No habían pasado veinte minutos desde el inicio del incendio. Doña Patricia regresó a su habitación para recuperar sus documentos y fotos de su familia, pero quedó atrapada entre las llamas. «Este es mi papá, vea», dice, barajando unas fotos pequeñas y recientes, casi en perfecto estado. «Y mis hermanas», señala los retratos mientras explica que hace años no volvió a saber de ellas porque tienen plata y ella no. 

María Patricia Soto es una de las casi 400 personas desalojadas el viernes 8 de octubre de un predio de viviendas irregulares que pertenece a la Universidad de Cundinamarca, vecino a la cárcel La Modelo, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. Una de las personas que estuvo en peligro directo por las llamas que no sólo terminaron con la diligencia sino que levantó una serie de acusaciones entre la Policía, la alcaldesa Claudia López y los ocupantes sobre quién inició el incendio.

Cuando rescataron a doña Patricia ella ya se había resignado a morir junto a sus cosas. Pero se salvó y recuperó algunos documentos como su cédula que confirma sus 64 años, un carné de Salud Capital y el carné del PRAS (Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible) que la acredita como recicladora ante el Distrito, como prácticamente todos los demás ocupantes. Ahora, días después del desalojo, doña Patricia carga sus documentos en una cartuchera que lleva debajo de la blusa. Es de lo poco que pudo conservar.

Eran entre las 3:20 y 3:35 de la tarde de ese viernes cuando las llamas empezaron a consumir las casas hechizas de los ocupantes del predio. 

El procedimiento había comenzado a las 5 de la mañana en cabeza de la Policía y con acompañamiento sobre todo de funcionarios de las Secretarías de Gobierno e Integración Social. A partir de las 7 de la mañana hubo un intento de negociación para impedir el desalojo que derivó en que algunos de los ocupantes bloquearan las calles de acceso al lote con llantas quemadas. A medida que transcurría el día, los ocupantes empezaron a sacar poco a poco sus cosas y ubicarlas en la calle frente al predio. Estaban resignados. 

Pero sobre las 3 de la tarde aumentó la tensión. Cerosetenta obtuvo varios videos inéditos grabados por personas que estaban en el sitio que muestran a un grupo de 15 policías de fuerza disponible, junto con otros 12 agentes del ESMAD; se ubicaron en la parte posterior del predio decididos a avanzar. Las familias pusieron resistencia: pedían que les dieran más tiempo para terminar de sacar sus cosas. Fue en ese momento en que se presentó un enfrentamiento entre los ocupantes y la Fuerza Pública en el que algunos ocupantes lanzaron piedras y botellas ante los gritos de varias mujeres que piden parar la agresión.

Pocos minutos después, se empezó a sentir el fuego que en cuestión de minutos consumió la totalidad de las viviendas. Según dos brigadistas de primeros auxilios de la Brigada Portal Resistencia que hablaron con Cerosetenta y que estaban en el lugar, en el punto donde empezó el incendio no había ninguna vivienda sino una especie de depósito o espacio donde alojaban material de reciclaje como cartones y papel. 

Casi dos horas después, a las 4:50 de la tarde, según publicó Bomberos de Bogotá, fue que se pudo controlar la conflagración. El resultado fue un terreno arrasado.

El misterio que sigue sin resolverse

El debate por quién inició el fuego no se ha esclarecido tres semanas después de los hechos. 

La noche de ese viernes 8 de octubre, la Policía publicó un video grabado con un dron que, según dijeron, mostraba el “antes, durante y después de lo ocurrido”. Luego la alcaldesa Claudia López trinó: “El desalojo en Puente Aranda se apegó a DD.HH. y la ley”, seguido de una acusación sin pruebas: “Los residentes decidieron quemar sus antiguos lugares (sic) una vez los desocuparon”. Y adjuntó el video revelado por la policía (que también había publicado en Twitter su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez).

