Créditos: Ed Ou/The Outlaw Ocean

Decenas de miles de refugiados que cruzan el Mediterráneo cada año son capturados por la guardia costera libia, financiada por la Unión Europea, y enviados a brutales prisiones en Libia, donde son habituales los asesinatos, las extorsiones y las violaciones.

Una de las razones por las que la guardia costera se ha vuelto tan eficaz en este esfuerzo es que en 2018 Libia amplió el alcance de sus patrullas en alta mar. Al recibir el reconocimiento de la ONU de una zona de búsqueda y rescate en el mar, las autoridades libias ampliaron su jurisdicción a casi cien millas de la costa de Libia, adentrándose en aguas internacionales y a medio camino de las costas italianas.

La consecuencia de esta ampliación de la zona es que barcos humanitarios como los de Médicos Sin Fronteras no pueden llegar hasta los migrantes para sacarlos del agua y llevarlos a puertos seguros, por lo general en Europa. En cambio, con la ayuda de aviones y drones financiados por la UE que sobrevuelan las embarcaciones de los migrantes, los guardacostas libios llegan antes a estos refugiados y los devuelven a las cárceles de Libia, el país del que acaban de huir.

Legisladores y defensores de la causa humanitaria plantean ahora nuevas y duras preguntas al Parlamento Europeo y a la Organización Marítima Internacional (OMI), que es la agencia marítima de la ONU que ha reconocido formalmente la zona de búsqueda y rescate libia. Estos críticos afirman que la zona de búsqueda y rescate libia viola la convención pertinente de la ONU y se ha utilizado para facilitar el empeoramiento de los abusos contra los derechos humanos y la violación de la ley de no devolución, que prohíbe el regreso de personas a zonas de guerra u otros lugares donde es probable que sean torturadas o sufran otros daños.

«¿Hay planes para tomar la iniciativa de suspender el registro de la «Zona de Búsqueda y Rescate» libia en la Organización Marítima Internacional, ya que no cumple ni con las normas internacionales ni con las obligaciones de los Estados individuales de respetar el derecho de asilo y el derecho del mar?», escribió un grupo de 18 legisladores europeos en mayo de 2021 al Parlamento Europeo.

Según una convención de la ONU de 1979, los países pueden crear sus propias zonas de búsqueda y rescate en el mar, pero deben cumplir ciertas obligaciones. Para que un país pueda crear o ampliar una zona de búsqueda y salvamento, primero debe «establecer centros de coordinación de salvamento» que estén «operativos las 24 horas del día y que cuenten con personal capacitado que tenga un conocimiento práctico de la lengua inglesa». Las personas rescatadas en las zonas sólo pueden ser devueltas a un puerto seguro, según las normas del convenio.

Cuando la OMI reconoció la zona de búsqueda y rescate de Libia en 2018, estas obligaciones no se cumplían. Libia no tenía un centro de coordinación de rescate independiente, dotado de personal de habla inglesa las 24 horas del día, y los puertos del país no estaban (ni están) catalogados como «lugares seguros», según Naciones Unidas. Cuando los migrantes son «rescatados» o detenidos en la zona de búsqueda y rescate de Libia, los guardacostas los llevan a prisiones donde, según la ONU, se cometen «crímenes contra la humanidad».

VÍDEO (Pie de foto: La guardia costera libia dispara a un barco de migrantes en el Mediterráneo central)

La OMI no fue en absoluto la principal artífice de la ampliación de la zona de búsqueda y rescate libia. Esa responsabilidad corresponde a la UE y a Italia, que impulsaron su creación mientras dejaban claro que no se cumplían los requisitos básicos del convenio.

En 2016, la Comisión Europea pidió a la Guardia Costera italiana que apoyara a las autoridades libias en la identificación y declaración de esta zona. En una presentación en 2017 ante la OMI, Italia puso de manifiesto que Libia no tenía ningún centro de coordinación de salvamento, y en cambio prometió que se crearía uno. Pasaron los años y no se construyó dicho centro. En 2021, en respuesta a preguntas del Parlamento Europeo, la Comisión Europea continuó hablando de sus aspiraciones de construir un «centro de coordinación de salvamento funcional», y un informe interno de la UE de enero de 2022 refleja que el centro sigue sin poder cumplir sus obligaciones básicas.

Antes de que la OMI lo anunciara, no existía oficialmente ninguna zona de búsqueda y rescate en Libia. Italia y los grupos humanitarios independientes se encargaban predominantemente del seguimiento de las embarcaciones de migrantes en el mar Mediterráneo. Pero la nueva zona de búsqueda y rescate facultaba a los guardacostas libios a ordenar a los barcos -ya fueran cargueros mercantes o barcos de rescate humanitario- que devolvieran a los refugiados al mismo país del que acababan de huir. Esto planteó varias cuestiones legales: ¿Cómo se puede ordenar a los buques que entreguen a los refugiados en puertos considerados inseguros? ¿Por qué anunciaría la OMI una zona que facilita tales violaciones legales y no cumple las condiciones del convenio que la OMI debe defender?

