El asesinato del fundador de la Guardia Indígena fue premeditado
Tras el homicidio del líder indígena Albeiro Camayo Güetio, a manos de disidencias de las Farc, entrevistamos a Johe Sauca, defensor de derechos humanos y Consejero representante legal del pueblo Kokonuko, y a Kyle Johnson, cofundador e investigador de la fundación Conflict Responses, CORE.
Colombia cerró su primer mes de 2022 con 13 masacres y 13 homicidios cometidos contra líderes sociales. Las cifras siguen en aumento y esos crímenes, de lesa humanidad, permanecen impunes, como creen los indígenas Nasa del norte del Cauca pasará con Albeiro Camayo, Coordinador Regional de la Guardia asesinado por las disidencias de las Farc.
Albeiro Camayó murió en el mismo resguardo en que nació, Las Delicias, y donde fortaleció su proceso de liderazgo ancestral con la defensa del territorio desde que era un niño. Y murió tras escaparse de la muerte por amenazas y atentados de grupos armados al margen de la ley que se oponían a su mandato comunitario. Camayo estaba en riesgo. Contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que no fue suficiente para conmover a las instituciones del Estado, así como tampoco bastaron las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo emitió antes de su muerte.
El pasado 24 de enero, día del crimen y según comunicó el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, unos hombres que se identificaron como parte de la Columna Móvil Jaime Martínez presionaron a la comunidad indígena a reunirse con ellos. Camayo les pidió retirarse. Dos horas después, sin embargo, estos hombres comenzaron a disparar con armas de fuego desde el otro costado y con un objetivo claro: Camayo.
Hablamos con Johe Sauca, defensor de derechos humanos y Consejero representante legal del pueblo Kokonuko, para dilucidar esta afrenta contra la Guardia y comprender la responsabilidad que tiene el Gobierno. También con Kyle Johnson, cofundador e investigador de la fundación Conflict Responses, CORE, quien explica cómo operan las disidencias en el Cauca, un punto estratégico para el narcotráfico donde la violencia se recrudece cada vez que las bandas criminales se disputan el control territorial.
Esta vez, el fortalecimiento de estas estructuras, específicamente de las disidencias, se da tras la pobre implementación del Acuerdo de Paz cuando, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, más de 293 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en ese departamento desde noviembre de 2016 hasta ahora.
Johe Sauca, defensor de derechos humanos y Consejero representante legal del pueblo Kokonuko
Los indígenas del norte del Cauca, tras la muerte del fundador de su Guardia, José Albeiro Camayo Güetio, están haciendo una minga hacia dentro. ¿Quién era él para ustedes y cómo han asimilado este gesto violento del que son víctimas?
El compañero Albeiro Camayo, oriundo del territorio Las Delicias, comenzó en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, y caminó durante toda su vida haciendo escuela en la zona. En 2017 es nombrado como uno de los tres coordinadores del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, por su esfuerzo continuo con las comunidades y, como la Guardia defiende el territorio y la vida, también por su defensa de los derechos humanos.
Tenía varias amenazas de muerte e intentos de asesinato desde tiempo atrás y, por eso, contaba con su esquema de seguridad en un contexto como el del norte del Cauca: históricamente con presencia de grupos armados ilegales, militarización y cultivos de uso ilícito.
Su proceso empieza a ser reconocido por un trabajo esmerado en todos los municipios y luego fuera del Departamento. A su persecución se sumaron los señalamientos, incluso le abrieron dos investigaciones en la Fiscalía por presuntos nexos con el ELN y con otros grupos delincuenciales. Ninguna rindió frutos y las archivaron porque no encontraron cómo comprobarlo. Por otro lado, era señalado y acusado por las disidencias de las Farc y grupos cercanos al narcotráfico de tener nexos con la Fuerza Pública, otro escenario riesgoso porque las estigmatizaciones continuas lo llevaron a andar de manera muy cuidadosa.
Estamos convencidos de que su asesinato fue premeditado. Si revisamos bien, lo que hay ahora es una política de muerte de los grupos armados. A la vez, el Gobierno es responsable ya que su institucionalidad no hace absolutamente nada por esclarecer el crimen ni la persecución y las continuas amenazas que recibió Albeiro por su posición frente a la presencia de grupos armados ilegales y los mismos cultivos de uso ilícito.
En la información oficial que produjo el CRIC aseguran que a las 3:15 p.m. llegaron hombres armados y a las 5:30 p.m. le disparan a toda la comunidad reunida, ¿por qué creen que el Guardia Indígena Camayo era un blanco?
Fue un blanco definido por esas estructuras ilegales porque entendimos, por el testimonio de la seguridad, que cuando asesinan a Albeiro Camayo le propinan siete impactos de arma y un machetazo en el mentón, en su rostro. Luego, el grupo armado toma su bastón y su mochila y las alza como si fueran su trofeo. Eso deja claro que había sido declarado objetivo militar por parte de esos grupos ilegales.
