Es 21 de marzo, segundo día de ‘simulacro’ de cuarentena en Bogotá. Unos ocho millones de personas están encerradas en sus casas. Hay, sin embargo, unas personas más encerradas que otras. Es casi medianoche cuando suena un teléfono que E* contesta.

—Amor, te voy a contar algo pero no quiero que lo tomes a mal: me pegaron un tiro. 

E* no entiende. E* quiere saber qué pasó: «¿Cómo así, amor?», pregunta. 

–Amor, estoy bien, a mi sólo me rozó la bala.

Que no entiende. Que cómo así. 

—Sí, amor. Si te puedo llamar, te llamo. 

Y le colgó. 

E* todavía guarda un video en el que su esposo, H*, de 27 años, se ve al frente de un espejo, rodeado por otros privados de la libertad. Parece un baño. 070 tuvo acceso al video. Con la cabeza cubierta de sangre, H* da una bocanada a un cigarrillo mientras los demás miran –y graban– el agujero detrás de su oreja. “Uy, gracias a Dios”, se escucha decir al camarógrafo.

El agradecimiento es prematuro.

La bala todavía está incrustada en la cabeza de H*, a un centímetro de la columna (una herida que requiere atención de un especialista para evitar una infección y hasta una meningitis). Más de cincuenta días después, la bala de fusil sigue ahí. 

No es el único. 

Eran aproximadamente las 9 de la noche del 21 de marzo cuando la cárcel La Modelo de Bogotá se llenó de caos: el motín que comenzó con gritos de «¡Libertad, libertad!» en medio de un improvisado cacerolazo de platos y cucharas retumbando contra los barrotes, terminó siendo controlado a bala por hombres del Inpec, la Policía y el Ejército.

El saldo: 24 internos muertos y 83 heridos. Hubo heridos del Inpec, pero ningún muerto. Y de esos heridos sólo dos de gravedad: uno que tenía varias heridas de puñal y otro que cayó desde una de las garitas. El resultado pone sobre la mesa la posibilidad de un uso desproporcionado de la fuerza, es decir, que el Estado respondió con más violencia de la que debía. 

La escueta versión oficial de los hechos la entregó, al día siguiente, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello: «Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines».

El problema sanitario que negó la Ministra, sin embargo, tiene hoy a la cárcel de Villavicencio como el cuarto lugar del país con más contagios, después de Bogotá, Valle y Atlántico. Es decir, una sola cárcel tiene más positivos que 22 departamentos que reportan casos de Covid-19. Además, hay presos y guardias contagiados en otras cinco cárceles del país, incluyendo La Picota de Bogotá, y tres presos muertos por coronavirus y la esposa de un guardián del Inpec. Por ahora, sin embargo, no hay ningún caso de Covid-19 reportado en La Modelo. 

La razón de que las cárceles sean un foco de contagio es obvia: en casi todas hay hacinamiento y pésimas condiciones de aseo, higiene y atención. Las mismas razones que expusieron los presos de La Modelo y de otros centros carcelarios que se han levantado en motines desde que empezó la pandemia. 

Sin embargo, según el Fiscal General, Francisco Barbosa, el motín en La Modelo fue orquestado por el excomandante, y hoy disidente de las Farc, Henry Castellanos, alias Romaña, y el ELN, y no por el coronavirus. La declaración la dio el 12 de abril, tres semanas después del motín, donde también anunció una investigación por los muertos de La Modelo sobre la que, sin embargo, no lanzó ninguna hipótesis.  

“Es la fórmula clásica”, opina Libardo Ariza, abogado, profesor de derecho y experto en cárceles de la Universidad de los Andes. “Es recriminalizar a los internos y deslegitimar la protesta social diciendo que había sido orquestada por la guerrilla para que quedara como un asunto de manipulación externa”. 

La hipótesis del Fiscal que replicaron todos los medios también le genera “bastante inquietud” a Oscar Ramírez, abogado encargado del área nacional de cárceles en el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, una oenegé que, precisamente, trabaja con este tipo de presos. “La mayoría de personas en La Modelo están sindicadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas: miembros de agrupaciones locales, más que de una gran red criminal como se trata de hacer ver”. 

