El candidato a presidente de Colombia, Iván Duque, recibió en campaña más dinero en donaciones de la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada, que todos los demás candidatos a la Presidencia en el 2018 juntos. Los funcionarios que hacen parte de su gobierno también reflejan esa cercanía con el sector.

Son once personas, entre ministros, asesores, consejeros y otros servidores públicos, que hacen parte del gobierno y mantienen o mantuvieron antes de llegar a sus cargos distintos grados de relación y cercanía con la industria. Si bien ninguno de estos nombramientos es ilegal, su presencia en la función pública inquieta porque sus posturas hacia la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada podrían impactar en las políticas públicas. 

Las relaciones de funcionarios con los sectores mencionados ya han impactado antes en decisiones en el ámbito público. Ocurrió en junio cuando el proyecto de ley 214 de 2018 de la Cámara de Representantes se hundió incluso antes de llegar a debatirse en la Comisión Séptima por el lobby contra la ley de etiquetado de alimentos, como lo contó La Liga Contra el Silencio. Una iniciativa similar prospera en México, Perú, Ecuador y Chile. El acercamiento entre la industria y las instituciones públicas, en lugar de fortalecer la supervisión y la regulación sobre la industria, apoya estrategias que han sido criticadas desde la academia y la sociedad civil. 

Entre la supervisión y la representación

La Superintendencia de Industria y Comercio, organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está encabezada por abogados que han practicado el derecho comercial durante los últimos años, representando a empresas y actores del sector privado, pero al menos en un caso, el de la Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor, María Carolina Corcione Morales, hay un clásico ejemplo de puerta giratoria, como se conoce comúnmente al tránsito entre el sector público y el privado en una área común.

Corcione ocupó entre marzo del 2017 y octubre de 2018, antes de entrar a la Superintendencia, la Gerencia Legal de Unilever para una región que la empresa en inglés llama “las Américas del Medio” y que comprende a Colombia, entre otros países.

En una plataforma de hojas de vida, Corcione describió sus responsabilidades en Unilever de esta manera: “Soy la business parter [sic] de las áreas de marketing, ventas, calidad, asuntos regulatorios, asuntos corporativos y protección al consumidor”.

Antes de Unilever, es decir entre agosto de 2013 y febrero de 2017, Corcione fue Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio. Este fue su primer empleo en la Superintendencia, cuyas responsabilidades ella describe así: “Estaba encargada de las actividades de inspección, vigilancia y control”. 

Antes de su primer empleo en la Superintendencia de Industria y Comercio, Corcione trabajó entre abril de 2011 y agosto de 2013 como abogada asociada de VGCD Abogados, una de las firmas de derecho comercial más grandes del país. En sus propias palabras, sus responsabilidades en este bufete eran: “Inicié como consultora externa en 2011 en temas relacionados con la protección al consumidor y luego me convertí en abogada asociada en temas comerciales y corporativos”.

Su práctica de protección al consumidor ha oscilado entre la industria privada y la supervisión estatal, sin mediar siquiera un lapso de un mes entre los cargos de supervisión pública y los empleos con la industria privada. 

Para expertos en salud como Marion Nestle, profesora emérita de la Universidad de Nueva York en Estudios de Nutrición y Alimentación, que ha escrito diez libros sobre el tema y que, entre los galardones recibidos ostenta el Premio de Medios de la Ciudad de Nueva York, de la Asociación de Salud Pública de Estados Unidos, este fenómeno es problemático para la salud pública.

“Los gobiernos pueden crear reglas sobre el lapso de tiempo que debe transcurrir antes de que sus empleados trabajen en la industria y no contratar a representantes de la industria, pero esto implica un cambio cultural”, dijo Nestle a La Liga Contra el Silencio.

El tipo de medidas que la Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor debe poner en práctica son la columna vertebral de la supervisión y regulación estatal a la industria, entre la que se encuentra por supuesto, la de bebidas azucaradas y comida altamente procesada. 