El CRIC identificó que el ataque provino de las disidencias, pero las constantes amenazas y los atentados que recibió Camayo anteriormente, ¿saben de quiénes provenían? ¿Cómo terminó la relación de la Guardia Indígena con las Farc previo a su desmovilización?
En anteriores tiempos las amenazas provenían, sobre todo, de Águilas Negras y de grupos paramilitares. Tras el Acuerdo de Paz comienzan a llegar amenazas de las disidencias de las Farc y de grupos de narcotráfico. Primero de la Columna Móvil Jaime Martínez y luego de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. Más adelante llegaron amenazas del Cartel de Sinaloa y así sucesivamente.
Por eso decimos que no son disidencias de las Farc sino grupos ilegales al servicio y defensa de las economías ilícitas.
Hoy nos encontramos en un punto muy complejo en términos de derechos humanos porque estamos en crisis: el número de masacres vuelve a aumentar.
Nuestra postura es del control territorial, del cuidado de la vida y de la comunidad. Eso es importante repetirlo porque, bajo esa premisa, advertimos que nunca ha habido un relacionamiento con algún grupo armado. Nunca hemos hecho acuerdos con grupos armados y siempre se ha buscado contrarrestar su presencia en el territorio; hemos insistido mucho, incluso, en que se lleve a cabo lo planteado en el Acuerdo frente a la sustitución de cultivos de uso ilícito.
¿Cómo lee la Guardia Indígena a las disidencias? ¿Qué ganaban éstas atacando a una persona como Camayo?
El mensaje que siguen dando estos grupos residuales es de una falsa revolución, pero asesinan al pueblo: con el asesinato a Camayo demuestran que están al servicio de intereses individuales de la economía ilícita del narcotráfico y están en la defensa de sus corredores estratégicos.
Hay que recordar que las zonas de Suárez y Buenos Aires están ubicadas en la ruta de alcaloides y derivados, como cocaína, y marihuana, que salen por el Río Naya (que conecta el océano con la selva del Pacífico) hacia el resto de Suramérica, Centroamérica y Estados Unidos.
En ese sentido debemos ser directos: aquí no existen las Farc, que murieron en la firma de un acuerdo, y estos grupos defienden corredores del narcotráfico, de eso viven, también del cobro de vacunas y de la exportación de droga.
También son una alianza: disidencias, narcotráfico y el mismo Estado. Por ejemplo cuando asesinaron a la candidata liberal Karina García Sierra, más tarde se supo que quienes suministraron las armas de fuego al grupo armado fueron policías del Valle del Cauca. Tampoco olvidamos que de un aeropuerto antinarcóticos sale una avioneta con más de 400 kilos de cocaína hacia países como Nicaragua. No olvidamos la Finca San Clemente donde se ubican dos laboratorios para procesar cocaína. Así hemos visto enredadas a varias figuras políticas.
Por eso decimos que no son disidencias de las Farc sino grupos ilegales al servicio y defensa de las economías ilícitas. Las antiguas Farc tenían al menos un tema político militar, estas disidencias no dialogan con nadie y lo que han hecho es asesinar a la dirigencia indígena y social en el departamento del Cauca y en Colombia.
Entramos a un tiempo de violencia social y política que afecta el rumbo y la participación democrática de las comunidades, incluso al interior. Tanto es así que vemos cómo los delitos de lesa humanidad y de exterminio físico y cultural, que también podríamos llamar genocidio, aumentan.
Camayo es el tercer “kiwe thegnas” asesinado en este territorio. ¿Cuál es el balance de su comunidad frente a la violencia en este Gobierno?
Hoy ascendemos a una cifra de más de 250 líderes indígenas asesinados, entre autoridades espirituales, guardias y presidentes de las juntas de acción comunal. Incluímos también a los familiares de quienes tienen liderazgo, porque esta violencia los ha impactado, como ocurrió con el hermano de Camayo y su sobrino que tras su muerte fueron secuestrados temporalmente.
Sabemos que toda acción violenta tiene un efecto dominó en los procesos de las comunidades, pero ahora nos preocupa mucho que siempre que el gobierno habla de aumento de pie de Fuerza Pública o de militarización, se agudizan los asesinatos y las masacres. El caso más visible es Arauca, donde enviaron a más Ejército y hasta esta semana contamos civiles muertos. En el Cauca este golpe es tan fuerte que nos invita a seguir consolidando nuestra autoridad porque ante las instituciones porque se han producido varias alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo pero nadie responde por ellas.
¿Temen que se desate más violencia en este período electoral?