El secretario Gómez, además, señaló que mienten quienes acusan al ESMAD de haber iniciado el incendio porque el video (revelado por la Policía) muestra que no hay policías cerca sino solo “ocupantes ilegales”.

Aunque Cerosetenta no pudo encontrar evidencia que respalde o contradiga la versión de las autoridades, los videos inéditos grabados por los ocupantes sí permiten tener una perspectiva en tierra del video grabado con un dron que publicó la Policía. Así se comprueba que ese video del dron fue editado y que no aclara cómo empezó el fuego. Tampoco ubica el verdadero foco del incendio, como pudimos comprobar analizando los videos difundidos por la Policía y el Distrito.

El video del dron de la Policía es una pieza clave para entender cómo empezó el fuego porque según los brigadistas, el dron estuvo activo durante la mayor parte de la diligencia. Sin embargo, la Policía no lo ha publicado aún en su totalidad. Cerosetenta contactó en varias ocasiones a la oficina de comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá pero no obtuvo nuevas declaraciones de la institución en torno a este caso.

Una de las primeras hipótesis que circuló en medios y redes sociales señaló que el incendio había empezado a causa de las chispas de una granada aturdidora disparada por el ESMAD. Cerosetenta consultó a Alejandro Rodríguez, que hace parte de la coordinación del observatorio de violencia policial en Temblores ONG, quien dijo que hasta ahora ellos “no tienen registros de aturdidoras que hayan generado incendios o que hayan sido inflamables en otras ocasiones”. Sin embargo, aún se encuentran verificando la información de este caso. 

Jazmín Rodríguez, una de las ocupantes, espera una pronta solución de la Alcaldía y asegura que se les acusa injustamente de haber generado el incendio: «¿Cómo vamos a quemar nuestras cositas? Nosotros nos quedamos con lo que teníamos puesto”.

El largo proceso para decirles ‘largo’

Según Jazmín Rodríguez, los ocupantes se trasladaron a ese predio aproximadamente en abril del 2020. Ella y su familia, por ejemplo, vivían en Bosa y se tuvieron que ir cuando ya no pudieron pagar arriendo a causa de los cierres y la cuarentena obligatoria decretada para controlar la pandemia del coronavirus. Jazmín asegura que cuando llegaron ya había algunos ocupantes que se instalaron en los días posteriores al motín de La Modelo del 21 de marzo. 

Más de un año después, ella y su familia vuelven a quedarse en la calle, esta vez sin muchas de sus pertenencias que perdieron en el incendio.

“Esta situación no es nueva y el año pasado se intensificó. Mientras se le estaba diciendo a la gente que se quedara en sus casas, se estaban haciendo varios desalojos”, dice Alejandro Rodríguez, de la ONG Temblores. Es decir, personas que ya eran vulnerables quedaron en mayor vulnerabilidad a causa de los cierres por la pandemia y la falta de alternativas.

“Lo vimos en Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar y fuera de Bogotá en Soacha donde un menor de edad fue presuntamente asesinado por el ESMAD”. 

La Alcaldía de Bogotá, sin embargo, dice que antes del desalojo se ofrecieron alternativas: “la primera acción de nosotros no fue el desalojo, fue llevarles durante muchos meses toda la oferta social del Distrito”, dice a Cerosetenta José David Riveros, subsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá.

Son principalmente dos esas ofertas: bonos de alimentación por un monto de 160 mil pesos durante tres meses para cada familia, que entrega la Secretaría de Integración, y un apoyo que llaman “arriendo solidario” que entrega 270 mil pesos durante dos meses, a cargo de la Secretaría de Hábitat. Estas ayudas no se excluyen entre sí; pero Riveros explica que se entregan una sola vez, de modo que si una familia lo recibió antes, ya no puede volver a recibirlo.