La Superintendente Delegada Corcione envió a La Liga una respuesta en la que aclara que se declaró impedida “para conocer y decidir sobre los trámites administrativos adelantados ante la Delegatura para la Protección del Consumidor en los cuales hubiera tenido conocimiento en oportunidad anterior y expresamente frente a Unilever Andina Colombia Ltda.”. 

Además, como una manera de demostrar que desde su cargo no ha favorecido a las empresas de bebidas azucaradas y comida altamente procesada, envió una lista de las 11 acciones que ha emprendido contra ese sector. En el listado aparecen ocho denuncias y dos investigaciones, una de ellas contra Postobón, que llevó a una multa de superior a los 1.490 millones de peso, y que está en proceso de apelación.

Consultamos a Gerardo Andrés Hernández, director de la Corporación Transparencia por Colombia, sobre este caso en concreto: “Ahí sí hay puerta giratoria”, dijo. “Sería importante ver en qué fechas pasó eso y poder contrastarlo con lo que plantea el Estatuto Anticorrupción (Artículo 3 de la Ley 1474 de 2011) en términos de la prohibición que tenían los funcionarios públicos de no trabajar en los siguientes dos años en el sector sobre el cual tuviera algún grado de control o supervisión. Ese sería el factor para determinar qué irregularidad hubiera podido materializarse”. 

El Artículo 3 de la Ley 1474 de 2011, o Estatuto Anticorrupción, fue derogado en enero de 2019 por la Ley 1952 de 2019, o Código General Disciplinario. 

“De manera muy silenciosa el Estatuto Anticorrupción fue reformado y ese artículo se cambió”, señaló Hernández. “El gran riesgo de esto es que en caso de información de muy alto nivel y muy compleja, incluso un periodo de un año puede ser irrisorio frente al beneficio que podría traerle a una persona con conocimiento sobre X o Y industria”. 

La industria en el corazón del gobierno Duque

Dentro del círculo más cercano al Presidente, es decir, el de sus asesores y las consejerías de la Presidencia, destacan como cercanos a la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada el asesor presidencial Santiago Durán y la secretaria privada María Paula Correa.

Santiago Durán, exdirector de la Cámara de Bebidas de la ANDI, pasó al alto gobierno después de defender intereses de la industria de bebidas azucaradas. Durán, según un artículo publicado en 2018 por La Liga Contra el Silencio, hizo desde la ANDI un intenso lobby en contra del impuesto a las bebidas azucaradas. Uno de los grandes problemas que la doctora Marion Nestle identifica es “poner a representantes de la industria en importantes cargos de asesoría y comités de desarrollo de políticas”, según explicó.

Este medio consultó a Santiago Durán para conocer su postura con respecto a esta cuestión: “En ningún momento ejerciendo mis funciones en el gobierno he tenido que ver con el manejo de trámites en el Congreso de la República o de proyectos de ley, por lo que la respuesta contundente es no, no he estado involucrado en proceso alguno para favorecer los intereses de las industrias de bebidas azucaradas o alimentos procesados”. Además adjuntó a sus respuestas a La Liga Contra el Silencio un documento donde se describen las funciones de su cargo.

Por su parte, María Paula Correa ha hecho una carrera en su mayoría pública dentro del uribismo, pero antes de ser secretaria privada ocupó la dirección para América Latina de Concordia, una organización cuyo objetivo es fomentar alianzas público-privadas. 

“Concordia es una plataforma muy poderosa y muy grande, en cuyo consejo de liderazgo están el expresidente Andrés Pastrana; el expresidente José María Aznar; el exdirector de la CIA, David Petreaus; el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, John Negroponte, y también están sentadas las grandes industrias”, detalló Luis Antonio Torrado, un consultor en temas de salud pública. “Esto hace cuestionable que se disputen temas de salud pública en ese entorno. Philip Morris es una de sus fundadoras, está Coca Cola, está Mars, está Monsanto, están muchas de las grandes industrias que utilizan Concordia como una especie de plataforma para acercarlas a gobiernos, y se usa para que industrias discutan temas de salud pública con funcionarios a puerta cerrada”. 

