El lugar se queda en silencio y solo se escucha la voz de Norma a través de una pantalla. Es una voz con un acento andino, tenue, y dice: “Cuando tenía 10 años solía trepar a los árboles, comer choclos, me gustaba mucho correr”. Después dice: “Un día mi padre…”.
Ella —hoy una mujer de 25 años que utiliza el pseudónimo de Norma por seguridad— es del área rural de Quito, en Ecuador. De niña, fue puesta bajo la protección del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia de ese país porque se descubrió que su padre había violado a una prima suya. Pero en 2011 la entidad decidió que debía regresar a vivir con él. Entonces Norma tenía 12 años y empezó a ser agredida sexualmente por su padre que la amenazó para que no dijera nada y la retiró de la escuela sin que las directivas se afanaran por preguntar. Fue un hermano mayor quien la llevó a un centro de salud donde se confirmó que estaba embarazada. Ella, de 13 años, insistió en que no quería continuar con el embarazo. Preguntó, pero nadie le informó sobre la posibilidad de una adopción. Intentó suicidarse. En ese momento en Ecuador solo se permitía abortar bajo dos causales, con trabas, y Norma fue obligada a parir soportando violencia obstétrica, incluida la de estar en contacto con un niño al que no quería. Entre tanto, su agresor murió en total impunidad.
Hoy se estima que cada día 13 niñas quedan embarazadas en Ecuador. De ellas, 5 son obligadas a parir, es decir que 8 deben someterse a un aborto en la clandestinidad.
En Guatemala, en 2023 se registraron 7.138 nacimientos por parte de niñas entre 10 y 14 años.
En Colombia, en 2023 hubo alrededor de 3.800 partos de niñas entre 10 y 14 años.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años, después del África subsahariana.
Para 2021, 5 de cada 10 niñas en Latinoamérica fueron obligadas a ser madres.
El 80% de las violaciones en Latinoamérica tiene como víctima a una niña menor de 14 años. En Colombia, por ejemplo, Medicina Legal contabilizó 19.192 casos de presunto abuso sexual a menores en 2023. La franja más vulnerable es la de niñas entre 10 y 14 años con 10.092 casos.
Cuando una niña es agredida sexualmente, queda embarazada y es obligada a parir, tiene cuatro veces más posibilidad de presentar complicaciones durante el embarazo, el parto y el posparto, sin contar con el daño causado en su salud social y mental.
El pasado jueves 6 de junio, representantes de una decena de organizaciones entre las que están el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood y Amnistía Internacional, dieron a conocer los avances del movimiento Son Niñas, No Madres, creado en conjunto hace cinco años para defender los derechos de niñas sobrevivientes de violencia sexual en Latinoamérica y asegurar que las niñas de la región crezcan seguras y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro.
Son Niñas, No Madres empezó cuando en 2016 Planned Parenthood y la Universidad de Georgetown realizaron un informe sobre maternidad forzada en niñas en Latinoamérica que reveló algunos patrones: las niñas más expuestas a violencia sexual y maternidad forzada vivían en condiciones de vulnerabilidad, casi todas en la periferia de ciudades o en zonas rurales y semirrurales. Muy pocas habían recibido una educación sexual integral y al enterarse de que estaban embarazadas el acceso a la salud y la justicia fue casi nulo. Ninguna volvió a estudiar con lo que, en un espiral ampliamente documentado, su inserción a las filas de la pobreza feminizada es casi segura. Todas fueron discriminadas y revictimizadas por el personal de salud como si el embarazo hubiera sido su culpa. Para muchas fue imposible sentir afecto por los bebés nacidos.
¿Cómo convertir esos números, esa desprotección, en un instrumento para cambiar el panorama jurídico con el que se aborda la violencia sexual en Latinoamérica donde, además, conviven leyes amplias y algunas de las más restrictivas y punitivas frente al aborto? Esa fue la pregunta que se hicieron las organizaciones fundadoras de Son Niñas, No Madres. Sabían que debían trabajar en un litigio. Por eso, el 29 de mayo de 2019 presentaron cuatro casos emblemáticos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este 6 de junio, frente a un grupo de periodistas y líderes de opinión, se anunció que en noviembre se espera la decisión del Comité.
Uno de los cuatro casos es el de Norma.
Al caso de Norma se suma el de Fátima que hace 14 años, cuando tenía 13, fue violada por un docente y exintegrante de la institución que protege a la niñez en Guatemala y que, además, era cercano a ella. “Fátima siempre pensó que José era como su papá. Le daba regalos, le ayudaba a su familia que no tenía muchos recursos y lo más importante, le compraba los cuadernos del colegio”, se escuchó el 6 de junio en un video en el que también aparece la voz de Fátima diciendo que, luego de que ella y su madre denunciaron, la gente la señaló como una niña mentirosa y el personal de salud la acusó de ser buena para abrir las piernas, pero no para un examen de tacto. Aún hoy se desconoce el paradero del agresor.
Al caso de Fátima se suma el de Lucía, que a los 13 años comenzó a ser víctima de agresión sexual por parte del cura del coro infantil de la parroquia a la que ella iba en su natal Nicaragua. Cuando Lucía quedó embarazada y su familia denunció recibieron amenazas por “atacar” a un “hombre de Dios”.
Al caso de Lucía se suma el de Susana, violada por su abuelo materno desde que tenía 7 años y embarazada a los 13. Eso también ocurrió en Nicaragua y a pesar de reiteradas denuncias, el agresor, integrante de un grupo armado ilegal, está libre.
A los casos de Norma, Fátima, Lucía y Susana —todos pseudónimos por seguridad— se suman otros miles.
«No tuvieron acceso a salud sexual y reproductiva. Tampoco a educación sexual integral antes de la violencia, ni a información, anticonceptivos, aborto, absolutamente nada».
“Las representadas son hoy mujeres, entonces eran niñas. Todas fueron víctimas de violencia sexual siendo menores de 14 años y no tuvieron acceso a salud sexual y reproductiva. Tampoco a educación sexual integral antes de la violencia, ni a información, anticonceptivos, aborto, absolutamente nada, inclusive después de haber manifestado que no querían seguir adelante con los embarazos”, dijo la abogada Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Lo que decida el Comité de Derechos Humanos de la ONU será trascendental, explicó Martínez, porque es la primera vez que se va a pronunciar sobre el tema y eso puede ayudar a cambiar las políticas públicas, jurisprudencia y marcos legales no solo de los países donde ocurrieron los casos, sino de los 170 países que han ratificado su competencia.
El dictamen sería un paso más en la lucha por la eliminación total del delito de aborto, en parte lograda en Colombia, pero no en otros países. Son Niñas, No Madres busca que, a partir de lo que el Comité señale, los Estados modifiquen su legislación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para que haya un acceso real al servicio. Que, tal como establece la Organización Mundial de la Salud, el aborto se regule en el sistema de salud y no en el penal. Que las niñas sean escuchadas y reciban una educación sexual integral. Que los recursos judiciales consigan que la violencia sexual no quede en la impunidad. Que se garantice justicia, reparación y no repetición para Norma, Fátima, Lucía y Susana.