De hecho, Ramírez dice que su organización sólo conoce de dos personas sindicadas o acusadas de hacer parte del ELN en La Modelo y 377 ex Farc. La mayoría de los ex Farc, además, están en proceso de ser acreditados por la Justicia Especial para la Paz para salir de prisión y recibir los beneficios del Acuerdo de Paz y 155 ya están acreditados. Es decir, son presos que no necesariamente tendrían interés en fugarse. Una fuente del Inpec agregó que la mayoría de los heridos y muertos durante el motín estaban en los patios de ‘sociales’, es decir, crimen común. 

“Pero aquí hay un hecho concreto, que sí es demostrable, y es que hubo 23 personas fallecidas dentro de la cárcel (y una más que murió en el hospital). Un asunto que se ha manejado con un total hermetismo y en el que de alguna manera se está ocultando la otra historia de lo que sucedió”, dice Ramírez.

La mañana del 22 de marzo, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, terminó su intervención diciendo: “Quiero contarles que contactaremos a los familiares de los heridos y de los fallecidos para darles el apoyo y la solidaridad que requieran. Queremos estar con ustedes y acompañarlos en este doloroso episodio”. 

Cerosetenta habló con 10 familiares, nueve de presos heridos esa noche y una más de un recluso que murió. Todos nos dijeron que más de cincuenta días después, todavía están esperando esa llamada. Ocho de ellos, además, nos contaron que sus familiares fueron heridos por arma de fuego. Tres todavía tienen las balas incrustadas en su cuerpo (H* en la cabeza, D* en el brazo y F* en la pierna). Cuatro recibieron tiros que les fracturaron el brazo y, en algunos casos, siguieron de largo hacia las costillas. J* recibió un tiro que le partió la mano y teme perder tres dedos, y M* recibió un tiro en el estómago que le perforó en el intestino y ahora tiene que sobrevivir con dos sondas, una para el drenaje y otra para la orina. 

Ninguno de los familiares quiso revelar su nombre para esta historia. Tienen miedo. Algunos dicen que han recibido intimidaciones directas por parte del personal del Inpec, otros temen poner en riesgo las posibilidades de que su hijo, esposo o hermano se beneficie del decreto de excarcelación que firmó el Presidente para atender la pandemia. Esto, a pesar de que ese decreto terminó siendo tan ‘minimalista’ como pidió el Fiscal: sólo serán liberados 4 mil presos de un total de 125 mil que hay en el país, con 53,7 % de sobrecupo, como contó La Silla Vacía.  

El decreto prioriza presos con condiciones de salud de alto riesgo. Sin embargo, los heridos del 21 de marzo, heridos por las balas de los fusiles del Inpec, no están en la lista. 

El silencio

Casi todos los familiares con los que hablamos nos dijeron lo mismo: que supieron que su familiar estaba herido –o muerto– porque recibieron videos de lo que estaba pasando en La Modelo el 21 de marzo, en tiempo real. Por eso, al otro día y desde muy temprano, la cárcel quedó rodeada por personas que, desesperadas, esperaban información sobre sus seres queridos. 

El nombre de I* apareció primero en el listado de los muertos. “Me entró una crisis, no sabía nada”, cuenta K*, su mamá, una venezolana que se quedó varada en Cúcuta cuando empezó la pandemia. “Ese día me la pasé llamando a todo el mundo, para los hospitales, para la morgue. Nada”. 

En la tarde, el director de la cárcel lanzó un nuevo listado y ahora I* estaba vivo en la clínica Colombia. La familia de K* lo buscó sin éxito porque en realidad I* estaba en el hospital de la Samaritana, donde le atendieron la herida de bala que le rompió el hueso del brazo, le entró por la costilla y le salió por la nalga. 

K* no tuvo información de su hijo durante 10 días, a pesar de que durante todo ese tiempo llamó y envió correos a una cuenta que habilitó el Inpec. I* finalmente la llamó desde el teléfono del hospital: “Le dijo al policía que si no lo dejaban comunicarse conmigo, él se iba a lanzar por una ventana y ellos iban a ser los culpables”, cuenta. “No le dan información a uno de nada y como uno es venezolano, uno es como un cero a la izquierda, uno no vale”. 