A una de las reuniones recientes de Concordia fue invitado el representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, para atacar las propuestas a favor de una reforma a las leyes de etiquetado y el impuesto a las bebidas azucaradas. Durante su intervención, Hoyos dijo que “no hay tal cosa como la comida chatarra, sino hay consumidores chatarra”.

Esto seguiría el libreto que la doctora Marion Nestle describe como un modelo copiado de la industria tabacalera. “La industria de las bebidas azucaradas y la comida altamente procesada tiende a seguir el libro de reglas de las tabacaleras, al enfocar la atención sobre la responsabilidad personal, sembrar dudas sobre las investigaciones desfavorables, crear grupos de fachada aparentemente de la sociedad civil, insistir en involucrarse en el desarrollo de políticas públicas, y oponerse a las iniciativas de salud pública”, señaló a La Liga Contra el Silencio.

Correa, según un reciente perfil de la Revista Semana, “le maneja la agenda [al Presidente], decide quién se reúne con él, le habla permanentemente al oído y le guarda sus secretos. Ha desempeñado este papel con tanta eficiencia que el Presidente la ha ido ascendiendo gradualmente. Comenzó como secretaria privada, luego se desempeñó simultáneamente en este cargo y en la Secretaría General. La semana pasada, el Gobierno anunció que crearía para ella el cargo de jefe de gabinete, algo parecido al superministerio que tuvo Néstor Humberto Martínez en su momento”. El título del artículo es “El poder en la sombra”.

“María Paula tiene la connotación de concebir las estrategias que hemos visto de Concordia, pasa a Gobierno, y en Gobierno el hecho de que ella haya logrado ser, como anuncia la Revista Semana, un poder en las sombras, pues es algo que nos debe por lo menos preocupar, porque detrás de estas puertas giratorias hay un conflicto de interés manifiesto”, dijo Torrado. “Lo que preocupa es que el conflicto de interés pone en tela de juicio la objetividad de unos funcionarios que están encargados de generar políticas públicas, que en salud, educación y temas ambientales no deben estar sujetas a los designios de la industria”. 

Contactamos a la Secretaría Privada de Presidencia con preguntas al respecto, pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

No es necesario que funcionarios del gobierno de Duque tengan competencia desde su cartera sobre la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada para que influyan en ella, como es el caso del ministro de Salud y la ministra de Educación, y que veremos más adelante. Otros ministros no están directamente relacionados con la industria, pero presidieron gremios vinculados a ella de alguna manera, como el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que fue director de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que fue presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles (Asograsas); el de Agricultura, Andrés Valencia, era presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi); y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, fue director de la Cámara del Agua de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI). 

“La importancia de que estas personas estén en el grupo de ministros es que las reformas tributarias tienen un trámite dentro del cual está la aprobación del consejo de ministros”, dijo el experto Luis Antonio Torrado. “Esto les da a las industrias una figuración política y un poder que fortalece su oposición frente a temas de salud pública”. 

Esta fuerte presencia de la industria de alimentos ha quedado plasmada en el reciente “Pacto por el crecimiento del sector de alimentos procesados”, suscrito en agosto de 2019 entre la Presidencia de la República y los gremios, en un evento impulsado por la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, en compañía de la directora de Planeación Nacional, la Consejera para la Competitividad, y los ministros de Comercio Exterior, Agricultura, Transporte e Infraestructura. Todos estos ministros, por demás, vienen de trabajar en industrias privadas y gremios antes de ocupar sus carteras. El pacto reúne unos compromisos que asume el gobierno con el sector de alimentos procesados, y viceversa, que serán monitoreados periódicamente para asegurar su cumplimiento.

