El suroriente de Colombia alberga una vasta porción de la selva amazónica, uno de los enclaves de biodiversidad más preciosos del planeta, pueblos indígenas de origen ancestral y la colección de pinturas rupestres más grande y antigua de América. Sin embargo, ese entorno único está cediendo terreno aceleradamente.

Bajo el impacto de grupos armados ilegales que amparan desde el cultivo de coca hasta el tráfico de madera y animales salvajes, de ganaderos ambiciosos y políticos corruptos, los bosques tropicales de Caquetá, Guaviare y Meta, su fauna y sus habitantes originarios sufren desde hace años la embestida de una vasta operación de deforestación ilegal que ha convertido decenas de miles de hectáreas de selva en pastizales y cuyas heridas en la espesura son visibles desde el aire. Los campesinos, que migraron a la Amazonía hace décadas impulsados por planes del gobierno, y los indígenas están atrapados entre una ausencia casi completa del Estado, salvo una reciente incursión militar, y las agrupaciones armadas ilegales que controlan vastas porciones de esas selvas.

Con el objetivo anunciado de enfrentar la deforestación de esta región de la Amazonía, en particular en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y otros parques cercanos, en la región de la Macarena, el gobierno colombiano lanzó, en abril de 2019, la denominada Operación Artemisa. Desde entonces, cientos de militares patrullan la selva a la caza de actividades ilegales. Aunque no estén directamente en la mira de las autoridades, miles de pequeños colonos campesinos, empujados históricamente a ‘tumbar monte’, como se dice en Colombia, en esta frontera salvaje por la falta de oportunidades en sus lugares de origen, e indígenas como los nómadas Nukak que se han visto obligados a asentarse forzosamente en las peores condiciones de pobreza e insalubridad, son las principales víctimas en este pulso complejo que involucra a las fuerzas oficiales, a grupos ilegales, poderosos intereses económicos de terratenientes y ganaderos que promueven la deforestación y políticos corruptos que los amparan.

Durante varias semanas de finales de 2019 e inicios de 2020, el fotógrafo colombiano Federico Ríos recorrió regiones aisladas de Caquetá, Guaviare y Meta, los tres departamentos de Colombia donde se concentra la mayor parte de la deforestación del país y donde más se sienten sus consecuencias. Acompañó a los militares de la Operación Artemisa; fue testigo de sus choques con cientos de campesinos que protestaban contra lo que califican de abusos por parte del ejército; visitó a los Nukak en sus asentamientos; habló con pequeños colonos instalados hace años en medio de la selva, algunos en áreas protegidas, y sobrevoló las inmensidades de esta región de la Amazonía documentando la deforestación.

El resultado es este reportaje fotográfico. Son 29 imágenes de las heridas –ambientales, sociales, criminales, de seguridad y ausencia del Estado– abiertas por la deforestación en el suroriente de Colombia.El trabajo de Federico Ríos contó con el apoyo del Fondo de Periodismo ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Universidad de los Andes y se hizo para La Liga Contra el Silencio, una alianza de medios de comunicación colombianos que promueve la publicación de historias sobre las que pesa un silencio impuesto por intereses poderosos o criminales.

Tropas del ejército colombiano desembarcan en una zona remota de La Lindosa, en el sur del Guaviare, dentro del marco de la Operación Artemisa, lanzada en abril de 2019 por el gobierno como un intento por controlar la deforestación y los cultivos de uso ilícito. Una estrategia principalmente militar, que da poca o nula respuesta a las realidades sociales en el terreno.

Vista aérea de una ‘tumba de monte’ y quema de bosque en las afueras de San Juan de Lozada. Este es el mecanismo tradicional de la deforestación. Su mano de obra son colonos campesinos que llegaron hace años a la región, los cuales o talan por su cuenta para instalarse o lo hacen pagados por grandes propietarios cuyo único objetivo es apropiarse de cada vez más hectáreas de selva para ampliar la ganadería extensiva. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, que monitorea este proceso, el país perdió 197.159 hectáreas en 2018, el 70% de ellas en la Amazonía y, en especial, en los departamentos objeto de este fotorreportaje: Caquetá, Guaviare y Meta.

