Esta es la segunda entrega sobre la política migratoria de presidentes progresistas en América latina. Si quiere ver el texto anterior sobre la política migratoria de AMLO, haga clic aquí. 

“Qué alegría la llegada de migrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño. ¡Bienvenidos!”

Gabriel Boric en su periodo de diputado, febrero de 2018.

El diputado progresista

En la retoma del Uriel Gutiérrez, bastión del paro estudiantil en la Universidad Nacional

Cerosetenta estuvo en el edificio de la rectoría de la Universidad Nacional que ha sido tomado por parte del estudiantado. Exigen la salida de José Ismael Peña de la rectoría y la implementación de una constituyente universitaria.

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En 2018 el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, que en ese entonces era diputado de la República, empezó a manifestar en su cuenta de Twitter su interés sobre la inmigración en su país. En varios trinos criticaba la gestión y el discurso sobre migración del entonces presidente Sebastián Piñera, mientras expresaba alegría por la llegada de migrantes a su país, reconocía el derecho humano a migrar, e invitaba a construir una política migratoria con la población involucrada.

El momento del inicio del interés público de Boric sobre la migración no fue fortuito. 2018 fue un año hito para el inicio de la política de cierre de puertas a la inmigración en Chile. 

El segundo periodo presidencial de Piñera (2018-2022), un empresario de derechas, trajo consigo varias modificaciones legislativas para dificultar la migración a Chile, particularmente la de personas provenientes de Venezuela y Haití, pero también de población peruana, colombiana y boliviana. Amplificó discursos de satanización de la población migrante, cambió los procedimientos de solicitud de visados, habilitó la deportación inmediata para personas que ingresaran irregularmente al país, retiró la firma de Chile del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular o Pacto de Marrakech, entre otros.

Hasta aquí nada raro. Un presidente de derechas que promueve la imagen de la población migrante como “enemiga pública” y limita la inmigración, y un diputado de izquierdas criticando la situación y proponiendo un giro de 180 grados son perfiles que hemos visto constantemente en varios países de la región. Esta situación se mantuvo durante todo el cuatrienio presidencial 2018-2022, incluso durante el periodo electoral y los más de tres meses en los que Boric ya había sido elegido presidente pero aún no se había posesionado.

La población migrante como cortina de humo

Hace un año, dos profesores chilenos publicaron un artículo sobre el papel del miedo y la xenofobia en la política migratoria chilena. Su texto abre calificando a la chilena como una “sociedad amedrentada” y explica cómo la delincuencia fue utilizada en los años noventa como cortina de humo que atrapaba la preocupación social, mientras se implementaba un estado neoliberal postdictadura con gastos sociales muy limitados. En las recientes décadas, plantean los autores, mientras avanza el neoliberalismo, esa figura de “enemistad externa” ha pasado hacia la población migrante latinoamericana y caribeña, ligándola a la criminalidad, una característica que no le es inherente. 

María Emilia Tijoux, doctora en sociología, también ha hablado de cómo el Estado chileno construyó un miedo a lo “externo” como herramienta para gobernar y de cómo ha proyectado en la “opinión pública” a la población migrante racializada como una amenaza, de nuevo, para centralizar el descontento social. 

Después de décadas, el rechazo a esa figura “externa” se ha arraigado en la sociedad y, como consecuencia, se teme, excluye y violenta a personas extranjeras provenientes del mismo continente, y se exigen medidas para expulsarlas y evitar nuevas llegadas.

De alguna manera se esperaba que con Boric, el ex líder estudiantil y el diputado que hablaba de la migración como un derecho humano, cambiara este discurso. 

Pero no cambió.

Palabras son palabras: Boric en la presidencia

En noviembre de 2021 Gabriel Boric, diputado y ex líder del movimiento estudiantil, ganó la presidencia. Las elecciones de ese año estuvieron marcadas por la inconformidad social que dio pie al movimiento social chileno más grande y duradero desde el siglo XX. Su campaña estuvo marcada por la esperanza de avanzar en democracia, mejorar la economía y el acceso a servicios sociales, y garantizar los derechos humanos en todos los ámbitos.