En el Pacto, la industria le presenta a la rama ejecutiva una serie de “cuellos de botella” para la competitividad, la productividad, la innovación, el emprendimiento y la formalización. El punto 3 del capítulo de competitividad (C-3) dice: 

“CUELLO DE BOTELLA EC-3: Presión por reglamentar normas de etiquetado frontal vía Proyecto de Ley sin fundamento técnico, que afectan a la industria de alimentos procesados. SOLUCIÓN: EC 3-1 Conformar una mesa técnica en la que se revisarán las normas de etiquetado y además que estas normas se armonicen con las necesidades en mercados externos de interés (incluyendo etiquetado frontal). (Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público – Privada)”.

Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de los niños, dijo sobre este pacto: “Lo que dicen en cierta medida es: vamos a pasar por encima de la salud de los colombianos para apoyar al empresariado. Desde el muy alto gobierno pareciera que hay una línea de apoyar a la industria [de bebidas azucaradas y comida altamente procesada], de no reglamentarla y de abrirle el camino. Esto se facilita trayendo a personas que vengan de esos sectores, para precisamente hacerles la vida fácil, y no haya esos ‘cuellos de botella’, como los llama la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez”.

Entre la industria y la salud pública

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, fue invitado a hablar en un evento realizado por la Cámara de Bebidas de la ANDI, el 2 de septiembre de 2019. Era el lanzamiento de una nueva medida de autorregulación de la Cámara de Bebidas, en la que las empresas del gremio de bebidas azucaradas (Bavaria, Postobón, Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA, PepsiCo, Redbull y Monster) ampliaban un acuerdo de autorregulación de 2016, que según revelaron La Liga Contra el Silencio y la organización no gubernamental DeJusticia, no se estaba cumpliendo.

Los acuerdos incluían un etiquetado frontal de sus productos que cumpliera con el sistema GDA (Guía de Alimentación Diaria), el promover hábitos de vida saludables, el aumentar para el 2022 el porcentaje de bebidas reducidas, bajas o libres de calorías, el no hacer publicidad dirigida a menores de 12 años, y el no comercializar en colegios bebidas que no sean fabricadas a base de malta o que no contengan más de 12% de fruta.

El principal elemento nuevo que introdujo la Cámara de Bebidas de la ANDI es la verificación de los acuerdos por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec): “nuestra apuesta es de fondo y forma. Por eso el objetivo de esta Norma Técnica de Empresa es establecer un modelo de verificación que permita a un tercero independiente evaluar el cumplimiento de los compromisos, permitiéndonos medirnos con unos parámetros objetivos que representan la evolución de los compromisos firmados en 2016”, dijo a La Liga Luis Felipe Torres, director de la Cámara de Bebidas de la ANDI. 

Antes de asumir el Ministerio de Salud, Uribe dirigía la Fundación Santa Fe, organización que es financiada en parte por donaciones del Grupo Ardila Lülle -que reúne, entre otras empresas, a ingenios azucareros y Postobón-. Durante el lanzamiento de esta iniciativa, Uribe hizo una intervención favorable a la industria de las bebidas azucaradas: “Reconocemos desde el Gobierno nacional el inmenso aporte que hacen al empleo y al desarrollo económico y social en el país”, señaló el ministro. “Yo creo que eso siempre hay que tenerlo en la conversación, y nunca pasarlo por alto, porque es de inmenso valor”.

El ministro Uribe dijo esto precisamente un día antes de que la revista académica JAMA Internal Medicine, publicara un estudio en diez países europeos, que confirmaba una asociación entre mortandad temprana y consumo de bebidas azucaradas, o con endulzantes artificiales.

Durante los diez minutos que intervino, el ministro Uribe reiteró la necesidad de un equilibrio entre las políticas de salud pública y el desarrollo, que desde su postura podía entenderse como el vigor económico de las empresas: “Esta es una reunión de compromisos entre todos los que estamos acá y los que no están; es lograr una mejor salud, equilibrada con el desarrollo que requiere este país”.

