Son, hasta ahora, 35.178 las víctimas de las que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva registro en el macrocaso 11 que acaba de abrir para investigar la violencia basada en género, sexual y reproductiva y otros crímenes por prejuicio cometidos durante el conflicto armado. 

Aunque en mayo del año pasado la Sala de Reconocimiento de la JEP anunció que emprendería esa investigación, fue recién este 27 de septiembre cuando oficializó la apertura del macrocaso, luego de realizar una fase de agrupación y concentración en la que estableció un universo provisional de hechos a partir de informes y bases de datos presentados por organizaciones de víctimas, mujeres, población LGBTIQ+ y entidades estatales. Según lo encontrado en esa fase que abarca crímenes cometidos entre 1957 y 2016, el 89,2% de las víctimas son mujeres y el 35% sufrió las violencias siendo niñas, niños y adolescentes. El mayor número de hechos (33%) se atribuye a grupos paramilitares cuyo accionar, si bien está siendo investigado en otros macrocasos, no es competencia directa de la JEP. El 5,82% de los casos se atribuye a las Farc y el 3,14% a agentes del Estado, mientras que en el 30% no se ha identificado a un responsable.  

Esto, sumado a la enorme labor de registro y documentación por parte de distintas organizaciones, llevó a que la JEP determinara que la violencia basada en género, sexual, reproductiva y por prejuicio merecía una investigación propia. 

El anuncio fue celebrado como un hito de la justicia transicional, sobre todo porque el punto de partida de la investigación es reconocer que esa violencia hace parte de la guerra y, al tiempo, que refleja y refuerza las discriminaciones cotidianas contra las mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Es decir que existe una cultura patriarcal en la que también se mueven los grupos armados. 

Crímenes sexuales contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres y por tanto, según la concepción de los actores de la guerra, tener una vocación de servicio hacia los hombres. Contra mujeres “solas” o “rebeldes”, o por venganza a sus maridos, padres y hermanos. Trabajo doméstico forzoso. Desplazamiento de personas LGBTIQ+ con el fin de aleccionar y castigar. Acoso y abuso sexual contra integrantes de los mismos grupos armados. Violación de la autonomía reproductiva. Esas son algunas violencias que el macrocaso 11 investigará mediante tres subcasos, cada uno con patrones y móviles. El primero se centrará en hechos cometidos por miembros de las Farc contra civiles, el segundo en eso mismo por parte de la fuerza pública y el tercero en violencias en las filas de la fuerza pública y las Farc.

De acuerdo con la JEP, se elaboró una lista de presuntos autores de las Farc de los que por ahora solo se identificó su nombre de guerra y otra de un grupo de comparecientes que en su mayoría pertenecen a 20 unidades tácticas del Ejército Nacional y que serán llamados a rendir versión. 

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En tres tiempos es la sección de Cerosetenta en la que intentamos desmenuzar el pasado, presente y futuro de un tema. En esta ocasión hablamos con la abogada Adriana Benjumea, codirectora de la Corporación Humanas Colombia que, a su vez, integra 5 Claves, una alianza de organizaciones contra la violencia sexual y cuya incidencia fue fundamental para la apertura del macrocaso 11.   

¿Qué pasó?

Adriana Benjumea cuenta que la Alianza 5 Claves surgió en los Diálogos de La Habana entre el gobierno y las Farc con el objetivo de que la violencia sexual no fuera amnistiada o indultada en el Acuerdo de Paz, sino que se le considerara un crimen, según lo estipulado en el Estatuto de Roma. “Nuestra lucha empezó en La Habana”, recuerda. “Y no siempre fue fácil, pero logramos que quedara en el Acuerdo que esos crímenes tienen que judicializarse, o sea que no se van a perdonar”. 

