La política de drogas es uno de los temas a los que hay que pararle bolas en estos meses de campaña electoral porque cobija la aproximación de los candidatos a muchos de los problemas del país. Preguntar por la solución a la expansión de los cultivos de coca es una buena forma de medir las respuestas de los candidatos a problemas como la política agraria, el aislamiento de las regiones, las acciones de los grupos criminales y la seguridad de los campesinos más cercanos al conflicto armado.

Les hicimos cinco preguntas a tres expertos sobre lo que dejó el 2017 en términos de política de drogas y lo que se vislumbra para un 2018 de campaña electoral y cambio de presidencia. Hernado Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center y Fundación Ideas para la Paz (FIP), y Pedro Arenas, director del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos (OCDI), analizan el panorama actual y dan pistas de los temas que hay que tener en mente durante los próximos meses.

¿Cuál cree que es el gran desafío en términos de política de drogas para el 2018?

El gran desafío no es la coca. En eso están de acuerdo Zuleta, Arenas y Garzón. El desafío, explica Zuleta, es “empezar a llegar con bienes públicos a las zonas”. Se refiere a la infraestructura vial necesaria para conectar a las regiones con los mercados, a la seguridad, los servicios básicos, todo lo que en muchos sectores de las principales ciudades se da por sentado.

El Estado está curtido en la guerra contra las drogas, “(…) sabe muy bien cómo desmantelar carteles, incautar toneladas de drogas y erradicar matas de coca”, dice Garzón en un análisis publicado en la FIP. Lo que no sabe es “transformar regiones, integrar zonas aisladas del país y evitar la corrupción”. Eso, dice, hace que las políticas de seguridad choquen con las de desarrollo de los territorios periféricos y afectados por el conflicto.

El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una primera respuesta a ese desafío. Hasta ahora se han suscrito alrededor de 115 mil familias. El acuerdo les garantiza, entre otros fondos, un pago mensual de un millón de pesos durante un año para invertir en los nuevos cultivos. Según Arenas, “a 31 de diciembre del 2017, ninguna de las familias que suscribieron el pacto de sustitución voluntaria y que ya arrancaron la coca han recibido proyectos productivos ni el millón 800 de asistencia inmediata para seguridad alimentaria”. *

El informe de Fundación Ideas para la Paz sobre el avance del programa confirma el retraso de los pagos. Esos apoyos económicos, sumados a otros que incluye el programa para proyectos productivos, pueden ser una primera avanzada del Estado para apoyar a los cultivadores que están haciendo la transición pero aún hay que resolver dificultades burocráticas que dificultan los pagos. Los tres expertos consideran que el programa actual debe continuar con ajustes para hacer más eficiente su implementación.

¿Qué pueden pasar con esos planes de sustitución en curso cuando sea elegido otro presidente?

El tono del debate se va a definir en marzo cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) publique los resultados de su monitoreo de cultivos de uso ilícito del 2017. Ese mismo informe desató una pelea entre sectores políticos el año pasado al mostrar que los cultivos de coca habían alcanzado la cifra más alta en 15 años: 188 mil hectáreas.

El informe le dio argumentos a la oposición para condenar la política de drogas de Santos y los acuerdos con las Farc. Donald Trump amenazó con descertificar a Colombia, reducir el dinero que recibe del gobierno estadounidense, en otras palabras. Eso aumentó la presión del gobierno por mostrar resultados y llevó a lo que Arenas llama una estrategia de miti-miti: palo con la erradicación forzada, apoyo con la sustitución voluntaria. Eso creó tensiones en las regiones. El asesinato de seis cultivadores en Tumaco es el caso más claro de la tensión entre la ambas estrategias.

El informe de este año puede tener efectos profundos. Según Garzón, hay tres posibilidades:

1. Una reducción de las hectáreas de coca podría darle argumentos al gobierno para justificar la estrategia de erradicación forzada y tiempo al plan de sustitución voluntaria.

2. Si el resultado es similar al del año pasado, la oposición criticará la estrategia pero el gobierno dirá que al menos detuvo la expansión de los cultivos.

3. Si las hectáreas aumentaron, tendrán más ambiente los argumentos en pro de una política de drogas más represiva.

Sea cual sea el resultado de los informes, Zuleta, Arenas y Garzón consideran que el camino es la implementación de los acuerdos de sustitución voluntaria y la inversión de largo aliento en las regiones cocaleras en lugar de políticas regresivas como la criminalización de los cultivadores y la aspersión aérea.