En el centro del parque de San Vicente del Caguán (Caquetá) se encuentra el Monumento al Hacha, un homenaje a los colonos que, empujados por la pobreza y la falta de empleo en muchas zonas del campo, siguen abriendo la selva y tumbando el monte, expandiendo la frontera agrícola para pasturas de ganadería. Los conflictos con el Estado han sido históricamente moneda corriente. Muchos campesinos se instalaron dentro de áreas protegidas, como los parques nacionales de la región: Chiribiquete, Picachos, Macarena y Tinigua. Cuando el ejército los encuentra, puede expulsarlos, pero sin alternativas viables de sustento, los campesinos no tienen otra salida que seguir en la selva. De acuerdo con reportes como los de Monitoring the Andean Amazon (MAAP), la presión deforestadora más fuerte está justo concentrada en estos parques nacionales y la Reserva Nacional Natural Nukak. El Parque Nacional Natural Tinigua, en el departamento del Meta, sufrió la deforestación de 10.000 hectáreas en 2018, casi 7.000 hectáreas más que el año precedente, de acuerdo al monitoreo del IDEAM. Y el Chiribiquete perdió, según MAAP, 2.200 hectáreas, entre julio de 2018 y mayo de 2019.

Un grupo de campesinos reunidos en el sector de Los Pozos, una vereda de San Vicente del Caguán, acampa mientras reclama la presencia del gobierno para dialogar sobre la situación de ocupación en los parques nacionales naturales, donde muchos de ellos se han instalado, y protesta por las detenciones y los abusos de los que acusan a la Operación Artemisa. En un operativo en febrero de 2020, cerca de 1.000 militares capturaron a 24 campesinos, entre ellos mujeres y menores de edad, a los que finalmente liberaron. 

El coronel Norberto Salgado, comandante de la Brigada de Selva 22, con sede en San José del Guaviare, entrega a la prensa, el 23 de octubre de 2019, los resultados de la captura de presuntos miembros de grupos armados señalados de deforestar, cultivar coca y dedicarse al narcotráfico. Como ha ocurrido en otras ocasiones, las operaciones de Artemisa se han concentrado en los eslabones más débiles de la cadena de tala, cultivo de coca y tráficos ilegales. Los más afectados por sus operativos son, además de integrantes de grupos armados ilegales, campesinos como estos. Terratenientes, grandes ganaderos y los políticos que los protegen siguen escapando al control de las autoridades.

Los Tepuyes son formaciones geológicas que se levantan en plena selva amazónica, al oeste del Escudo Guyanés. Varios de ellos, en los más de 4 millones de hectáreas del Parque Nacional Natural Chiribiquete, albergan el complejo de pinturas rupestres más vasto y antiguo de América. En este marco de inmensa riqueza de biodiversidad y tesoros arqueológicos se libra un pulso entre la deforestación y la conservación que involucra a campesinos pobres, ganaderos, autoridades corruptas, grupos armados ilegales, traficantes de fauna y de cocaína, el gobierno y los militares. 

Un mono churuco (Lagothrix lagotricha), una de las muchas especies endémicas de la Amazonía, cruza por las ramas de los árboles en las selvas del Guaviare. La región alberga una gran diversidad biológica que está amenazada. Desde mediados de febrero de 2020 los guardaparques de los parques Puré, Apaporis, Chiribiquete, La Paya, Macarena, Tinigua y Picachos y las reservas naturales de Puinawai y Nukak han sido expulsados por amenazas de grupos criminales. Al menos nueve millones de hectáreas de selva en esa región están desprovistas de funcionarios y autoridad ambiental.

Un grupo de indígenas nukak prepara la cena en el fuego mientras descansan en sus hamacas. Los nukak son un pueblo que permaneció como no contactado hasta 1988 y al que la Corte Constitucional declaró en “riesgo de exterminio étnico y cultural”. Aunque cuentan con un territorio de casi un millón de hectáreas, legalmente constituido como resguardo desde 1993, los nukak han sido desplazados de manera forzada debido a las dinámicas de colonización, deforestación y cultivos ilícitos. Muchos se han visto obligados a asentarse en zonas urbanas en condiciones de extrema pobreza, como ellos, que viven en un lote a las afueras de San José del Guaviare. 

Aguaceros como este caen regularmente sobre la selva del Guaviare. En el suelo, se notan los parches que va dejando la deforestación. La selva tropical cumple un papel clave regulando el ciclo del agua en todo el planeta.