«Por un lado está la ley y por otro las políticas vigentes, que están en contradicción», dijo Laura Garel, portavoz de SOS Méditerranée, un grupo humanitario que opera con barcos de rescate en el Mediterráneo.  

No solo en el Mediterráneo existe esta contradicción. En un estudio publicado en 2017, la profesora Violeta Moreno-Lax, especialista en derecho migratorio internacional, documentó cómo Australia había incumplido sistemáticamente sus obligaciones en virtud del convenio de 1979 relativo a las zonas de búsqueda y rescate. El estudio describe la manera en que Australia militarizó su respuesta a la migración marítima, centrándose en «la disuasión, la interceptación y la devolución forzosa de las embarcaciones» en lugar de llevar a cabo «auténticas misiones de búsqueda y rescate», lo que la sitúa en un incumplimiento regular del convenio.

En respuesta, la OMI dice que tiene un poder o responsabilidad mínimos para sancionar las zonas de búsqueda y rescate en el mar. La organización «no aprueba las zonas de búsqueda y rescate», sino que se limita a «difundir la información», escribió Natasha Brown, portavoz de la OMI, por correo electrónico a The Outlaw Ocean Project. «No hay ninguna disposición en el Convenio de búsqueda y rescate que nos permita evaluar o aprobar la información proporcionada», añadió.

Sin embargo, es evidente que la OMI desempeña algún papel en la decisión de anunciar y reconocer estas zonas. En diciembre de 2017, por ejemplo, Libia retiró provisionalmente su solicitud inicial de la OMI para determinar su zona, «tras una insinuación de la OMI de que en ausencia de un centro de coordinación de rescate no se cumplían los requisitos básicos para la zona SAR», escribieron Peter Muller y Peter Smolinski en el Journal of European Public Policy.

Cuando se le preguntó si, en aras de salvaguardar su propia reputación y garantizar que no se infrinja el convenio, la OMI examina la información que recibe de los países para comprobar que se cumplen los criterios del convenio, Brown, la portavoz de esta organización, confirmó que su entidad «aclara o confirma puntos técnicos» antes de anunciar formalmente una zona de búsqueda y rescate. Añadió que habría que enmendar el convenio para que la OMI asuma un mayor papel en la verificación de la información que publica.

En el pasado, la OMI se ha opuesto a que la organización o sus normas se utilicen de forma que faciliten los delitos. En 2015, Koji Sekimizu, entonces secretario general de la OMI, dejó claro que su organización debe ayudar a evitar que los migrantes sean enviados a puertos considerados inseguros. Durante una reunión sobre la migración a través del Mediterráneo, subrayó que los gobiernos signatarios estaban obligados a coordinar y cooperar con los buques de rescate para garantizar que las personas rescatadas en el mar fueran devueltas a un lugar seguro.

«Estas obligaciones se aplican independientemente del estatus de las personas en peligro en el mar, incluidos los migrantes potencialmente ilegales», dijo Sekimuzu. «Estas cuestiones son claramente competencia de la Organización Marítima Internacional si ponen en duda la correcta aplicación de la normativa internacional».

Una gran variedad de académicos, abogados, defensores y legisladores afirman que esto es exactamente lo que está ocurriendo: la OMI está permitiendo la «aplicación incorrecta de las normas internacionales», así como las violaciones del derecho humanitario y marítimo. La OMI tiene la autoridad y el deber de arreglar el problema eliminando de la lista la zona de búsqueda y rescate libia, dicen, lo que evitaría la complicidad de la organización en la reclamación de la guardia costera libia de una jurisdicción ampliada en la entrega ilegal de migrantes a lugares de abuso.

«Es urgente que la OMI, como autoridad marítima de la ONU, elimine la zona de búsqueda y rescate libia de los registros oficiales», decía una carta de 2020 firmada por decenas de legisladores de la UE, organizaciones de ayuda, activistas, expertos jurídicos y académicos. La carta explicaba que la OMI ha creado un sistema que «se ha utilizado de forma oportunista para crear una cuenta ficticia que permite a varios Estados, y a la UE, renunciar a sus obligaciones en virtud del derecho del mar, el derecho internacional, el derecho de los refugiados y los derechos humanos». La carta cita la condición de Libia como puerto inseguro y la violencia cometida por la guardia costera libia. También describe el uso de la zona de búsqueda y rescate ampliada de Libia para «criminalizar» a grupos de ayuda como Médicos Sin Fronteras que realizan misiones de rescate legales.

