Las tres batallas sobre los precios de los medicamentos
Alejandro Gaviria, Ministro de Salud del Gobierno Santos, dio batallas importantes para lograr regular los precios de los medicamentos en Colombia. Estas fueron las propuestas y las reacciones de clínicas, EPS, laboratorios y embajadas.
Colombia no va a pagar más que otro país por el mismo medicamento
La política de libre competencia en medicamentos que impuso el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe significó que el Gobierno no monopolizaba la distribución de los medicamentos ni establecía precios de referencia. Es decir, los laboratorios ponían el precio que quisieran a sus productos. El Estado, sin embargo, se comprometió a vigilar los precios para evitar abusos. Para eso, creó un sistema de información de medicamentos que se llama SISMED al que tienen que reportar sus compras y ventas todos los actores de la cadena y de no hacerlo pueden ser sometidos a sanciones.
La batalla por los precios de los medicamentos en Colombia
Las EPS, laboratorios, embajadas, clínicas, pacientes y médicos son algunos de los participantes de una batalla campal. Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes y ex asesora de Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud, nos ayudó a entender el enredo de cómo se decide cuánto cuesta un remedio en Colombia y por qué los regularon.
Sin embargo, en la práctica esta vigilancia no funcionaba. Por un lado, la entidad encargada de hacerlo no tenía personal suficiente y por otro, la metodología que utilizaba para imponer precios tope era demasiado restrictiva y los medicamentos más costosos casi nunca se cumplían.
Por eso, el Gobierno de Santos decidió cambiar el sistema de regulación. La opción que eligió fue la regular los precios basados en referencias internacionales, donde el precio de un medicamento se define luego de promediar el valor que tiene ese mismo medicamento en uno o varios países. Así, por ejemplo, si un medicamento costaba en un país 100 dólares y en otro 20, el precio en Colombia sería de 40 dólares.
Los medicamentos cuyo precio se iba a regular tenían que cumplir tres características: por un lado, que estuvieran en el tope del gasto público, es decir, que fueran los más pedidos por los pacientes; que fueran costosos y que no tuvieran tratamientos alternativos.
La medida comenzó a aplicarse en 2013 y para finales del gobierno de Santos ya cobijaba a 1.057 medicamentos. Sólo en la última regulación que salió a pocos días de acabarse el gobierno se incluyeron 902 medicamentos, incluidos 64 anticonceptivos. Según el Ministerio de Salud, entre 2014 y 2018 el Estado se ahorró aproximadamente 4.5 billones de pesos.
Pero no por eso fue fácil aplicarla. Las reacciones de los actores a los que afectó se explican en el siguiente cuadro.
[Instrucciones: haga clic en los actores para saber más sobre el papel que juega cada uno en la definición de los precios de los medicamentos. Si tiene problemas para leer la infografía, puede también leer acá.]
Ilustraciones: Clementina Grillo
Tratamientos más sofisticados a menor costo
La segunda batalla en la que se metió el ministro Gaviria fue facilitar el ingreso de los medicamentos biosimilares al país. Es decir, los genéricos de los medicamentos biotecnológicos que son los que se producen con materiales vivos como el ADN y las bacterias, en lugar de químicos. Estos medicamentos no sólo son más difíciles de producir sino que son muy costosos. De hecho, como contó El País de Cali en 2016, de los 10 principales medicamentos recobrados al sistema público de salud en el país, ocho son de origen biológico.
Por eso, la idea del Gobierno es promover la competencia y generar un mercado a menor costo. Sin embargo, la medida ha tenido férreos opositores. Y aunque entró en vigor desde el 2014, todavía no ha entrado ningún medicamento de este tipo al país.
Lo que más genera oposición de este decreto es una de las tres vías que autorizó el Ministerio de Salud para que los biosimilares entren al país. Se llama la “ruta abreviada”, que consiste en autorizar la comercialización de sus genéricos sin necesidad de hacer largos estudios clínicos. Basta con demostrar su eficacia y seguridad con pruebas de laboratorio y hacer algunas limitadas pruebas en humanos.
Estas son las posiciones de los actores.
[Haga clic en los actores para saber más sobre el papel que juega cada uno en la definición de los precios de los medicamentos. Si tiene problemas para leer la infografía, puede también leer acá].
Ilustraciones: Clementina Grillo
Contra la falsa innovación
La última gran batalla que lideró el Ministerio de Salud fue combatir la falsa innovación en medicamentos. Sin embargo, la medida –que generó tanta oposición que incluso llegó a poner en juego la entrada de Colombia en la OECD– se quemó cuando estaba en la puerta del horno.
Era quizá, la batalla más ambiciosa de todas. La idea era poder controlar los precios de los nuevos medicamentos que quisieran entrar al mercado a partir de su calidad, de su valor terapéutico real, y no con el que le da su publicidad. Es decir, entre mejores fueran sus efectos para la salud, más costoso sería el medicamento. Este proceso se haría así: antes de que el Invima le diera el registro sanitario al medicamento, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) tendría que evaluar el medicamento para analizar su valor terapéutico. Luego, con resultados en mano, el Minsalud le ponía un precio.
“Con la regulación basada en precios internacionales (la primera batalla) nos tocaba esperar que un medicamento nuevo estuviera en el top de gasto del país para poderlo regular. Mientras tanto, el productor podía cobrar lo que quisiera. En cambio, con esta regulación, en el momento en el que un medicamento ingresa al mercado se le impone un precio a partir de su efectividad. Eso manda un mensaje muy importante”, dice Tatiana Andia.
Aunque la medida fue anunciada el 6 de agosto en la que sería la última rueda de prensa del ex ministro de salud, Alejandro Gaviria, el Gobierno saliente no alcanzó a firmar la circular que lo implementaba. Todo porque la Superintendencia de Industria y Comercio no emitió a tiempo un concepto necesario para cumplir los requisitos formales para expedirla. Eso implica que el balón está ahora en la cancha del nuevo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Pero, si quiere seguir adelante con esta reglamentación tendrá que enfrentar –otra vez– la oposición de casi todos los actores que se verán impactados por la medida.