Un militar a bordo de un helicóptero del ejército. Estas aeronaves patrullan y abastecen a las tropas de tierra de la Operación Artemisa, que pueden pasar meses en la selva antes de ser relevadas. El personal militar es la única presencia, ocasional, del Estado colombiano en estas zonas remotas en las que son grupos armados, algunos de ellos disidencias de la exguerrilla de las FARC, los que tienen el control sobre los pobladores.

Un potrero en el sur del Meta evidencia cómo ha sido deforestada la selva para abrir paso a extensas regiones ganaderas. Mientras los militares persiguen a pequeños campesinos que tumban la selva, los responsables de la deforestación a gran escala manejan redes de influencia y corrupción y raramente son descubiertos y procesados por las autoridades. En un hecho inédito, en diciembre de 2019, la Fiscalía imputó cargos a Pedro Pablo Novoa Bernal y Jhonivar Cumba, alcaldes de Calamar y Miraflores (Guaviare) por la construcción de una vía ilegal entre los dos municipios que se ha convertido en un foco de deforestación. La deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales, pasando de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018, según cifras del IDEAM. El exgobernador del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, ha sido señalado como propiciador de la deforestación y el despojo de tierras a campesinos. 

Una ‘tumba de monte’ con una casa en el centro, entre los municipios de El Retorno en Guaviare  y Mapiripán, en Meta: así empieza la deforestación, de a poco, en lotes de menos de una hectárea y luego se va expandiendo poco a poco en medio de la selva, en lugares remotos en los que no hay control del Estado ni de las autoridades y adonde es poco probable que lleguen incluso los militares. 

Un campesino con su motosierra en medio de un lote de ganadería. La motosierra ha sido una herramienta indispensable en la colonización y deforestación de la selva. Basta un poco de combustible y con ella se pueden tumbar hectáreas de selva muy rápidamente.

Campesinos reunidos en el coliseo de San Vicente del Caguán, en marzo de 2020, para manifestarse en contra de las medidas tomadas por el gobierno para judicializarlos por vivir en zonas de parques naturales. Las protestas terminaron sin resultados claros para los campesinos. Varios de ellos, detenidos por el ejército, incluso algunos menores de edad, terminaron siendo liberados, sin cargos.

Un grupo de campesinos cocina en un rancho improvisado en el coliseo de San Vicente del Caguán mientras mantiene las protestas en contra de las medidas del gobierno para sacarlos de sus parcelas por estar en zonas de parques naturales.

La geometría de la deforestación: una carretera entre los poblados de Los Pozos y San Juan de Lozada, en Caquetá, marca la división entre selva y potrero, entre el mundo salvaje y la ‘civilización’, que cada día gana terreno para generar tierras para la ganadería. Las carreteras son la punta de lanza de talas masivas, como lo ha sido la vía ilegal de 138 kilómetros entre Miraflores y Calamar, en Guaviare.

Pinturas rupestres en Cerro Azul, en La Lindosa, cerca a San José del Guaviare, donde se calcula existen unas 45.000 pinturas. La región del Chiribiquete también alberga este tipo de representaciones, más de 70.000, muchas de varios miles de años de antigüedad, que han arrojado nuevas pistas sobre el origen del poblamiento humano en Latinoamérica, así como sobre rituales y detalles de la vida cotidiana de los indígenas de la región y su relación con el entorno. El avance de la deforestación expone cada vez más a culturas indígenas que viven aún aisladas en la selva y pone en peligro este tipo de patrimonio.

Ella es Buuma. Sus padres la llamaron Buuma, pero los misioneros quisieron que se llamara Joonide, que en la lengua de los nukak significa pato. Al hacer su registro oficial, la inscribieron como Rosa porque dijeron que necesitaba un nombre ‘blanco’, incluso para vivir en las selvas del Guaviare, para poder votar.

Felipe es uno de los líderes nukak. Él y su grupo viven como desplazados en un campamento improvisado a las afueras de San José del Guaviare en condiciones de pobreza. La guerra y la deforestación los sacaron de los territorios que habitaban. Se trata de un pueblo que tras su contacto con colonos fue diezmado por enfermedades como el sarampión y la gripa. Bajo el impacto del conflicto armado y pese a la creación del resguardo, los sobrevivientes se vieron obligados a desplazarse hacia San José del Guaviare, donde continúan hoy. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia son uno de los pueblos indígenas ‘en riesgo inminente de extinción’.