Es una postura que supone equilibrar las políticas de salud pública con la rentabilidad de las industrias, y que es criticada por la doctora Marion Nestle. En entrevista con La Liga, la experta explicó que, en teoría, hay incompatibilidades entre defender la salud pública y proteger la rentabilidad de las empresas de bebidas azucaradas: “Si usted cree que el papel del gobierno es promover la salud pública, pues tendría que enfrentarse a los imperativos de ganancias de la industria de alimentos”.

Todas las organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud pública consultados por La Liga, como la organización RedPapaz o los expertos Eric Crosbie (Universidad de Nevada)  y Diego Lucumí (Universidad de los Andes), consideran que la autorregulación no es un instrumento efectivo de intervención. Dicen que la autorregulación no ha funcionado en ningún caso en que se ha aplicado. 

“La reflexión que uno tiene que hacerse es: ¿cuáles son los parámetros sobre los cuales se definió el seguimiento técnico a esos acuerdos de autorregulación? Soy yo mismo como industria que definió los criterios con los cuales me van a evaluar. A mí en últimas me es indistinto si es el Icontec o no, porque finalmente esa no es una institución técnica sobre la salud pública”, dijo el doctor Diego Lucumí, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, con estudios de doctorado en salud pública. “¿El Ministerio conoce esos criterios? Si los conoce, ¿por qué no son públicos? Si no los conoce, ¿por qué se lanzó a avalar unos acuerdos de autorregulación sin conocer los detalles de lo que está avalando? En cualquiera de los dos casos me parece un acto irresponsable”. 

Al Ministerio de Salud no le corresponde hacer seguimientos técnicos ni un aval institucional. El único tipo de aval que podría desprenderse de los elogios del ministro de Salud al acuerdo de autorregulación es político.

Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, organización conformada por padres de familia para la protección de los derechos de los niños, considera que “el Ministerio de Salud está en mora de reglamentar la ley de obesidad, por ejemplo”. Y añade: “La gran influencia de la industria, que se ha opuesto a la regulación, no ha permitido que los ministros y el Gobierno hagan lo que tienen que hacer, que es establecer una reglamentación y normas en pro de la salud de los colombianos”.

El Ministro de Salud, por su parte, expresó durante el evento de la ANDI que, si bien la regulación es la manera más efectiva de implementar las políticas públicas, desde una postura filosófica que contrapone libertades individuales a regulación estatal, prefiere un equilibrio entre tres instrumentos de intervención en política pública: educación e información; autorregulación; y regulación.

Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y también profesor de la Universidad de los Andes, criticó la autorregulación como una estrategia de dilación de la industria ante el peligro de ser regulada. 

“La industria no puede asumir el papel del Estado, porque su papel misional es otro. La empresa privada no se va a regular a sí misma. Con el tiempo se va a hacer una regulación, pero mientras tanto se hace daño, porque la población está expuesta a alimentos que no son sanos y a bebidas que no son sanas”, dijo Hernández. ”Hay tres formas de dilatar en salud pública: una forma es que necesitamos más estudios o información, otra es que necesitamos un periodo de transición, y otra es decir que la autorregulación funciona”.

El ministro Uribe, si bien el 2 de septiembre elogió las nuevas medidas de autorregulación de la ANDI, a comienzos de año se opuso al Proyecto de Ley 214 de 2018, de la Cámara de Representantes, que buscaba imponer un etiquetado frontal de advertencia a los productos que fueran altos en calorías, altos en azúcar, altos en grasas saturadas y altos en sodio.

En julio del 2019, La Liga reveló que, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, hubo un intenso lobby de la industria de las bebidas azucaradas, para impedir que se debatiera el proyecto de ley. Importante mencionar que el presidente de la Comisión Séptima, Jairo Cristancho, es del Centro Democrático, partido que recibió de la industria de bebidas azucaradas el 24% de las donaciones para las elecciones a la Cámara del 2018 (80 millones de pesos), y el 22% de las donaciones para el Senado (132,8 millones de pesos), según las cuentas entregadas por el partido al Consejo Nacional Electoral, y consultadas por La Liga Contra el Silencio en el aplicativo Cuentas Claras.  