«Porque creemos que la OMI no aprecia que los Estados utilicen sus procedimientos de forma instrumental para socavar el derecho del mar, la seguridad marítima, los derechos humanos y el derecho internacional, los abajo firmantes piden que se revoque el reconocimiento formal de la zona de búsqueda y rescate libia», dice la carta. En respuesta a la carta, la OMI escribió que «no estaba autorizada a eliminar o anular el registro» de la zona.

Esta presión sobre la OMI no sólo proviene de fuera de la ONU. En un informe de 2019, la organización hermana de la OMI, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también pidió a la organización marítima que asumiera la responsabilidad por su papel en la facilitación de las violaciones por parte de los guardacostas libios. La OMI «debería reconsiderar la clasificación de la zona de búsqueda y rescate libia hasta que la guardia costera de libia demuestre que es capaz de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate sin poner en riesgo la vida y la seguridad de los migrantes», escribió la oficina de derechos humanos de la ONU.

Desde la creación de la zona de búsqueda y rescate de Libia, los guardacostas libios se han vuelto mucho más eficaces en la captura de migrantes. En 2021, los guardacostas libios detuvieron a más de 32.000 migrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo, frente a los 11.891 detenidos en el mar en 2020, según la agencia de la ONU para las migraciones. Estos migrantes son llevados a tierra y puestos en cárceles para migrantes, donde se producen innumerables abusos.

«Hay vídeos de los campos de concentración en Libia, los campos de concentración de los traficantes», dijo el Papa Francisco en una reciente entrevista televisiva, calificando de «criminal» el trato a los refugiados que cruzan el Mediterráneo y pidiendo a los países de la UE que acepten más de estos migrantes.

El reconocimiento por parte de la OMI de la zona de búsqueda y rescate de Libia también pone a los propietarios y operadores de barcos privados en un aprieto legal. Si el capitán de una embarcación privada rescata a migrantes en aguas internacionales (como les exige la ley) y a continuación la guardia costera libia le ordena que lleve a esos migrantes de vuelta a puerto en Trípoli, ¿debe el capitán obedecer esas órdenes?

Debido al anuncio de la OMI sobre la zona de búsqueda y rescate de Libia, los capitanes de los guardacostas libios pueden alegar -como hacen habitualmente- que tienen jurisdicción reconocida por la ONU sobre la zona, aunque los migrantes ya se encuentren normalmente en aguas internacionales. Como resultado, los capitanes de los buques mercantes creen que están legalmente obligados a obedecer las órdenes de los guardacostas libios para entregar a los migrantes.

Sin embargo, al hacerlo, estos capitanes de barcos mercantes están cometiendo un delito, que quedó patente en 2021 con la condena a un año de prisión de un capitán de barco italiano que hizo exactamente lo que le había dicho la guardia costera libia, llevando a los migrantes de vuelta a Trípoli en violación del derecho humanitario que prohíbe la no devolución. Este problema se ha creado porque la Guardia Costera libia ha reclamado, con la aprobación tácita de la OMI, una amplia jurisdicción sobre gran parte del Mar Mediterráneo.

La OMI ha intentado ofrecer una orientación útil sobre estas cuestiones a dichos capitanes, pero la organización no ha conseguido resolver la contradicción jurídica que ha contribuido a crear. La OMI informa a los capitanes de los barcos de su obligación legal de rescatar a los migrantes en el mar, instruyéndoles para que obedezcan las órdenes dadas por el país, como las de Libia, que reclama la jurisdicción sobre una zona de búsqueda y rescate. Pero el mismo documento de la OMI también dice que los migrantes deben ser llevados a un «lugar de seguridad» oficialmente reconocido, que la ONU ha dicho que Libia ciertamente no lo es.

Para evitar más abusos de la normativa y para que la OMI desempeñe un papel más claro en la verificación de la información que publica vinculada a las zonas de búsqueda y rescate, los países que forman parte de la convención pueden proponer enmiendas, que a su vez se votan en conferencias convocadas por la OMI. Se requiere una mayoría de dos tercios de los países votantes para que la enmienda sea aprobada.

Y hay precedentes; en su estudio de 2017, Moreno-Lax señala que «a raíz de repetidos episodios de incumplimiento de las obligaciones de búsqueda y salvamento», el convenio de búsqueda y salvamento fue enmendado para dejar más claras las obligaciones de los países de llevar a cabo los rescates.

«La OMI debe hacer frente a los Estados que abusan de los procedimientos con fines instrumentales, por el bien del sistema jurídico internacional en su conjunto», afirmó Yasha Maccanico, investigador de Statewatch, organización que vigila las libertades civiles en Europa. «La zona de búsqueda y rescate libia es una burla del derecho del mar».

*Esta historia se publicó originalmente en The Outlaw Ocean Project, una organización periodística sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que se centra en los problemas medioambientales y de derechos humanos en el mar a nivel mundial.