Durante buena parte del siglo XX, el modelo de colonización empujó a millones de campesinos a internarse en las selvas tropicales del planeta.

En países como Colombia, Brasil o Indonesia, los gobiernos ofrecían titulación a quienes lograran demostrar que habían “puesto a producir” tierras baldías. Para miles de familias que huían de la violencia o de la extrema concentración de la tierra en los valles fértiles, la selva aparecía como la última frontera de esperanza. La promesa de “tierra para quien la trabaje” no se cumplió en los centros agrícolas consolidados, sino en los márgenes remotos donde comenzaba el bosque.

Pero esa promesa tuvo un costo enorme. Para los bosques y para los pueblos indígenas que los habitaban, la colonización significó décadas de despojo y destrucción. El historiador ambiental Michael Williams estima que entre 1950 y 1980, durante los años de mayor expansión colonizadora, el mundo perdió cerca de 329 millones de hectáreas de bosque, es decir, casi tres veces la extensión total del territorio colombiano (114 millones de hectáreas). 

Frente a ese modelo, las políticas de reforma agraria proponían otro camino. Partían de una premisa distinta: el problema no era que faltara tierra, sino que estaba concentrada. Redistribuirla no solo podía aliviar tensiones sociales y mejorar la productividad agrícola, sino también estabilizar las fronteras agrícolas. Algunas voces señalaron, incluso entonces, que una reforma en los centros fértiles podía reducir la presión sobre los bosques en los márgenes.

Con la reforma agraria posicionándose nuevamente como una agenda urgente en las discusiones internacionales de política pública, la pregunta reaparece con fuerza: ¿Cuál es el lugar de los bosques en la reforma agraria contemporánea? 

Las múltiples conversaciones que tuvieron lugar en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural – ICARRD +20 en Cartagena ofrecen claves para responder a esta pregunta. Y aunque la naturaleza democrática y amplia de la conferencia abrió espacio para el disenso y las perspectivas divergentes, una conclusión parece abrumadora: La sostenibilidad ambiental es un eje central de la reforma agraria hoy. Sin embargo, las maneras en que los bosques encuentran un lugar dentro de la agenda de reforma agraria son múltiples.      

Las cinco “R” de la reforma agraria contemporánea

La ICARRD +20 fue un escenario de convergencia entre delegaciones oficiales, líderes de movimientos sociales y académicos de más de 80 países en el que se buscó definir los pilares fundamentales de la agenda contemporánea de reforma agraria. En los distintos espacios que tuvieron lugar entre el 24 y el 28 de febrero, representantes de cada grupo caracterizaron la reforma agraria de hoy a partir de las cinco “R”: Redistribución, Restitución, Regulación, Reconocimiento y Regeneración.

Las tres primeras remiten a debates clásicos: redistribuir tierras concentradas, restituir las que fueron despojadas y fortalecer regulaciones que frenen el acaparamiento. Pero las dos últimas amplían el horizonte.

Reconocimiento significa algo más que inclusión simbólica. Implica garantizar la voz efectiva de pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, pescadores, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales en el diseño e implementación de las políticas agrarias.

Regeneración, por su parte, introduce con claridad una dimensión ecológica a la reforma. Como lo señala la investigadora Itayosara Rojas en un reciente capítulo de libro, no se trata solo de producir alimentos, sino de fortalecer la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida humana y no humana. Eso incluye proteger la biodiversidad, el agua, los suelos y las funciones ecológicas de bosques, páramos y humedales.

Poner la reproducción de la vida en el centro transforma la manera en que entendemos la tierra. La Declaración de Cartagena, que emergió de la conferencia académica que antecedió la ICARRD, recoge bien este punto. En su párrafo introductorio, reconoce que “la tierra, el agua, los espacios marinos y los bosques son vida. La tierra no puede reducirse a un insumo productivo, una mercancía, un activo financiero, un terreno baldío a la espera de inversión, ni simplemente a un objeto de estudio. Es fuente de vida para una diversa multitud de ecosistemas, flora, fauna, pueblos, comunidades y Estados-nación. La tierra es sustento, identidad, memoria, cultura y dignidad”.

Esa afirmación cambia el punto de partida. Si la tierra es vida, los bosques dejan de ser vistos como obstáculo a la productividad y pasan a ser parte fundamental del entramado que hace posible la reproducción social en el campo.