¿Qué lecciones del 2017 tendrá que recordar el próximo presidente sobre política de drogas en cuanto a cultivos ilícitos?

Para Arenas, la primera lección es que la estrategia “miti-miti” no funciona. “Mitad de la meta de erradicación por cuenta del ministerio de Defensa y la otra mitad por cuenta del programa de sustitución no son compatibles y menos en un escenario de construcción de paz en las regiones”, explica. Lo mismo dijo Zuleta sobre la erradicación forzada cuando mataron a los cultivadores de Tumaco.

Para Garzón, el problema de fondo es que “Colombia volvió a caer en la trampa de pensar que, con la coca, la paz no es posible”. La suposición, dice, es que el problema son las matas y no la falta de presencia y control territorial del estado en las regiones en las que se cultivan. El Estado tiene que ajustar la manera en que está repartiendo funciones entre las instituciones para llegar con más agilidad a las regiones a llenar vacíos de servicios públicos básicos.

Una vez lo hagan, la gente de las regiones responderá. Esa, según Arenas, es otra lección del 2017. “Las comunidades que se involucran en programas de sustitución efectivamente cumplen con su palabra, situación que se evidencia en municipios como Briceño y los núcleos veredales de charras y San José del Guaviare”, dice. Según informes de UNODC, en San José del Guaviare, Uribe (Meta), Puerto Asís y Cumaribo (Vichada) se ha arrancado más del 85 % de la coca.

¿Cuáles son las preguntas claves para los candidatos en términos de política de drogas?

La primera pregunta de los tres expertos es si le darían continuidad a los esfuerzos que se han hecho en el PNIS. Si la respuesta es afirmativa, la pregunta siguiente es cómo se va a ajustar el programa para que se convierta en parte de una política de transformación del agro y de presencia estatal en las regiones.

Esos ajustes incluyen una pregunta grande: qué estructura institucional se va a crear para que los diferentes ministerios y entidades puedan ofrecerles oportunidades a las familias, acceso a la tierra y títulos sobre sus terrenos. Existe la posibilidad de que el PNIS sea ejecutado por una entidad autónoma o esté a cargo del ministerio de Agricultura con apoyo del de Defensa. La entidad que se encargue debe tener capacidad de actuar en los territorios y presupuesto suficiente, cosas que no tiene la actual Alta Consejería para el Posconflicto. Los candidatos tienen que tener clara esa arquitectura.

Zuleta sugiere otras preguntas para saber si los candidatos van a apoyar una política de drogas basada en un enfoque de derechos humanos y salud pública o van a proponer un programa más represivo. ¿Van a proponer un retorno a la aspersión aérea?, ¿van a rechazar medidas de reducción del daño como los centros de consumo supervisado para los consumidores de bazuco y heroína en las ciudades?

¿Cómo le explicaría al electorado el impacto de la política de drogas sobre las ciudades?

La respuesta a esta pregunta es casi un retorno a la primera. La conexión entre las ciudades y el campo es el desafío de la política pública en drogas y seguridad que cobija al resto. Arenas explica que el problema de la coca no es más que una consecuencia de los problemas del agro en Colombia.

“Claro, [el problema de los cultivos de uso ilícito] está atravesado por dinámicas internacionales de mercado de drogas y por fenómenos criminales pero de fondo hay un abandono del estado que ha contribuido a la expansión de estos cultivos y unas políticas macroeconómicas que han arruinado la agricultura”, explica.

La solución del problema de los cultivos ilícitos tiene que pasar por una transformación de las regiones. Para que sembrar no sea la única opción, tiene que haber una conexión fuerte entre las regiones y los mercados de las ciudades, infraestructura y presencia del estado en los lugares en que se ha cultivado coca, amapola y marihuana.

Para Garzón, parte de la perspectiva del proceso de paz y su punto sobre política de drogas es replantear la relación del centro con la periferia. “Tenemos un Estado mal repartido que carece de gobernabilidad. El potencial de las regiones no ha sido aprovechado por la falta de interés político y el conflicto armado”. En la política de drogas está cifrada la posibilidad de hacer que esas regiones sean productivas y aumenten en el proceso la prosperidad de todo el país.

* Se corrigió la cita para expresar con precisión lo que dijo Pedro Arenas sobre los pagos a las familias que han suscrito el pacto de sustitución voluntaria. (Nota del redactor. 01/02/2018)

COMPARTIR ARTÍCULO