El mundo tiene puestos los ojos sobre Colombia. El Paro Nacional que se convocó para el 28 de abril cumple ya una semana en las calles y, a pesar de haber logrado su objetivo de tumbar la propuesta de Reforma Tributaria, miles de personas en el país siguen en las calles en lo que, por ahora, parece un paro indefinido.
Pero este paro también se ha cubierto de malas noticias. Según los últimos reportes de la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 5 de mayo (a las 8 am), se reportaron 1708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 831 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparo de arma de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
Mientras tanto, el gobierno y las fuerzas armadas han redoblado su presencia y su esfuerzo por contener a las calles mientras los enfrentamientos con la sociedad civil se recrudecen. Hasta la fecha, el presidente Duque no se ha pronunciado en contra de los abusos de las fuerzas armadas. En cambio, el presidente, sus ministros, su partido de gobierno y los entes de control han asumido una narrativa que centra su foco en la violencia y habla de terrorismo e infiltarciones de dicidencia de las Farc para referirse al paro.
Este panorama nos lleva a cuestionar el estado de la democracia del país, a luces de una crisis económica y de salud y unas próximas elecciones presidenciales. Cerosetenta habló con Sandra Borda, politóloga, internacionalista y profesora de la Universidad de los Andes, para medirle el pulso al actuar político del gobierno en el contexto de protesta social.
Basado en lo que ha ocurrido en las calles y las reacciones a del gobierno, ¿deberíamos estar pensando en el autoritarismo como un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel político en el país?
Creo que hay dos ángulos distintos. Uno, que efectivamente es la reducción sustancial del papel que debe cumplir el Estado de garantizar los derechos a la gente. La violencia policial es el caso más extremo ante la incapacidad del Estado de asegurarle a la gente el derecho a la protesta y eso es un problema enorme. Mucha gente sugiere que la violencia policial es el resultado inevitable de la violencia que surge desde la esquina de la gente que se está manifestando, pero creo que hay que tener muy claro el asunto de la proporcionalidad y el papel que debe cumplir la fuerza pública. En Estados Unidos, con todo lo violentas que fueron las manifestaciones que se originaron por cuenta del asesinato de George Floyd —donde hubo agresiones a propiedad privada, incendios de estaciones de policía y demás—, no hubo ni un muerto. La protesta pública se puede guiar, se puede conducir, se puede proteger y, por decirlo de alguna manera, lidiar con ella sin necesidad de pensar que la única forma de controlar los desmanes es a través de la violencia.
Pero creo que de otro lado —y también pensando en efectos que esto pueda tener en la democracia colombiana—, hay un tema que es tal vez un poco más estructural, pero que no puede se puede hacer a un lado y es que lo que están demostrando estas protestas es que la gente que está saliendo a la calle parece no tener un recurso, distinto al de la manifestación, para poder comunicarse con el establecimiento, con el Estado y con quienes se encargan de tomar las decisiones públicas.
La función que deben cumplir los partidos políticos como canales de conducción y canales de representación están totalmente rotas. Eso no solamente lo demuestran las manifestaciones sino las encuestas. Entonces, ¿qué es lo preocupante de eso? Hay una cosa que es positiva y es que la gente discute la posibilidad de participar políticamente a través de la protesta y eso está bien. Pero si se da cuenta que solamente puede participar políticamente de esa forma le hace perder el sentido a la existencia de las instituciones democráticas y eso es un problema muy grave.
¿Qué consecuencias puede tener esto?
Es un problema muy grave porque la sociedad civil que sale a protestar no necesariamente está organizada de una forma que le permita a los que toman las decisiones dialogar clara y fácilmente con ella. Lo que uno no quiere es que esto se vaya a terminar en una cosa como lo de Ecuador, en la que básicamente se convierte en un ejercicio frecuente tumbar presidentes a punta de protesta y sin que eso se traduzca en una respuesta mucho más crítica por parte del Estado y en una consolidación de las instituciones como forma de participación democrática. Creo que esas son las dos cosas que más me preocupan. Ya hay gente en la calle diciendo: ya tumbamos a un ministro, ahora queremos tumbar al presidente. Ese no puede ser necesariamente el objetivo en la protesta. Eso no se traduce en nada, no se traduce en transformaciones concretas para la gente, no se traduce en políticas públicas que los saquen de la situación de marginalidad social y económica en la que están. Entonces la protesta también necesita causa, necesita guía y yo siento que la clase política no está en condiciones de hacer eso.