Hay una tercera alternativa de emergencia: la posibilidad de alojamiento en hoteles durante cinco días que puede ser asumida por diferentes entidades del Distrito hasta prolongarse por unos 15 días. Lo que la hace una medida absolutamente transitoria.

“Las ayudas han estado ahí”, dice con frustración Mauricio Bustos, subdirector de Integración Social en Puente Aranda y Antonio Nariño. “Yo quisiera entender por qué no quieren irse a un hotel o por qué no quieren vincularse al comedor, o si aceptan la comida caliente por qué no quieren firmar. Eso dificulta los operativos”. Hasta ahora, según Bustos, solo seis niños que habitaban el predio obtuvieron cupo en el Jardín Antonio Nariño y algunos ocupantes asisten al comedor comunitario de Puente Aranda.

Para Rodríguez el problema es evidente: “si ante las ofertas distritales, que generalmente solo contemplan dos opciones, es decir, o la oferta o el desalojo, las personas prefieren seguir en estos predios es porque la oferta institucional no les está garantizando mayor estabilidad ni termina siendo una buena opción”.

¿Un desalojo con derechos humanos?

El proceso legal para adelantar el desalojo se mantuvo a la par de las ofertas institucionales para la reubicación de sus ocupantes. Primero, la Universidad de Cundinamarca interpuso una querella solicitando la recuperación inmediata del predio. El primer operativo se aprobó para el 7 de julio del 2021, pero se suspendió, según Mauricio Bustos, porque un abogado en favor de los ocupantes negoció con el juez para que les dieran más tiempo y no los sacaran a la fuerza.

Aunque inicialmente se pidió un plazo de cuatro meses, la abogada de la universidad se negó y el inspector de Policía Pedro Darío Álvarez accedió a dar veinte días más de plazo. Entonces, se interpuso una tutela a favor de los ocupantes que detuvo cualquier proceso de desalojo por casi tres meses. Finalmente, el juez del caso dictaminó que la oferta institucional y el tiempo habían sido suficientes para que los ocupantes se reubicaran, de modo que el desalojo quedó programado para el viernes 8 de octubre.

Muchos de los problemas y tensiones que se presentan en estos desalojos y operativos pasan por el rol con el que la ciudadanía identifica a las instituciones. Por un lado las entidades del Distrito intentan ofrecer ayudas sociales y por el otro se recurre al uso de la fuerza a través de la Policía. 

“En el momento en que se le manda el ESMAD a una población de tal vulnerabilidad pues no se están cumpliendo derechos humanos”, dice Alejandro Rodríguez, “es de conocimiento público que el ESMAD es un grupo que en muchas ocasiones actúa arbitrariamente y suele hacer un uso indebido de la fuerza que se sale de estándares de derechos humanos”.

Las afectaciones que produjo el operativo tras el uso de la fuerza fueron varias: Cerosetenta pudo corroborar que al menos cuatro mujeres y dos hombres resultaron heridos por lesiones de armas menos letales y golpes contundentes en la cabeza, los brazos y las piernas; sin embargo, los ocupantes aseguran que fueron más los heridos. Además, un bebé de un año resultó afectado por inhalar humo durante el incendio y tuvo que permanecer hospitalizado hasta la noche del 12 de octubre. Eso sin mencionar varias gallinas muertas y los gatos que sufrieron quemaduras.

A la fecha, el desalojo resultó inútil. Casi la totalidad de los ocupantes iniciales permanecen en el sitio, incluyendo 4 madres gestantes y al menos 35 menores de edad. El lote, entre tanto, está acordonado con polisombras verdes y, según información de la Secretaría de Gobierno, cuenta con seguridad privada prestando vigilancia.

Jazmín Rodríguez, por su parte, quiere dejar claro que quienes permanecen allí no son habitantes de calle, son recicladores. Y agrega: «Todos seguimos aquí porque no tenemos para dónde ir. Durante el día algunos salen a trabajar y otros nos quedamos acá cuidando lo poco que nos quedó».