Hoy 28 de abril de 2025 se cumplen cuatro años del estallido social, un fenómeno que cambió las dinámicas de articulación social con las que las ciudadanías se movilizan en el espacio público, reclaman por sus derechos básicos y su relación con las autoridades. 

¿Cómo ha cambiado la movilización social desde el estallido social?

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¿Qué ha pasado con algunos de los casos más emblemáticos? ¿Qué obstáculos en la justicia han encontrado las familias de los jóvenes asesinados? ¿Qué avances han tenido los casos de los jóvenes víctimas de violencia ocular? ¿Qué logros han tenido las organizaciones sociales en materia jurídica para proteger el camino de las futuras movilizaciones? 

Según cifras dadas por el comité de la ruta de exigibilidad de la Comisión de la Verdad del Estallido, se han identificado más de 970 víctimas y 595 detenciones arbitrarias entre 2019 y 2021. En 2023 se habían identificado 708 procesos disciplinarios contra la fuerza pública en el marco del paro nacional, según el informe No Basta realizado por Temblores y la Fundación Alfredo Molano. Para ese momento la Procuraduría había archivado 358 casos, es decir, la mitad de ellos. De acuerdo con Alejandro Rodriguez, coordinador en Temblores, la entidad argumentó que los procesos no tenían suficientes pruebas o defendió que los agentes se encontraban en el ejercicio de sus funciones. Pero esa es apenas una de las dificultades que han encontrado las víctimas en un largo proceso de justicia y reparación que parece no llegar. 

Cerosetenta consultó a expertos y voces protagonistas del paro para hacer un balance sobre lo que ha pasado desde 2021.

¿Cómo ha sido el proceso judicial para las víctimas de violencia ocular?

“Es un abandono estatal. No ha habido avances en estos cuatro años”. Así lo describe Juan Pablo Fonseca, miembro del Movimiento de Resistencia a las Agresiones Oculares (MOCAO).

El 1 mayo de 2021, mientras se movilizaba con sus compañeros, Fonseca fue impactado por un arma de gas lacrimógeno en el lado derecho de su rostro por un agente del ESMAD a las 8:00 pm. El disparo le dejó 32 fracturas en el cráneo y la pérdida del globo ocular. Fue sometido a 12 intervenciones. 

A la fecha, su caso está en investigación por la Fiscalía y el pasado julio de 2024 hubo una comisión por omisión al capitán de la escuadra. No obstante, Fonseca señala que se han aplazado múltiples audiencias. La próxima será en junio de este año para escuchar los testimonios de los médicos que han realizado las intervenciones quirúrgicas.  

Uno de los principales problemas para resolver los casos de violencia ocular ha sido la falta de tipificación del delito en Colombia y en Latinoamérica. “Las lesiones oculares se interpretan como un acto de lesión personal mas que como un acto de tortura y de lesa humanidad. La justicia es inapropiada para trabajar este tipo de delitos”, explica Fonseca. Esto minimiza la gravedad del daño y limita la aplicación de justicia.

Desde Temblores insisten en este punto. “Desde las organizaciones de derechos humanos insistimos en que los traumas oculares son hechos de tortura porque se está castigando a una persona por un acto que es ejercer su derecho a la protesta o por cualquier otro tipo de acto”, explica Rodriguez, de esa organización.

Aunque las víctimas de violencia ocular por parte de la fuerza pública existían desde antes del estallido social, fue en este periodo que se incrementaron sus cifras. De acuerdo con el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social –registrado en este informe–, de los 169 casos de lesiones oculares desde la creación del ESMAD (hoy UNDMO) en 1999, 116 fueron en el marco del paro nacional. 

Pero hay otros múltiples factores que dilatan las investigaciones: la no individualización de los agentes involucrados, el trámite en secciones judiciales sin experiencia en DDHH, la rotación constante de los fiscales encargados de los procesos y el traslado a la justicia penal militar.

Sobre el primer punto, en los casos de violencia ocular no se identifica y reconoce al perpetrador último, esto es, quien llevaba el arma. “Eso lo hemos visto sobre todo en traumas oculares”, explica Rodríguez. Temblores representó a dos casos de víctimas de traumas oculares en el Paro nacional de 2021 y una víctima por lesión. En ningún caso se ha podido individualizar al miembro de la fuerza pública, de modo que se dificulta el proceso penal. Los tres casos siguen en investigación.