Agroecología y regeneración

En este nuevo marco, la agroecología ocupa un lugar central. No es solo una técnica agrícola, sino un enfoque que aplica principios ecológicos a la producción de alimentos y apuesta por sistemas diversos, resilientes y menos dependientes de insumos externos.

En la conferencia, líderes campesinos compartieron experiencias de restauración de suelos degradados por monocultivos o por el uso intensivo de agroquímicos. Marisela Silva, del comité impulsor de la Zona de Reserva Campesina Guardianes del Chiribiquete, relató en un panel sobre la dimensión ambiental de la reforma agraria cómo su comunidad en Guaviare ha recuperado fuentes hídricas y cobertura forestal mediante sistemas silvopastoriles, rotación de ganado y acuerdos de no tala alrededor de nacimientos de agua.

Sin embargo, también fue clara en señalar los límites. Resistir a la ganadería extensiva o a la expansión de la frontera agrícola no es sencillo cuando el mercado premia la deforestación rápida y castiga la producción sostenible. Por eso insistió en que la reforma agraria no puede limitarse a repartir tierra: debe incluir políticas que hagan viable la agroecología y fortalezcan la soberanía alimentaria.

En este punto aparece una idea clave: proteger los bosques no es incompatible con mejorar la vida campesina. Puede ser, por el contrario, una condición para ello.

Bosques y crisis climática

Otra puerta de entrada para pensar en el lugar de los bosques en la reforma agraria es a través de la relación entre esta y la actual crisis climática. En las últimas tres décadas, los bosques han sido incorporados como un elemento clave de la lucha contra el cambio climático. No solo porque absorben dióxido de carbono, sino porque la deforestación es una fuente importante de emisiones en países tropicales como Colombia, Brasil, Indonesia, Tanzania, o Mozambique.

En las conferencias climáticas internacionales, especialmente en el marco de las COP de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la reducción de la deforestación se ha convertido en una prioridad global. De allí han surgido mecanismos destinados a canalizar recursos hacia la protección de los bosques.

Sin embargo, como advirtió Angie Durán, investigadora de la organización Ambiente y Sociedad, estas inversiones pueden intensificar desigualdades existentes si se orientan hacia modelos de conservación excluyentes o hacia esquemas que terminan favoreciendo a grandes propietarios. Durante el panel plenario “Justicia agraria, ambiental y climática”, Durán llamó a situar la reforma agraria en el centro de la agenda climática.

Las investigaciones de Natacha Bruna, afiliada a la Universidad de Cornell y al Observatorio do Meio Rural de Mozambique, también aportan elementos importantes para esta discusión. Durante su intervención en la conferencia académica previa a la ICARRD, Bruna analizó el funcionamiento de los proyectos REDD+, mecanismos que generan bonos de carbono a partir de actividades destinadas a prevenir la deforestación.

En teoría, estos bonos permiten que grandes emisores compensen sus emisiones comprándolos a comunidades que conservan bosques. Sin embargo, Bruna advierte que estos proyectos pueden intensificar desigualdades globales al configurar nuevas dinámicas de extractivismo verde. Al crear un nuevo valor económico asociado al carbono almacenado en los árboles, también se generan nuevos incentivos para el acaparamiento de tierras.

Además, señala que estos mecanismos no resuelven el problema estructural del cambio climático. Mientras algunos actores compran bonos de carbono para compensar sus emisiones, sus actividades productivas continúan dependiendo de combustibles fósiles y otros procesos extractivos.

En Colombia, los debates sobre estos mecanismos han sido particularmente intensos. En un panel organizado por el Centro de Estudios de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), se presentaron casos en los que comunidades indígenas habían sido afectadas por empresarios interesados en desarrollar proyectos REDD+. Tomás Vergara, investigador de CEALDES, advirtió sobre los riesgos asociados a la expansión de estos proyectos en territorios indígenas.

De acuerdo con datos del Instituto SINCHI, cerca del 66 % de las áreas de resguardos indígenas en la Amazonía, alrededor de 17 millones de hectáreas, estaban vinculadas contractualmente a proyectos de este tipo (ver tabla, página 100). Vergara señaló que este escenario puede interpretarse como una forma de acaparamiento verde, en la que empresas externas al territorio se apropian del valor económico asociado al carbono de los bosques mientras solo una pequeña parte de los beneficios llega a las comunidades.