El hijo de J*, en cambio, nunca apareció en los listados. O quizá sí, pero con otros apellidos que hicieron imposible saber que se trataba de él. Ella se enteró que su hijo de 21 años estaba en el hospital (con una herida de una bala que le reventó el hueso del brazo y se alojó entre el pecho y el estómago) porque un médico de la Clínica Santa Clara la llamó para pedirle que le llevara algo de ropa y aseo. 

En algunos casos, saber el nombre del hospital no fue suficiente para que los familiares encontraran a los heridos:  “Cuando llegaron allá les dijeron que no, que a él en la noche lo habían remitido para la cárcel otra vez y desde ahí en adelante, nada”, cuenta A*, sobrina de un joven de 29 años con esquizofrenia que estaba en el patio 2B esa noche y recibió un tiro que le atravesó el brazo y lo dejó inservible, a punto de perderlo. “El cirujano nos dijo que si se lo dejaban era por estética”, cuenta. 

Otros reclusos sí estaban en los listados, como el hermano de JE*, pero el Inpec se demoró cuatro días en remitirlo para el hospital a pesar de la gravedad de sus heridas. “Esperamos ahí como hasta las 8 de la noche del domingo (22 de marzo) y no lo sacaron para ningún lado. Lo resultaron sacando el martes por la tarde. Estuvimos ahí todos los días, acosando al Inpec, llame, llame, y llame, y obviamente no nos dejaban hacer nada y nadie salía ni nos decía nada”, cuenta JE*. 

Su hermano recibió una bala que le fracturó la mano izquierda. Los médicos le pusieron una platina pero le dijeron que era probable que perdiera tres dedos (el corazón, el anular y el pulgar). “Él nos dice que necesita terapia, los tres dedos no los podía mover. Y no les dan nada, ni antibióticos, ni siquiera un acetaminofén. Nos toca a nosotros girar para que ellos medio consigan algo allá”, cuenta.

El abogado Óscar Ramírez cuenta que el silencio llegó a ser tan dramático que otro abogado que conoce tuvo que interponer ante la Fiscalía una denuncia por desaparición y activar un mecanismo de búsqueda urgente. “Finalmente la Fiscalía termina encontrando al joven en el patio, pero eso evidencia que en la misma cárcel no había un control y tampoco se le estaba dando la respuesta adecuada al tema, ni se mantenía informados a los familiares”. 

Todos los familiares de los heridos del 21 de marzo con los que hablamos dan cuenta de que la falta de información por parte del Inpec sobre la salud de sus familiares los llevó a protestar al frente de la cárcel, a llamar un sinfín de veces, a enviar correos y correos a una cuenta que supuestamente habilitó el Inpec, a llenar derechos de petición y solicitudes a la Defensoría del Pueblo, y a organismos del Estado y hasta firmar peticiones online a través de change.org. Casi siempre con la misma respuesta: silencio. 

La versión del Inpec quedó consignada en la respuesta a un derecho de petición que recibió el abogado Ramírez que apodera a un recluso: “La población privada de la libertad quemaron (sic) toda la red telefónica y de teléfonos y revisada la misma técnicamente la solución se tardará aproximadamente un mes, por este motivo no han podido establecer comunicación continua con sus familiares”, dice el documento firmado por Carlos Augusto Hincapié, director de la cárcel La Modelo.

Es decir, tenían más celulares los internos que el personal del Inpec para darle noticias a los familiares de los heridos. 

Para Libardo Ariza la explicación es mucho más simple: “El secreto es la actitud institucional automática del Inpec para evitar el escrutinio social o el control de las autoridades. El Inpec lo que hace es no dar información. Así funcionan”, apunta. 

Sucedió lo mismo con los familiares de los reclusos muertos. Según el abogado Ramírez, en el mejor de los casos, Medicina Legal les entregó el cuerpo tres o cuatro días después del motín. Otros, como la familiar que habló con 070, cuenta que se demoraron siete días en recibir el cuerpo y uno más para enterrarlo, en medio, además, de la cuarentena. “Sabemos que nos lo mataron pero nadie nos dice nada”, dijo. 

