima de 60 puntos sobre 100. Al occidente de Nariño, desde el Pacifico, crece una mancha de cultivos ilícitos que fortalece a grupos armados tras el respiro de los años de la firma del Acuerdo de Paz.
Por su parte, Joe Biden, recién llegado a la Casa Blanca anunció su nueva política contra las drogas. En su Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes felicitó las políticas de erradicación de Duque y respaldó el posible retorno de la aspersión aérea con glifosato, poco cambió en la narrativa de siempre.
El presidente Iván Duque firmó un decreto el pasado 12 de abril que regula el retorno de la aspersión aérea con glifosato. Su ministro de defensa salió a decir que en Colombia se aplicará la “aspersión con precisión” para proteger el medio ambiente y la salud. La decisión todavía debe sortear la resistencia de sectores civiles y cumplir a cabalidad el fallo de la Corte Constitucional en 2017.
En Las Mesas, el punto olvidado de las montañas del sur de Colombia, no hay debate.
Rubén muestra la Betametasona casi vacía, lo único que alivia el dolor de sus hijos. Cuenta que ha recurrido a rifas, a la caridad colectiva y a la iglesia para poder comprar el medicamento.
– “La gente está muy preocupada porque van a seguir las fumigaciones, pero dígame, cómo no.”-
José Luis agrega que en el 2002 cuando se oyeron las avionetas por primera vez no sabía de las consecuencias. Días después de la noticia de la firma del decreto de Duque agregaría: -“Hoy podemos contar con la experiencia que tenemos de muchas madres gestantes que en su momento trabajaban en sus campos y fueron lavadas con este químico tan fuerte y letal, madres que hoy tienen niños con muchas complicaciones congénitas que les han marcado la vida”-.
Nos dice que es una lástima que no alcancemos a hablar con todas las familias. Una a una lo han llamado, quieren dar su testimonio. -”Ojalá este químico no vuelva a lavar nuestros cuerpos,”
Cae la tarde en Las Mesas. Los hijos de Ruben Dario le ayudan a picar la tierra del sembrado de papa, cuando se va el calor del día el escozor es menor.
Por ahora no hay ruidos de fusiles ni de aspersiones. Pero eso no deja de preocupar a Rubén y José Luis que tienen fresca en su memoria las imágenes de los cielos cubiertos del humo oscuro del glifosato y de los alisos -que viven entre 60 y 120 años- secarse en cuestión de horas.
–Sí eso hace con los árboles, qué no hará con uno,– concluye José Luis.
[N. de la E. esta investigación multimedia fue publicada originalmente en CLASH]