El Cauca, en el registro histórico de violencia, es siempre uno de los territorios más afectados cuando se avecina el periodo electoral. Entramos a un tiempo de violencia social y política que afecta el rumbo y la participación democrática de las comunidades, incluso al interior. Tanto es así que vemos cómo los delitos de lesa humanidad y de exterminio físico y cultural, que también podríamos llamar genocidio, aumentan. Hay varios compañeros líderes que se encuentran amenazados, eso afecta la movilidad y produce el confinamiento de las comunidades rurales en estos tiempos que son coyunturales para las transiciones de un gobierno a otro.
¿Qué le parece a usted lo urgente?
Lo que siempre se ha exigido por parte de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales, campesinas y afrodescendientes que hemos sufrido el impacto de la guerra es que se cumpla la palabra. La sociedad colombiana habla de la reforma rural integral, de la devolución o restitución de tierras, y siempre hemos pedido a la comunidad internacional que haga un seguimiento real al asunto del tema humanitario en distintas regiones del país porque nadie cumple. El Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Huila, Putumayo, Arauca, son territorios que sufren el flagelo de la guerra y que están cansados de promesas incumplidas.
Se requiere un proceso de evaluación serio para que se juzgue si quienes creyeron y acompañaron como garantes este proceso de paz están a gusto con la implementación. La Corte Constitucional dice que el Gobierno tiene un porcentaje nulo en su cumplimiento y que lo único que ha hecho es fragemntar y violar lo pactado: es una realidad visible, que la desigualdad social continúa en ascenso y, como en Puerto Carreño, hay comunidades que comen de la basura. No solo se afectan los derechos humanos sino que este país actúa permanentemente en contra del Derecho Internacional Humanitario.
¿Quedará impune la muerte de Camayo? ¿En este momento corren peligro las vidas del sobrino e hijo de Camayo sescuestrados tras asesinarlo?
La impunidad en el Cauca es altísima. Son muy pocos los casos donde se hayan esclarecido los hechos y haya sentencias. Nuestra esperanza es baja porque sabemos que no investigarán a los actores materiales e intelectuales del homicidio.
Y el resto de la familia del compañero Camayo sigue en riesgo. Han asesinado a tres miembros de esa familia, contando a Albeiro Camayo, y a su hermano y cuñado. Hay un hermano más recuperándose después de un atentado armado. La situación en el resguardo Las Delicias y los aledaños es muy preocupante. No nos queda más que fortalecernos espiritualmente.
Kyle Johnson, cofundador e investigador de la fundación Conflict Responses – CORE
El conflicto en el norte del Cauca es el mismo que viene dándose en los últimos años: un enfrentamiento claro entre los indígenas que buscan ejercer su propio control territorial y autonomía y los grupos armados que han hecho presencia. En los últimos años específicamente las disidencias de las Farc (Columna Móvil Dagoberto Ramos y Columna Móvil Jaime Martínez).
070 recomienda
Un documento interpretativo, no concluyente, con el que proponen una
lectura flexible que muestra los cambios acelerados de estos grupos armados al margen de la ley.
No vemos que la captura y operación que hizo la Fuerza Pública a Jhonier, quien era el máximo comandante de las disidencias de Gentil Duarte y alias Iván Mordisco, en el sur del país, tenga algo que ver con este episodio de violencia en contra de la Guardia Indígena. Lo que sí creemos es que tiene que ver con la serie de ataques sucesivos a la Fuerza Pública en Timbío, Suárez, El Bordo, entre otras cabeceras municipales.
La Columna Móvil Jaime Martínez creó un montaje para difundir la noticia de que la Guardia Indígena andaba armada, lo que más tarde desmintió Johe Sauca. ¿Cómo interpretar esta propaganda negra de la que están siendo víctimas estas comunidades?
Las disidencias siguen defendiendo su veracidad. Ellas creen que es real que la Guardia está armada. Es ridículo, pero bueno, finalmente les funciona como una manera de justificar su violencia. Las disidencias creen, tal vez, que es más fácil atacar comunidades si están armadas porque, en ese sentido, no estarían atacando comunidades sino, según ellas, estarían atacando a grupos armados. Es solo una estrategia para vindicar el atropello que cometen contra comunidades indígenas, en este caso, y hasta con líderes sociales.
¿Para quiénes trabajan las disidencias? ¿Qué intereses favorecen? ¿A qué actor le sirve lo que hacen y lo que hicieron, particularmente, con el asesinato de Camayo?
Las disidencias trabajan para ellas mismas. Tienen sus propios intereses. Obviamente tienen socios con quienes trabajan en distintos niveles, como los narcotraficantes, y eso no es ningún secreto para nadie. Pese a eso toman sus propias decisiones. Se sirven a ellos mismos.
Este asesinato le sirve a los narcos para facilitar el control y protección de las rutas pero, al mismo tiempo, no les sirve porque llama mucho la atención y, específicamente en el norte del Cauca, los narcos buscan tener poca por ser sus lugares de funcionamiento.