Federico Isaza, del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, explica otro de los puntos: hay una dificultad en trasladar los casos de la justicia militar a la ordinaria. “Cuando se presentaron las denuncias, como quienes habían realizado esto eran integrantes de la Fuerza Pública, se intentaron llevar por parte de su defensa dentro de los tribunales penales militares, dentro de la jurisdicción militar. Pero la Corte Constitucional ha sido muy clara que en un caso específico de lesiones oculares, uno lo puede ampliar a los otros”, explica. Pero esto ha sido uno de los motivos de la dilación.

Alejandro Rodriguez, de Temblores, resalta otro punto: la falta de investigaciones de contexto. “Esto es particularmente importante en el estallido social porque estas investigaciones muestran todo lo que estaba ocurriendo en una situación particular, qué se tiene en cuenta para la judicialización y los procesos”, explica. Un ejemplo es el caso del Tribunal de Siloé, en Cali, que inició una investigación de contexto para investigar la masacre del 3 de mayo de 2021 y la judicialización de los agentes del GOES que dispararon a los civiles.

El caso de Siloé

El Tribunal Popular en Siloé ha sido uno de los referentes de procesos de justicia popular y lucha contra la impunidad de la violencia policial ocurrida en el estallido social. Ante la falta de respuesta de las autoridades, organizaciones locales e internacionales crearon un Tribunal para documentar e investigar los casos de violación de DDHH que ocurrieron contra la población en esa comuna de la ciudad de Cali.

Entre el 28 de abril y el 13 de junio de 2021 se registraron 159 víctimas durante 46 días por desapariciones forzadas, heridos por arma de fuego, detenciones y amenazas, de acuerdo con cifras del Tribunal. 16 personas fueron asesinadas. Dos de ellos eran menores de edad.

Después de esta investigación, el Tribunal Popular emitió una sentencia simbólica –no vinculante en términos judiciales– contra el Estado colombiano. “Lo que pasó en Siloé fue un genocidio continuado”, explicaron miembros del Tribunal en esta entrevista del 2023. 

¿Qué pasó después de este proceso de reparación con las víctimas? “La impunidad sigue para la comunidad de Siloé”, señala Jose Garzón, miembro del Tribunal. Ante la jurisdicción se llevan ocho casos y aunque había una audiencia de preparación del caso, se ha aplazado 12 veces. 

Algunos de los casos principales son el macrocaso por los asesinatos de tres jóvenes:  Harold Mellizo, Kevin Agudelo y José Ambuila. También está el caso del joven de 24 años Michael Andrés Aranda. Garzón explica que aunque el Tribunal ha enviado toda la información solicitada por la Dirección de DDHH de la Fiscalía y también por un grupo técnico del CTI involucrado, no ha tenido ninguna efectividad en la justicia. 

“Casi todos los casos se abrieron de forma aislada por la Fiscalía General, por la seccional de DDHH. Hemos hecho todo lo posible para cualificarlos y aglutinarlos en la dirección. Pero cambiaron al director de la seccional”, dice Garzón. El 8 y el 9 de abril había audiencia de reparación pero se aplazó porque los abogados de los victimarios aplazaron debido a que cambiaron al abogado que llevaba el caso. “La dilación se ha repetido en múltiples ocasiones”, explica.

En Indepaz, la investigadora Juanita Cabezas señala que ha habido dificultades en la Fiscalía para la apertura de las investigaciones. “En principio no se reconocía muchas veces que habían sido víctimas de violencia policial sino que se les relacionaba con otro tipo de acciones. Además, la posibilidad de nosotros como organizaciones para acceder a los expedientes era limitada”, explica. 

Garzón agrega que Luis Fernando Velasco, ex ministro del Interior, dejó los planes de una Comisión de la Verdad para resarcir a las víctimas en Siloé. Eso avanzó hasta ser un borrador. “Cuando llegó Cristo fue engavetado. Nosotros pusimos tutelas y finalmente ganamos. Recibimos respuesta en diciembre del año pasado. Por ahora está en revisión jurídica pero no sabemos nada”, explica. “Nosotros nunca catalogamos este gobierno de izquierda, para nosotros era liberal progresista. No teníamos expectativas con este gobierno pero había un compromiso”, agrega.