Un grupo de soldados patrulla a pie la selva para monitorear la deforestación, cerca de Cerro Azul, en San José del Guaviare. En general, solo se topan con pequeños colonos campesinos, asentados históricamente en un territorio donde no hay títulos de propiedad ni organismos de control del Estado de ningún tipo, al que llegaron forzados por las circunstancias de escasez y falta de empleo en sus zonas de origen.

Un grupo de campesinos bloquea la vía que de Los Pozos conduce a San Juan de Lozada, en la región de La Macarena, el 2 de abril de 2019, esperando que el gobierno atienda su llamado de dialogar sobre la Operación Artemisa con la que se han visto severamente afectados. Después de reuniones con el gobierno, se conformó una mesa de negociación que no ha avanzado por dificultades de movilidad durante la epidemia de coronavirus. La protesta se disolvió una semana después.

Uno de los capturados durante la Operación Artemisa, en febrero de 2019, declara ser conductor de ferry en un río y dice que no tiene vacas, no es ganadero ni tiene finca y no deforesta. Quedó en libertad cinco días después de haber sido detenido y de que lo transportaran en helicópteros y aviones militares desde la selva hasta Florencia, la capital del departamento de Caquetá.

Un grupo de militares aborda un helicóptero tras meses en la selva combatiendo la deforestación en el marco de la Operación Artemisa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno, la cifra de deforestación en Colombia ha crecido exponencialmente durante los últimos tres años en los que cada día más hectáreas de selva ceden su lugar a la ganadería extensiva y los cultivos de coca. Fuentes oficiales calculan que unas 200.000 hectáreas de bosque se deforestan cada año en Colombia, cerca del 70% en la Amazonía. Los departamentos más afectados de la región son Caquetá Guaviare y Meta. Dos de los municipios de Caquetá donde se hizo el reportaje, San Vicente del Caguán y La Macarena, concentraron una quinta parte de la deforestación a nivel nacional en 2018, según el IDEAM. Aunque la deforestación se redujo parcialmente en ese año, solo San Vicente perdió casi 20.000 hectáreas, un 10% del total nacional.

Un campesino armado con un palo de madera durante el bloqueo de los campesinos en la vía que comunica Los Pozos con San Juan De Lozada para llamar la atención del gobierno sobre la situación que viven por la Operación Artemisa. El bloqueo se mantuvo por varios días, durante los cuales los campesinos armaron un campamento para mantenerse. La protesta terminó sin grandes acuerdos.

Un árbol quemado hasta la mitad, solitario sobreviviente de una ‘quema’, el incendio que se hace después de talar para dejar el terreno listo para que solo crezca el pasto y lo ocupe el ganado. La imagen fue tomada en una zona ubicada en San Juan de Losada.

La frontera entre la selva virgen y los restos que dejan los incendios habla por sí misma del terreno que los humanos le ganan todos los días a uno de los entornos ambientales más ricos del planeta. De acuerdo a un reporte de 2019 del proyecto Monitoring the Andean Amazon (MAAP), ‘La deforestación continúa en la Amazonía Colombiana (2019)’, el noroeste de la Amazonía colombiana perdió, entre enero y mayo de ese año, más de 56.000 hectáreas de bosque.

Arnulfo Gasca, gobernador del Caquetá, estrecha la mano de varios campesinos. Durante el bloqueo de la vía entre los poblados de Los Pozos y San Juan de Lozada, demandaron al gobierno dialogar sobre la Operación Artemisa y los riesgos que representa para ellos. Gasca, un polémico ganadero y criador de caballos finos, con un pasado que ha despertado cuestionamientos e investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico, que no se han comprobado, fue elegido gobernador del departamento en 2019, con apoyo del Partido Conservador. El país lo conoce por un video que se hizo grabar años antes al mejor estilo norteño en el que se denomina ‘patrón de patrones’.

Un helicóptero de abastecimiento militar vuela frente a una tormenta en los cielos del Guaviare para llevar comida y elementos a las tropas de tierra de la Operación Artemisa. El ‘pájaro’ que se aproxima es una de las visiones más ansiadas por estos hombres que pasan a menudo meses en medio de la espesura sin ver otros seres humanos.

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