Hace mucho tiempo los narcos trabajan con comunidades campesinas e indígenas, pero tienen una relación mucho más compleja porque las disidencias deben hacerse cargo del dominio territorial, que es otro asunto muy distinto a relacionarse con los actores a partir de lo económico. Entonces se puede decir que aunque las disidencias trabajen con los narcos tienen sus propios intereses y maneras de manejar las cosas. No partiría de la idea de que trabajan para otros, trabajan con otros, y eso es distinto: no se les puede quitar su agencia.
Johe Sauca asegura que las disidencias están al servicio del narcotráfico en tanto custodian corredores para la droga y tierras estratégicas, y que no conservan ningún discurso residual político y social de las Farc. Hay además denuncias de alianzas de las disidencias con paramilitarismo, ¿qué cree usted?
¿El hecho de custodiar tierras los hace paramilitares? No lo sé, no lo creo. Pensar que están exclusivamente al servicio de paramilitares sería simplista. Primero, porque partimos de la idea de que los actores siguen siendo únicamente guerrilla y paramilitares y ya, cuando puede haber guerrilla, paramilitares, crimen organizado, pandillas y un etcétera de grupos armados. Segundo, porque las Farc hacían lo mismo que las disidencias en el norte del Cauca: custodiar corredores de drogas, armas y extender el control territorial. Por eso, las disidencias representan más continuidad que diferencia de las Farc. Ahora, las disidencias mantienen el discurso político de las antiguas Farc pero muy débil. Lo que hemos visto es que son capaces de interpretar el presente pero sin hacer promesas políticas hacia el futuro, eso quiere decir que conservan algo del pasado pero podría ser una fachada. Eso no lo sabemos aún.
Ustedes aseguraron que en 2016 había identificadas cuatro disidencias en el país y para 2020 sumaban entre veinte y veinticinco. ¿Cuántas hay hoy y cuántas en el Cauca? ¿Cómo se diferencian estas últimas del resto? ¿Qué pasa allí para que estas estructuras se vean tan robustecidas?
En el último conteo identificamos 30 estructuras de disidencias en el país, esto quiere decir 30 grupos organizados bajo unos proyectos sombrilla de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y de Gentil Duarte. En el Cauca estarían principalmente la Columna Móvil Dagoberto Ramos, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente 30, el Frente Carlos Patiño y el Franco Benavides, que estaba subiendo por el Río Patía y quizá no ha llegado al Cauca todavía. Por otra parte está el Frente Diomer Cortes, que opera específicamente en el municipio de Argelia.
Las estructuras del Cauca, sin duda, son de las más activas militarmente. En ese territorio hay más ataques a la Fuerza Pública por parte de las disidencias que en cualquier otro lugar del país. No sé si se pueda decir que estas estructuras sean las más fuertes actualmente pero sí son fuertes y bastante violentas, los índices lo demuestran, y es así porque están en disputa territorial, eso podría hacer que parezcan robustecidas.
Además tienen fuentes económicas muy fuertes: control de negocios ilegales y, por ende, control sobre las comunidades locales. También han ganado sus guerras con todo lo que esto implica: el hecho de que tengan el control contribuye al reclutamiento, por ejemplo.
Ese tipo de cosas hacen que se mantengan en el tiempo. La plata, la autoridad sobre comunidades y una política de seguridad que no ha podido golpearlas ni afectarles lo suficiente hace que crezcan paulatinamente.
Para este año electoral, ¿qué podemos esperar de las disidencias como actor del conflicto?
Vamos a ver injerencia en elecciones locales e injerencia en las opciones de candidatos aspirantes a las circunscripciones especiales para la paz. Vamos a ver violencia política contra candidatos y campañas como vimos hace algunos años. Queda todavía por ver si habrá alguna respuesta nacional de las disidencias, porque estamos hablando de estas como si fueran un solo actor cuando en realidad son muy heterogéneas y tienen distintos intereses y distintas maneras de operar. Habrá unos que dirán “el que llegue tiene que trabajar con nosotros”; otros que dirán “estos sí, estos no”. La clave es no pensar en que tendrán acciones uniformes.
¿Las disidencias son el nuevo enemigo público, es decir, el nuevo monstruo al que se le pueden atribuir los crímenes y vejámenes de violencia en el país?
Así lo vende el Gobierno y la Fuerza Pública, que las disidencias son lo peor que le ha pasado a Colombia. Es cierto que han estado detrás de mucha violencia, han estado detrás de varias crisis humanitarias, eso es innegable, pero hay una tendencia de la Fuerza Pública y de los gobiernos de sobrevender el poder de grupos criminales para crear un enemigo. Hay que tener cuidado con esto. Sin duda son responsables de lo que han hecho pero no hay que comprar la sobreventa del Gobierno que justifica un montón de cosas como, por ejemplo, una política que no ha funcionado.