Una fuente del Inpec que habló con la condición de no ser citado porque está siendo investigado por Procuraduría y Fiscalía por estos hechos justificó así el silencio: “Se intentó hacer ese acompañamiento pero hemos estado muy inhabilitados por las investigaciones. Nos hemos querido mantener al margen para evitar suspicacias de que los estamos silenciando [a los presos] o se fuera a malinterpretar ese acompañamiento”. 

“Como perros”

De regreso en la cárcel, los heridos fueron puestos en celdas primarias para que guardaran cuarentena. Se llaman así, “primarias”, porque son las primeras que ocupan los presos recién sindicados en La Modelo. Llegaron en las batas que les dieron en el hospital y, como no eran sus celdas, no tenían nada. Ni una sábana. Las suyas, además, fueron saqueadas por los otros presos mientras ellos estaban en recuperación. 

“Él estaba como Dios lo mandó al mundo”, cuenta E* sobre su esposo que aún tiene una bala alojada en la parte de atrás de la cabeza. “Entonces me llamó la trabajadora social y ella me recibió la encomienda, pero fue muy complicado porque no nos dejaban entregar las cosas por lo que pasó. Solo le entré un par de boxers, un pantalón, unos zapatos y ya, lo de aseo, no más”, cuenta. Su esposo, además, le ha dicho que no lo ha vuelto a ver un médico a pesar de que la bala le produce dolores de cabeza y picadas constantes y que aunque él ha ido a  buscar ayuda a Sanidad (una suerte de enfermería en la cárcel) no lo atienden. 

La queja se repite: muy poca comida, muy poca o casi nula atención médica. El hijo de B*, por ejemplo, tiene la bala incrustada en la pierna y le dijeron que tenía que esperar a que todo esto pasara para hacerle la intervención quirúrgica. “¿Cuánto tiempo va a pasar para que le quiten ese impacto de bala en el cual también tocó hueso?”, se pregunta. Por supuesto, teme que se infecte. 

La fuente del Inpec negó que no se estuviera prestando el servicio de salud (que el Inpec subcontrata). Sin embargo, la unidad médica de la cárcel La Modelo cuenta con 22 personas (casi una tercera parte de odontología) para una población de 4.738 internos. Es decir, casi una persona de salud por cada 215 reclusos. 

El hijo de K* resume la experiencia en primarias así: “Nos tienen como perros, durmiendo como ratas en primarias. A ningún ser humano se les da un trato como a nosotros. Tengo una sola camiseta y un solo short, ando como un zarrapastroso”, le dijo a su mamá cuando la llamó. 

Allí, además, la comunicación fue aún más escasa. Familiares con los que hablamos reportan que los internos no pudieron llamarlos más de dos veces durante los 14 días o más que estuvieron internos en esas celdas, y que eran llamadas de un minuto en la que básicamente sólo había tiempo para pedirle a sus familias que les trajeran artículos de aseo y ropa. 

“Uno estaba en una incertidumbre porque desde que lo trasladaron para el hospital no llamaba ni nada. Llamó sólamente un minuto para decir que le lleváramos ropa, implementos de aseo y ya. Y desde ahí se perdió la comunicación total como unos 8 ó 1o días, que volvió a llamar y dijo que al parecer lo iban a trasladar, pero no sabían si para patios o para otro lado”, cuenta JE*

Algunos, además, recibieron amenazas.

“Mi nuera fue a La Modelo a preguntar por él, a saber qué podía entrar de ropa y eso, y uno del Inpec le dijo que se diera por bien servida porque ellos estaban castigados porque habían hecho intento de fuga, y que si el familiar o el recluso llegaba a hacer algo, que ellos le colocaban automáticamente una demanda por fuga. No me parece que ellos se defiendan de esa forma”, cuenta L*, la mamá de un interno que recibió un tiro en el estómago que lo dejó ocho días en el hospital. 

Sin pandemia, los familiares son usualmente los que le llevan a los presos los artículos esenciales que no les presta el Estado, desde comida y medicinas hasta artículos de aseo. Con pandemia, sin embargo, las cárceles prohibieron las visitas para prevenir el contagio de la COVID 19, pero no por eso el Estado está asumiendo su responsabilidad con los privados de la libertad. Están a su suerte, solos y enfermos. 

