A las 4 de la mañana del 1 de enero, hombres armados entraron en la casa de las hermanas Yolanda y Reina Zabala, las sacaron a la fuerza, se las llevaron secuestradas y las mataron. Yolanda tenía 22 años, Reina solo 17. Yolanda era ex guerrillera de las Farc en proceso de reincorporación en la zona veredal de La Plancha, en Anorí, Antioquia, a unos 70 kilómetros de distancia de la vereda donde vivían. Reina, en cambio, nunca perteneció a la guerrilla. 

Tampoco Michel Andreina Gómez, de 17 años, hija de dos excombatientes. A ella la apuñalaron y la degollaron en agosto del año pasado en una finca cerca de Caucasia, también en el Bajo Cauca antioqueño. Sus papás tuvieron que desplazarse y huir. 

A la familia Barrera le pasó lo mismo. En julio del 2020 hombres armados llegaron a la casa de Luz Stela Burgos, la sacaron a la fuerza y la mataron a tiros junto con un muchacho de 16 años, Edison Sebastián Moya. Luz Stela era cuñada de Nencer Barrera, ex combatiente de las Farc y escolta de la Unidad Nacional de Protección. Edison era el novio de la sobrina de Nencer. Los papás de Nencer se salvaron porque oyeron los gritos de Luz Stela y corrieron a esconderse en una cañada de la vereda Quebradón, donde vivían, en Algeciras, Huila. Antes de la masacre, los mismos hombres armados le habían mandado a decir a Nencer que querían a todos los Barrera lejos de Algeciras. Hoy ya no queda ninguno. 

Van 259 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Paralelamente, también crece el número de familiares de los excombatientes asesinados aunque en estos casos, el número no es preciso. Hasta enero del 2020, la Fiscalía tenía registro de, al menos, 41 familiares de excombatientes asesinados. De esos, el partido Comunes (antes conocido como partido Farc) sólo ha podido verificar 39 casos. 

El desfase de los números evidencia un subregistro que “no nos permite precisar la gravedad de esta situación”, dice Giovanni Libreros, investigador del Centro de pensamiento y diálogo político, una organización que está encargada de hacer seguimiento de la implementación del punto 3.4 del Acuerdo que se trata, justamente, de las garantías de seguridad para los excombatientes. 

El problema para Libreros es doble: por un lado, el Gobierno usa las cifras de la Fiscalía para llevar el conteo que, según Libreros, “son las cifras más simplificadas” y  no se tiene en cuenta “los conteos adelantados por organismos independientes que puedan contrastar esta información y verificarla, o desmentirla”. Una situación similar a la que se empezó a implementar con el asesinato de líderes sociales. 

Y por otro, el subregistro no sólo se limita a los asesinatos de los excombatientes y de sus familiares sino también a los otros ataques de los que son víctimas como desplazamientos forzados, amenazas, desapariciones forzadas, violaciones y demás hechos “de los que tampoco tenemos un registro exacto”, en palabras de Libreros. 

La situación es tan crítica que el partido Comunes decidió presentar por tercera vez una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para proteger a los excombatientes y a sus familiares y que obligue “al Estado colombiano a garantizar de manera efectiva la seguridad y protección de la comunidad firmante del Acuerdo”, según Camilo Fagua, abogado defensor de derechos humanos e integrante de la dirección del partido Comunes. 

Medidas insuficientes

El Gobierno dice que está tomando medidas. Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la persona encargada de la implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno de Iván Duque, dice que en cada una de las zonas de reincorporación (ETCR) han dispuesto 100 hombres y mujeres del Ejército y otros 100 de la Policía para garantizar la seguridad de los excombatientes. Aún así, dentro de esas zonas ya han ocurrido asesinatos contra ex Farc como el caso de Alexander Parra, que fue asesinado en el ETCR de Mesetas en Octubre de 2019, o el caso de Bairon Gómez, el hijo de una excombatiente que fue asesinado en este mismo ETCR en junio del año pasado. Archila responde que esos casos se debieron a fallas de seguridad que tuvieron al principio de la implementación del Acuerdo y que se han “venido perfeccionando”. 

Además, Archila asegura que se han implementado medidas para proteger no sólo a los excombatientes que salieron a rehacer su vida fuera de los ETCR sino a sus familiares, casos como los que mencionamos al principio de esta historia. Ellos, según Archila, cuentan con “una protección cercana de la Policía” de “de 1 policía por cada 16 excombatientes, mientras que para la población en general es de 1 policía por 500 habitantes”, aunque reconoce que estos son los casos más difíciles de proteger, debido a la dispersión y a lo grande que es el territorio Nacional. 

Finalmente, dice que en los casos de amenazas inminentes han activado los protocolos de la Unidad Nacional de Protección que son evaluados en mesas de seguridad que se realizan semanalmente con entidades de la Fuerza Pública, la Defensoría y los representantes de los excombatientes y del mismo partido Comunes. Aunque, también reconoce, estos procedimientos son lentos y no siempre concluyen con otorgar medidas de protección para las personas en riesgo. 

“A nosotros no nos sirve que pongan estas medidas si de todas formas continúan los asesinatos”, dice Camilo Fagua, de Comunes. 