Desde un inicio expertos advirtieron que el Covid-19 funcionaría como una excusa para instaurar medidas extremas y autoritarias. Evidencia de esto fue el decreto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca un día antes del inicio del Paro Nacional. ¿Cómo ves este nuevo poder del Estado, en relación con la crisis de salud, jugando con la democracia y los derechos de los ciudadanos?
Ese es un punto fundamental. Yo me cansé de decir desde el comienzo que en el momento en el que empezáramos a salir del confinamiento por cuenta de la necesidad de reactivar la economía, necesaria y obligatoriamente íbamos a tener que empezar a pensar en mecanismos también para reactivar a la gente políticamente y guiarla en ese proceso de reactivación. Lo que tú no le puedes decir a la gente es que tiene que salir a trabajar, que se tiene que meter a Transmilenio, que se tiene que exponer y exponer su salud para ser parte del aparato productivo y para ganarse su sueldo, pero que no puede participar políticamente porque eso es un riesgo para su salud. Y lo que terminaron haciendo, y en esto son tan culpables los alcaldes de las ciudades como el gobierno nacional, es que pospusieron eso por muchísimo tiempo y en vez de empezar con un protocolo de reactivación de derechos políticos, lo que hicieron fue seguir diciéndole a la gente que se tenía que quedar en cuarentena, que se tenía que quedar encerrado y que no podía salir a manifestarse. Y a eso se suma que tampoco hay vacunas. Entonces ni siquiera tienes la posibilidad de decirle a la gente “espérese un momentito, esperese un mes que en cuestión de un mes ya vamos a estar la mayoría vacunados y la cosa puede más o menos retornar a la normalidad”. Es la indefinición de absolutamente todas las políticas. Y la gente no va aguantar tanto eso, era muy difícil que lo aguantara: es resultado también de que la situación económica ya no da más. Esto no era sobre la reforma tributaria, era sobre otra cosa, era sobre la desesperación en la que están en materia económica y la frustración terrible que produce ver que nadie está tomando decisiones para sacarlos de ahí.
¿Cómo se compara lo que se está viviendo hoy en Colombia con otros países Latinoamericanos como Brasil que tienen una situación tan crítica en términos de democracia?
El daño en materia democrática se está profundizando y eso es muy preocupante, porque de ese tipo de escenarios solamente salen unos liderazgos políticos que son muy populistas —de izquierda o de derecha. La facilidad de que en este momento alguien salga y diga: «La gente en la calle tiene toda la razón. La clase política no sirve para nada. Los partidos políticos no sirven para nada, las instituciones no sirven para nada. Yo les propongo una alternativa de arrasar y volver a armar». Eso es muy fácil y pueden comprar muchísimo apoyo electoral en este momento. Ese era una muy buena parte del discurso de Bolsonaro, ese era el discurso de Trump, esos populistas todos se nutren del desprestigio de las instituciones y de la clase política tradicional.
¿Qué queda por esperar ahora, mientras la protesta continúa?
Es la pregunta del millón. Creo que hay que esperar a ver qué señales da el gobierno. Yo no soy muy optimista porque los veo en otra cosa. Uno esperaría que esto les haya enseñado que si quieren tramitar la reforma tributaria, hay que hacerlo de otra forma. Eso no tenía nada que ver con el contenido de la reforma, sino con el mecanismo que se utilizó para hacer las cosas. Hay que ver a quién nombran Ministro de Hacienda. Hay que ver cómo responden a la movilización, pero si la tendencia es a seguir haciendo lo que han venido haciendo hasta el momento, yo creo que este gobierno ya se acabó. Yo creo que aquí ya no le queda capital político para hacer nada, para transformar nada. Ya nadie lo quiere acompañar. Y eso se puede traducir a que va a ser muy difícil convencer a la gente que no siga en la calle y la crisis en materia sanitaria va a ser enorme. Yo creo que nos quedan todavía un año y medio muy pero muy difícil y no veo mucha perspectiva de cambio. Esto es lo que han venido haciendo desde el comienzo. No en vano les ha tocado lidiar con esta cantidad de protesta social.