Estos ejemplos muestran que la reforma agraria tiene un papel crucial en los debates sobre cambio climático. Además de redistribuir la tierra, la reforma agraria tiene que proteger a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que ven sus derechos sobre el bosque amenazados por una nueva ola de acaparamiento verde. Más que insertar a estas comunidades en mercados internacionales volátiles y especulativos, la acción climática debe servir para reforzar sus capacidades de sostener la vida. 

Aunque la protección de los bosques es fundamental para resolver la crisis climática, esto no puede ocurrir a expensas de quienes habitan en esos bosques y los han protegido históricamente. Por ello, proteger los bosques implica también proteger los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que habitan esos territorios y que pueden verse amenazados por nuevas formas de acaparamiento.

Seguridad en la tenencia y territorialidades propias

Las formas de territorialidad propia ofrecen pistas sobre cómo articular conservación y justicia social. En Colombia, estas figuras incluyen los resguardos indígenas, las recién formadas Entidades Territoriales Indígenas, los títulos colectivos de comunidades negras, las Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Diversos estudios han mostrado los efectos positivos de estas figuras en la protección de ecosistemas estratégicos. La investigadora Carolina Castro, de la Universidad de los Andes, presentó durante la conferencia académica los resultados de su tesis doctoral, en la que combina análisis econométrico e imágenes satelitales. Su investigación muestra que la probabilidad de deforestación disminuye significativamente en áreas donde se establecen Zonas de Reserva Campesina. Además, este efecto se fortalece con el tiempo a medida que se consolidan los sistemas comunitarios de manejo del territorio. Otros estudios que emplean metodologías similares han demostrado efectos similares para los casos de resguardos indígenas y de consejos comunitarios de comunidades negras.

A nivel global, el más reciente informe de la FAO sobre la situación de la tenencia y la gobernanza de la tierra llega a conclusiones similares. El documento destaca que una gran parte de los ecosistemas mejor conservados del planeta se encuentra en territorios habitados por pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales, y señala que estas áreas albergan una proporción significativa de los hábitats críticos de biodiversidad del mundo. Sin embargo, el informe también revela los altos niveles de inseguridad jurídica que enfrentan estas comunidades. De acuerdo con él, una parte importante de territorios forestales intactos y reservas de carbono carece aún de reconocimiento oficial por parte de los Estados.

Como señaló la académica Ruth Hall en su comentario al informe, la formalización de la propiedad no siempre garantiza seguridad en la tenencia. Muchos sistemas de gobernanza territorial, aunque no estén formalizados, pueden ser muy robustos. En algunos casos, la formalización individual incluso puede debilitar derechos colectivos existentes.

Por ello, diversas organizaciones indígenas y campesinas han insistido en que la clave no es solo formalizar la tierra, sino reconocer y fortalecer sus propias formas de gobernanza.

Encontrar el lugar de los bosques desde la justicia agraria

Las discusiones que tuvieron lugar en la ICARRD+20 sugieren varias claves para pensar el lugar de los bosques en la reforma agraria contemporánea. 

Primero, que una reforma agraria redistributiva puede contribuir a proteger los bosques. Al distribuir tierras en zonas fértiles y estabilizar fronteras agrícolas, se reduce la necesidad de expansión hacia áreas forestales.

Segundo, que reconocer y fortalecer territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes no es solo una cuestión de justicia histórica. Es también una estrategia eficaz de conservación. Lejos de ser enemigos del bosque, numerosos estudios muestran que estas comunidades han sido históricamente algunos de sus principales guardianes.

Finalmente, la acción climática debe evitar reforzar la dependencia de las comunidades rurales frente a mercados volátiles como los de carbono. En lugar de ello, debería fortalecer las condiciones materiales que permiten sostener formas de vida en los territorios forestales.

Esto implica garantizar derechos sociales básicos: salud, educación, vivienda y acceso a alimentos, reduciendo de este modo la presión económica sobre los ecosistemas. Puede parecer una política social más que ambiental, pero en realidad ambas dimensiones están profundamente conectadas.

En definitiva, la pregunta no es solo si la reforma agraria puede salvar los bosques. Es si podemos enfrentar la crisis climática sin transformar las desigualdades que históricamente han estructurado el acceso a la tierra.

Si la tierra es vida, como lo afirma la Declaración de Cartagena, entonces la reforma agraria no es solo una política distributiva. Es también una política ecológica. Y quizá una de las más importantes de nuestro tiempo.