“Les disparan pero no les proveen la atención médica necesaria, ni la recuperación, y tampoco se les permitía la comunicación con los familiares para saber siquiera si estas personas habían sobrevivido a las heridas”, dice el abogado Oscar Ramírez. 

¿Por qué les dispararon?

E* estaba en su patio, el 2B, cuando los presos le prendieron fuego a las colchonetas. El humo se le metió en los pulmones y E*, que acababa de superar una bronquitis, decidió huir. 

“Él me dice que él iba bajando, son cuatro pisos, él ya iba llegando al primer piso y los guardias estaban disparando desde afuera. Lo que él hizo cuando sintió que estaban disparando fue como agacharse, pero ahí ya le habían disparando”, cuenta J*, su mamá. 

E* no se dio cuenta de que estaba sangrando hasta que un compañero que iba con él le dijo. “Cuando él volteó a mirar, pues claro, ya tenía el chorro de sangre en el brazo y en la costilla. Eso fue como a las 10:30 de la noche. Y que a él lo recogieron como a la 1:30 de la mañana, que eso los compañeros le daban cachetadas, le echaban agua para que no se durmiera porque dizque era mucha la sangre que él botaba”, dice J*. 

Si los familiares no han tenido información sobre la salud de los reclusos mucho menos han recibido una respuesta de por qué terminaron heridos o muertos. Y con balas de fusil. 

“Yo he hablado con algunos guardias amigos y dicen que ahí literalmente perdieron el control, se asustaron. Vieron a los internos corriendo y algunos dragoneantes empezaron a disparar”, cuenta el abogado Libardo Ariza. “Hubo un uso excesivo de la fuerza. Solamente la comparación entre el personal de guardia y custodia que resultó herido (11) y el número de muertos (24) pues es absolutamente desproporcionado”, dice. 

“Ahí sí, como el cuento, cada quién vivió su mundo”, asegura la fuente del Inpec que niega saber la minucia de los hechos. “Cuando suena el primer disparo, ya no lo controla allá nadie, todo el mundo intenta sobrevivir. Ya estaban dadas las instrucciones por el comandante de instrucción”, dice. 

Reconoce que la mayoría de las armas las tenía el personal del Inpec que además, tenía la ventaja de la distancia para “tomar la mejor decisión”: o correr o enfrentar a los internos. Aún así, dice: “¿Qué hacían esas personas en Guayanas (donde quedaron varios cadáveres) si son tan buenas personas? Ahí no puede haber privados de la libertad. Pero ahora todos somos víctimas”. Y, aunque lamenta los hechos, agrega: “Si no hubieran intervenido hoy habría 100 o 5 mil presos fugados y ¿cuál sería la noticia?”

Por eso, seguramente, el silencio. 

“Lo que está tratando de hacer el Inpec y que ya sucedió, en mi opinión, es dilatar, dilatar, y dilatar. Dilatar la entrega de información hasta aguantar el chaparrón, hasta que el tumulto de noticias haga que esto se olvide y se convierta en un proceso judicial por allá olvidado en un estante. Por esto no renunció nadie, no pasó nada”, dice el profesor. 

Los que se quedarán esperando información serán los familiares de los heridos que todavía añoran que el Inpec decida liberarlos a ellos por haber llevado la peor parte de la brutal retoma del motín. 

Es, al menos, lo que pide L*: “yo lo único que quisiera saber es si lo que dijo el Gobierno de las excarcelaciones a los que salieron heridos, siquiera por los seis meses, será verdad. No importa que a él le toque volver y pagar su condena. Es triste saber que los del Gobierno roban tanto dinero y a ellos les dan una casa por cárcel y ellos nunca salen heridos. A nosotros los pobres, los humildes, que nos toca estar trabaje y trabaje, nos aprietan los 40 años aún si terminamos así”. 

De La Modelo hay solicitudes para que salgan 400 internos. Vamos a ver si alguno de los heridos del 21 de marzo clasifica. 

*Los nombres de los familiares y de los privados de la libertad fueron cambiados para proteger su identidad.

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