La gestión de la migración no era la excepción. El programa de gobierno prometía una política “alineada con los pactos internacionales”, “mejorar los sistemas de regularización migratoria”, “potenciar los mecanismos de protección” con un “enfoque de derechos humanos”. Propuso volver a “firmar el Pacto de Marrakech”, “garantizar la seguridad y protección a las personas migrantes y refugiadas”, poner “fin a las expulsiones ilegales”, y priorizar, sobre la expulsión, “medidas que [favorecieran] la regularización e inclusión.”

Sin embargo, las palabras son palabras. Habiendo pasado más de la mitad del periodo presidencial de Boric el tratamiento al tránsito migratorio no ha cambiado de enfoque. Por el contrario, este enfoque –casi siempre violatorio del derecho internacional– se ha profundizado. La migración sigue siendo tratada como un asunto de “seguridad nacional” y se sigue dejando de lado la perspectiva humanitaria de derechos.

En 2023, el gobierno Boric ordenó la militarización de su frontera con Bolivia y Perú impidiendo la entrada de migrantes a su país, cercando principalmente a personas provenientes de Venezuela y Haití. Utilizar al Ejército de un país, un ente armado que por naturaleza actúa bajo una lógica de guerra, para gestionar el tránsito de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres civiles en completo estado de indefensión y vulnerabilidad es una desproporción absoluta. (La militarización de la gestión migratoria es una política que ya han utilizado otros gobiernos de la región, ver Capítulo 1 de esta serie: AMLO, el agente migratorio gringo más eficiente).

Como si fuera poco, en febrero de 2024 entró en vigencia la Ley 21.655, un proyecto de gobierno que modificó la ley de refugio y la ley de migración. En materia de refugio, la nueva ley limita la posibilidad de buscar asilo, estableciendo un plazo de siete días después de haber ingresado para radicar la solicitud y descartando a personas que transitaron un tercer país antes de llegar a Chile; además, pide el abandono del país a las personas a quienes se les rechace la solicitud de refugio y les prohíbe la entrada en los cinco años siguientes. En materia de migración, la ley modifica el mecanismo de “reconducción inmediata”, ampliando a 10 km dentro de la frontera los controles migratorios y la expulsión de todas las personas que hayan ingresado irregularmente. También incluye sanciones de multas e incluso prisión a migrantes irregulares. Es decir, después de dos años de gobernar, para el equipo Boric la migración pasó de ser un derecho humano a un delito. Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado que la Ley 21.655 “constituye una restricción ilegítima al derecho a buscar asilo” y “se contrapone al principio de no devolución que prohíbe devolver a una persona extranjera cuando existe peligro para la vida y seguridad”. La distancia entre el discurso y los hechos es abismal. 

Parte de la falta de cambios en la política se puede explicar en la continuación de la percepción pública chilena sobre la población migrante. En un sondeo reciente el 69% de las personas chilenas encuestadas manifestó que la migración había afectado negativamente las costumbres nacionales y el 70% al mercado laboral; el 90% creía que debía haber más y más fuertes restricciones a la migración, y 67% que se debían cerrar por completo las fronteras.

A esto se le suman personalidades de las derechas haciendo eco de discursos amañados para su campaña presidencial temprana, prometiendo que una mano (todavía más) dura en contra de la población migrante indeseada puede salvar al país de una situación económica compleja, llegando incluso a proponer un muro fronterizo.

Es cierto que el gobierno Boric ha enfrentado retos importantes a la hora de sostener su favorabilidad ante la “opinión pública”, que el discurso de xenofobia y racismo construido durante décadas es difícil de revertir, y que las derechas políticas utilizan el sentimiento anti-inmigrantes para disminuir al gobierno y ganar popularidad. Y dado que nuevamente la población migrante irregular, sin posibilidad de votar, no tiene acceso a la moneda de cambio del juego de la política electoral, se podría pensar que para el gobierno Boric gestionar la migración como las mayorías lo exigen puede ser una manera de calmar las aguas y buscar un escenario más estable para gobernar en otros asuntos que puede considerar “más importantes”. Sin embargo, el abandono –rápido y sin resistencia– del enfoque humano no deja de ser doloroso. No hubo ni siquiera un intento de campaña por seguir reconociendo a la migración como derecho y a las personas migrantes como personas, nos recuerda Tijoux. 

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