Mientras el asesinato de excombatientes y de sus familias no cesa, la ‘solución’ que han encontrado muchos de ellos ha sido sacar a sus familias del país. El exilio. Es el caso de Alejandra, una excombatiente del Bloque Sur de las Farc que se vinculó a la guerrilla hace 19 años cuando sintió que hacía parte de ese grupo de colombianos “para los que no hay posibilidad de soñar con nada distinto a la guerra. Algunos de nosotros sólo podemos elegir el camino menos terrible, y para mí ese camino fue a guerrilla”, le dijo a Cerosetenta. 

Para ella la posibilidad de que su familia fuera víctima de ataques y asesinatos no es nueva. Ella conocía el riesgo antes de firmar el Acuerdo de Paz, cuando tenía que visitar y llamar a su mamá a escondidas para evitar que supieran “que mi mamá tenía una hija guerrillera”. Aún así, se enteraron y  “por eso, por muchos años, no pude hablarle”, cuenta. 

Alcanzó a pensar que con la firma del Acuerdo el peligro se reduciría pero en ese momento las amenazas pasaron a acciones: “cuando fui a visitarla, lo hice a escondidas, muy pocas personas me vieron. Pero no importó. A los poquitos días llegaron unos tipos a buscarme”, dice. Los intrusos desbarataron la casa de su mamá y la volvieron a amenazar de muerte si no les daba respuesta sobre el paradero de Alejandra. Su mamá la protegió pero en ese instante Alejandra supo que tendría que sacar a su familia del país. Optaron por Ecuador, donde ya vivía otra parte de su familia, aunque dice que el país es lo de menos: “uno se va básicamente a donde puede”. Ella continuó viviendo en Colombia, junto con su esposo y su hijo, y actualmente, dice: “tuve que emplearme como guardaespaldas para tener algo de seguridad”. 

Su caso no es único. Camilo Fagua dice que en los últimos años han ayudado a muchos ex combatientes y a sus familias –aunque no nos dijo la cifra exacta– a salir del país. Insiste en que las medidas del Gobierno han sido tan poco efectivas que ha sido justamente en los departamentos con mayor presencia de la Fuerza Pública donde más se ha encrudecido la violencia. 

“El Gobierno sigue considerando que esto debe comprenderse como un problema de rutas de narcotráfico, de disidencias o de nuevos grupos paramilitares, descartando por completo lo que hemos denunciado, y es que existe sistematicidad en estos casos. Uno no entiende cómo es posible que en lugares con tanto control militar, estos hechos sigan ocurriendo. No es una medida efectiva”, dice Fagua. 

“Quieren acabar con nosotros”

La palabra ‘sistematicidad’ surge casi siempre que se analizan crímenes como el asesinato de líderes sociales y de excombatientes. La palabra implica que hay patrones comunes en los hechos y conductas que, “al ser recurrentes indican la imposibilidad de ser hechos aislados”, como explicó Gabriel Rojas, experto en justicia transicional, en esta columna refiriéndose al asesianto de líderes sociales. 

Es una palabra que genera resistencia. De hecho, sobre el asesinato de excombatientes, Emilio Archila le dijo a Cerosetenta que era “irresponsable hablar de sistematicidad porque no tenemos las pruebas para asegurar que así sea. Nosotros nos basamos en las investigaciones y las cifras que da la Fiscalía y nada nos señala que podamos hablar de algo sistemático”. 

Dice, además: “Debo ser enfático en que, por supuesto, nada de esto debería estar pasando. Nosotros no queremos que esto ocurra. Sin embargo, los organismos de investigación de la Fiscalía han sido efectivos en empezar a desarticular las bandas que han causado estos asesinatos, además de todas las garantías de seguridad que hemos creado”. 

El problema, según Sergio de Zubiría, profesor de filosofía de la Universidad de los Andes y ex miembro de la Comisión Histórica del Conflicto durante el Acuerdo de La Habana, es que esa visión ignora que en Colombia  ha existido una “creencia anti insurgente que lleva a plantear que está bien hacer un exterminio de todo lo que implique un pensamiento de izquierda”. Y cita el caso de la Unión Patriótica, el partido que surgió tras la desmovilización de las FARC tras el proceso de paz con el expresidente Belisario Betancourt en los años 80 y tras el que fueron asesinados 4.153 de sus militantes –incluyendo a sus familiares– entre 1984 y 2002, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

“Aquí, está casi que bien visto que el que piensa diferente, no debe existir. Y con él, todo lo que lo acompañe. Incluida su familia”, dice. Por eso, critica que el Gobierno de Iván Duque no haya tomado una posición fuerte para rechazar este tipo de crímenes ni haya implementado medidas efectivas para detenerlo. “Este ha sido un Gobierno de simulación. Fingen que están haciendo, fingen que nos están protegiendo, pero lo cierto es que no es así y con esto están permitiendo que muchos sean exterminados”. 

En eso coincide Alejandra, la excombatiente que tuvo que exiliar a su familia en Ecuador: “desde que nos plantearon la desmovilización nosotros sabíamos que ya no íbamos a tener las armas para defendernos, sino que íbamos a tener que hacerlo con nuestras palabras. Pero lo que hemos visto, a pesar de la supuesta protección, ha sido que quieren acabar con nosotros. Eso es algo que no podemos negar”.