Sobre estas expectativas con la administración de Gustavo Petro, desde MOCAO también señalan que hubo una desilusión frente a la falta de compromiso para incluir en el Plan de Desarrollo una ruta de integración para las víctimas de violencia policial. “Eso fue un tiro en el pie para el gobierno después de haber sugerido que iba a acabar los cuerpos antidisturbios. Esto no se dio”, explica Fonseca.

Sin embargo, el joven considera que desde el principio sabían que en cuatro años iba a ser difícil. “Creemos que a largo plazo, extendiendo un poco más la izquierda, se pueden generar un poco más de garantías a todas las víctimas”, señala. Pero Fonseca añade que hay una preocupación por la llegada del ministro de Defensa Pedro Sanchez. “No sabemos qué garantías vayamos a tener más adelante o qué locuras en términos ejecutivos y directivos vaya a tomar frente al uso de las armas y el uso de la fuerza.  Tenemos varias inquietudes en cómo se va a desarrollar  este año y medio que queda”.

Lucas Villa, un proceso que no avanza

“En estos 4 años lo que hemos visto sobre todo ha sido impunidad”, señala Sidssy Uribe, hermana del líder estudiantil Lucas Villa. 

Villa fue asesinado por un disparo a menos de un metro de distancia por tres sicarios en moto el 5 de mayo de 2021 en el viaducto César Gaviria Trujillo que conecta a Pereira con Dosquebradas. “Teníamos la esperanza de que siendo uno de los crímenes más visibles del Paro se resolviera con prontitud y sin embargo, hemos sido víctimas de la indiferencia e inoperancia de la rama judicial”, agrega Uribe. 

Los acusados en este crimen hacen parte de ‘La Cordillera’, un grupo de delincuencia organizada, comandado presuntamente por el ex jefe paramilitar alias Macaco. Según dice el escrito de acusación, este grupo consideraba a Villa y la movilización social como un obstáculo que ponía en riesgo el funcionamiento de la organización debido al bloqueo de las vías y la presencia de la fuerza pública.  

Desde ese 11 de mayo de 2021, han tenido 5 audiencias. El pasado julio de 2024 la Fiscalía acusó a dos integrantes del grupo criminal por presuntamente haber sido los responsables últimos del homicidio. “La investigación da cuenta que Jonatan Stiven Mejía, alias ‘Trúan’ como posible jefe de sicarios y su hermano ‘alias Carevieja’, presunto articulador del tráfico de estupefacientes en el barrio San Judas Tadeo de Dosquebradas, recibieron la instrucción de asesinar a Villa Vásquez porque las movilizaciones que promovía sobre el viaducto impedían el paso de las sustancias ilícitas, situación que afectaba las rentas ilegales de ‘La Cordillera’”, señaló la entidad.

Sin embargo, para Siddsey, hermana de Lucas Villa, estos no fueron los verdaderos asesinos de su hermano. “Las personas capturadas son chivos expiatorios que buscó la Fiscalía para mostrar resultados frente al caso de mi hermano. Pero Pereira es muy pequeño. Aquí uno conoce a todo el mundo. Que vengan y nos digan que casualmente son dos hermanos. No digo que no sean criminales. Pero me van a decir que no saben quienes dieron la orden si por ejemplo se sabe que alias Calzones tiene varios negocios en la plaza de la 40. Aquí la gente se conoce. Si eso lo sabe uno que es un ciudadano del común, [cómo] no lo va a saber la Fiscalía”, señala.

Para la hermana de Villa, todo el manejo que se le dio al caso durante la administración de Francisco Barbosa, ex Fiscal General desde 2020 hasta 2024, fue dilación. Incluso insiste en que el escrito de acusación en el que se basa no tiene peso para poder condenar. “Uno de los testimonios es de una persona que estaba capturada y se sabe –a oídas– que aceptó por los beneficios que le querían proporcionar desde la Fiscalía para que confesara algo. No hay credibilidad en su testimonio”. 