El Ministerio de Salud, en una audiencia para el Proyecto de Ley 214 del 2018, entregó un concepto en el que consideraba que el proyecto no debía seguir su trámite, porque “se eliminaron o modificaron los artículos relacionados con las advertencias sanitarias en el empaque de los alimentos, la regulación de la publicidad dirigida a menores de edad y la regulación de las tiendas escolares saludables, y se propuso la creación de una Comisión para la prevención de las enfermedades no transmisibles, la cual es inconstitucional”, según un comunicado que envió el Ministerio a La Liga.

El doctor Eric Crosbie, profesor de la Universidad de Nevada, Reno, que lleva una línea investigativa sobre determinantes comerciales de la salud (un nuevo campo de investigación académica que estudia los impactos de la empresa privada sobre la salud), y que ha analizado el caso colombiano, dice que esta postura del ministro Uribe delata un favorecimiento de la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada.

“Las industrias son muy astutas con respecto a cómo ponen a las personas”, dijo Crosbie. “El ministro de Salud (Juan Pablo Uribe) bloqueó una política muy progresista. ¿Por qué se bloqueó la ley de etiquetado?.¿Quiénes se opusieron a ella?. ¿Por qué alguien que viene de una fundación que recibió dinero de Postobón dice esto? Hay que exponerlos [a los funcionarios que apoyan a la industria] para poder hacer el cambio”.

La Liga le preguntó al ministro Uribe si haber dirigido la Fundación Santafé, una organización que recibió donaciones del Grupo Ardila Lülle, influía en su actual postura hacia la industria de bebidas azucaradas, como afirman algunos críticos.

“No se puede presumir que existe una alteración en el principio de objetividad que debe orientar las decisiones tanto del ministro, como de la entidad que representa”, respondió el Ministerio de Salud. “Las afirmaciones carecen de soporte; lo que allí se está presumiendo debe ser demostrado en un proceso judicial, de lo contrario podría configurar un delito contra la integridad moral”.

El Ministerio de Salud hizo la advertencia de que podía ser un delito presumir que el ministro Juan Pablo Uribe no era objetivo en sus decisiones, contra cualquier organización no gubernamental que le hiciera esta crítica. 

La industria, por su parte, defiende la autorregulación: “Existen varios caminos para lograr soluciones de política pública. A veces esas soluciones se consiguen mediante el camino de la regulación; a veces, a través de la autorregulación de las empresas”, dijo Luis Felipe Torres, director de la Cámara de Bebidas de la ANDI. “Sabemos que hay múltiples perspectivas en este tema. Nuestra posición es una sola: iniciemos una conversación, articulada y constructiva, con diferentes actores a los que nos mueve el mismo propósito: la salud pública. Y de manera coordinada encontremos el mejor modelo para implementar acá”.

Entre la educación y la responsabilidad empresarial 

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, y la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón Párraga, han trabajado en programas de responsabilidad social con empresas de comida altamente procesada, o en empresas de la industria propiamente.

La ministra Angulo, cuando fue secretaria de Educación de Bogotá (2016-2018) lideró la reforma a los Planes de Alimentación Escolar en la ciudad, e involucró en el proceso a empresas como Nutresa y Nestlé, bajo la premisa de “cero corrupción”, para promover hábitos saludables en los colegios. Antes de ocupar la Secretaría, Angulo se desempeñó como directora de Empresarios por la Educación, organización que encamina hacia proyectos educativos recursos de responsabilidad social de empresas privadas, entre las que hay algunas de alimentos ultraprocesados, como Nutresa.  

La viceministra Alarcón, por su parte, fue entre 2016 y 2018 la directora ejecutiva de la Fundación Alpina, el brazo de responsabilidad social de la empresa de lácteos Alpina, que centra sus proyectos en alimentación y nutrición.

Este caso manifiesta de forma distinta la influencia de la empresa privada en el poder público, pues la responsabilidad social empresarial parece ofrecer una solución, desde la industria privada, a los problemas de alimentación. Eric Crosbie, de la Universidad de Nevada (Reno), sin embargo, considera que esta premisa es engañosa.

