Una investigación conjunta entre Cerosetenta, Bellingcat, Baudó Agencia Pública y Forensic Architecture abrió nuevos interrogantes sobre la muerte de Lucas Villa, el estudiante que fue asesinado en mayo pasado tras ser atacado por hombres armados durante las protestas del Paro Nacional, en Pereira.
La investigación revela que Villa fue el blanco de un ataque coordinado en el que participaron varios cómplices que vigilaron el área antes de cometer el crimen y que el tiro que quizás lo mató fue hecho a muy corta distancia, al estilo de una ejecución. También revela que la policía estuvo muy cerca del lugar y podría haber omitido su deber, con lo que evidencia material y testimonial importante pudo perderse.
Siete meses después del hecho, no hay resultados concretos por parte de las autoridades que conduzcan a esclarecer este crimen que estremeció al país.
Cerosetenta buscó comentarios y respuestas de las autoridades pero tanto la Policía como la Fiscalía se han negado a hablar, pese a las reiteradas solicitudes hechas por medios de este consorcio desde el pasado domingo.
Cerosetenta se dirigió por Whatsapp al Coronel Cesar Mauricio Rodríguez, jefe de Comunicaciones Estratégicas – COEST de la Dirección de la Policía Nacional. El coronel indicó que la Policía de Pereira respondería a las preguntas de este medio. Pero hasta el momento de publicación, no lo habían hecho.
“El general Murillo dio declaraciones sobre este caso [en junio de 2021], pero es directamente la Fiscalía la que lleva la investigación, no la Policía Nacional”, dijo la subteniente Luisa Mora, de la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Pereira, a Cerosetenta. Por eso, dijo, no darán declaraciones a los medios.
Una solicitud de entrevista ante la oficina de prensa de la Fiscalía tampoco ha sido respondida.
A las revelaciones han reaccionado defensores de derechos humanos y algunos políticos. Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, “esta investigación plantea enormes dudas sobre la competencia y profesionalismo de los policías involucrados. La Fiscalía y la Procuraduría deben investigar la posible responsabilidad penal y disciplinaria de los agentes de policía que al parecer incumplieron con sus obligaciones más básicas de arrestar a los responsables del asesinato de Lucas Villa y garantizar la protección de la escena del crimen”, dijo a Cerosetenta.
Para la ong Temblores, que hace seguimiento a los abusos policiales en Colombia, la ausencia de la fuerza pública en el lugar sí podría llegar a entenderse como un desacato a sus responsabilidades: “Recordemos que el papel constitucional de la fuerza pública es brindar seguridad y protección a quienes participan en una protesta social. Su ausencia total nos puede hablar de algún tipo de responsabilidad por omisión. Posteriormente se ve que pasan policías y no hacen ninguna revisión del lugar. Esto además prende las alarmas pensando en la posible participación que había sonado de la Sijín en el asesinato de Lucas Villa”, le dijo Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores a Cerosetenta.
"Esta investigación plantea enormes dudas sobre la competencia y profesionalismo de los policías involucrados. La Fiscalía y la Procuraduría deben investigar"
Para Rodriguez lo importante es que este tipo de investigaciones sirvan para acceder a la justicia, que ayuden a construir garantías de no repetición y que no haya impunidad. “Especialmente para los familiares de Lucas Villa que hoy están en esta ardua labor de exigir justicia”.
Rodríguez manifestó además su preocupación por el rol que pudieron tener las declaraciones del Alcalde de Pereira en el caso, cuando días antes hizo un llamado a la sociedad civil, “a los pereiranos de bien, a los pereiranos verdaderos” para trabajar junto a Policía y Ejército en la tarea de no permitir “que los vándalos acaben con la ciudad de Pereira”.
“Es preocupante que el alcalde de Pereira, Carlos Maya, haya dado unas declaraciones que de alguna forma impulsaban o legitimaban este tipo de actos. Es preocupante que haya un discurso oficial que le haga sombrilla a las violaciones de derechos humanos”, aseguró Rodríguez.
Maya le aseguró a Cerosetenta que su llamado estaba orientado a la responsabilidad que tiene la sociedad civil de participar en la seguridad ciudadana denunciando la comisión de un delito o colaborando con autoridades para resolver los delitos. El alcalde está siendo actualmente investigado por la Procuraduría y la Fiscalía.
“Al principio del Paro yo creí que esto se solucionaba con más fuerza pública, con más policía y Esmad. En el transcurso del Paro empecé a entender que era mejor dialogar, concertar. Hicimos mesas de conciliación y hemos logrado muchos propósitos en esa materia. Tanto así que aquí se firmó un pacto con las juventudes y con la primera línea de no agresión, de no ataques, respetando el derecho a la marcha pacífica y a la protesta, pero también respetando el patrimonio de terceros y los bienes públicos”, aseguró.
El alcalde dijo no conocer avances en la investigación. “Este tema también lo he reiterado en un par de consejos de seguridad, pero lamento que después de muchos meses no haya resultados en la investigación. O por lo menos si hay a mí no me informan porque eso hace parte de la reserva del proceso”, le dijo a Cerosetenta.
Para Maya, calificar como “omisión” el actuar de la Policía esa noche es un juicio que, dice, le corresponde hacer a los organismos de investigación.
"Lamento que después de muchos meses no haya resultados en la investigación. O por lo menos si hay a mí no me informan"
Las revelaciones de esta investigación han sido retomadas por medios internacionales. También senadores como Gustavo Petro, Ivan Cepeda y otros han reaccionado a la publicación.
En redes, la hermana de Lucas Villa se refirió a los hallazgos publicados ayer sobre el asesinato de su hermano en un par de trinos. Resumimos acá, con algunas modificaciones para legibilidad, parte de lo que fue su pronunciamiento:
“Son siete meses del homicidio de Lucas, siete meses en los que por fin hay investigaciones importantes que hoy pudieron ser reveladas a la opinión pública. Esto son solamente unos apartes de todo lo que la familia conoce del caso y que aún está en miras a ser revelado. Son siete meses en los que sigue la impunidad reinante, no solamente en el caso de mi hermano sino en el de todos los muchachos asesinados por la fuerza pública. (…) Ese día no acabó solo la vida de mi hermano, sino la vida de toda una familia, la vida de todos sus amigos, la vida de la Colombia a la que le dolió la muerte de Lucas, la de Héctor, de Fabio, de Brian Rojas, de Sebastián, de Esteban, de Allison. Todos nos dolieron y todos merecen justicia, memoria y reparación. Reparación real a través de un gobierno que cuide la vida, que cuide a sus ciudadanos”.