Enseguida, el trabajo de la alianza se enfocó en que la JEP reconociera la urgencia de abrir un macrocaso para investigar la violencia sexual cometida durante el conflicto armado aún con los retos que eso implica: el gran subregistro, la dificultad probatoria o las dinámicas de vergüenza y culpa que suelen recaer en las víctimas y no en los victimarios. “No solo son retos jurídicos, sino también políticos y éticos porque ningún ejército, regular o irregular, quiere aparecer como violador de mujeres. Pero la realidad es que en Colombia todos los actores armados que participaron en la guerra han cometido crímenes sexuales. Guerrillas, paramilitares, fuerza pública y policía. Todos”, amplía Benjumea. 

«Que todos los grupos sean perpetradores, pero ninguno quiera asumirlo, lleva a que la violencia no sea reconocida o se minimice con excusas que aluden a ‘daños colaterales’ o ‘manzanas podridas'».

Que todos los grupos sean perpetradores, pero ninguno quiera asumirlo, lleva a que la violencia sexual, reproductiva o por prejuicio en periodos de guerra no sea reconocida o se minimice con excusas que aluden a “daños colaterales” o “manzanas podridas”. Además, Benjumea apunta a raíces que tienen que ver con un modelo social en el que los cuerpos de las mujeres y niñas están a disposición de las instituciones, incluida la institución de la guerra. “Es un modelo construido para que lo que les pasa a las mujeres sea menos grave y no merezca justicia. Las mujeres son para eso, para apropiarse, para violarlas”. 

¿Qué está pasando?

Para Benjumea la victoria que representa la puesta en marcha del macrocaso 11 tiene que ver con el reconocimiento. “Se reconocen dos cosas fundamentales que las víctimas y las organizaciones de mujeres han mencionado desde hace tiempo. Primero, que la violencia sexual es grave, que es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Segundo, que en Colombia esa violencia tiene un nexo causal y le fue útil a la guerra”. 

El macrocaso abre la posibilidad de un tipo penal que recibe el nombre de persecución y está relacionado con un contexto en el que se cometen crímenes en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. Además, la JEP envía el mensaje de que los crímenes sexuales deben ser juzgados, lo que establece un contrapeso al porcentaje histórico de impunidad que ronda el 90%. “Plantear públicamente que se va a investigar y judicializar de alguna manera rompe la brecha de impunidad que los modelos de justicia ordinaria y transicional han tenido en Colombia”, dice Benjumea. 

Sin embargo, para ella hay un matiz agridulce en el macrocaso 11. Como abogada de las víctimas, Benjumea comparte una preocupación mencionada por otras organizaciones:  la demora para que el macrocaso abriera y el poco tiempo con el que la JEP cuenta para llevarlo a buen término. “A la Jurisdicción le quedan cinco años. ¿Qué pasa con crímenes que tienen tanto subregistro y con el último macrocaso que se abre mientras los demás han tenido más tiempo y mayores posibilidades de investigación?”, se pregunta.  

Benjumea también plantea dudas respecto a que la responsabilidad de recolectar datos y elaborar informes recaiga en las organizaciones. “¿Por favor, Jurisdicción, eso es algo que las víctimas y organizaciones venimos haciendo durante años. Tenemos el tiempo sobre la espalda y hay que dar una respuesta de justicia transicional a las víctimas”.

¿Qué pasará? 

En ese sentido, según Benjumea, el primer reto de la JEP es recuperar el tiempo perdido. “Después hay que abrir un diálogo con las organizaciones de víctimas no solo demandando informes, sino partiendo de los que ya les entregamos”, propone. Añade que es urgente trabajar en la acreditación de las víctimas, en una reparación que asegure la transformación de sus vidas, en determinar penas proporcionales al daño causado y, a largo plazo, en consolidar un enfoque de género para la justicia ordinaria.

“Nuestro trabajo en 5 Claves es garantizar y hacer veeduría y seguimiento suficientes para que con este macrocaso se cierre la brecha de impunidad, se investigue con enfoque de género y se asegure la participación de las víctimas. Nuestro trabajo no llegará a su final mientras continúe el modelo de justicia transicional. Si a ellos les quedan cinco años eso será lo mínimo que le quedará a la alianza”, asegura Benjumea.