“Tenemos muchas pruebas que sugieren que la responsabilidad social no funciona, pues vuelve sobre la idea de enmarcar [la regulación de la industria] en la responsabilidad individual”, dijo Crosbie. “Si tienes un programa de nutrición financiado por una empresa de comida ultraprocesada, ¿en qué ambiente te estás moviendo? Observa el marketing, el acceso a los productos que no son saludables, incluso la misma comida procesada. Sin importar quién los promueve sencillamente no funcionan bien”. 

Marion Nestle apoya la misma perspectiva y dijo sucintamente: “La industria de alimentos tiene un objetivo primordial: vender productos, hacer ganancias y aumentar las ganancias. Las compañías de alimentos no son agencias de servicio social ni de salud pública y no deben verse como tales”.

En varios escenarios públicos, la viceministra Alarcón ha reiterado los objetivos y programas que serán implementados en el sector educativo durante el actual Gobierno: brindar atención a la primera infancia, implementar la jornada única, ampliar la cobertura en la zona rural, la actualización de modelos educativos flexibles, el acceso a educación superior, el fortalecimiento de educación media, y reformar el Programa de Alimentación Escolar-PAE y los restaurantes escolares.

Estos dos últimos puntos tienen relación directa con la industria de alimentos y, a juzgar por las experiencias anteriores de las dos funcionarias, podrían incorporar la participación de la industria en iniciativas público-privadas.

Algunas organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, consideran que esto no representa un conflicto de interés ni una contradicción entre lo público y lo privado.

“Constanza tiene una trayectoria anterior a la de Alpina. Ella hizo una tarea importante desde Presidencia con la estrategia de Cero a Siempre”, dijo Carolina Piñeros, directora de RedPapaz. “No es una persona que tradicionalmente haya trabajado con la industria alimentaria. Es el mismo caso de la ministra de Educación, que viene de Empresarios por la Educación. Ella hizo una buena labor en la Secretaría de Bogotá y creo que tiene un buen entendimiento de lo público. Aunque llame la atención de dónde vienes y lo que hiciste antes, lo importante aquí es que, en el momento que acepten su rol como empleados públicos, puedan cambiar de chip”.

La Liga Contra el Silencio preguntó al profesor Eric Crosbie por esta distinción entre lo privado y lo público, y si consideraba que lo importante es que un funcionario, a pesar de trabajar con la industria y venir del sector privado, cambiase de percepción cuando asumiera su nuevo cargo. 

“El sector de alimentos es complejo porque hay industrias, como la de lácteos y aguacates, que tienen intereses, pero no tienen productos que afectan de la misma manera la salud de las personas”, manifestó Crosbie. ”No obstante, también hay estudios sobre las alianzas público-privadas, que sugieren que no son la forma más efectiva de hacer responsable a la industria, porque surge el mismo problema: ¿cuál es el propósito de una industria? Hacer ganancias y asegurarse que los accionistas que invierten en ellos tengan dinero. Si usted involucra a la industria y les da un lugar en la mesa, es tan poderosa que sus intereses van a superar el bien público y lo que es mejor para la sociedad”.

La Liga Contra el Silencio envió un cuestionario sobre estos temas al Ministerio de Educación, pero hasta la publicación de este reportaje no recibió respuesta. 

La naturaleza de la relación entre los funcionarios del alto gobierno y la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada es amplia, y va de una evidente puerta giratoria a los programas de responsabilidad social. El Gobierno pone de manifiesto que hay una estrecha relación entre su gabinete y la industria de bebidas azucaradas y comida altamente procesada, cuando toma medidas como los pactos pro-industria que incluyen acordar temas de regulación, y cuando asumen un respaldo abierto a sus iniciativas de autorregulación,. El candidato cuya campaña fue aceitada por el dulce, una vez a la cabeza del gobierno, parece no olvidar a sus financiadores.

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