La última audiencia del caso fue el primero de abril. Pero Siddsey también reclama la necesidad de involucrar a los agentes de policía que patrullaron esa noche. “Hay innumerables indicios que demarcan que efectivamente hubo una complicidad de las fuerzas del Estado aquí en el territorio”, explica. Se refiere a la investigación de Cerosetenta que señala la omisión de los agentes de la policía en la escena del crimen. “La policía quizá omitió actuar de forma diligente. No se acerca a la escena, ni acordona el área. Evidencia material y testimonial vital para esclarecer el crimen pudo perderse”, dice este reportaje.

Además, a pesar de que a su hermano lo asesinan en el marco del estallido social, dentro de la Fiscalía no parece considerado como homicidio dentro de ese marco sino como un crimen ordinario. “La próxima audiencia se postergó debido a que asesinaron al abogado de los dos capturados. Decían que era el abogado de ‘La Cordillera’”, explica Uribe.

En suma, los múltiples obstáculos para acceder a la justicia responden a la negligencia y dilación de los casos. Para Juanita Cabezas, de INDEPAZ, esto responde a una institución encubridora también de este tipo de escenarios adversos.  “Hay una institución que protege y ampara a estas personas que cometieron abusos policiales aún cuando están investigados”, señala.

Entre el 23 y el 26 de abril, más de 26 organizaciones surgidas del estallido social se movilizaron en Bogotá para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por el gobierno el 10 de mayo de 2024 en Cali: la creación de una Comisión de la Verdad del Estallido Social. Durante la rueda de prensa a la que convocaron el 24 de abril en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, familiares de víctimas de 2019, 2020 y 2021 denunciaron la impunidad de sus casos y leyeron una carta que le entregaron al presidente Gustavo Petro al siguiente día, mientras reclamaron que, a un año de terminar su mandato, no se ha dado ningún paso institucional para conformar la Comisión. Señalaron la falta de avances en sus respectivos procesos judiciales y denunciaron las dilaciones sistemáticas en las investigaciones.

Respecto al actual gobierno, las víctimas reconocen que han sido más escuchadas, pero advierten que la acción concreta ha sido mínima y la impunidad persiste. Algunos, como David Medina, tío de Dilan Cruz, recordaron promesas incumplidas, como la liberación de los presos de la primera línea, obstaculizada en el Congreso. Aunque valoran pequeños avances como la creación de una dirección de derechos humanos para casos de brutalidad policial bajo la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, consideran que estos esfuerzos son tardíos e insuficientes. La exigencia principal sigue siendo conocer la verdad y obtener justicia por las graves violaciones cometidas durante las protestas.

¿En qué se ha avanzado?

Federico Isaza, de PAIIS, considera que también ha habido logros en este proceso judicial. “El estallido ha generado una discusión alrededor de la reforma de los protocolos con los que actúa la fuerza pública, la reforma de las instituciones y del uso de armas. Ya se ha demostrado en en muchos informes en que había una intencionalidad con el uso de algunas de estas armas y de hecho ha generado también una campaña de organizaciones como Misión Internacional de Justicia”, explica.

Fonseca, de MOCAO, señala que se ha podido presionar al Estado colombiano para restringir y eliminar todas las armas de menor letalidad que no cumplen el propósito dentro de la manifestación pública. La organización impulsó el Decreto 1231 que regula el uso de la fuerza policial, restringe el uso de armas de fuego, detalla procedimientos para dispositivos menos letales y es un primer paso para la transformación de los protocolos de la Policía Nacional. 

“Son 56 directivas que hay que transformar en la fuerza pública. Es un proceso  de dos años o de año y medio en el que esperamos que no solamente se modifique la intencionalidad de utilizar ciertas armas sino que también haya una mirada un poco más empática hacia la ciudadanía”, explica Fonseca. También en MOCAO están trabajando en crear un centro de investigación de violencia ocular con un enfoque internacional.

No obstante, desde Temblores señalan que quedan pendientes las discusiones de cómo la institucionalidad comprende estos hechos de las lesiones oculares. “También como un tema de vulneración que merecen una reparación integral no solamente desde unas condenas específicas frente a las personas que estuvieron involucradas, sino también la responsabilidad del Estado en general”, explica Rodriguez.

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